“… una sociedad -incluidos pensionistas actuales, que pide a sus jóvenes que renuncien a tener una vida propia, mientras les exige que financien el estado de bienestar- no está construyendo un futuro sostenible; está cimentando un mercado de esclavos en pleno siglo XXI …”

La Agenda 2030 promete un horizonte de prosperidad y bienestar, pero millones de jóvenes españoles se encuentran ante una realidad mucho menos idílica: salarios insuficientes, vivienda inaccesible, precariedad laboral… Súmenle nuestros dispendios, en forma de endeudamiento intergeneracional, para mantener nuestro actual estado de bienestar y un sistema de pensiones cuya factura tendrán que afrontar durante décadas.

“No tendrás nada y serás feliz” es uno de sus lemas. Una frase que se observa con desconfianza por muchos ciudadanos a la vista del modelo de sociedad que se presenta bajo el paraguas del globalismo, la sostenibilidad y la dichosa resiliencia.

El origen del lema parte de una previsión en el entorno del Foro Económico Mundial. Pero eso no resta importancia al debate que ha suscitado: ¿qué sociedad estamos construyendo y quiénes serán sus beneficiarios? Hasta ahora, solo aparentan serlos, entre otros, la familia Rothschild o el filántropo George Soros. Para ellos son las merecidas y facilonas críticas, pero seamos sinceros: también nuestra generación de recién jubilados que se suma a la anterior es partícipe del fraude que estamos cometiendo con nuestros hijos y nietos.

Hemos dicho a nuestros jóvenes: estudiad, formaos, aprended idiomas, adaptaos a los cambios tecnológicos y preparaos para un mercado laboral cada vez más exigente. Y una parte importante lo ha hecho. Sin embargo, cuando llega el momento de incorporarse al mundo laboral, descubren una paradoja inesperada: toda esa preparación no garantiza un salario digno, tampoco independencia.

Y, después de todo esto, llega la pregunta: ¿es este el bienestar que les habíamos prometido o, más bien, es el nuestro?

Los datos del Consejo de la Juventud de España dibujan un panorama demoledor: la tasa de emancipación se situó en el 14,5% al cierre de 2025. La edad media para abandonar el hogar familiar alcanzó los 30,2 años.

Todavía más revelador es el dato del alquiler: el coste medio mensual de una vivienda alcanzó los 1.176 euros, equivalente al 98,7% del salario medio de una persona joven. Así que: el sueldo para el hogar. ¿Vivir, comer…? ¡Ah!, ¿que también hay que hacer eso?

La paradoja resulta todavía más hiriente cuando se observa que muchos terminan aceptando trabajos por debajo de su formación, contratos que no ofrecen estabilidad y remuneraciones que no pueden catalogarse ni siquiera de mileuristas, como se nominaba al salario entonces insuficiente de los jóvenes, hace ya 24 años, en tiempos de Aznar.

Mientras tanto, quienes ya disponen de patrimonio, siquiera inmobiliario, en forma de dos o tres viviendas (no hablemos de grandes fortunas), parten de una posición completamente distinta. Pueden aprovechar las oportunidades de inversión y las subidas de sus activos, sin renunciar a sus magras pensiones, mientras los jóvenes que no llegan a fin de mes ni siquiera tienen capacidad para entrar en ese mercado.

No es una acusación contra quien ha trabajado y ha conseguido ahorrar o adquirir propiedades legítimamente, que también. Es una crítica a un sistema en su conjunto que corre el riesgo de perpetuar y agrandar las desigualdades entre generaciones.

La pregunta que deberían responder quienes diseñan las grandes estrategias económicas y sociales, y nosotros exigirles respuesta, es sencilla: ¿qué oportunidades reales tendrá quien empieza hoy su vida laboral frente a quien pudo comprar una vivienda hace treinta-cuarenta años con un salario que sí permitía ahorrar?

A la dificultad de acceder a una vivienda y conseguir un salario digno se suma otra preocupación de enorme trascendencia: el futuro de las pensiones.

España se enfrenta al progresivo retiro de la generación del baby boom. Durante las próximas décadas aumentará considerablemente el número de pensionistas y el gasto asociado a sus prestaciones en proporciones geométricas.

Los actuales jóvenes trabajadores financian, mediante sus cotizaciones, buena parte de las pensiones de quienes ya están jubilados. Al día de hoy, para financiar una pensión media en España, se precisan casi 2,5 trabajadores activos. A mí, que de chico supe que dos y dos son cuatro, tampoco me cuadran los números.

Mientras, ellos no están acumulando en una hucha individual la pensión que recibirán dentro de cuarenta años, pues continúan participando en el actual sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, que es, desde el punto de vista egoísta y facilón, el adoptado en aquellos primeros momentos en que se debatía este sistema frente al de capitalización individual y que la gran mayoría, entonces, rechazábamos desde una postura individualista y avariciosa.

Las consecuencias están a la vista: nuestra generación, con el sistema en vigor, ha puesto en el fiel los dos platillos de la balanza, aportando y recibiendo. La juventud solo tiene asegurado cumplir con el primero de los gerundios, dejando en el aire el segundo.

Una gran parte de los actuales jubilados (no todos) pudo desarrollar carreras laborales más largas, adquirir viviendas en un contexto de precios mucho más asequibles respecto a sus ingresos y construir un patrimonio que hoy les proporciona estabilidad.

Al contrario, hoy, los jóvenes se enfrentan a trayectorias laborales fragmentadas, con periodos de desempleo, salarios bajos y una incorporación más tardía al mercado de trabajo.

Y aquí aparece una contradicción que nadie debería eludir: se exige a los jóvenes que sostengan un sistema de pensiones cada vez más costoso, mientras sus propias posibilidades de generar derechos futuros se ven condicionadas por la precariedad presente: ¿Qué pensión les corresponderá cuando llegue su jubilación? ¿A qué edad podrán retirarse? Lo dicho, todo está en el aire.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de la presión que supondrá el envejecimiento demográfico. Sus proyecciones de 2026 sitúan el gasto bruto en pensiones en torno al 16,4% del PIB en 2050, frente al 12,9 de 2025. Ello, ha llevado al único ministro medianamente serio del actual gobierno (que no se apellida Muñoz, ni Figueredo) a proclamar sin recibir censura alguna, que “tenemos que poner en marcha las reformas necesarias para que se pueda absorber [el reto del baby boom] y que el sistema siga siendo sostenible” (El primer alcalde de Atapuerca se ha ido sin retuitear la propuesta del vicepresidente Cuerpo).

Por tanto, no se trata de negar el derecho de los actuales pensionistas a cobrar lo que les corresponde. Se trata de exigir que la solidaridad no se convierta en una obligación unilateral para quienes vienen detrás.

La práctica totalidad de los partidos de la izquierda y del centro derecha europeos y, en España, el Gobierno de Pedro Sánchez, han convertido la Agenda 2030 en uno de los grandes referentes de su discurso político. Pero los ciudadanos tienen derecho a exigir algo más que declaraciones, objetivos y documentos institucionales.

¿Dónde está el resultado tangible para una generación que no puede emanciparse? No basta con presentar planes, aprobar estrategias y anunciar objetivos para 2030. La política debe medirse por sus resultados y no por la grandilocuencia de sus declaraciones.

La sostenibilidad no es solo medioambiental. También debe ser económica, laboral, social y, sobre todo, generacional. Porque no hay sostenibilidad posible si quienes tienen que mantener el sistema no es ya que, finalmente, no reciban nada de él, sino que no puedan construir su propia vida.

“No tendrás nada y serás feliz”. El lema, más que una predicción, resulta una provocación y empieza a parecerse demasiado a una descripción desvergonzada de las perspectivas económicas futuras. El “no tendrás nada” parece asegurado; lo de “serás feliz” solo es una proclama o, en todo caso, un deseo basado en la nada.

Los jóvenes no precisan que se les prometa que serán felices teniendo menos. Necesitan salarios que permitan vivir, viviendas que puedan pagar, empleos que reconozcan su preparación y un sistema de pensiones que no hipoteque su futuro. Necesitan, en definitiva, tener algo que sea suyo y la libertad de decidir qué hacer con ello, todo lo contrario que le ofrece esta agenda más comunista incluso que globalista.

Porque una sociedad -incluidos pensionistas actuales, que pide a sus jóvenes que renuncien a tener una vida propia, mientras les exige que financien el estado de bienestar- no está construyendo un futuro sostenible; está cimentando un mercado de esclavos en pleno siglo XXI que sería reprobado por los gerifaltes de los antiguos imperios de Mesopotamia, Egipto, Grecia o Roma, o por las élites gobernantes de Gran Bretaña, Portugal, España, Francia u Holanda, más cercanas en el tiempo.

Casi 200 países alrededor de las Naciones Unidas, con la Agenda 2030 de la mano, ni siquiera están construyendo una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda, lo que ya sería despreciable; están cimentando, por una parte, una sociedad de patricios y, por otra, un comercio de esclavos, que, como mucho -y solo los excelentes-, aspirarán a libertos a través de una manumisión que al día de hoy no vislumbra la gran mayoría.