El alemán Hans Kelsen es probablemente uno de los juristas más influyentes en la teoría de las leyes del siglo XX. Señala Kelsen en su libro “Teoría del Estado y del Derecho”, tres fases en cuanto a la aplicación de la norma jurídica:
1- La producción normativa (elaboración de las leyes),
2- la interpretación (doctrina científica) y
3- la aplicación práctica cuya materia corresponde a judicatura.

La mal llamada ley de Memoria Democrática, que en principio debe recoger los juicios de valor o desvalor, que son comunes o dominantes a una sociedad y a un tiempo dado, y que por lo tanto pertenecen al campo de la moralidad o inmoralidad, son lo que llevan a las sociedades a incorporarlas a la norma o derecho positivo.

El problema de la citada norma jurídica es que no incorpora a la normativa de unos valores democráticos, un concepto moral, si no que juzga con una moralidad muy particular, hechos o sucesos de la historia, hechos que lo que hacen es negar un momento histórico, señalándole como delito.

La penalización del franquismo tiene el mismo sentido que criminalizar la conquista de Granada, o la invasión romana, o en su caso criminalizar al Homo Sapiens por el supuesto delito, de haber terminado con el hombre de Neandertal.

La guerra civil existió, fue una tragedia colectiva, pero existió, y la gravedad de esta ley estriba en que su texto es un clamoroso canto al odio, al revanchismo, a la persecución de un régimen que nunca ha tenido una condena en los tribunales de España ni internacionales, solo en el imaginario colectivo de las ideologías que perdieron la guerra y en muchos de los hijos de los que la ganaron, y que hoy están en el parlamento, y parecen necesitar el marchamo de demócratas para no ser criticados.

Cuando el rey Alfonso XIII accedió a presidir la Consagración de nuestra Patria al Sagrado Corazón de Jesús, la masonería española ni lo olvidó ni se lo perdonó. Con la paciencia que solo se amasa en la venganza, la masonería esperó doce años sin olvidar ni perdonar a Alfonso XIII. Doce años tardaron en construirle la carretera que llevó al Rey al exilio, a España al apocalipsis de la II República y a los católicos y a la Iglesia a las catacumbas y al martirio. Un 28 de julio de 1.936 los milicianos, llenos de odio y babeando de impiedad, fusilaban el cerro de los Ángeles y ponían dinamita a la figura tallada en piedra de un monolito de más de nueve metros, hoy se presentan revestidos de legalidad para intentar tirar la cruz del valle de los caídos. 80 años, no han cambiado un ápice su espantajo de los odios cainitas.

En la España republicana y del frente popular, latía el odio y el salvajismo, convirtieron la religión y la fe de su pueblo en un fardo de dolor que lo disolvían en cadáver. Crearon cárceles republicanas y checas socialistas, comunistas y anarquistas que hacían llorar a las piedras y como carniceros de los que aprenderían los alemanes, como Reinhard Tristan Eugen Heydrich, procedían a despedazar a sus hermanos y compatriotas para arrojárselos troceados a la Casa de Fieras del Retiro o a los cerdos de la Checa de San Elías en Barcelona. El hambre hizo que la gente comprara “chorizos de monja” como fue la de Apolonia Lizárraga, la madre superiora de las Hermanas Carmelitas. El olvido hace que toda una generación, haya dejado de ver la oscura luz que reverberaba en el sudor de los verdugos. 20.000 católicos, 7.000 religiosos y religiosas, 12 obispos y un cardenal, fueron capados, violados, martirizados en la mayor persecución religiosa que conoció occidente desde Diocleciano. Al grito de los martirizados y de los perseguidos se hizo voz en las cornetas militares para parar aquella carnicería, mudó en bronce en los campanarios, los hidalgos se calzaron las botas, corrieron raudos más de 250.000 jóvenes Españoles a parar aquella horda de crímenes por todo el territorio nacional, los campesinos calzaron las alpargatas guerrilleras para defender sus tierras y sus hogares, a sus hijas y sus mujeres, los estudiantes acudieron a las banderas del ejército, desde los pupitres de las aulas, mezclándose con los obreros que desde los andamios y las fábricas acudieron a las trincheras y a los parapetos cansados de tanto crimen . La ley de Memoria Histórica ha borrado de las fachadas de nuestras Iglesias el nombre y la memoria de 138.976 españoles que fueron asesinados entre el odio y la demencia ideológica que aquellos cipayos de Stalin dejaron en la memoria colectiva de toda una generación. La ley de Memoria Histórica que pretenden imponernos obvia que existen mas de 45.000 desaparecidos del llamado bando nacional en las cunetas. Es una ley, que olvida que 55.000 españoles lucharon en ambos bandos y que no fueron mas que carne podrida para la media España que odiaba a la otra media España. El 18 de Julio fue una fecha en la que media España besó la Cruz de sus mayores y empuñaron la espada para formar la geometría militar que les permitiera vivir sin que les mataran.

Bastaría citar a Salvador de Madariaga presidente en el exilio de la infausta república para desmontar todo este entramado ideológico que pretende el Gobierno de Sánchez. En su Ensayo de Historia Contemporánea; publicado en Buenos Aires (1955), señalaba sin duda.

«Nadie que tenga buena fe y buena información puede negar los horrores de esta persecución. Que el número de sacerdotes asesinados haya sido de dieciséis mil o mil seiscientos, el tiempo lo dirá. Pero que durante muchos meses y aun años bastase el mero hecho de ser sacerdote para merecer la pena de muerte, ya de muchos tribunales más o menos irregulares que como hongos salían de los pueblos, ya de revolucionarios que se erigían a sí mismos en verdugos espontáneos, ya de otras formas de venganza o ejecución popular, es un hecho plenamente confirmado».

Es más, no es una ley que afecte a la sociedad actual ni a su índole ético o moral, sino que es una ley sujeta, pues es una norma destinada a un sujeto concreto, Francisco Franco y es una ley, que no parte de un elemento de convivencia, si no de desvalor y de condena y menosprecio de la figura de Franco. Pues resulta un hecho sin paradigma anulable por ley, que los 40 años de Franquismo existieron, y la guerra civil existió, así como que hubo terribles asesinatos en ambos bandos. Pero es que además es discutible, por derecho, que el régimen de franco, pudo o no ser legítimo en origen, pero no de ejercicio, y es discutible ya que las propias palabras de Manuel Azaña en sus memorias, señalaba:

“Franco no se rebeló contra la República sino contra la chusma que se había apoderado de ella”

Pero es que el propio, Alejandro Lerroux Fundador del partido Radical Republicano, que pasó de representar la extrema izquierda al centro izquierda con la llegada de la II República y que ganó las elecciones en coalición con la CEDA en 1933, formando gobierno prácticamente en solitario hasta 1935. Ocupó el puesto de Presidente del Consejo de ministros y los ministerios de estado y guerra señalaba en su obra – La pequeña historia de España, 1931-1936,publicada por la editorial Akrón.

«Ni Franco ni el Ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en función. No hicieron más que sustituirla en el hueco que dejó cuando se disolvió en ‘sangre, fango y lágrimas’».

Pero es que bastaría coger el diario de sesiones del 15 de junio del 36 donde José María Gil Robles, señala y habla sobre la situación del Orden Público en España. Porque los datos que iba a denunciar el líder de las derechas eran espeluznantes (Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio, según publicaba “El Debate” se habían producido: Iglesias totalmente destruidas, 160. Asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto, 251. Muertos, 269. Heridos de diferente gravedad, 1.287. Agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215. Atracos consumados, 138. Tentativas de atraco, 23. Centros particulares y políticos destruidos, 69. Ídem asaltados, 312. Huelgas generales, 113. Huelgas parciales, 228. Periódicos totalmente destruidos, 10. Asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33. Bombas y petardos explotados, 146. Recogidas sin explotar, 78) y además se sabía que el otro líder de las Derechas, José Calvo Sotelo “la iba a armar” … y eso sucedió. Porque si ya el discurso del señor Gil Robles calentó el ambiente el discurso del señor Calvo Sotelo hizo que estallara el polvorín. Y basta leer esta situación para darnos cuenta, que, en realidad, el golpe de Estado de Franco, no existió, si no que existía un problema de orden público controlado por el frente Popular para imponer una dictadura del proletariado. Por lo tanto, la intervención de Franco y el resto de los generales, tenía una legitimidad de origen, que era proteger la democracia, las personas, las vidas y el orden público, tal y como le exigía la propia constitución republicana.

Pero ¿por qué es tan importante para la izquierda esta ley?

Porque la figura de Franco es absolutamente incompatible con los objetivos del Nuevo Orden Mundial que propugna el ateísmo -y por supuesto destrucción del cristianismo-; desprecio a la vida (aborto, eutanasia, …); el ataque sin paliativos a todo lo que tenga que ver con la Ley Natural o simplemente con la moral (ideología de género, LGTBI, …); la pretensión de la anulación de las identidades nacionales; “multiculturalidad” (es decir, inmigración masiva e islamización de Europa), ecologismo radical (están poniendo a lo que ellos llaman “la madre Tierra” por encima del ser humano); El nuevo Orden Mundial propugna la destrucción de la familia y de clase media para volver a tener una masa cada vez mayor de pobres (“los parias de la tierra”) y desarraigados, dependientes y manipulables. Por eso los impulsores del Nuevo Orden Mundial (que no son otros que la Masonería) y todos sus acólitos necesitan no solo destruir todo el legado del Régimen, sino reescribir la historia imputándole con toda falsedad las mayores atrocidades imaginables para desacreditarlo, tanto es así que pudimos asistir y por televisión a la ceremonia civil por los muertos del covid, que no fue más que un aquelarre masónico, con el rito escocés, y para cualquiera que haya leído algo en relación al mismo, sabrá de que hablo. Para el Nuevo Orden Mundial su odio al catolicismo es evidente, están obsesionados con expulsar a los monjes del Valle y transformar un lugar sagrado católico en una especie de panteón masónico y Carmen Calvo habla de remover algunos elementos, que no son otros que la mayor cruz del mundo, más grande que la Estatua de la libertad o más del doble que el Cristo de Corcovado. Por eso, no nos damos cuenta que hay otras religiones, en particular el islam (que yo creo que es una ideología, más que una religión) que, si son compatibles con regímenes totalitarios, basta darse una vuelta por Irán o por Arabia Saudí para comprobarlo. Por eso no me sorprende nada que los que están empeñados en erradicar el cristianismo convivan perfectamente, si es que no lo fomentan, con el islamismo y por ello, hay una inmigración masiva.

Ya la profanación del cadáver de Francisco Franco en una Basílica que goza de inmunidad diplomática representó la prueba más clamorosa de un delito de odio, hacia el que fue Jefe del Estado. La lapidación y criminalización del acto de profanación, azuzada por los medios de comunicación y celebrada por los perdedores de la contienda civil, incitaron a un odio sin precedentes contra aquella parte de la sociedad española que se considera franquista y por eso mismo podemos señalar, que la citada norma es contraria en su elaboración al propio concepto de la sociedad actual, pues vulnera sin duda principios constitucionales y de manera flagrante, como son el principio de seguridad jurídica (Art. 9), el principio de igualdad (Art. 14), el principio de libertad ideológica, religiosa y de culto (Art. 16), el principio de expresar y difundir libremente los pensamientos y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (Art. 20), el principio de dignidad de la persona (Art. 10). Pero cuando se legisla desde sentimientos del bajo vientre, como la venganza por ejemplo, el resultado jurídico, político y social suele ser lamentable y sus consecuencias terribles pues , dado que no puedo negar que existió ni una guerra civil que perdieron, ni la figura de Franco , prohíbo que se hable de él, aplicando el dicho oculista de que aquello de lo que no se habla no existe y además penalizo a todo aquel que pueda pronunciar una palabra que contenga alegoría o alabanza, incluso indirecta, y se estimula la negación de cualquier virtud o logro, por pequeño que fuera. Pretensión absoluta y totalmente absurda. Los hechos están ahí, gusten o disgusten.

El 2 de febrero de 1.932 en Villena Alicante, el insigne escritor, Pío Baroja, escribía: «Nuestros republicanos, unidos a los socialistas, han amenazado y no han dado; han dicho que van a hacer y no han hecho nada, con lo cual han conseguido que los capitalistas estén asustados y los obreros exasperados. Respecto a represiones y violencias, los meses que llevamos de República han producido más muertos en las calles de la ciudades que cuarenta años de Monarquía».

Y no nos debe caber la menor duda, que con 90.000 muertos por Covid, los desprecios a la Monarquía en actos como los del poder judicial, el exilio del rey emérito Juan Carlos I, sin ninguna acusación, de ningún tipo, ponen de manifiesto, que nos encontramos ante situaciones muy similares, ya ante una caída del PIB cercana al 20% que es superior al de la España salida de la Guerra Civil.

A lo largo de la historia los hechos se han impuesto, sobre las formas, Por ejemplo, José Bonaparte quiso negar la batalla de Pavía, por el hecho de que el rey fue hecho prisionero. Don Rodrigo murió en la batalla de Guadalete, por más que los hispanos negáramos su muerte señalando que cruzó el rio a Caballo y no se le volvió a ver. Blas de Lezo ganó la batalla de Cartagena de indias a Inglaterra en 1741, por más que Vermón, comunicara una victoria y los ingleses hicieran monedas conmemorativas. Pues Franco y sus generales ganaron una guerra, por más que se hagan leyes negando esa guerra.

Convertir en infracción jurídica la apología o alabanza , el señalamiento de un logro, o comunicar de forma pausada el origen de la guerra civil, que desmonte el hecho de que fue un golpe de Estado de Franco y no poder ponerlo en entredicho, convierten la norma en una dictadura del pensamiento que atenta tan claramente a la Constitución, al postulado de libertad de pensamiento y de ideología, y de cátedra, que no merece la pena detenerse demasiado en ello, ya que evidenciar lo obvio, es sin duda un ejercicio estéril.

Como señaló George Orwell en 1.984 “Si se controla la materia, se controla la mente”. Y para la izquierda de este país, es muy importante que las generaciones venideras desconozcan la realidad histórica de su pasado para imponer su nefasta ideología.

Lo grave de esta Ley, es que convertirá en delito, señalar hechos históricos, como que los bombardeos sobre población civil los comienza la república, el día 17, sobre Ceuta, Melilla o Larache, que ante la carta de Franco a Casares Quiroga, del 23 de Junio intentan asesinarle 6 veces, que antes de que Franco evacuara la Legión, el mismo día 18 comienzan un bombardeo y asesinaran a casi 2000, militares en el cuartel de la montaña, que se desencadenó una persecución religiosa solo comparable a las persecuciones de Diocleciano, Que robaron el oro del banco de España y los ahorros privados, que incendiaron cientos de bibliotecas y profanaron tumbas como las de Carlos V. Porque, a sensu contrario, relatar dichos hechos, sería una alabanza al Franquismo y a la verdad oficial, de que Franco dio un golpe de Estado y que impone la totalitaria norma.

Lo esencial de esta dictadura del pensamiento fue bien descrita por Orwell en 1.984 “Lo esencial de la regla oligárquica, …, es la persistencia de una nueva manera de ver el mundo y de un cierto modo de vida impuesto por los muertos a los vivos” Es decir, pretenden arrojarnos a esta generación muertos, para imponer un modo de vida, y para ello, es necesario arrojar esos muertos antiguos sobre la generación actual.

Y es por ello por lo que pretenden la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, y veamos, ¿podría una ley y por una disposición transitoria conseguirlo? Y veamos mi opinión, yo creo que no, porque la fundación, Francisco Franco ha sido creada legalmente y con arreglo a un sistema jurídico que está vigente y, por lo tanto, no tendría más que adaptar sus estatutos a la nueva legalidad. Dirían, ¡Es que alaba la figura de Franco! Y la cuestión es que no es lo mismo alabar que recordar, pero es que alabar es un ejercicio de libertad de pensamiento recogido en la propia constitución y si pretende ilegalizar la fundación, el Partido Socialista y Podemos, es decir el Gobierno tendrá que acudir a los tribunales quienes tendrán la última palabra y si esa ilegalización es una ilegalización sobrevenida, y si la norma se ajusta a los principios constitucionales, pero teniendo en cuenta la quiebra que se produce en nuestro estado de derecho, tal vez la Fundación tenga que acudir a instancias Europeas, donde es posible que habiten mayores sensibilidades en cuanto a los conceptos de libertad de pensamiento , de expresión y libertad de Cátedra. Lo cierto es que la izquierda de este país nos impone que somos libres de pensar siempre que lo hagamos dentro del marco que manda el podemos, el partido socialista, y la izquierda aberzale o los separatistas que lo apoyen.

Lo más grave es que la derecha o una parte de la derecha, pedirán perdón y carnet de demócratas a esa izquierda sectaria, olvidando los más de 138.976 españoles asesinados en la retaguardia, o los más de 60.000 sólo en Madrid, según el propio presidente de la república en el exilio Salvador de Madariaga, que mas de 45.000 desaparecidos lo son del bando nacional y yacen en las «cunetas», callará la derecha o no sabrá defender que mas de 55.000 españoles lucharon en ambos bandos, callará la derecha acomplejada que pide el carnet de demócratas, que al toque de corneta mas de 250.000 jóvenes Españoles, se presentaron en las cajas de reclutas del ejercito, para parar aquella sangría republicana.

Y no es menos cierto, además que hoy resuenan las palabras de Largo Caballero, recogidas en sus discursos a los trabajadores en Barcelona ( Fontamara, 1.979, p.151-2)En las elecciones de abril [de 1931], los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia».

Es difícil, encontrar otra visión más suicida que la actual, que sigue esos discursos que “exigen hechos que repugnan” para consolidar un régimen.

Quizás el aspecto más absurdo y en el que se percibe con más nitidez la naturaleza de los motivos que impulsan a ello reside en la pretensión de anular los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Veamos: un título nobiliario en la actualidad carece de valor jurídico diferencial según la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. Es un intangible que no atribuye a su titular ningún derecho subjetivo o prebenda diferente al resto de los iguales ante la Ley. Tiene, claro es, un valor social que depende única y exclusivamente de que dicho valor social se le quiera reconocer por la sociedad. Es así de simple.

Precisamente por ello ya no existe el delito de usurpación de títulos nobiliarios, algo que era consecuencia lógica de los momentos en los que el titulo atribuía un “estado civil”, esto es, generaba un valor estamental. El último privilegio, el disponer de pasaporte diplomático, ha desaparecido. Por ello, como digo, no existe ilicitud administrativa o penal en el sujeto que quiere auto titularse a sí mismo con cualquier título, con tal de que ese título no exista en realidad y tenga legitimo poseedor. Otra cosa es que con base a ese título falso quiere engañar para conseguir una finalidad crematística que de esa titulación, cuando menos en parte, dependa. Eso no es usurpación de títulos. Su nombre es más concreto. Estafa, Pues bien pensemos por ejemplo, en Carmen Martínez Bordiú, como ejemplo paradigmático. Tiene pendiente —creo— que el Rey expida la carta de sucesión en el título de duquesa de Franco, que creó su Padre, el Rey emérito Don Juan Carlos I. A pesar de no ser título creado por Francisco Franco se va a pretender, según parece, su abolición. De nuevo nos enfrentaremos a debates judiciales —no puede ser de otro modo— pero ¿qué ganan con ello? Supongamos que consiguieran que Carmen Martínez Bordiú dejara de ser jurídicamente Duquesa de Franco. ¿Podría socialmente seguir siéndolo? ¿Podría titularse así? Pues claro que sí. Y, además, el sector social que reconoce validez social a los títulos la aceptaría y valoraría como tal. Y como carece de cualquier privilegio jurídico nada de hecho cambiaría, salvo la evidencia de deseos oscuros en quienes se empeñan en estas batallas. Pensemos en otros países que han suprimido los títulos nobiliarios y se entenderá el valor social al que me refiero. Bien, hay cosas que ni siquiera el poder ejercido de manera arbitraria y absoluta puede conseguir: borrar la historia, cambiar los hechos y eliminar reconocimientos sociales. Deberían saberlo quienes se dedican a menesteres poco edificantes.