En la Europa de Postguerra surgió un consenso entre la socialdemocracia y la democracia cristiana en el sentido de que había que construir un Welfare State o Estado del Bienestar. Tanto el liberalismo absoluto como la economía planificada comunista eran extremos a evitar y, por tanto, había que buscar un ponderado punto medio. “Economía social de mercado” fue la fórmula que usó la Constitución de 1978 para definirlo. En ese marco conceptual, el centro-derecha y el centro-izquierda eran las únicas opciones realistas y oportunas. Las diferencias entre ambas opciones eran solo de matiz, y la gestión de los asuntos ordinarios se convertía casi en la cuestión palpitante que inclinaba las votaciones a favor de una u otra opción. Incluso la Doctrina Social de la Iglesia, así como la evolución del tardofranquismo, parecían favorecer un amplio consenso en la idea de que el Estado tenía un importante papel “redistribuidor” de la riqueza, a fin de ofrecer “servicios públicos” de calidad en el ámbito de la Sanidad, de la Educación, de la construcción de Infraestructuras, de Vivienda, etc.

Hoy en día, prácticamente nadie discute la necesidad de que el Estado gaste en Seguridad Social, en sostener escuelas y hospitales, y en garantizar unos estándares mínimos de servicios en el ámbito judicial, asistencial, de Defensa, etc. Muchas veces, los partidos de izquierda se dedican a acusar a sus contrincantes de centro-derecha de querer privatizar tales servicios; cuando, en realidad, unos y otros presumen de incrementar más y más las partidas presupuestarias dedicadas a esos menesteres. Y ojalá fuera posible ese continuo aumento. Todos dan por hecho que las condiciones para la prestación de esos servicios son semejantes a las que se daban en los años cincuenta y sesenta. Pero no. Las condiciones materiales actuales son muy distintas a las que se daban en aquellas fechas. Quisiera fijarme en tres diferencias muy importantes. Seguramente habrá más.

En primer lugar, la demografía. En los años cincuenta y sesenta nos encontrábamos con una gran cohesión familiar, había muchos niños y muchos jóvenes, y los ancianos no tenían la esperanza de vida que tenemos hoy. Existía el pleno empleo (incluso el pluriempleo) y, por tanto, había muy poco gasto asistencial. En este contexto, el sistema de pensiones, por ejemplo, tenía un margen de crecimiento espectacular, porque el esfuerzo de sostener a relativamente pocos ancianos estaba muy repartido entre una gran masa de contribuyentes. Hoy, esto no es así: tenemos pocos jóvenes, poquísimos niños y muchísimos ancianos con una larga esperanza de vida y alta demanda de servicios sanitarios. Evidentemente, nos alegramos de esa mayor longevidad (aunque sea por la parte que nos toca), pero alguien tiene que pensar que esa creciente esperanza de vida añade dificultades a la viabilidad del sistema. Además, tenemos un paro estructural brutal y abundantes gastos asistenciales. Y, para colmo, algunos creen que aún podemos importar más indigentes, a pesar de que los costes de las estructuras estatales (funcionarios, organismos públicos, ayudas y subvenciones… se han disparado). Esta situación, a la larga, es insostenible.

En segundo lugar, la energía era muy barata durante los años 50 y 60, por lo que todos los sectores económicos tenían bajos costes de producción. Es verdad que, durante aquellos años, se cometieron muchos excesos “desarrollistas” en materias paisajísticas, urbanísticas o del Medio Ambiente. Pero los índices económicos eran expansivos en todos los sectores productivos, por lo que se verificaba un progresivo aumento del nivel de vida de los ciudadanos. En cambio, hoy España tiene un verdadero problema en materia de energía, dependencia exterior y encarecimiento, sin que se observen visos de que ese asunto se vaya a resolver próximamente, ya que es estructural. A pesar de que los medios gubernamentales se empeñen en negarlo, en esa pobreza energética el factor decisivo ha sido la estúpida decisión de los dos partidos sistémicos -PSOE y PP- de haber optado por energías que todavía no se han desarrollado lo suficiente (solar, eólica…), en detrimento de otras fuentes que todavía pueden aportar mucho: combustibles fósiles, hidroeléctrica, nuclear. En Francia, en Suiza y en Estados Unidos, por ejemplo, lo han hecho mucho mejor que nosotros. Una energía cara no solo es un lastre al crecimiento, sino que es un verdadero torpedo para la calidad de vida del ciudadano, por razones evidentes que no es necesario desarrollar.

En tercer lugar, el ciudadano medio europeo de hace sesenta años era una persona que reservaba la expresión “Derechos Humanos” a los que estaban positivizados en la Declaración Universal de la ONU de 1948: la vida, la libertad, la igualdad ante la Ley… Después de los horrores de las Guerras de la primera mitad del siglo, cundió entre la mayoría de la población un descrédito de las recetas “totalitarias” que las habían alentado, así como un fuerte sentido del deber, restaurando aquella Europa devastada por las guerras en términos más individualistas, a base de trabajo duro, ahorro y sacrificio. 

El Mayo del 68 supuso el comienzo del cambio de aquella mentalidad. Los niños de papá, hijos de la generación de la postguerra que ya iban a la Universidad gracias a los esfuerzos que habían hecho sus padres, creyeron que el bienestar material era el Estado normal de la Humanidad, y empezaron a protestar porque hubiera normas morales y porque se aburrían en sus vidas burguesas. Hoy predomina ya la idea de que “todos tenemos derecho a todo”, que el Estado nos ha de satisfacer los deseos que cada cual tenga, de modo que la lista de derechos subjetivos no hace más que ampliarse, siempre que vayan en el sentido del progresismo dominante: hedonismo, reconocimiento de identidades sexuales o patrias, subvenciones por no trabajar. Así, se manda el mensaje de que eso de levantarse temprano para trabajar el campo, por ejemplo, o para hornear bollos es cosa de “pringaos” o de inmigrantes.

De modo que un elemental realismo nos debería hacer reflexionar en el sentido de que vamos por muy mal camino. Evidentemente, hay que corregir la demografía, para equilibrar la proporción de jóvenes y ancianos, aunque evidentemente eso tardará mucho en hacerse. Hay que trabajar en serio en el asunto de la energía, diversificando sus fuentes, o asumir que habrá que bajar de forma radical nuestro tren de vida. Pero lo más esencial es que hay que enseñarles a nuestros jóvenes que no hay derechos sin obligaciones, que en esta vida todo servicio tiene un coste y que antes de exigir hay que aportar. 

Pero también es justo que pidamos explicaciones a los partidos que nos han traído hasta aquí, al PSOE, que ya tiene el récord Guiness de quiebras del Estado, y a los moderaditos del consenso progre. Cincuenta años de machaque de la familia nos han traído a este invierno demográfico. Cincuenta años de histeria ecologista nos han abocado al precipicio energético que se abre ante nosotros. Cincuenta años de delirios neomarxistas nos ha creado esta juventud blandiblú que va a tener que tirar del carro en condiciones peores de las que dominaban en 1945.