En sede parlamentaria, una enrabietada Irene Montero, ministra de Igualdad, espetaba que «independiente de quienes sean sus familias, todos los niños, niñas, niñes de este país, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren…, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos, que tienen reconocidos, y que a ustedes no les gusta”.
Dichas palabras, que no ha rectificado, procedentes de quien ocupa tan elevadísimo cargo, no sólo revelan una grave confusión sobre la educación sexual infantil, sino además denotan una ignorancia culpable sobre la legislación española en materia de relaciones sexuales llegando a rozar la defensa de la pedofilia, ya que los niños y menores de 16 años no están capacitados legalmente para consentir relaciones sexuales con otros menores, ni por supuesto con mayores de edad.
Pero fundamentalmente revelan, junto a declaraciones anteriores de similar naturaleza y políticas escolares fomentadas desde su partido y sus círculos de poder, una obsesión enfermiza que entronca con viejas aspiraciones de cierta izquierda por introducir precozmente la sexualidad en el mundo infantil, acercándose peligrosamente a la corrupción de menores.
