La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Justicia Alimentaria y FACUA-Consumidores en Acción han sellado una alianza para responder a la subida del coste de la vida con una huelga de compras en las grandes superficies.

La acción arrancará mañana, miércoles 28 de octubre, y se repetirá cada miércoles hasta la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Los convocantes piden a la ciudadanía que esos días no compre en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas y que traslade sus compras al mercado municipal, al comercio de barrio, a cooperativas o directamente a productores.

El 11N, día de la huelga general, el llamamiento es más amplio: no realizar ninguna compra, ni en tienda física ni por internet.

Las tres organizaciones sostienen que el diagnóstico es compartido: el sueldo ya no alcanza para vivir. El alquiler absorbe gran parte de los ingresos y la cesta de la compra sigue disparada, mientras las grandes empresas del sector aumentan sus beneficios.

Según datos del INE citados por los convocantes, la cesta de la compra es hoy más de un 40% más cara que en 2019, frente a una subida del salario medio del 21,9% en el mismo periodo. La inflación general cerró septiembre en el 4,9%. En paralelo, recuerdan que Mercadona cerró 2025 con 1.729 millones de euros de beneficio, un 25% más que el año anterior.

Desde Justicia Alimentaria denuncian también la brecha entre origen y destino. Ponen como ejemplo la cebolla: en abril de 2025 se pagó al agricultor a 0,30 euros el kilo y llegó a venderse a 2,25 euros en tienda, según el índice de COAG.

El bloque reclama una rebaja de los alquileres del 50%, vinculada a los ingresos, tal y como plantea la huelga general del 11N, y un control de precios en alimentación, energía y transporte.

Justicia Alimentaria propone crear una cesta básica de alimentos a precio justo, cuya rebaja se financie con cargo a los beneficios de la gran distribución y no a costa de los productores. FACUA exige por su parte que se ponga tope a los márgenes de las grandes cadenas y que se implante el doble etiquetado, para que el consumidor sepa cuánto se paga en origen y cuánto se queda la distribución.

La convocatoria no va dirigida contra el pequeño comercio ni contra las plantillas de los supermercados, a quienes las organizaciones animan a secundar la huelga general.

Según explican, es una forma de participar para quienes no pueden hacer huelga en su puesto de trabajo: personas precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes o cuidadoras.

Las entidades que quieran adherirse pueden hacerlo a través del formulario habilitado en huelgaporlavivienda.org/compras. La lista de firmantes se hará pública antes del 11N en la web y en las redes de las organizaciones convocantes.

Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, resume el sentido de la protesta: «El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar a la vez, lo notan».

Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, añade: «Comer no puede ser un privilegio. La rebaja de precios tiene que salir de los beneficios de las grandes distribuidoras, no de quien produce los alimentos».

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, reclama transparencia: «Tenemos derecho a saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución» y pide «topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas».

La huelga general por la vivienda y el coste de la vida del 11 de noviembre está convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y sus sindicatos territoriales, junto a colectivos de vivienda y sindicatos como CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, entre otros.