Además de Muñoz y Roca, están acusados seis exediles; así como dos empresarios en este caso en el que se investiga una serie de convenios firmados por el Consistorio con tres empresas relacionadas con dichos promotores

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este martes al exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, al exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y a varios exediles en relación con operaciones urbanísticas que, según las acusaciones, causaron importantes perjuicios a las arcas municipales de dicha ciudad.

Así, inicialmente se acusa a Roca –que acudirá ya con el tercer grado penitenciario concedido– y a Muñoz de los delitos de malversación, prevaricación administrativa, fraude y prevaricación urbanística; los tres primeros con carácter continuado; solicitando 13 años de prisión para cada uno. Al empresario principal se le acusa prácticamente de los mismo delitos, pidiendo una condena de diez años y medio de cárcel.

En cuanto al otro empresario, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa, fraude y malversación, solicitando seis años de prisión; mientras que a los exediles Rafael González, Alberto García, Marisa Alcalá, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Francisco Javier Lendinez se les achaca de forma inicial un delito de prevaricación administrativa y otro de fraude, solicitando dos años y medio de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público.

El ministerio público recuerda en sus conclusiones provisionales la situación urbanística de Marbella y el papel que desempeñaban los acusados, como Muñoz, «persona de confianza durante algunos años del regidor Jesús Gil para firmar decretos, convenios y escrituras públicas en nombre de él y del Ayuntamiento».

También explica que Roca era «el máximo artífice de la revisión del planeamiento, actuando en perjuicio de las arcas municipales» desde la Sociedad Municipal Planeamientos 2000. Era, insiste la acusación pública, «el verdadero gestor de hecho en el Consistorio en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral, pese a no desempeñar cargo».

Según el fiscal, Roca negociaba «arbitrariamente», bien la entrega directa de bienes inmuebles municipales «como pago de reales o presuntas deudas y convenios urbanísticos en los que se alteraban los parámetros en perjuicio de los intereses municipales y favoreciendo a terceros o a sí mismo»; o a veces utilizando «su privilegiada posición e influencia para interferir en el proceso edificatorio final a través de testaferros y sociedades interpuestas».

En este punto, hace referencia al caso ‘Malaya’ y al «sistema de pagos en metálico, ya conocido y juzgado en parte, por el que compraba la voluntad de los miembros del Ayuntamiento que se plegaron a sus directrices».

Señala que «todos los implicados creían tener la oportuna coartada», indicando que el que era alcalde «porque no firmaba nada»; Muñoz, «que no sabía lo que firmaba o que confiaba en la legalidad de lo que le ponían a la firma»; el gerente de Planeamiento, «que no tenía cargo ni título para gestionar las competencias municipales»; y los ediles «que firmaban siendo ajenos a las ilegalidades porque ellos no entienden de urbanismo».

En cuanto a los constructores o intermediarios, el fiscal dice que «económicamente les seguía siendo muy rentable los pagos dados, los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción y venta de parcelas y viviendas a partir de los incrementos de los aprovechamientos de techo edificatorio, contrarios a la legislación vigente y dañinos para la calidad medioambiental urbana».

Esta causa en concreto, como otras, surge a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en el que se apunta a la infravaloración del suelo a través de las tasaciones y mediante la firma de convenios. Además, el caso es producto de la acumulación de varias diligencias tramitadas en distintos juzgados sobre sociedades diferentes, pero vinculadas al principal empresario acusado.

Así, en dicho informe fiscalizador se especificaban los sucesivos convenios tanto de permuta como urbanísticos, investigados en esta causa, que fueron firmados desde octubre de 1996, primero con una empresa y luego con su sucesora, y que supusieron reiteradas modificaciones de los parámetros y condiciones, además de que desembocaron en licencias para, entre otras edificaciones, de un hotel.

Para los investigadores y la acusación, el «favorecimiento» al principal empresario acusado en este caso «se deduce claramente de las enormes plusvalías obtenidas por la venta de suelo de origen municipal adquirido mediante los convenios analizados».

Otros convenios se refieren a actuaciones encargadas a dichas empresas, en concreto la del Parque de Bomberos y la del Cortijo Miraflores, señalando la acusación que «no hay constancia de concurso público para licitar las dos obras; tampoco constan aprobados los convenios o los encargos por la Comisión de Gobierno».

A la hora de cuantificar el supuesto perjuicio para el Ayuntamiento, se ha tenido en cuenta la infravaloración de los inmuebles y aprovechamientos urbanísticos transferidos a dos de las empresas a raíz de los convenios y el exceso de edificabilidad, a lo que se suma «el aumento injustificado del precio de las obras del Parque de Bomberos y del Cortijo de Miraflores», gastos corrientes asumidos en convenio y otros importes, haciendo un total «indiciariamente» de 14,3 millones de euros.

Así, el fiscal apunta que Muñoz «ha de cargar con las responsabilidades penales derivadas de la firma de tantos convenios perjudiciales para la Corporación municipal, a la que debió defender y amparar desde su cargo», considerando que «no tuvo ningún reparo en incorporarse al amaño de convenios, prebendas, favores y beneficios en provecho del colectivo formado en esta ocasión con el empresario» acusado.

En el caso de Roca, primero fue «fiel empleado de Gil» y posteriormente actuó como «absoluto dominador y controlador del Ayuntamiento y sus funcionarios, tanto en el suelo y urbanismo como en la gestión de los bienes municipales». En cuanto al principal empresario, «él mismo se reconoce responsable de las decisiones adoptadas por las empresas de su grupo».

Por último, se analizan varios convenios firmados entre el Ayuntamiento y otra empresa, vinculada a dicho empresario y a otro, también acusado, y las resoluciones supuestamente irregulares dictadas por el entonces alcalde y aprobadas por los exconcejales en comisión de gobierno, actos que causaron presuntamente «un perjuicio a las arcas municipales de 3,7 millones de euros». Las actuaciones proyectadas no se llegaron a realizar.

El acusado en esta parte negoció supuestamente de forma directa con Muñoz, aunque eso «no excluye la participación de Roca, pues todos los convenios, ya fuesen de aprovechamientos urbanísticos o de permuta, eran elaborados en la sociedad municipal de la que era gerente; además, era quien establecía los precios y los parámetros urbanísticos».

El fiscal solicita también que, por los perjuicios causados con las operaciones investigadas, se indemnice al Ayuntamiento con 14,3 millones de euros, cantidad de la que consideran deben responder los acusados Julián Muñoz, Roca y el principal empresario acusado; a lo que insta que se sume otra cantidad a concretar en el juicio por los perjuicios causados por las operaciones relacionadas con el otro empresario de «compra infravalorada y venta posterior» de las fincas.