Según la tradición germánica en las orillas del Rhin, el día 11 del 11 a las 11 se despierta el espíritu del Carnaval. Por mor de la globalización, este espíritu carnavalesco se ha trasladado a España, pero no con su espíritu festivo, sino con un carácter grotesco y siniestro. El 11 de noviembre,  el representante del PSOE, Francisco a) Pachi López, y el de Podemos, Jaume Ausens, han presentado en amor y compaña en el Registro del Congreso una propuesta de Ley Orgánica destinada a reformar el Código Penal, con el fin de suprimir el delito de sedición.

Ha constituido la última genialidad de Pedro Sánchez, el político de las mil caras, de una versatilidad tal que puede pasar del cero al infinito en cuestión de segundos. Como mostró anoche Vicente Vallés en el telediario de Antena 3, su capacidad de transformismo y de cambio de opinión deja a Houdini en mantillas. En 2018, cuando era líder de la oposición, afirmó en TV que los responsables del referéndum ilegal del 1-O habían incurrido en un delito la rebelión y que él traería desde Bélgica al fugado Carles Puigdemont para que fuera juzgado en España. Un año más tarde, prometió aumentar la cuantía de las penas a los delitos de rebelión y de sedición, y a tipificar como delito la convocatoria ilegal de un referéndum, y se comprometió a no indultar a los culpables. En cuanto accedió al poder gracias a los votos de los independentistas de toda laya, sus firmes convicciones comenzaron a desvanecerse ante la necesidad de contar con sus votos para seguir en La Moncloa.

Los acontecimientos se han precipitado en los últimos días. En la reunión de la “mesa negociadora” entre el Gobierno de la Nación y el Govern de la Generalitat celebrada en Madrid, Sánchez se comprometió “personalmente” a rebajar las penas previstas en el Código Penal por el delito de sedición. Semejante promesa se ocultó a la opinión pública y Sánchez la mantuvo en barbecho hasta mejor ocasión. La ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó en el Senado que el tema estaba siendo cuidadosamente estudiado por ser una cuestión que requería cierto grado de consenso entre las fuerzas políticas y que aún no existía un acuerdo al respecto. Mientras estaba negociando con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba su interlocutor, Esteban González Pons, que el rumor sobre la inminencia de una modificación del delito de sedición era mero “ruido mediático”, al mismo tiempo que negociaba con su contraparte en el Govern la reducción a la mitad de las penas previstas para el citado delito. Cuando el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, conoció por boca de Sánchez su intención de cumplir con su promesa en el curso de la legislatura, decidió suspender las negociaciones.

Indignado por este contratiempo cuando ya creía tener en mano la renovación del CGPJ y el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional -lo que le permitiría controlar ambos órganos-, Sánchez pasó a la ofensiva y -ante la presión de su aliado republicano- pensó que “para poca salud, ninguna”, de modo que decidió, no ya reducir a la mitad las penas del delito, sino suprimirlo por completo, porque, “muerto el perro, se acabó la rabia”. Movido por su compulsión a la mentira, declaró que, aunque seguían las conversaciones con ERC, aún no se había acordado nada, pero, en la tarde del día 10, ofreció a la Sexta la primicia de la reforma del Código Penal. Horas más tarde apareció por arte de birlibirloque un texto articulado que fue presentado en el Registro del Congreso. Ausens manifestó que la propuesta derogaba las disposiciones del Código sobre la sedición, mientras que ese genio de la Política y de la Filología que es López afirmó, con el mayor de los cinismos y negando la evidencia, que de ninguna manera se iba a derogar el delito, sino que se iba a “europeizar” (¿?). Llevaba razón el podemita porque uno de los artículos de la propuesta establecía la supresión del Capítulo primero del Título XXII del Código, que contiene las disposiciones sobre la sedición.

No he tenido ocasión de ver aún la propuesta en su integridad, pero según la prensa, se ha propuesto la supresión del delito de sedición y su sustitución por la nueva figura del “desórdenes públicos agravados”, con penas de 6 meses a 3 años para quienes, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, realicen una serie de actos de violencia o intimidación contra las personas o las cosas. Si los hechos fueran cometidos por una multitud cuyo número, organización y propósito fueran idóneos para afectar gravemente al orden público, la pena de cárcel se elevaría a entre 3 y 5 años, y si sus promotores fueran autoridades, el castigo se complementaría con una pena de  inhabilitación absoluta de 6 a 8 años. No se contempla en la disposición el supuesto de atentado contra el orden constitucional. Pese a tratarse de un  compromiso del presidente del Gobierno, no ha sido éste el que ha hecho la propuesta sino los partidos PSOE y Podemos, con lo que se ha cometido un fraude procesal y un desaire político, ya que mediante este truco utilizado habitualmente por el Gobierno se excluyen los informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal, para ahorrarse tener que recibir unos dictámenes que pondrían en evidencia la pobreza jurídica, cuando no la inconstitucionalidad, de los textos propuestos. 

“Europeización” de la sedición

Puestos a contar mentiras “tra-la-lá”, el Gobierno ha afirmado, sin sonrojarse, que se ha visto obligado a alinear su regulación de la sedición con la normativa vigente en los países de nuestro entorno democrático, en contra de la realidad fáctica y de la opinión expresada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre el 1-O, en la que negó que las penas previstas para delitos similares en Europa -al margen de su denominación- fueran inferiores a las establecidas en el Código Penal español. Consideró erróneo situar los sucesos del 1-O en el marco de los delitos de orden público, pues fueron mucho más. “Lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara -por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público”. Afirmó taxativamente que “el delito de sedición no es, desde luego, la respuesta penal del Estado a los excesos en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación”, sino “un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”. Lo que estaba en juego no era la preservación del orden público, sino la solidaridad de los pilares sobre los que se asentaba la convivencia democrática, y el alcance del delito de sedición iba más allá del orden público, ya que protegía la paz social, la ley y las resoluciones judiciales.

Sánchez, sin embargo, es no solo un doctor en Economía -aunque ni siquiera haya llegado a leer su propia  tesis-, sino también un doctor ” honoris causa” en Derecho, que se permite rebatir las paupérrimas opiniones de unos magistrados chochos y fachas. Ha pontificado “ex-catedra” que las penas sobres sedición del Código Penal español no tenían parangón por su dureza con las impuestas en los Códigos de otros países democráticos, enmendándole la plana al TS. En efecto, en Alemania y en Francia se aplican penas de especial gravedad entre 10 años y cadena perpetua; en Italia se sanciona con 12 años de prisión los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del país; en Portugal se aplican penas de 10 a 20 años para quienes intenten separar una parte del territorio nacional, aunque sea sin violencia.

Afirmó el presidente que la sedición era un delito centenario que había que actualizar, y en su ayuda acudieron los ” tontos útiles” progresistas, como Edmundo Rodríguez Achútegui, miembro de Jueces para la Democracia, que ha insistido en la necesidad de actualizar una normativa del siglo XIX que estaba anticuada. Según él, el régimen franquista había mantenido unas previsiones decimonónicas que no se acomodaban a los estándares que exigían los convenios internacionales suscritos por España a partir de la Transición y que -a diferencia de otros países europeos -el Gobierno español no había actualizado. Prueba de ello eran las dificultades con las que se había topado el TS para que los tribunales alemanes y belgas aceptaran la entrega de Puigdemont para su debido enjuiciamiento. Parece mentira que un juez en ejercicio ignore que la regulación actual de la sedición data de la reforma del Código Penal realizada en 1995 por un Gobierno socialista, fecha bastante distante del fin de la Transición, por mucho que Bildu estire ese límite. Cabe recordar a Achútegui que a) la negativa a entregar al ex-presidente de la Generalitat la adoptó -de forma errónea, en mi opinión- el tribunal del pequeño ”land” de Schleswig-Holstein, similar a la Audiencia Provincial de La Rioja, que sí aceptó entregar a Puigdemont por el delito de malversación; b) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Bélgica por su negativa a conceder la extradición de la etarra Natividad Jáuregui; y c) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene “sub iudice” la petición del TS de que se condene a Bélgica por su negativa a entregar a los prófugos españoles huidos a ese país y que el Abogado general del Tribunal, Jean-Richard de la Tour, ha condenado en su dictamen el comportamiento de los tribunales belgas.

Según Joaquím Coll, en octubre de 2017 se produjo en Cataluña un golpe de Estado en toda regla contra el orden constitucional de España, pero el TS no pudo condenar a sus autores por rebelión por no haberse producido la suficiente violencia requerida en el Código Penal. Solo fueron condenados por sedición, que se aplicaba a quienes se alzaran pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes (artículo 544). El Gobierno pretende suprimir el delito de sedición y sustituirlo por el evanescente nuevo delito desórdenes públicos agravados. Hay que modernizar efectivamente el Código, pero no para derogar el delito de sedición, sino para actualizarlo y aumentar las sanciones previstas. Conviene suprimir el condicionamiento de la violencia porque -como ha observado Coll- en los tiempos post modernos y digitales que vivimos, algunos golpes de Estado no se dan a punta de pistola, chino con otros medios no violentos pero más efectivos -ciberataques, “hackeos”, difusión de noticias falsas o presiones económicas-.

Como ha señalado Teresa Freixes, en la gran mayoría de los países democráticos, la conducta subyacente al delito de sedición y el bien jurídico protegido para justificar la penalización de la misma, se sitúan en la quiebra del orden público, con la finalidad de incumplir la ley, resistirse a las decisiones judiciales  a  provocar un estallido social, por lo que no se trata de la simple alteración del orden público como una algarada callejera, tal como se hace en la propuesta, que pretende reducir el delito a las alteraciones del orden público sin una motivación política. Lo importante no es tanto cómo se produce el delito -uso de violencia o carácter tumultuario-, sino qué es lo que se pretende con él, que es la subversión del orden constitucional. Este supuesto quedaría excluido de la nueva normativa y el Gobierno se encontraría inerme frente a un intento de este tipo como el que se produjo el 1-O. Como ha señalado Sociedad Civil Catalana, la reforma es extremadamente grave porque erosiona la fortaleza y la capacidad del Estado para hacer frente a futuros intentos de subversión del orden constitucional por parte del nacionalismo, y cuando éste plantee un nuevo desafío -lo que hará en cuanto se le presente una oportunidad propicia- encontraría a un Estado más debilitado, que carecería de las necesarias herramientas para defender la integridad territorial de la Nación.

Según ha firmado Juan Antonio de Castro en un artículo titulado significativamente “Señor presidente del Gobierno, eres un traidor”, a partir de ahora el golpismo -ni en forma de rebelión, ni de sedición- no será realmente delito porque, equiparándolo a desórdenes públicos agravados, no podrá nunca ser sancionado con más de cinco años de cárcel y -como la pena quedará seguramente reducida a dos años- nadie irá a prisión por romper España, su integridad o su Constitución.

La ministra Llop ha acudido presurosa a ayudar a su jefe y afirmado que nadie puede acusar a Sánchez de traidor, porque es el presidente legítimo del Gobierno de España. No se le acusa por eso, sino porque, con su propuesta de supresión del delito de sedición, va a dejar al Estado indefenso ante los ataques de los independentistas al orden constitucional y a la unidad de España. Como juez, debería saber distinguir entre la legitimidad de origen y la de ejercicio. No se cuestiona la legitimidad de Sánchez como presidente del Gobierno, sino su proceder en el ejercicio de sus competencias, que pone en grave riesgo los fundamentos del Estado. Asimismo ha afirmado que el PP no tenía legitimidad para criticar al Gobierno por su propuesta de derogar el delito de sedición, porque había obstruido la renovación del CGPJ y provocado la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. Ante eso, cabría preguntarle, recurriendo a la vulgar expresión popular, que qué tenía que ver el culo con las témporas. Aparte de que Llop haya eximido al Gobierno de cualquier responsabilidad en la dimisión de Lesmes, el PP -como cualquier otro partido- no solo tiene el derecho de criticar al Gobierno, sino, en este caso, el deber de hacerlo por la nefasta decisión que ha adoptado, que puede afectar a la seguridad, a la integridad y a la independencia del Estado.

Reacciones a la decisión del Gobierno

Sánchez ha sacado pecho ante su decisión y afirmado que se trataba de una iniciativa para distender la situación en Cataluña, y alardeado de que la situación actual en esa región es mucho mejor que en 2017, ya que se ha bajado considerablemente el “souflé” del independentismo. Efectivamente -como ha reconocido Freixes- ya no se quema Barcelona, se asaltan los edificios gubernamentales, o se cortan las vías de comunicación, pero es porque ya  no es necesario hacerlo,  dado que el independentismo se ha asegurado, con la connivencia del Gobierno central, su total dominio sobre el conjunto de la ciudadanía, pactando medidas y concesiones, no en el marco del debate institucional, sino a través de medios alegales que no están regulados. El Estado de Derecho brilla por su ausencia, no se respetan las decisiones judiciales, y los procesos reglados de toma de decisiones son abandonados cuando conviene. El problema se agrava cuando el que tendría que aplicar la institucionalidad y garantizar el Estado de Derecho mira hacia otro lado y admite -directa o solapadamente- lo que el secesionismo pretende. La destipificación de los atentados independentistas contra el orden constitucional -añado yo- empeorará aún mas la lamentable situación actual de insumisión consentida por el Gobierno.

El mayor grado de desfachatez lo ha protagonizado el sin par López al mostrarse convencido de que los votantes socialistas comprenderían la intención última de Sánchez, que -más allá de buscar la europeización de la obsoleta legislación española- lo que pretendía era garantizar por encima de todo la unidad de España. Ya nos explicará el lenguaraz portavoz cómo se logra ésta si se concede la impunidad presente y futura a quienes quieren romperla. En el ámbito del PSOE se ha producido un ominoso silencio, solo turbado por las moderadas críticas de los barones de Castilla/La Mancha y de Aragón, preocupados por las incidencias negativas en las próximas elecciones autonómicas. Emiliano García Page ha dicho que no comparte la reforma del delito de sedición, pues no es correcto dejar las soluciones a quienes tienen como propósito romper la convivencia. Javier Lambán también se ha manifestado en contra de la reforma y ha sido algo más explícito al afirmar que, además de la legislación vigente, debería haber otras herramientas para armar al Estado de Derecho frente a los intentos de alteración de la Constitución, “qué fue lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017”. Se trata de meras expresiones declarativas que revelan una mala conciencia, pero que no implican un compromiso de  intentar revertir la situación desde dentro del partido. El PSOE no es solo Pedro Sánchez y el que calla otorga. 

Según Nùñez Feijóo, él nunca habría tomado una decisión semejante y pensaba revertir la reforma cuanto antes si accedía. al Gobierno, porque “ni el independentismo ni Sánchez pueden abaratar los ataques a la Constitución”. Nunca entregaría la gobernabilidad de la nación a quienes quisieran romperla. Feijóo ha hecho un llamamiento a los dirigentes socialistas para que traten de revertir la situación, pues deberán escoger si están con los sediciosos y los fugados o con la legalidad. Inés Arrimadas ha instado al PP a que presente una moción de censura, lo que me parece una sugerencia acertada, pues -aunque esté abocada al fracaso- permitiría poner en evidencia en sede parlamentaria las carencias del Gobierno de coalición y obligaría a todos los partidos a manifestar su posición. En Génova no descartan esta posibilidad, pero prefieren no hacerlo en un futuro inmediato. ¿Para cuándo entonces? Hay que martillear el hierro cuando esté caliente y ahora está que arde.

La reforma ha sido un fabuloso regalo pre-navideño para ERC ,  y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha ganado unos centímetros en envergadura de pura satisfacción, al señalar que la derogación del delito de sedición suponía un paso importantísimo para poner fin a la represión del movimiento independentista, profundizar en el proceso de desjudicialización, y restaurar el conflicto con el Estado a la política, pero -antes de digerir tan suculento bocado-, ya está exigiendo nuevas concesiones, porque echar carnaza a las fieras no hace más que aumentar su apetito. Que no se haga ilusiones Sánchez porque va a tener muy poco tiempo de respiro, pues “le petit caporal” ya ha anunciado que, tras esta reforma, deberían seguir nuevos acuerdos que hagan posible la concesión de una amnistía y el ejercicio del derecho a decidir mediante un referéndum de autodeterminación para conseguir la independencia.” Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a dar fruto, más cerca estaremos de hacer posible la amnistía y volver a votar en un referéndum”. 

JxC se ha tragado el sapo del triunfo de su hermano separado, al que trata sin éxito de quitarle importancia. Para Puigdemont, aunque algunos celebren y vendan la supresión del delito de sedición, no se ha producido tal, y a que solo se le ha cambiado el nombre. El secretario general, Jordi Turull, ha calificado la reforma cómo “un traje a la medida para extraditar a los exiliados y poder castigarlos”.

Donde se ha producido el impacto más negativo ha sido en los sectores judiciales, que han dado muestras de incredulidad, indignación y preocupación por la increíble decisión del Gobierno de Sánchez. Con la reforma -se comenta en estos medios- se han desarticulado todos los elementos de la sentencia del TS: “Es una amnistía ad hoc encubierta”. Se considera demencial porque los hechos dados como probados en la sentencia dejarán de ser considerados como  delitos, con lo que dejaría a la Justicia española a los pies de los caballos. El Gobierno ha desautorizado una vez más a los jueces y dado bazas al TJUE y a los tribunales de Bélgica para que rechacen la entrega de los prófugos, y al TEDH para que condene a España por el trato dado a los sediciosos, ya que el propio Gobierno español ha reconocido la falta de proporcionalidad y el excesivo rigor de las sentencia del TS.

En el ámbito de la sociedad civil, Impulso Ciudadano ha afirmado en un comunicado que la reforma equivalía a la exculpación de  quienes trataron de derogar la Constitución en Cataluña en 2017 y fueron responsables de la más grave crisis constitucional de la democracia española. El texto no implicaba una rebaja de las penas por sedición, sino la derogación de las disposiciones que se aplicaron a los responsables de los hechos del  1-O. Los ataques a la Constitución en Cataluña quedarán sín castigo. La Asociación ha denunciado el sometimiento del Gobierno español a los planes de los nacionalistas, a los que no deja de hacer concesiones, mientras ellos siguen amenazando con la ruptura de la legalidad y manteniendo una actitud de deslealtad y de vulneración de los derechos.

Para el grupo Pompaelo, en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley y no se pueden hacer leyes a la medida de las personas. Con su reforma, el Gobierno no solo permite a sus amigos que incumplan la ley, sino que modifican ésta para legalizar sus hechos delictivos cometidos o por cometer. Ha dejado claro que las normas son por algunos, pero no para ellos, por lo que no somos todos iguales, y que mientras que el Gobierno necesite esos votos, unos serán más iguales que otros. Considera inaceptable que el Gobierno esté vendiendo la seguridad jurídica, la justicia misma, la igualdad de todos y el Estado de Derecho a cambio de unos meses más de apoyo, y ha pedido que se retire la propuesta y que se aborde una reforma del delito de sedición que proteja suficientemente el orden constitucional.

A juicio de Sociedad Civil Catalana, el Gobierno ha permitido una victoria rotunda de las autoridades nacionalistas al negociar los derechos fundamentales de todos los catalanes a cambio de los intereses de una parte representada por los condenados y los prófugos de la justicia, y “no todo vale para mantenerse en el poder”

La desjudicialización exigida por ERC a cambio de apoyar los presupuestos generales del Estado no es más que un eufemismo de injusticia y de impunidad, que permite a las autoridades nacionalistas hacer y deshacer a su conveniencia y al margen de la ley y de las sentencias judiciales. El Gobierno español ha dejado desamparados a los catalanes constitucionalistas y al resto de los españoles, y legitimado  a un régimen excluyente y populista, que no respeta la ley ni se somete al Estado de Derecho, y  que vulnera los derechos fundamentales de los catalanes que no son nacionalistas.

Conclusiones

1.-La decisión adoptada por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal para suprimir el delito de sedición es sumamente grave, porque el presidente del Gobierno ha superado todas las líneas rojas tolerables.

2.-Respecto a las formas, el Gobierno ha demostrado su menosprecio por el pueblo español y su falta de respeto por el derecho, al promover la de reforma mediante una propuesta de ley del PSOE y de Podemos, en vez de como un proyecto del Gobierno, con lo que evitará que se realicen los informes preceptivos del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal. Ha impuesto, sin justificación el procedimiento de urgencia para acortar los plazos y evitar que un debate profundo de la cuestión.

3.-El Código Penal es uno de los instrumentos jurídicos básicos para garantizar la convivencia pacífica entre los españoles, y cualquier modificación que en él se introduzca debería ser adoptado por consenso o, al menos, con un amplio apoyo.

4.-No existe demanda social ni justificación jurídica  para suprimir el delito de sedición. La supresión se produce por el chantaje de los partidos independentistas para mejorar la situación jurídica de los políticos que han sido condenados por el delito de sedición y de los prófugos que han eludido la acción de la justicia.

5.-La nueva normativa limita el alcance del nuevo delito de desórdenes públicos a las símples alteraciones del orden público, que implican unas penas máximas de 5 años de prisión. La disposición no contempla los atentados contra el orden constitucional.

6.-Supondrá una mejora en la situación personal de los condenados injustamente indultados, pues verán reducidos los tiempos de inhabilitación  y pronto podrán volver a participar en la vida pública, pese a no haberse arrepentido de sus delitos.

7.-El Gobierno ha desacreditado al Tribunal Supremo y puesto en entredicho a los jueces. Ha dañado la imagen de España en el extranjero y debilitado la posición de sus Tribunales en sus peticiones de entrega de condenados o de prófugos de la justicia.

8.-El apaciguamiento no ha conseguido que se moderen las exigencias del independentismo, antes al contrario. El presidente de la Generalitat ya ha  exigido la concesión de una amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación.

9.-La actuación el presidente Sánchez no ha podido ser más volátil, frívola e irresponsable. Ha puesto en peligro la seguridad del Estado y ha mentido reiteradamente a los españoles, 

10.- Parece difícil que pueda caer más bajo y es irrecuperable, por lo que solo cabe esperar que sea derrotado en las elecciones generales y abandone el Gobierno. Amén.