Ya no hay duda de que Mario Draghi es un fascista de primer nivel. Sólo a un facha se le ocurre renunciar a su sueldo como primer ministro, reducir el gasto superfluo del Gobierno y anunciar bajadas de impuestos masivas para ayudar a superar la crisis en Italia.

Y no sólo eso, sino que como economista, formado en el MIT, habiendo sido director general del Tesoro y presidente del Comité de Privatizaciones, consejero de ENI, IRI y de la Banca Nazionale del Lavoro, además de director ejecutivo del Banco Mundial, vicepresidente para Europa de Goldman Sachs, director del Banco de Italia y presidente del Banco Central Europeo, como economista, digo, no vale un duro y no tiene ni idea de cómo funciona un escenario de crisis.

Luego no digan los italianos que no les advertimos. Y eso en un país que entre 1991 y 2001, el tiempo que Draghi fue director general del Tesoro, tuvo apenas diez gobiernos diferentes, lo que da idea de las turbulencias permanentes en las que se desarrolla la vida política italiana.

Sólo un facha de la dimensión de Draghi no comprende que Yolanda Díaz está a la vanguardia del mundo para legislar, como quería la Calvo, para todos los planetas y sólo un obtuso no entenderá las razones para masacrar a impuestos a una economía hundida en la miseria por parte de un experto cuya tesis doctoral consistió en un corta y pega que le encargó a Miguel Sebastián y a su equipo de asesores en la Moncloa de Zapatero.

A los ojos del obtuso ególatra, Draghi es un extravagante ultra que ha cruzado todas las líneas rojas de la democracia, pero sobre todo coincide con los mayores fachas del mundo en convocar a un comité de los mayores sabios del país para establecer un plan de salida a la crisis en lugar de recurrir, como nosotros, a una piara de indocumentadas que dan palos de ciego y acumulan declaraciones absurdas sobre cualquier estúpida cuestión y que cada vez que aprueban un decreto en el Congreso se aplauden a sí mismos como si en una jaula de monos llovieran bananas y cacahuetes.

Ayer fue de muchas risas leer a Edmundo Bal, ese apóstol de la religión equivocada, complacerse de que el Tribunal Constitucional haya declarado ilegal el blindaje que el Gobierno de Sánchez hizo del nombramiento de Pablo Iglesias e Iván Redondo para que estuvieran presentes en el CNI aprovechando uno de los primeros decretos del estado de alarma, que nada tenía que ver con semejante tropelía.

«Ya lo denunciamos», decía Bal desde su orfandad más absoluta (también orfandad de votos), pero ocultaba que la declaración de inconstitucionalidad de lo actuado ha sido posible gracias al recurso presentado por ese partido con el que los suyos se niegan a sentarse y al que establecen un cordón sanitario inexplicable y completamente antidemocrático mientras se ofrecen de muleta de apoyo a los que actuaron de ese modo.

Todo es delirante en la política española, como puede verse, y esto es mucho decir si la comparativa que hacemos es con Italia, donde casi nadie es capaz de comprender cómo sigue en pie un país que sale casi a una crisis de gobierno por año desde que acabó la II Guerra Mundial.

Lo de nuestro Tribunal Constitucional en relación al pucherazo en el CNI ha sido un monumento a la desidia que promete prolongarse ad infinitum, pues se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de las actuaciones cuando ya el aludido ha abandonado la vicepresidencia del Gobierno, ha sido candidato a presidir una comunidad autónoma e incluso se ha salido de la melée política para dedicarse al cambalache de secretos de de Estado obtenidos mientras estuvo allí. Cualquier día declararán inconstitucional los fusilamientos de Paracuellos, que mira tú que no estaría nada mal, o los del 2 de mayo de 1808.

La rabiosa actualidad y frenética actividad de sus señorías les ha impedido todavía pronunciarse sobre la ilegalidad de los estados de alarma que usurpan desde hace más de un año todos los derechos fundamentales a los ciudadanos, pero es por culpa del estrés al que se vieron sometidos cuando tuvieron que abandonar de urgencia sus gimnasios y resto de tareas imprescindibles para la Nación para decidir si Toni Cantó podía presentarse en las listas del PP en las elecciones del 4-M. Y tras arduos estudios concluyeron que no, porque el IBI y la luz no los pagaba el aludido en Madrid con unas semanas de adelanto. ¡Cuánta enjundia jurídica, Dios mío!

En una feria como la que nos ha tocado con este gobierno en las peores circunstancias imaginables, sólo nos faltaba rematar la jugada con el secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, imputado por el Tribunal Supremo por patear presuntamente a un policía, que ayer mismo anunció que no se presentará a la reelección, aclarando al tiempo, para que no haya dudas de que se pasan cualquier consideración ética y sus propios estatutos por las rastas, que su decisión «nada tiene que ver con haber sido imputado» y con la petición de seis meses de cárcel de la Fiscalía.

El periodista Carlos Cuesta sostiene desde hace tiempo, y lleva toda la razón, que Podemos no es un partido, sino «un plan» para derrocar la democracia y que acumula toda la escoria de subterfugios, añagazas y trampas para acabar con nuestros derechos y libertades. Perdonen, pero los miembros del Tribunal Constitucional no tienen tiempo que perder en tonterías: hoy les toca sesión de abdominales.

He dicho.