El pasado día 6 se procedió a la solemne inauguración del año judicial en presencia del Rey Felipe VI. Todo el mundo estaba pendiente del discurso del presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quien por cuarta vez se dirigía a la crema del estamento judicial desde su incómoda posición de presidente en funciones, tras haber caducado el mandato del Consejo en diciembre de 2018, y su intervención ha sorprendido y perturbado al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha recibido una inesperada, pero merecida, filípica por sus ataques a la independencia del poder judicial. Aunque Lesmes trató ampliamente la falta de renovación del CGPJ, su intervención se centró en “la independencia del poder judicial como garantía de nuestra democracia”.

Falta de renovación del CGPJ

Según el artículo 122 de la Constitución, el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y está integrado por el presidente del TS y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, doce de ellos entre jueces de las distintas  categorías judiciales “en los términos que establezca la ley orgánica”, cuatro a propuesta del Congreso y otros tantos a propuesta del Senado, elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre juristas de reconocida competencia. La ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1980 estableció que los miembros del procedencia judicial serían elegidos por sus colegas de profesión. 

No obstante, el Gobierno de Felipe González modificó en 1986 la LOPJ y decidió que fueran elegidos por las Cortes. El PP presentó un recurso de anticonstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional –en su sentencia de 29 de julio de 1986- avaló la legalidad del cambio, alegando que la forma de elección no estaba predeterminada en la Carta Magna, ya que la remitía a una futura ley orgánica. Si un Gobierno del PP había establecido una forma determinada de elección en 1980, un Gobierno del PSOE estaba igualmente autorizado a establecer otro criterio diferente en 1986. El Tribunal no se quedó con la conciencia tranquila por su decisión y advirtió que se corría el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si -a la hora de efectuar sus propuestas- las Cámaras olvidaban el objetivo perseguido, y –actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste- atendían sólo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuían los puestos a cubrir entre los partidos en proporción a su fuerza parlamentaria. “La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y, entre ellos  y señaladamente, el poder judicial”. La existencia y la probabilidad de ese riesgo creado por un precepto que hacía posible –aunque no necesaria- una actuación contraria al espíritu de la Constitución, parecía aconsejar su sustitución, pero no era fundamento suficiente para declarar su invalidez. El precepto impugnado era susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no imponía necesariamente actuaciones contrarias a ella. Los temores del Constitucional se materializaron y los dos partidos mayoritarios se distribuyeron los puestos en el Consejo en proporción a su situación parlamentaria, y nombraron consejeros a jueces cercanos a sus respectivas ideologías, dejando los criterios de capacidad y mérito en un segundo plano.

El representante del PP, Alberto Ruiz Gallardón, expresó su satisfacción por la sentencia, porque –aunque no había invalidado la disposición- el Tribunal había estimado que la elección por las Cortes era de peor entidad jurídica que la realizada por los jueces, ya que no facilitaba que en el CGPJ estuviera representado el pluralismo judicial y social, y recomendaba su sustitución. El PP incluyó en su programa electoral la modificación de la LOPJ para regresar a la fórmula de elección judicial de 1980, pero, cuando llegó al poder, incumplió su promesa y mantuvo la fórmula socialista incluso cuando gobernó con mayoría absoluta. En 2018, llegó a un acuerdo con el PSOE de intercambio de cromos para un CGPJ, bajo la presidencia de Manuel Marchena, pero el chanchullo se fue al traste cuando se conoció el comentario del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cossidó, de que la renovación acordada era una “jugada estupenda” , que permitiría al partido controlar el Consejo. Marchena renunció dignamente a su candidatura, alegando que no concebía el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una opción política para controlar el proceso penal. El secretario general, Pablo Casado, propuso volver al “statu quo ante”, pero su propuesta –que carecía de credibilidad- fue rechazada por el Congreso. En consecuencia, el CGPJ sigue actuando de forma interina pese a haber expirado se mandato a finales de 2018.

Para Rafael Jiménez Asenjo, la elección de todos los miembros del CGPJ por las Cortes suponía una lectura inadecuada del principio de separación de poderes establecido por Montesquieu, porque, en vez de garantizar un régimen de pesos y contrapesos entre los tres poderes, permitía un confuso maridaje del ejecutivo- legislativo con el judicial, y carecía del equilibrio requerido. Pretender que las Cortes validaran un pacto entre los partidos políticos sin una comprobación objetiva de la competencia profesional y de la integridad moral de los candidatos propuestos era un insulto a la inteligencia política de los ciudadanos. Los partidos pugnaban por la designación del presidente y de los miembros del Consejo, y aquí era donde la política trataba de meter la cuchara hasta el fondo del plato, con el fin de tener un poder judicial domesticado y a su servicio.

Esto es lo que ha pretendido el actual Gobierno, que está haciendo todo lo posible sin reparar en medios para controlar el poder judicial. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para alcanzar la mayoría requerida para la renovación. El PSOE –espoleado por su socio de Gobierno, Podemos-  presentó con nocturnidad y alevosía una proposición de ley para fijar la mayoría simple como baremo para la elección de los miembros del Consejo de procedencia judicial. Tanto Casado como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Jurídico Independiente denunciaron  la maniobra del Gobierno a la Comisión Europea, que  mostró a Sánchez la tarjeta amarilla y le recordó la recomendación de la UE y de la Comisión de Venecia de que los jueces fueran elegidos preferentemente por sus pares. Sánchez se vio forzado a recular ante el temor de que su desafiante actitud perjudicara a España en la distribución del maná comunitario. No obstante, cometió una nueva fechoría al realizar una reforma exprés de la LOPJ para prohibir al CGPJ que ejerciera la función de nombrar magistrados para cubrir las vacantes que se produjeran, a partir del momento en que hubiera expirado su mandato.

En seis ocasiones Lesmes y, en otras tres, el pleno del CGPJ, denunciaron públicamente la situación intolerable de la falta de renovación del Consejo. Ahora, el presidente del TS ha reiterado que la situación es insostenible, porque el mandato del Consejo tiene una duración de cinco años, por lo que hay que renovarlo con urgencia, ya que, para la judicatura y para la propia sociedad, este incumplimiento de la legalidad estaba afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial

Lesmes repartió estopa a babor y a estribor, pero no culpó al PP de ser el único responsable del bloqueo, como deseaba el Gobierno, si bien destacó que el cumplimiento de un deber que emanaba de la Constitución no podía  subordinarse a razones de oportunidad política. Antes al contrario, criticó la reforma del Gobierno para eliminar la necesidad de consenso en la renovación del CGPJ –que fue neutralizada por la intervención de la Comisión Europea- y, sobre todo, censuró la reforma exprés  introducida el pasado mes de marzo para impedir que el Consejo realizara nombramientos mientras estuviera en funciones por haberse agotado su mandato. Ello había agravado los problemas, especialmente en el TS, que tiene 11 de sus 79 plazas de magistrados vacantes. “Asistimos a una situación que exige un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y que, de manera concreta, demanda de todos los órganos jurisdiccionales –y también del CGPJ- una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de todas las energías posibles”. 

El presidente rebatió la tesis de Sánchez de que el PP se negaba a renovar el Consejo porque no había asumido el cambio de mayoría en las Cortes, al afirmar que “la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras –como algunos sostienen-, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”. Acudió al apoyo de  la UE, al señalar que, “si el juez nacional actúa también como juez comunitario, las garantías de su independencia no resultan indiferentes a la Unión Europea, de forma que una protección sólida de la misma exige criterios uniformes en toda la Unión, lo que también puede conllevar, incluso coartar, la autonomía de los Estados miembros para llevar adelante ciertas reformas, como se ha visto recientemente en el caso español”. Lesmes urgió a que, por el bien de todos, el CGPJ desapareciera  del escenario de la lucha partidista e hizo un llamamiento a las fuerzas políticas concernidas para que, “con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.

Defensa de la independencia del poder judicial

Al defender la independencia del poder judicial, Lesmes tuvo que hacer reproches a los partidos políticos y al Gobierno por sus ataques a los jueces. “La labor de los jueces y su independencia se pone en entredicho -especialmente desde algunas instancias políticas- cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente no son de su agrado”. Puso como ejemplo de esta peligrosa deriva lo ocurrido con los indultos a los políticos catalanes condenados por el TS en el “caso del 1-O”, y criticó que, para justificar la indulgencia, se hubiera llegado a  “contraponer la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la justicia al aplicar la ley, a la que todos nos debemos, fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”. Nada más alejad de la realidad –observó Lesmes- que oponer la concordia y el entendimiento a la venganza o a la revancha. “La función de los jueces y magistrados juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes. La justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el ordenamiento jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”.

Reacciones al discurso del presidente del CGPJ

Lesmes pronunció el que probablemente haya sido el mejor discurso de su vida, en el lugar y el momento adecuados, y en presencia del Rey y de los más altos cargos de la Nación, a excepción del presidente Sánchez, que probablemente se olió la tostada de las posibles críticas a la actuación de su Gobierno en el ámbito judicial por parte del Presidente del CGPJ. Como señaló Felipe VI en uno de los corrillos que se formaron al término de la ceremonia, en el que estaban presentes la ministra de Justicia, Pilar Llops, el presidente del Senado, Ander Gil, y Pablo Casado –en un comentario más propio de su padre que del prudente y circunspecto monarca-, “os ha leído la cartilla a todos” y les instó a que se pusieran ya con la renovación del Consejo.

“El Mundo” ha comentado que, en un discurso valiente, Lesmes había denunciado la mayor amenaza que se cernía sobre la justicia española, cual era el afán de injerencia del ejecutivo de Sánchez, quien –desde el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado- hizo del desafío a la independencia del poder judicial una seña de identidad. Como encontró en el poder judicial el único freno a su ambición de poder, está haciendo todo lo posible para controlarlo. “Tan cierto es que nunca hubo un bloqueo tan duradero del órgano de gobierno de los jueces, como que  nunca hubo un Gobierno tan radical en su composición, tan arbitrario en sus decisiones y tan agresivo  con la autonomía de la Justicia”. Ha llegado el momento de abrirse a una reforma del sistema de elección en el sentido despolitizador que la UE viene demandando. Si el Gobierno depone su soberbia y escucha, habrá acuerdo.

En opinión de “El País”, en cambio, el presidente del CGPJ se repitió a sí mismo y no aportó solución alguna para resolver el grave problema provocado  por la negativa del PP a la renovación por razones de oportunidad política. “Ni el PP como culpable principal, ni el PSOE como partido de Gobierno, han encontrado la ruta para escapar de una situación bloqueada, ni hay visos de que pueda hacerlo en breve”. En coincidencia con Podemos, el periódico -siempre alineado con el Gobierno- concluía que había llegado el momento de que el presidente y los veinte vocales del Consejo “encaren el problema con resolución y renuncien a sus cargos”.

Carlos Herrera ha calificado a Lesmes en su programa de la COPE de “holandés errante”, porque lleva casi tres años pilotando un buque fantasma, sin poder tocar puerto ni desembarcar del navío. Los Gobiernos tienen la tentación de ocupar todas las parcelas del poder y el de Sánchez aspira a controlar la esfera judicial, en contra de la independencia de los jueces y a favor de sus intereses. La solución sería renovar el CGPJ y a la vez modificar el modo de elección de sus miembros judiciales, pero el Gobierno supedita los segundo a lo primero y. una vez conseguida la renovación e incluido el consejo una mayoría de miembros afines, “si te vi no me acuerdo”. La renuencia del PP a este supuesto es comprensible, porque –como se ha preguntado el popular presentador- “¿qué valor tiene la palabra de Pedro Sánchez?”.

Ni el Gobierno ni el PSOE han hecho por el momento comentarios al discurso de Lesmes. Sí lo ha hecho su socio Podemos, cuyo presidente de su  Grupo parlamentario, Jaume Asens, ha dicho que era una vergüenza tener que escuchar a un presidente del CGPJ  caducado y sin legitimidad democrática cargar contra el Gobierno. No hacía falta que Lesmes se despidiera por cuarta vez, sino que dimitiera de una vez para facilitar la renovación del Consejo. Esta acusación carecía de fundamento, pues el presidente del Consejo debe continuar en su puesto hasta ser legalmente sustituido, y conserva por tanto toda su legitimidad. Puede que no sea políticamente correcto, pero es jurídicamente impecable. Podemos, como el PSOE, ha olvidado que, durante el Gobierno de Felipe González, se adoptó la “enmienda Casas”, que permitió a la presidenta del Tribunal Constitucional continuar en su puesto durante dos años después de haberse extinguido su mandato, en un momento crítico en que se debatía en el Tribunal la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, sin que nadie se rasgara las vestiduras. Pablo Fernández, a su vez, ha acusado a Lesmes de bloquear la renovación del CGPJ  y de seguir aferrado a su cargo durante más de 1000 días en un Consejo caducado, y al PP de tenerlo secuestrado, en connivencia con varios de sus miembros.

El PP ha acogido con satisfacción la intervención de Lesmes y mostrado su disposición a proceder a la renovación del CGPJ de conformidad con los criterios vigentes, siempre que, en paralelo, se inicie en la Cortes el procedimiento para reformar la elección del Consejo de acuerdo con el criterio de la LOPJ de 1980. Como ha señalado el responsable de los temas jurídicos, Enrique López, lo importante era que se produjera la renovación y a la vez se iniciara el proceso de reforma de la LOPJ, para que en los siguientes mandatos fueran los jueces los que se eligieran entre ellos.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha rechazado que el PSOE y el PP se repartieran los puestos del CGPJ  con el vigente criterio de selección, y reclamado que se cambiara la LOPJ para que la mayoría de sus miembros fueran elegidos por los jueces, y no repartiéndose los puestos a dedo entre los dos partidos como en un mercado persa. “Ni bloqueo, ni pasteleo”, ha concluido.

Aparte los exabruptos habituales de la exquisita vicesecretaria general del PSOE. Adriana Lastra –que ha censurado al PP por bloquear la renovación del CGPJ, tener secuestrada a la Constitución día tras día, y haber violado durante décadas todas las leyes que ha podido-, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez , abrió un leve portillo a la esperanza al afirmar que el Gobierno estaba dispuesto a revisar el sistema de elección de los miembros del Consejo y a estudiar todos los escenarios posibles, pero –eso sí- siempre después de  que se hubiese renovado el órgano de conformidad con el modelo actualmente vigente. “Cúmplase la Constitución y la ley, y –después- afrontemos reformas”. 

Esta modesta apertura tuvo escaso recorrido y pronto fue descalificada por el Gobierno. La ministra de justicia, la juez Pilar Llops –que empezó sus funciones con una desaforada crítica a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales algunas disposiciones del Decreto-ley que declaró el estado de alarma, sin siquiera conocer los fundamentos jurídicos de la decisión- afirmó lo siguiente: “Renovemos los órganos constitucionales y abramos posteriormente los debates”. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska –también juez, aunque no lo parezca- calificó la propuesta del PP de “futurible”, acusó al partido de secuestrar el libre funcionamiento del CGPJ y manifestó que su actitud representaba  “todo menos un mínimo grado de sentido de Estado”. Y la puntilla la dio el propio Sánchez, que acusó al PP de “insumisión constitucional” y “tuiteó” que  su Gobierno se enfrentaba a la oposición más furibunda de Europa, que había bloqueado durante más de mil días la renovación de los órganos constitucionales, lo que lo situaba fuera de la Constitución. Casado le ha replicado que era Sánchez el que llevaba mil días atacando la independencia judicial y la separación de poderes, y bloqueando su mandato constitucional. La portavoz, Cuca Gamarra, hs señalado que los insultos del presidente habían dinamitado los cauces de entendimiento entre el Gobierno y el PP.

La clave de esta radical actitud la dio el nuevo gurú de Moncloa, Félix Bolaños, cuando afirmó que, en una sociedad democrática, los jueces no podían elegir a los jueces, ni los políticos a los políticos. Esta afirmación era –en opinión de Javier Redondo-  una falacia, porque los políticos sí eligen a los políticos, tanto en las Cortes como en el Gobierno, y los jueces a los jueces, como ocurre en los países democráticos de la UE. “La fortaleza de una democracia radica precisamente en la existencia de poderes ajenos a la voluntad popular”. Bolaños y Sánchez se han inspirado en las afirmaciones del juez Eloy Velasco de que “los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gentes del pueblo […] Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y, por lo tanto, los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual”. Esta populista y demagógica declaración malinterpretaba el artículo 117-1 de la Constitución, que establece que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables  y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Ahora bien, aunque emane del pueblo, la justicia no es dictada por el pueblo, sino por unos profesionales cuya misión es aplicar la ley a hechos, no conforme al pueblo, sino conforme al derecho. Como observé en mi libro “Politización de la Justicia en España”, la justicia popular era a la justicia, lo que la democracia popular era a la democracia.

Según el magistrado José Luis Requero en su libro “El asalto a la Justicia”, el CGPJ ha pasado a ser botín de los partidos políticos, que han primado no el esfuerzo, el mérito y la capacidad, sino la relación personal, la afinidad ideológica o el saber situarse o relacionarse. El poder judicial no podía seguir siendo una orquesta sin director ni partitura, pero el director no puede ser el poder ejecutivo, porque, en ese caso, se acabaría la interpretación orquestal y sería sustituida por un solo gubernamental. Había que despolitizar el Consejo para que se ciñera a velar por la independencia de la justicia, crear una carrera judicial prestigiosa basada en los principios de mérito y capacidad, armonizar la justicia como poder del Estado con la realidad de su organización territorial y limitar su autonomización. Era preciso volver a una política de Estado  mediante un pacto de partidos constitucionalistas, que sacara a la izquierda de su tradicional afán de control, y a la derecha de su indiferencia hacia la justicia. Según Francisco Pascual, “ni el Gobierno debe controlar las togas en aras de la impunidad, ni la justicia tiene que ser popular ni populista, sino sólo justa e independiente”.

Me temo que el excelente discurso del Lesmes caerá –como en la parábola evangélica- en tierra yerma o entre abrojos, y la semilla no germinará, pues es –usando la frase de Simón Bolívar- como “arar en el mar”. Ha dejado, sin embargo, las cosas claras y en su sitio y lanzado una señal de alarma con el fin de poner coto a los continuos ataques del actual Gobierno a la independencia del poder judicial.