A los jueces en España les ha caído encima la intemerata con esta hornada de políticos sin formatear. La presidenta del Congreso, de andorrano nombre, se deshizo ayer en preces por evitar que Vox ‘judicialice’ la vida política, que vino a ser lo mismo que decirles «déjense llevar por los arcenes de la ley o por mitad del terronal y no molesten, hombre, que estamos gobernando». O legislando, qué más da.

Giovanni Sartori se quejaba de los políticos que confundían legislar con gobernar y cada vez más sucede que los gobiernos acostumbran a medir su acción por el número de páginas del BOE que son capaces de llenar en un año o en una legislatura antes que por las consecuencias de sus acciones o sus decisiones.

Esto es lo que explica que Sánchez y sus mariachis hayan elevado la cifra de decretos-ley espolvoreados sobre nuestras cabezas a una cantidad más propia de una dictadura tropical que de una democracia moderna.

Señalaba el politólogo italiano que la profusión de normas (por lo general, además, de pésima calidad, contradictorias y de escasa coherencia) genera un escenario del infierno para los Estados de derecho, con amplia incertidumbre e inseguridad jurídica, arruina la eficacia y dispara los costes hasta lo inaudito, como puede verse con meridiana claridad en los casos del Ministerio de Consumo o el de Igualdad, de tal modo que el Estado de derecho deja de ser un obstáculo o un límite para la arbitrariedad del poder o desde el poder y convierte esa confusión en un batiburrillo en el que todo cabe y todo se permite, porque la inflación de normas provoca la inoperatividad de las mismas y alienta el capricho de quien maneja los resortes.

Si la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, como estableció siempre el Código Civil, nadie debería olvidar que en España se supera en estos momentos la cantidad de cien mil disposiciones normativas vigentes (diez veces más que en Alemania, que tiene el doble de población y un Estado de länders autónomos con capacidad de legislar), lo que nos somete a los ciudadanos de a pie, pero también a los jueces, abogados, fiscales y procuradores, a un oxímoron de sapiencia jurídica verdaderamente insoportable que ampararía casi cualquier discrecionalidad, lo que incluye ausentarse de la Constitución, saltarse los protocolos, ningunear al Rey y a los símbolos del Estado o arrasar la presunción de inocencia de la mitad de la población por el capricho teorético de una manada de radicales sin desasnar.

Y así las cosas no es extraño que sus señorías del banco azul y hasta la presidenta del Congreso reclamen que Vox no les pise lo fregao de hacerse con la capa un sayo y con cualquier ocurrencia de un ministro de Podemos o de un diputado amigo de la ETA se fabriquen un nuevo decreto-ley con capítulo preupuestario anexo para la primera chorrada que se les cruce por la imaginación.

Los jueces no se quejan de tener que aplicar la Ley, pero no es lo mismo que a un guardia de tráfico le asignen aplicar las normas de tráfico cuando alguien se salta un semáforo que si todos los ciudadanos toman por costumbre conducir al buen tuntún, porque en tal caso no hay libretas suficientes para mantener fluida la circulación y se supone que quien ejerce el poder no puede pasarse el día barruntando cómo incumplir las normas.

No es que Vox judicialice la vida política, como dice la Merichel, sino que el Legislativo y el Ejecutivo no descansan en su intento de arruinar el Estado de derecho, lo que termina por descargar sobre los jueces la tarea de aclarar el paisaje y de salvar al menos las columnas esenciales del aparataje jurídico necesario antes de que se nos derrumbe encima como el templo de los filisteos en Gaza cayó sobre Sansón.

He dicho.