Tal como preveíamos los que nos dedicamos a la hostelería, esta medida estaba al caer, sólo faltaba hacer un arreglo de forma (la famosa proporcionalidad) para que la medida fuera inmediatamente aprobada por el TSJA.

Ayer El Tribunal (TSJA), aprobó (por fin, y después de una segunda rectificación de la Junta) la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación Covid o bien una prueba diagnóstica negativa (PCR) para poder acceder a las zonas de interior de los locales de hostelería y de ocio nocturno.

Se añade que es «necesaria e idónea» porque su objeto es intentar reducir la tasa ascendente de contagios con la limitación del acceso a aquellos usuarios que poseen un mayor riesgo de transmisión.

Así, explica el Tribunal en el nuevo auto, “la experiencia demuestra que estos espacios de socialización favorecen una relajación de la atención necesaria para respetar las medidas de prevención individuales, tal como el uso de mascarilla o el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal”.

La Sala razona que la medida planteada esta vez por la Junta, cumple con los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. En el tema de la proporcionalidad, indica que cumple con esta norma, al ser los destinatarios de la medida las “personas usuarias” que decidan ir a estos locales de hostelería y/u ocio nocturno.

Hablamos de “personas usuarias”, o sea, clientes de toda la vida que ejerciendo su libertad personal deciden ir a un establecimiento de hostelería, a comer, beber y pasar un buen rato con amigos, familiares, conocidos…

Al ser un ejercicio libre, a un lugar que se consideran locales de socialización, la gerencia del local, y por esta orden, está obligada a exigirles que presenten su certificado o pasaporte Covid.

Tengo muchas opiniones al respecto que me ofrecen mis clientes, algunos a favor de esta orden, pese a la engorrosa organización en la puerta del local, y otros a los que esta medida no les satisface. Y no lo hace por distintos motivos, principalmente porque tienen que poner a una persona controlando entradas y aprobando su ingreso en el local, previa comprobación de que su certificado de vacunación es correcta (color verde), porque no agiliza la rotación de clientes (mesas) como les gustaría, porque puede haber problemas con los certificados de algunas personas del grupo (y éste se les viniera abajo), porque tienen que comprobar si las pruebas de PCR presentadas, en lugar del certificado, son válidas…

A parte están temiendo, que para asegurarse de que no hay fraudes con los certificados, deberán pedir el DNI, para corroborar la idoneidad del certificado. Y no todos los clientes están dispuestos a enseñar su tarjeta de identidad.

Sobre esto, ya el Auto comenta que aunque existe una lesión de los derechos fundamentales, el de la igualdad y la intimidad, «la intensidad de esta vulneración resulta tan escasa», que al ponderarlo con el derecho fundamental que se pretende proteger, el derecho a la vida, la decisión es «conforme a derecho» al superar los criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad.

En fin, que este Auto, ha dado y dará mucho que hablar entre el sector de la hostelería, habrá a muchos que guste y se verán más protegidos. En cambio otros desbraven y no entiendan su puesta en funcionamiento (vía legal).

El art. 18 de la Constitución Española cita tres derechos fundamentales para la privacidad del individuo: el derecho a proteger su imagen, el derecho al la intimidad y al honor. Estos derechos son inalienables e inherentes al individuo, y no se puede renunciar a ellos.

Pero en cambio, un empresario  de la hostelería, puede pedirte, a ti cliente, el certificado Covid, y tu jefe no. Sencillo, la normativa Española protege más los datos de sus empleados que los del ciudadano (o cliente). Una entelequia, señores, difícil de tragar y digerir.

La razón esencial de esta diferencia es que el ocio, tanto en restauración como el nocturno, se considera voluntario, mientras que el empleo es obligatorio en la medida en que la gran mayoría de los españoles depende de él para subsistir. Por eso, la legislación laboral protege más los datos personales de los profesionales, ya que esa información puede generar una situación de discriminación que acabe con su medio de vida.

Esperemos que la incidencia comience a bajar y verdaderamente esta exigencia del pasaporte termine el próximo 15 de enero de 2022.

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