El proyecto de ley pretende elevar los niveles de cualificación de la población activa, adecuar la oferta formativa al nuevo modelo económico que demanda la comunidad y potenciar la empleabilidad de jóvenes y trabajadores
Agentes económicos y sociales ofrecerán su valoración sobre una propuesta que superó el debate de totalidad a principio de marzo tras rechazarse, con los votos del PSOE-A y Cs, las enmiendas a la totalidad que habían planteado el PP-A y Podemos.
La futura norma creará una red pública de centros, un servicio de orientación profesional y nuevas formas de gobernanza, de modo que sentará las bases para establecer un sistema permanente que desarrollará el acceso, asesoramiento, evaluación y certificación de competencias profesionales, de acuerdo con la normativa estatal. De esta manera, habrá una planificación que garantice que la FP en Andalucía responda a la demanda de mano de obra cualificada.
El proyecto recoge la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, integrado por las actividades de formación, el servicio de orientación profesional y los agentes sociales y económicos, así como la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de formación.
Este sistema garantizará la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a las personas con discapacidad, mientras que también, y por vez primera, se regulará el Servicio de Orientación y Acreditación Profesional, que se encargará de la información y de los procedimientos sobre estas materias.
La nueva ley recogerá también la atención a la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y también se recoge la elaboración del Plan Estratégico de la Formación Profesional de Andalucía, de carácter bienal.
Del mismo modo, impulsará el desarrollo de la Formación Profesional en alternancia o dual, de modo que para la realización de estos proyectos se establecerán convenios de colaboración entre los centros de formación y las compañías del sector correspondiente.
Está previsto que comparezca sobre el referido texto el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, al que seguirán representantes de sindicatos como CSIF, UPTA, Ustea, CCOO y UGT. Seguidamente acuden a la comisión la CEA, ATA y otras organizaciones como la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) o los Directores de Instituto de Andalucía (Adian).
El martes se retomarán las comparecencias a las 10,30 horas con el exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez, en una mañana en la que también analizarán el proyecto de ley de Formación Profesional la Asociación andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), la Fundación de Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de Andalucía (SAFA), Codapa, Anpe, Marea Verde o Dislexia Andalucía, entre otras.
En la sesión de tarde acudirán a la comisión de Educación el sindicato de estudiantes, la Asociación de profesores de institutos de Andalucía (Apia), USO-Federación de Enseñanza, y la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap).
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