Vivimos en una época sometida al imperio de lo accesorio, bajo una forma de dominación silenciosa que no necesita decretos ni uniformes para ejercer su autoridad: le basta con administrar las distracciones. Una sucesión inagotable de consignas, lugares comunes, eslóganes desprovistos de contenido y controversias cuidadosamente prefabricadas se interpone entre la opinión pública y los problemas verdaderamente sustanciales, aquellos que condicionan de manera efectiva la existencia de millones de personas.
El orden político y cultural vigente parece haber encontrado en la multiplicación de gestos simbólicos, iniciativas de escaparate y reivindicaciones de alcance social un instrumento de extraordinaria eficacia para monopolizar la atención colectiva. Cuestiones que afectan a sectores muy reducidos de la población adquieren una desproporcionada centralidad mediática, ocupan los titulares, colonizan las tertulias y desplazan del debate aquellas preocupaciones que afectan a la inmensa mayoría. Se configura así una representación permanente, una suerte de teatro de sombras en el que lo circunstancial se reviste de trascendencia y lo verdaderamente urgente queda relegado a los márgenes de la conversación pública.
Acaso nos encontremos ante el último recurso de un sistema intelectualmente exhausto, huérfano de pensamiento creador, privado de proyectos ambiciosos y carentes de una verdadera imaginación política. Cuando un régimen pierde su capacidad para ofrecer horizontes, articular soluciones y suscitar esperanzas colectivas, no le queda sino administrar la confusión y prolongar su supervivencia mediante el adormecimiento de la conciencia crítica. La agitación sustituye entonces al pensamiento, la consigna ocupa el lugar de la reflexión y la representación simbólica termina por hacerse pasar por una transformación efectiva de la realidad.
¿Qué procedimiento puede resultar más eficaz para semejante propósito que trasladar al centro de la controversia pública las cuestiones relativas a la intimidad corporal y sexual, convirtiendo las particularidades de la vida privada en materia preferente de confrontación política? ¿Qué cortina de humo puede ofrecer mejores resultados que transformar determinadas controversias identitarias en asuntos de Estado mientras se deterioran, sin que parezca suscitar una alarma equivalente, las condiciones materiales de la existencia: el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral, la seguridad ciudadana o la calidad de la educación?
Las llamadas batallas identitarias de cierta izquierda posmoderna parecen desempeñar, dentro de este mecanismo, una función particularmente conveniente. Proporcionan a sus protagonistas una ilusión de trascendencia histórica, la sensación de participar en una empresa revolucionaria y la gratificante convicción de encontrarse en la vanguardia de una resistencia moral. Se les concede así un escenario desde el que representar su propia épica, erigirse en intérpretes de la virtud pública y reclamar una autoridad moral que no siempre guarda proporción con la relevancia objetiva de las cuestiones que defienden. La causa, convertida en emblema, termina por importar más que sus consecuencias; la exhibición de principios prevalece sobre la transformación de las condiciones reales de vida.
Mientras tanto, la Historia, en su dimensión más concreta y menos complaciente, continúa desarrollándose por otros derroteros. Sus verdaderas tensiones no se resuelven mediante manifiestos, ceremonias de adhesión ni disputas terminológicas, sino afrontando las estructuras económicas, sociales y culturales que determinan el destino de las comunidades.
Las reformas meramente ornamentales, aquellas que modifican el vocabulario institucional sin alterar las relaciones de poder, difícilmente podrán resistir el encuentro con las necesidades materiales cuando estas alcancen una intensidad inaplazable. Del mismo modo, buena parte de la retórica académica importada de determinados campus anglosajones, con su proliferación de categorías herméticas, sus disputas semánticas y sus ortodoxias de reducido alcance, corre el riesgo de revelar su inconsistencia cuando la realidad imponga sus propias prioridades. Ninguna construcción ideológica puede mantenerse indefinidamente al margen de las condiciones que pretende interpretar. La realidad posee una capacidad de impugnación que no necesita argumentos: basta con que se manifieste.
Llegará, probablemente, lo que algunos comentaristas denominan el momento de quiebra: aquel punto de inflexión en el que las contradicciones acumuladas dejan de poder administrarse por separado y confluyen con una intensidad que hace imposible cualquier nuevo aplazamiento. Entonces, las dificultades económicas, la descomposición de determinados vínculos sociales, la inseguridad material y la pérdida de confianza en las instituciones reclamarán una atención que ninguna estrategia de distracción podrá seguir eludiendo.
En semejante coyuntura se producirá una inevitable inversión de las jerarquías del discurso público. Muchas de las cuestiones que hoy parecen ocupar el centro de la vida política quedarán reducidas a su verdadera dimensión, mientras los problemas desatendidos recuperarán su condición de prioridades ineludibles.
El porvenir no pertenecerá necesariamente a quienes hayan conseguido imponer con mayor habilidad su vocabulario o sus consignas, sino a quienes dispongan de pensamiento, conocimiento y capacidad para ofrecer respuestas. A quienes sepan distinguir entre lo accesorio y lo esencial, entre la apariencia de una reforma y su eficacia real, entre la retórica de la transformación y la transformación misma.
Porque las sociedades no se sostienen indefinidamente sobre representaciones, ni encuentran su destino en la permanente escenificación de conflictos secundarios. Llega siempre un momento en que las palabras deben responder ante los hechos. Y cuando ese momento sobreviene, la Historia deja de escuchar a quienes mejor representan su papel para prestar atención a quienes verdaderamente saben qué hacer.
