Quienes siguen con cierta asiduidad estos artículos me habrán leído recientemente que a los que llevamos ocupados mucho tiempo con la posibilidad de un fraude electoral nos obligan a pensar como los delincuentes que no somos.

A menudo me preguntan cosas que aún no tienen respuesta porque no sabemos el sistema que habrán ideado esta vez, pero en esos casos les señalamos dónde están las fallas del sistema y las simas que se abren cuando cambian un detalle de una norma.

A veces, ignaros o malintencionados ellos, nos retan a presentarles pruebas sobre algo que ni siquiera ha sucedido y que desconocen casi por completo. Imaginan incluso que estará bien hecho o afirman que no se puede desconfiar de las personas que intervienen en el proceso. Es al contrario: no se debe confiar en las personas, sino en las normas, que han de ser las que guíen y controlen a las personas. Para eso sirve la ley.

Sabíamos que los últimos cambios introducidos y el interés acreditado por el PSOE en aumentar el voto por correo presentaba demasiadas semejanzas con lo ocurrido en las presidenciales de EE.UU., pero no deseo moverme en lo especulativo y hasta ahora, mientras alborotan sobre balas y navajas y a la espera del rescate puro y duro de la UE con sus drásticas medidas de ajuste, sólo había mostrado mi preocupación y mi absoluta convicción de que se estaba cociendo algo trascendente en las elecciones de Madrid que en estos días definí como «la ceremonia de la confusión».

Ese era el objetivo, sostuve y mantengo. No es tanto la obtención de un número determinado de papeletas llegadas por correo a los colegios electorales, porque eso es tanto como dejarlo al albur de que el número de personas o de votos necesarios alcance para obtener la cifra que deseas. Si lo que pretendes es cometer un fraude, mejor que lo hagas de manera quirúrgica y certera, de modo que al final logres el resultado pretendido y no una cantidad que te quedes corto o que te pases, ya que, en el primer caso, quemarías el esfuerzo en nada y, en el segundo, se te verían hasta las costuras.

Para conseguir algo así no te limitarías a promover el voto por correo con carteles y nada más. Para lograrlo con cierta exactitud y garantías recurrirías a la informática, a los votos digitalizados, como ha sido hasta ahora, con la garantía de que las Juntas Electorales Provinciales han renunciado, al menos desde hace 20 años, a realizar el escrutinio general conforme a lo que la ley prescribe.

Ocurre que esta vez había un escollo, porque algunos nos hemos dedicado estos años a exigir que la ley se cumpla. Es verdad que no lo hemos conseguido y que las JEP han seguido saltándose la ley a la torera y con total impunidad, pero al menos ha servido como elemento de disuasión y les hemos colocado la mosca detrás de la oreja pues en algún momento alguien podría exigir el cumplimiento escrupuloso de la ley y en tal caso quizá podría descubrir al mago preparando sus trucos detrás de la cortina.

Para fintar este inconveniente es tal vez para lo que, como sucedió con Trump, se ha recurrido a introducir un nuevo elemento masivo y hasta cierto punto inmanejable, porque carece de la presencialidad de los votantes y no hay una verdadera garantía sobre la trazabilidad de un voto. Me refiero, claro está, al voto por correo.

Pero insisto que no tanto para sumar o restar un número concreto de votos (aunque también sirven), sino para introducir elementos de confusión que permitan luego atribuir el caos o la sorpresa de un resultado obtenido a través del recuento digital e impidiendo o dificultando la función testifical que sólo podía tener la comprobación efectiva de resultados en las actas de papel a través del escrutinio general.

La manera, pues, y aquí me tienen arriesgando el juicio con la mente del delincuente que no soy pero que ellos nos exigen, era introducir de algún modo la confusión en el acta de papel. Así, cuando alguien exigiera el cumplimiento escrupuloso de lo estipulado en la ley para el escrutinio general, la JEP se encontraría que los datos maliciosos ya se habían incorporado en un momento previo en las mismas. El fraude, en ese caso, sería indetectable. O, si lo prefieren, para ser exactos, indemostrable, ni siquiera para las JEP, las cuales, repito, de todos modos llevan 20 años sin realizar el escrutinio como la ley ordena.

Una vez logrado esto y sin posibilidad de remover los resultados que figuran en las actas de papel, incluyendo los datos dudosos o polémicos obtenidos por correo, el resto es más o menos fácil y cualquier desviación de resultados que resulte llamativa será fácilmente atribuida a un extraño comportamiento electoral a través del correo, para entonces indistinguible del voto presencial.

La polémica parece desde ya garantizada cuando Correos ha ofrecido una primera explicación confusa en la que asegura que el código de validación de un voto aparece en el ticket siguiente de un anónimo usuario del servicio postal y no en el ticket del votante mismo. No es que resulte sorprendente, sino una estafa. De ser cierta esa explicación (sospecho que nos van a ofrecer otra diferente dentro de unas horas), cada votante que ha ejercido ya su voto por correo no tiene a estas horas ningún documento que le permita acreditar ni reclamar nada y es como si hubieran esparcido más de 235.000 alfileres en la selva del Amazonas: encuentre su grano de arena (el suyo) en una playa. Un truco perfecto, aunque de todos modos ya era más que dudoso que la gente que ha votado conservara varios días después el resguardo, incluso si su ticket se correspondiera con el código verdadero.

Sin embargo, esta vez se ha hecho correr la voz de que los votos por correo habrían de introducirse en la urna (ceremonia de la confusión) a primera hora de la mañana, antes del inicio de la votación presencial. Pero no se olviden de algo importante: cada voto por correo ha de ser cotejado previamente con las listas del censo electoral para tachar su nombre y que no pueda votar dos veces la misma persona. Ahora traten de imaginar: 8 de la mañana… Ya hay gente esperando en la puerta para ejercer su derecho… La apertura se demora porque el presidente y los vocales están cotejando uno a uno los votos llegados por correo y son muchos más que en ocasiones anteriores… La gente se impacienta y el colegio no funciona a la hora estipulada… Aparece un ‘agente electoral’ o un apoderado (pongamos que de Podemos o del PSOE) y propone sucintamente introducirlos todos sin cotejo porque de todos modos son votos que ya vienen certificados por una oficina de Correos… Asunto arreglado y la cola fluye. Estamos muertos todos. La confusión está en marcha.

Añádanle una cosa más, una norma también nueva, para cerrar el círculo del mal: en esta ocasión se ha podido votar por correo sin mostrar siquiera el DNI y, además, una sola persona ha podido ejercer el voto en nombre de varios más.

Tras semejante chapuza, la Junta Electoral, si lo desea, podría realizar el escrutinio general como mejor le venga en gana, porque, ahora sí, lo que se va a encontrar allí es un gazpacho intragable y de nada servirá recontar los datos de las actas de papel, convertidas en un lodazal de datos sospechosos. Ganará las elecciones el más tramposo.

¿Acaso saben ustedes de quién les hablo?

He dicho.