El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dio el pasado Jueves Santo una vez más muestra de la sumisión de España a los designios de Marruecos cuando rompió sus merecidas vacaciones y se puso el traje de faena para solidarizarse plenamente con la pretensión marroquí de soberanía sobre el territorio no autónomo (TNA) del Sáhara Occidental, del que España es jurídica y moralmente responsable como potencia administradora, mediante una lamentable declaración conjunta con su colega marroquí, Naser Bourita, en la que reiteró que el plan de autonomía presentado en 2007 por el Reino alauita era la fórmula más seria, creíble y realista para resolver el conflicto sahariano. Tras el nuevo espaldarazo de Estados Unidos y Francia a la anexión de la antigua colonia/provincia española, Marruecos quería cerrar el triángulo con el respaldo de la potencia administradora de un TNA pendiente de descolonización. Como ha señalado la diputada de Sumar Tesh Sidi, se ha tratado de una visita sorpresa, sin sorpresa. Albares ha seguido la trayectoria de su jefe y pontificado que las relaciones hispano-marroquíes atravesaban por el mejor momento de su Historia. Hagamos un breve repaso al inacabado proceso de descolonización del Sáhara Occidental.

Descolonización del Sáhara Occidental bajo los auspicios de la ONU

1.-En su resolución 2229(XXI) de 1966, la Asamblea General instó a España a que tomara lo antes posible las medidas necesarias para celebrar en el Sáhara Occidental un referéndum que permitiera a la población saharaui ejercer sin trabas su derecho a la libre determinación. Tras otras resoluciones en las que la Asamblea insistía en su petición de celebración de un referéndum, el 20 de agosto de 1974 el representante permanente de España en la ONU, Jaime de Piniés, informó el secretario general, Kurt Waldheim, que su Gobierno celebraría el referéndum dentro de los 6 primeros meses de 1975.

2.-Alarmado Marruecos, consiguió -con el apoyo de Mauritania y de Argelia- que la Asamblea solicitará al Tribunal Internacional de Justicia un dictamen sobre los lazos que unían al Sáhara Occidental con Marruecos y Mauritania. El 16 de octubre de 1975, el TIJ dictó una opinión consultiva en la que afirmó que, al inicio de la colonización española, no existía ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano. En consecuencia, era de aplicación al territorio el principio de autodeterminación del pueblo saharaui. 

3.-Pese a la contundencia del dictamen, el rey Hassan II declaró que el TIJ había dado la razón a Marruecos y, a finales de octubre, ordenó el comienzo de la ”Marcha Verde” -que había sido preparada con la ayuda política, militar, económica y logística  de EEUU y de Francia-, por la que 350.000 ciudadanos invadieron el territorio del Sáhara, aprovechándose de la circunstancia de que Franco estaba agonizando. El Gobierno español denunció ante el Consejo de Seguridad la violación de la integridad territorial de España, pero éste -maniatado por dos de sus miembros permanentes- no adoptó ninguna medida para poner término a la agresión y se limitó a pedir a las partes involucradas -ni siquiera tuvo la decencia de mencionar a Marruecos- que dieran muestras de moderación y permitieran al secretario general emprender su mediación.

4.-El presidente del Gobierno, Carlos Arias, acongojado por la situación de desamparo internacional en que se encontraba España, envío al secretario general del Movimiento, José Solís, a negociar con Hassan II. Cedió éste ante las amenazas del Sultán y, el 14 de noviembre de 1975, España, Marruecos y Mauritania firmaron los acuerdos de Madrid, por los que en nuestro país anunció su intención de poner término a sus responsabilidades como potencia administradora en 1976 y se instituyó una administración temporal con representación de los tres países. Los acuerdos entrarían en vigor cuándo se publicará en el BOE la Ley de descolonización del Sáhara, lo que ocurrió el 19 de noviembre. Un día más tarde falleció Franco y Juan Carlos I accedió a la Jefatura del Estado. Estos Acuerdos nunca fueron publicados en el BOE, por lo que buena parte de la doctrina -en la que me incluyo- ha considerado que nunca entraron legalmente en vigor, aunque sí se aplicaron en la práctica.

5.-El 25 de febrero de 1976, Piniés envió una nota a Waldheim en la que le comunicaba que, a partir de esa fecha, España se consideraba desligada de cualquier responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del Sáhara Occidental, al cesar en su participación en la administración temporal, y que la descolonización del territorio se culminaría cuando la opinión de la población saharaui se hubiera expresado válidamente. En consecuencia, el Gobierno español retiró del territorio a los funcionarios de la Administración y a sus Fuerzas Armadas, circunstancia que aprovecharon Marruecos y Mauritania para ocupar militarmente el país, sin tener derecho alguno para ello, dado que -como señaló en 2002 el subsecretario para Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell- “los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la administración sobre el territorio a Marruecos y a Mauritania en 1975 no afectó a la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo”.

6.-El Frente Polisario (FP) se levantó en armas contra los ocupantes y se produjo una guerra generalizada. En 1979, el Frente firmó un Acuerdo de paz con Mauritania, que se retiró del territorio que ocupaba, que fue a su vez ocupado por Marruecos. En 1991, Marruecos y el FP acordaron un alto el fuego y se comprometieron a que el pueblo saharaui expresara a su voluntad a través de un referéndum bajo los auspicios de la ONU, que creó una Misión internacional #para realizar el citado referéndum (MINURSO), pero Marruecos ha boicoteado su actuación con la excusa de que no había un censo aceptable y expulsado a miles de saharauis del territorio, a los que ha sustituido por colonos marroquíes sin vinculación alguna con el Sáhara, por lo que el referéndum de libre determinación no se ha llegado a celebrar.

7.-En 2007, Marruecos se volvió atrás en el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y presentó una propuesta descafeinada de autonomía a sus “provincias del sur” bajo su soberanía, que no iba más allá de una limitada regionalización nominal. EEUU, Francia y España apoyaron el Plan marroquí e influyeron para que la ONU le diera beligerancia. A partir de entonces, en las resoluciones de la Asamblea sobre el caso del Sáhara desapareció la mención explícita a un referéndum y solo se hacían referencias genéricas a la libre determinación.

8.-El 10 de enero de 2020, un Donald Trump con un pie fuera de la Casa Blanca, declaró que la propuesta marroquí era seria, realista y creíble, y estimó que la creación de un Estado independiente no era una opción realista y que la única solución viable para una solución justa y duradera del conflicto sahariano era “una genuina autonomía bajo la soberanía de Marruecos”.

9.-El 22 de marzo de 2022, Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI que suponía un cambio radical en la postura del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental. Con una redacción mejorable -parece ser que se trataba de la traducción al español de un texto redactado en francés por el Gobierno marroquí- Sánchez, siguiendo la trayectoria de Trump, afirmó que la propuesta marroquí de autonomía era la base más seria, creíble y realista para la resolución del diferendo sahariano, y le ofreció su garantía de que España cumpliría sus compromisos y su palabra. El apoyo a dicha propuesta suponía negarle al pueblo saharaui su derecho a la libre determinación, reconocido por la ONU.

Lo más insólito del caso era que el presidente tomó esta decisión por sí y ante sí, sin consultarlo con su Gobierno y sin obtener la venia de las Cortes. Asumía en su persona la más alta representación del Estado español, que corresponde al jefe del Estado y no al presidente del Gobierno. Lo único bueno es que como se trataba de un compromiso personal de éste y no del Estado, cualquier Gobierno posterior podría no considerarse vinculado por dicho compromiso. Cuando la cuestión pudo ser debatida en el Congreso, todos los partidos salvo el PSOE se mostraron contrarios a la actuación de Sánchez, quien -transcurridos tres años- sigue sin explicar las razones por las que cambió la posición del Gobierno.

10.-El apoyo a la tesis de Marruecos sobre el Sahara fue reiterado en la declaración conjunta de Mohamed VI y Sánchez de 7 de abril de 2022, así como en él comunicado conjunto de 2 de febrero de 2023, al término de la XII Reunión Hispano-Marroquí de Alto Nivel, sin que en contrapartida Marruecos reconociera la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla. Por si eso no fuera suficiente, Albares acaba de acceder al ”diktat” de su colega Bourita de declarar una vez más que el gaseoso Plan marroquí era la fórmula más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. 

Insuficiencias del Plan marroquí

Mohamed VI presentó el 11 de abril de 2007 una propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental con el fin de salir del aislamiento en el que se había instalado con su  política de bloqueo del referéndum y dar muestras de talante negociador. En su carta al secretario general de la ONU le decía que “convendrá usted conmigo que la iniciativa marroquí representa al día de hoy la única dinámica nueva y positiva, que ofrece las mejores perspectivas de llegar a una solución política definitiva y mutuamente aceptable de esta controversia regional”. Marruecos se presentaba como una sociedad democrática y moderna, fundada sobre el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y el desarrollo económico social, algo totalmente ajeno a la realidad, porque se trata de un Estado autocrático en el que todo el poder, tanto político como religioso se concentra en la figura del Sultán.

El Plan está expuesto en tres someras páginas en las que se exponen 35 puntos excesivamente genéricos, que se han negado hasta ahora a concretar y precisar. Como ha observado Bourita, cuando las otras partes acepten la propuesta se podrán facilitar los detalles. “A falta de una explicación seria clara y explícita de las otras partes, es pronto para hablar de esta cuestión”. El Plan señala que la población de la Región Autonómica Sahariana gestionará sus asuntos de manera democrática a través de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, dotados de competencias exclusivas, y  dispondrá de los recursos económicos necesarios para su desarrollo en todos los dominios. Sin embargo, a la hora de distribuir las competencias, el Reino de Marruecos se lleva la parte del león: Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad, Policía, Justicia, Hacienda, Recursos naturales, Atribuciones constitucionales y religiosas…, dejando bien poco a la Administración regional. Incluso las competencias residuales se atribuyen al Reino de Marruecos. La soberanía no reside en el pueblo saharaui sí no en el Rey y -como ha indicado Carlos Ruiz Miguel, en su artículo “La propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara occidental de 2007: una antigua propuesta sin credibilidad”– Marruecos es una monarquía absoluta de Derecho divino donde el Sultán controla los tres poderes del Estado, y no solo tiene el monopolio del poder temporal, sino también del espiritual en cuanto comendador de los creyentes, lo que lo sitúa por encima de la Constitución. El Plan se añadiría a ésta como un anejo, lo que permitiría al Gobierno controlarlo e incluso modificarlo. No se prevé un órgano neutral que resuelva los conflictos de competencia, con lo que esta función recaería sobre el Consejo Constitucional. La población de la región se podría beneficiar de todas las garantías que aporta la Constitución, pero es pública y notoria la continua violación de los derechos humanos tanto en Marruecos como en el Sáhara ocupado, como han puesto de manifiesto las múltiples condenas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o de la Unión Africana, as[i como del Parlamento Europeo.

Aunque mencione el respeto al principio de libre determinación, su alcance es mínimo, puesto que el pueblo saharaui no contaría con la opción de la independencia y se debería limitar a decidir si acepta o no el Plan de autonomía y su integración en el Reino de Marruecos. La raya roja que éste considera infranqueable es que se cuestione su soberanía sobre sus provincias saharianas o la integridad territorial de las mismas. Marruecos antepone el principio de la efectividad -su control material del territorio- al de libre determinación de los pueblos y de las normas de ”ius cogens”, pasando por alto el principio que “de la injusticia no nace el Derecho” y que, en consecuencia, la ocupación militar por la fuerza de las armas no genera ningún derecho de apropiación. El Derecho Internacional obliga a los Estados a no reconocer una situación derivada del uso de la fuerza, como es la imposición a un pueblo colonizado de un régimen de ocupación, y a no contribuir a la consolidación y legitimación de una invasión. 

A diferencia de lo afirmado por Trump, Sánchez y Albares, la propuesta de Marruecos no es seria, creíble, ni realista, y tampoco es la única base viable para una solución justa y duradera del conflicto sahariano. No es seria porque le falta contenido específico y apenas se concede competencias a las regiones autónomas del Sáhara, que quedarían férreamente sometidas al centralismo del Gobierno marroquí. No es creíble porque va contra el derecho fundamental de los pueblos sometidos al dominio colonial a la libre determinación establecido en la carta de la ONU y consagrado en numerosas resoluciones de la Organización. Como ha declarado un nutrido grupo de profesores de Derecho Internacional, el apoyo del Gobierno español al Plan de Autonomía marroquí constituye la denegación expresa del ejercicio de dicho derecho y, en consecuencia, un grave incumplimiento del Derecho Internacional. El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara ilegalmente ocupada contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa. Según la Declaración de principios establecidos en la resolución de la Asamblea General 2625(XXV) de 1970, los Estados tienen el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos colonizados de su derecho a la libre determinación, a la libertad y a la independencia. El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar, ni de adquisición por otro Estado que se derive del uso de la fuerza. “No se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o del uso de la fuerza”. Como ha señalado Araceli Mangas, el Derecho Internacional no acepta el transcurso del tiempo para legalizar actos ilícitos, el principio de la efectividad, ni la prescripción adquisitiva, y exige no reconocer el traspaso de soberanía en territorios invadidos.

No es realista por que no tiene visos de prosperar, ya que ha sido rechazada por el FP, que ha manifestado de forma contundente su total y categórico rechazo de cualquier propuesta o iniciativa que no consagre y garantice el derecho inalienable, imprescriptible y no negociable del pueblo saharaui a la libre determinación y a la independencia, o no respete la integridad territorial del Sáhara Occidental. Además no encaja con la naturaleza jurídica de Marruecos. No puede hacerse realidad -según Bernabé López-, dadas las condiciones actuales de Marruecos, porque para que fuera una propuesta realista harían falta garantías que solo proporciona un régimen democrático. Tampoco es la única solución viable, a lo sumo una de ellas, porque -según lo establecido en la citada resolución- se puede poner fin a la situación de dependencia de un TNA mediante el establecimiento de un Estado soberano independiente, la libre asociación o integración como Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por el pueblo colonizado. Un TNA tiene una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra u ocupa, y esa condición jurídica distinta y separada existirá hasta que el pueblo de dicho territorio haya ejercido su derecho a la libre determinación. Este principio ha sido debidamente confirmado en varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han puesto manifiesto que el Sáhara Occidental es un territorio distinto al de Marruecos.

En mi libro “El Sáhara español: un conflicto aún por resolver” señalaba que había dos líneas rojas que no se podían traspasar: La jurídica de que no se podía resolver el conflicto si el pueblo saharaui no ejercía su derecho a la libre determinación, y la política de la oposición radical de Marruecos, EEUU Y Francia para la creación de un estado saharaui independiente. Se tiene que negociar y hay que ceder. El FP y el pueblo saharaui podrían aceptar su incorporación al reino de Marruecos, si éste le concediera una autonomía tan amplia Cómo la concedida al País Vasco o a Cataluña

Disparatadas declaraciones del ministro Albares

Albares dejó entrever una de las razones por las que Sánchez se sometió a la voluntad de Mohamed VI, cuando afirmó que no debíamos mantener posiciones fijas ancladas en el pasado, porque lo importante era que diéramos por finalizado el conflicto con Marruecos. En realidad se trataba de un conflicto artificial provocado por la atención médica que se prestó de tapadillo al secretario general del FP y presidente de la República Árabe Sahariana Democrática, Brahim Ghali, lo que fue una actuación humanitaria realizada a petición del presidente de Argelia. El único error que cometió el Gobierno fue no informar de ello a Marruecos, que sobreactuó en su reacción.

Más grave ha sido la declaración de Albares de que el cambio de posición del Gobierno español sobre el contencioso del Sáhara Occidental supuso sacrificar el supuesto principio de libre determinación reconocido por la ONU para el proceso de descolonización de los TNA, con el fin de dar por terminada la crisis diplomática con Marruecos. ”Hay un deseo de que una situación que está encallada desde hace 50 años no dure 50 años más. A mí me parece una enorme irresponsabilidad que alguien se siente sobre unos supuestos principios para mantener congelado una situación como ésta”. No, Sr. Ministro, el derecho a la libre determinación de los pueblos no es un supuesto principio del Derecho Internacional, sino uno de los principios básicos incluidos en la Carta de San Francisco y consagrado en la práctica de la ONU. Dicho principio ha sido sostenido hasta anteayer por el PSOE, que, en su programa electoral, afirmó que “trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto a través del cumplimiento de las resoluciones de la ONU que garantizan el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, así como supervisar los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos  y el FP”. Flaca manera de promover dicho diálogo cuando el Gobierno se alinea plenamente con la posición marroquí. Tesh Sidi ha pedido coherencia al Gobierno para que adopte con el Sáhara Occidental una postura similar a la que mantiene con respecto al conflicto de Gaza. Lo que es irresponsable es acusar de irresponsables a quienes invocan este derecho. 

El Gobierno se contradice de forma flagrante cuando reconoce a Palestina e ignora a la RASD, cuando exige el respeto al derecho de libre determinación del pueblo palestino, pero se lo niega al saharaui. Curiosamente, Palestina carece de los elementos básicos de un Estado -territorio, población y gobierno-, mientras que el Sáhara Occidental dispone, aunque sea de forma precaria, de estos tres elementos. La RASD ha sido reconocida por numerosos Estados y es miembro de la UA, con el mismo status que Marruecos. El Ministro de Asuntos Exteriores-bis, Rodríguez Zapatero -que por doquiera que pasa va creando problemas- se ha sumado a la ceremonia de la confusión con su libro “La solución pacífica”, el que mantiene que España debería apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos que, en muchos aspectos, se parece al Estatuto de Cataluña (¿?). Sí, como un huevo a una castaña. ¡El Plan tiene 3 páginas y el Estatuto de Cataluña de 2006 tiene 76! Como ha argumentado Juan Soroeta, el Derecho Internacional reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos a dominación colonial -como el Sáhara-, pero no a los que forman parte de un Estado democrático -como Cataluña-. Apoyar dicha solución equivale a negarle al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Según Alejandro del Valle, la propuesta marroquí es contraria a las resoluciones de la ONU, porque esquiva la celebración de un referéndum de libre determinación. Trasplantar al Sáhara una autonomía como la española es irreal, porque Marruecos no es un régimen democrático, tendría que modificar la Constitución y en ningún caso lo aceptaría el Rey, porque sería invocado en el Rif, donde sus aspiraciones autonomistas han sido brutalmente aplastadas. 

Según Albares, todo el mundo es consciente de que en estos momentos tenemos una excelente relación con Marruecos, que es un vecino con el que mantenemos intereses importantes de gestión en común, como la lucha contra el terrorismo y las mafias traficantes de personas, y las actuales relaciones son las mejores en la Historia. Marruecos podrá ser un socio de España, pero no un amigo, porque un amigo no reclama la soberanía de unas ciudades como Ceuta y Melilla que ya eran españolas antes de que se creara el Reino de Marruecos, las cerca y atosiga impidiendo el comercio con su entorno marroquí, se niega a establecer las aduanas, dificulta con sus amenazas que el Rey de España pueda visitar una parte de su territorio, chantajea continuamente con la inmigración legal, el tráfico de personas y el narcotráfico, y práctica la competencia desleal con su exportación de productos agrícolas, o interfiere las comunicaciones del presidente del Gobierno y de sus ministros.

Marruecos siente una animadversión histórica hacia España, en contraste con su admiración por Francia, cuando ésta ha tratado a sus ciudadanos mucho peor que aquélla. Valga una anécdota personal para avalar este aserto. En el marco de la Conferencia de la ONU sobre el Derecho del Mar, la delegación española consiguió formar un grupo de 8 Estados ribereños de estrechos -entre los que figuraba Marruecos-, que presentó una propuesta para defender el paso inocente por los mismos, frente a las pretensiones de las superpotencias de consagrar la libertad de tránsito. En 1975, en medio del debate de la cuestión, el delegado marroquí hizo una intervención crítica con España que debilitaba la posición del grupo. Afortunadamente, el embajador Mohamed El-Garbi -con el que mantenía buenas relaciones personales- tuvo el detalle de avisarme de que tenía que criticar a España por instrucciones de su Gobierno, y pude preparar una respuesta. Prevaleció el sentimiento antiespañol sobre sus propios intereses nacionales, que coincidían plenamente con los españoles, pero el instinto atávico hizo que el escorpión picara a la rana cuando ésta le estaba ayudando a cruzar el charco.

Menos mal que, gracias a la sumisión el Gobierno de Sánchez a los caprichos del sátrapa alauita, hemos conseguido -a juicio de Albares- las mejores relaciones posibles en el curso de la Historia, pues, de no haber sido así, Marruecos no solo reivindicaría Ceuta y Melilla, sino también las Canarias, el Andalus, el Reino de Valencia y hasta las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela en recuerdo de Almanzor.