Una de las primeras cosas a que se acostumbra un abogado de oficio penalista es a que sus clientes le mientan con las milongas más inverosímiles, incluso frente a unas pruebas casi siempre irrefutables; lo que suele imposibilitar la articulación de una defensa racional y creíble. Conforme a tan suicida actitud, largan en la sala «su versión» de los hechos ante los jueces tomándonos a todos los presentes por idiotas.

Viene esto, porque un similar sentimiento generan las respuestas y «versiones» de los procesados por las maniobras separatistas realizadas en Cataluña en torno al 1 de octubre de 2017. Pese a hechos notorios y hasta televisados, al escucharles queda claro que ni hicieron nada, ni hubo violencia, ni aquello se pagó con dinero público, ni nunca supieron que lo que (no) hacían era ilegal. Y si acaso finalmente se probase que algo hicieron, nunca fue -por supuesto- delictivo. («En lo mío no hay ná pená», como decía aquél).

Cierto es que por derecho garantizado en esa misma Constitución que se saltaron, «todos tienen derecho… a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia» (art. 24.2 CE). Pero de ello no se deriva, que nos puedan tomar por idiotas.

Y menos aún, a los magistrados del Tribunal Supremo de España.