Al fin se ha quitado Pedro Sánchez la careta y, no solo ha pronunciado explícitamente la nefanda palabra “amnistía”, sino que la ensalzó “urbi et orbi” ante el dócil Consejo Federal del PSOE. Esto era un claro síntoma de que se había llegado a un acuerdo sobre la concesión de la amnistía a los independentistas catalanes, lo que se ha confirmado con la humillante entrevista en Bruselas del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, acompañado por la eurodiputada Iratxe García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Ello supone la legitimación de un prófugo de la justicia que ha cometido un golpe de Estado, no solo a nivel nacional, sino también en el plano europeo e internacional. Como ha editorializado“El Mundo”, la imagen no solo supone la rehabilitación del fugado, sino la legitimación total del procès. “El 1-O fue producto de un conflicto y,  por ello, no hay responsabilidades políticas ni penales que asumir por parte de sus perpetradores”. Era obvio que se llegaría a un acuerdo entre las partes porque era lo que más les interesaba. Sánchez lograría conservar el poder -que es el máximo objetivo de su vida- y los independentistas jamás podrían encontrar un socio tan magnánimo y dadivoso como el actual presidente.

Ilegalidad de la concesión de una amnistía a los delincuentes del procés

La inmensa mayoría de los juristas han puesto de manifiesto la inconstitucionalidad de una amnistía a los responsables del “proces”. En artículos anteriores ya me he hecho eco de estas tesis  y me limitaré aquí a citar la opinión del antiguo presidente del Tribunal Supremo (TS) y miembro del Tribunal Constitucional (TC), Javier Delgado, para quien la Ley que eventualmente acuerde la amnistía debería contar con una explicación razonable que la justifique, y -dado que esta figura es una rigurosa excepción a los principios constitucionales que han de inspirar la actuación del Poder Judicial- su concesión debería contar con una justificación de excepcional relieve. Los hechos derivados del procès han provocado la intervención de diversas instancias judiciales, lo cual no supone en modo alguno que se haya producido un proceso de judicialización. Lo que ha ocurrido ha sido que algunos políticos han cometido delitos perseguibles de oficio y los jueces han cumplido con su deber constitucional de juzgar. En una sociedad democrática no resulta fácil que se produzcan las circunstancias que hagan procedente una amnistía. En el presente caso, su concesión tiene por finalidad obtener los votos de JxC y de ERC para hacer posible la investidura de Sánchez. Se trata, por tanto, de un interés personal muy alejado del interés general del Estado, por lo que, al no haber justificación, la amnistía provocaría una rotunda arbitrariedad que vulnera el principio constitucional que la prohíbe: el artículo 9-3 de la Constitución (CE). La Ley deberá contener una exposición de motivos que justifique su adopción, pero, constatando el origen de la impunidad prometida -que opera como simple medio para conseguir los votos de la investidura- escasa ha de ser la credibilidad que logre vencer el ropaje con el que se vista la amnistía y, puesto que esa notoria finalidad es absolutamente inadecuada para justificar la medida- habrá que concluir que la amnistía acordada en cumplimiento del ”trato”  resulta manifiestamente inconstitucional por razón de su ostensible arbitrariedad.

Según el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, no existe para la concesión de la amnistía un interés general, sino uno coyuntural. De haber existido un interés general, los partidos que forman el Gobierno la habrían incluido en sus programas electorales y tal no ha sido el caso. Al ser la causa onerosa, su concesión sería nula por ir contra la CE, la moral y el orden público. Aunque la amnistía no quepa ni con calzador en la CE, el Gobierno no ha cesado de repetir   que todo se hace dentro de su marco, a lo que cabría replicar con el refrán español que reza “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

El ex-presidente socialista de Castilla la Mancha, José María Barreda, ha reconocido que la gente ha entendido que la única razón de la amnistía es que los votos de JxC son necesarios para que haya Gobierno de coalición, por lo que los partidos independentistas se han convertido en la clave para la investidura. En las elecciones de 1936, el Frente Popular presentó un programa que contenía la amnistía y ésta fue adoptada unánimemente por la Diputación Permanente del Congreso y ningún partido se opuso. La amnistía concedida en 1977 también recibió un apoyo prácticamente general, ya que  solo se abstuvo Alianza Popular. Ahora es cuestión de valorar si esta medida facilitaría de verdad la convivencia en Cataluña y el famoso encaje, y cabría preguntarse si los independentistas quieren realmente “ser encajados” en  España. “No se dejan. Junts, lejos de facilitar las cosas y ayudar un poco, dice que no están arrepentidos y que volverán a declarar la independencia unilateralmente, y la declaración de independencia es una aberración y no es democrática”. La amnistía o sirve para que haya un antes y un después -como sucedió en la del 77- o no tiene ningún sentido. Como ha afirmado Félix Ovejero, la  amnistía violenta el contenido mínimo del Estado de Derecho y genera una situación de impunidad para unos pocos, lo que produce desigualdad en la aplicación de la ley. “La amnistía no solo es ilegal e inconstitucional: es esencialmente injusta”.

Somera explicación de Sánchez sobre la amnistía 

Sánchez y los miembros del Gobierno se habían negado sistemáticamente a facilitar a la opinión pública información sobre el desarrollo de las negociaciones con los independentistas, so pretexto de no dificultar las mismas, pero aseguraron que, cuando se lograra  un acuerdo, informarían con toda transparencia. Todos aguardaban con impaciencia la comunicación del oráculo, pero ésta ha pecado de todo menos de transparencia, aunque Sánchez haya dicho por una vez una verdad: “Esta medida  es una condición para que pueda haber un Gobierno de progreso”, seguida de una mentirijilla: “Debemos hacerlo con la certeza de que el encaje, tal y como lo plantearemos, será plenamente constitucional”. Era la primera vez que explicitaba un secreto a voces, que el perdón de los delincuentes del procès y el olvido de sus  delitos obedecía a la necesidad de que los independentistas facilitaran su investidura y la continuidad de su frágil Gobierno durante la legislatura. No entraba en sus planes hacer ahora esta propuesta, pero ”las elecciones del 23 de julio cambiaron las cosas” y no había más opción que un Gobierno del PP y Vox, o un Gobierno del PSOE y Sumar, apoyado por otras fuerzas políticas.  Había nostálgicos que prefieren las barricadas y los altercados de 2017 a la situación actual de pacificación de Cataluña, que se deberá consolidar recurriendo a la generosidad y al perdón para lograr la concordia. “El coraje también se manifiesta haciendo realidad un dicho español: Hay que hacer de la necesidad virtud “. En consecuencia, afirmó, con el mayor de los cinismo, que, “en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo la amnistía en Cataluña”, como “una contribución a la normalización política” en dicha Comunidad. Sánchez identifica su interés particular con los intereses de la Nación al estilo Luis XIV, porque “l’Espagne c’est moi”.

La necesidad era obvia: obtener los 14 votos de los partidos independentistas catalanes para lograr su investidura, pero ¿cuál era la virtud? ¿Teologal o cardinal? Parece ser que Sánchez se inclina por la primera y la identifica con la  “caridad”, en su versión laica de” generosidad”, definida por el cursi de Félix Bolaños como la necesidad de que todas las fuerzas políticas pongan de su parte para cerrar las heridas en Cataluña y abrir una nueva etapa en la que España pueda seguir avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad. Claro que lo limitaba al 50% de las fuerzas “progresistas” -incluidos el PNV y  JxC (¿?)-, pero no tenía en cuenta al otro 50% que representa a la derecha. Hay que ser generosos con los malos -también con los buenos- y perdonar a aquéllos, aunque se nieguen a ser perdonados, porque, al no haber pecado ¿cómo iban a tener dolor de corazón y propósito de la enmienda? Lo volverán a hacer, porque lo que hicieron fue completamente legal. Afirmó que 80% de los catalanes estaban de acuerdo con sus planes y, para llegar a esta cifra, tomaba en consideración los votos obtenidos en las elecciones generales en Cataluña, pero -si lo hubiera hecho a nivel de España- ese porcentaje habría bajado al 50.5 %, amén de que en los programas electorales de los partidos del Gobierno no se mencionaba la amnistía. También agregó que 56 diputados del Congreso habían propuesto la amnistía, pero pasó por alto que 172 se habían opuesto a su concesión. No obstante, mientras pueda contar con un solo voto de más, Sánchez la concederá en nombre del 50.% de España. Al dar por buena la pacificación de Cataluña, Sánchez ignora al 50% de los catalanes constitucionalistas que se oponen a la amnistía, a los que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano, a los que son asfixiados a multas por rotular sus comercios o sus productos en español, a los que son sancionados en las universidades y en las escuelas por enseñar en la lengua oficial de España y cooficial en Cataluña ,y a los que no pueden entrar en la Administración pública por no tener el suficiente nivel de catalán.

Según Joaquín Manso, Sánchez considera los hechos acaecidos en Cataluña en la década pasada como producto de un ”conflicto” entre Cataluña y España, como si no se hubieran producido ilegalidades y graves delitos, y estima que la responsabilidad de la ”fractura” de la sociedad  catalana recaía solo en el Gobierno Rajoy, e hizo estas afirmaciones al día siguiente de que Puigdemont reiterarse que nunca renunciaría a la vía unilateral para conseguir la independencia. Al afirmar que la amnistía no era el final del camino y que estaba listo para el ”reencuentro total” con Cataluña, y al considerar a ésta como un sujeto político homogéneo y diferenciado de España, ha abierto la vía a una España confederal, abandonando la tesis socialista de su federalización.

El presidente en funciones ha puesto especialmente en evidencia a Felipe VI y desautorizado su magistral discurso del 3 de octubre de 2017, en el que denunció la deslealtad inadmisible de las autoridades catalanas hacia los poderes del Estado, con el que consiguió frenar la independencia de Cataluña. A juicio de Sánchez, el Rey ultrapasó sus funciones constitucionales y condenó unos hechos que eran legales y cuyos autores eran unos patriotas que solo habían ejercido el sacrosanto derecho al voto. ¿Tendrá Felipe VI que poner ceniza en su real cabeza y pedir humildemente perdón a los independistas tan injustamente agraviados?

Según Jorge Bustos, para Sánchez la democracia es secundaria cuando se trata de poder. Invocando en vano el nombre de España, ha contenido que se puede y se debe ceder al chantaje de sus enemigos. “Sacrificar la palabra en aras de la convivencia significa edificar el futuro sobre una mentira” y“ borrar los delitos del supremacismo envalentonado por el triunfo de la amnistía no supondrá reencuentro alguno, sino el relanzamiento del procès”.

Sánchez obtuvo el pleno apoyo de su partido para hacer una consulta a los militantes del PSOE sobre la amnistía, sin mencionarla, ni explicar en que consistía. Se les formulará una pregunta-trampa a la que solo quepa dar una respuesta afirmativa: ”Apoyas hacer un acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar una mayoría necesaria?. A ver quién es el guapo que dice que no esta a esta sibilina pregunta “made in Tezanos”, quien no ha considerado pertinente que su CIS preguntara en sus sondeos qué opinaba el pueblo español sobre una cuestión tan nimia como la amnistía. Los 172.600 militantes del PSOE tendrán una semana para responder a la pregunta y no cabe la menor duda de que se escuchará -en expresión de Rafa Latorre- el unánime rugido de la militancia. Sánchez logrará un cheque en blanco sin necesidad de dar explicación a las bases, y podrá hacer lo que le plazca: conceder a sus socios catalanes no solo la amnistía, sino también todo lo que le pidan -incluido un referendo de autodeterminación- para conservar el poder. 

Los notables sanchistas -salvo Odón Elorza y Emiliano García-Page-   ovacionaron a la búlgara a su “conducator”. Aquél reconoció que no se trataba de una amnistía para la convivencia en Cataluña, sino para la investidura de Sánchez, y éste afirmó que no tenía sentido conceder una amnistía porque no había garantías de que el independentismo renunciara a volver al punto de partida y realizara un nuevo desafío al Estado. Estas críticas -como las realizadas por Felipe González- son tan encomiables como insuficientes Sus autores salvan su negra honrilla, pero no hacen nada para oponerse dentro del partido a la concesión la amnistía, no siendo coherentes con sus convicciones al acatar lo que decida Sánchez, por mucho que García-Page diga que acatar no es aprobar ¿cuál es la diferencia en la práctica?. Tendrían que hacer lo que se han atrevido a hacer socialistas auténticos -como Nicolás Redondo, Francisco Vázquez o Joaquín Leguina-, quiénes, sin renunciar a sus convicciones socialistas, sino actuando de conformidad con ellas, se han opuesto rotundamente a su concesión y han dejado de votar al PSOE de Sánchez.

Concesiones adicionales los independentistas catalanes

Los independentistas catalanes han dado por cerrada y amortizada la concesión de la amnistía y, como son conscientes de la debilidad de Sánchez -que está dispuesto a conservar el poder a cualquier precio- han aprovechado que se acercan las fiestas navideñas para escribir cartas pedigüeñas a Sánchez, en su condición de Rey Mago, Papá Noel, San Nicolás y olentzero, porque -aunque no sea excesivamente religioso-  es partidario del mensaje evangélico de “pedid y recibiréis”. Puigdemont, Junqueras y Cia han abusado de un desinteresado espíritu filantrópico, que le permite disparar millones de euros hacia Cataluña con pólvora del Rey, porque -como en la canción del grupo “El Consorcio”-, “todos queremos más, y más, y más, y mucho más”. Tras renegar de sus aseveraciones sobre la inconstitucionalidad de la amnistía y pasar en horas 24 a ensalzarla en nombre de España ¿qué más podrá conceder Sánchez a los separatistas?  Cualquier cosa que le pidan con tal de mantenerse en el poder. He. aquí algunas de las concesiones que probablemente hará por exigencias del guion catalán.

 1.-Referéndum: Como ha señalado Pere Aragonés, la amnistía no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia la autodeterminación y la independencia. Sánchez ha jurado por sus ancestros que no permitirá que se celebre un referéndum de autodeterminación, con la misma convicción con la que afirmaba no ha tanto que no se podía aceptar la amnistía por ser inconstitucional. Su consejero áulico, Rodríguez Zapatero, ha salido al quite al señalar que, “cuando se está en el Gobierno y se tiene la alta responsabilidad de gobernar, sí hay que cambiar de opinión, se cambia”.

2.-Cataluña como nación: Los independentistas no se conforman con que Cataluña sea una simple nacionalidad, sino que exigen que sea reconocida como una Nación en pie de igualdad con España. Como conocen la categórica afirmación de la sentencia del TC de 2010 de que no hay más nación que la española, incluirán este reconocimiento en un documento paralelo para evitar que la Ley de Amnistía sea declarada anticonstitucional

3.-Cataluña como minoría nacional: El pueblo catalán es un grupo étnico y lingüístico con una identidad propia, distinta de la del español, y tiene derecho a ser tratado como tal y a gozar de un “status” propio, diferenciado del de los demás pueblos de España e internacionalmente protegido bajo el manto de los derechos de las minorías.

4.-Legalidad del referéndum del 1-O: Puigdemont exige que el Gobierno reconozca que la votación del 1 de octubre de 2017 fue legal y democrática, con el consiguiente corolario de que los magistrado del TS prevaricaron al condenar a unos inocentes, por lo que los sediciosos y los prófugos no tienen por qué pedir perdón, sino que debe ser el Estado español el que se humille y se lo pida a ellos.

5.-Mediador: Puigdemont exige la designación de un mediador internacional para que supervise el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. Como una concesión excepcional, estaría dispuesto a que el mediador fuera nacional. El cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y perejil de todas las salsas nacionalistas, parece estar dispuesto a ejercer la función de trotaconventos.

6.-Alcaldía de Barcelona: JxC  no se ha resignado a que un socialista -y además con los votos del PP ¡Que horror!- haya birlado a su candidato la joya de la corona de la alcaldía de la capital catalana, pese a haber sido Trías el concejal más votado. El PSC, sin embargo, se resiste a cambiar peras por manzanas.

7.-Blindaje de la inmersión escolar: El PSC y el PSOE respaldarán el mantenimiento de la inmersión escolar en catalán y apoyarán la negativa de la Generalitat a aplicar las sentencias que le obligan a impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano.

8.-Pacto fiscal: Compromiso de conceder a Cataluña un régimen fiscal similar al que gozan el País Vasco y Navarra. Fue la negativa de Rajoy a otorgar este privilegio, lo que llevó a Artur Mas a lanzarse por la senda del independentismo. Un Gobierno que se autoproclama progresista se muestra dispuesto a conceder un régimen retrógrado y discriminatorio, basado en los privilegios concedidos por las “leyes viejas”.

9.-Condonaciones y concesiones: Condonación de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica -89.000 millones de euros-, compensación del déficit fiscal -22.000 millones de euros anuales-, y pago de la “deuda histórica” del Estado con Cataluña -estimada por JxC en 450.000 millones de euros (¿?). ¡Y dos huevos duros!, que diría Harpo Marx. 

10.- Inversión: Compromiso de aplicar la inicua disposición adicional tercera del Estatuto por la que el Estado debería invertir en Cataluña la parte correspondiente a su PIB regional. Una muestra más del progresismo del Gobierno: dar más al que más tiene  en detrimento de los que menos tienen -extremeños, andaluces, canarios…-.

11.-Devolución de fianzas: Los Tribunales españoles deberán devolver todas las fianzas  depositadas por cualesquier personas enjuiciadas por el procès -estimadas en 7 millones de euros-, y el Tribunal de Cuentas exonerar a los mismos de cualquier multa o sanción.

12.-Traspasos: El Gobierno central deberá  transferir a la Generalitat la propiedad y el control de los ferrocarriles de cercanías, así como la gestión del aeropuerto del Prat y de los puertos de Barcelona y de Tarragona.

¿Es posible parar la flagrante violación del Estado de Derecho que se avecina?

La respuesta a esta pregunta es desgraciadamente negativa, por lo menos a corto plazo, porque la felonía de Sánchez y de su Gobierno está formalmente cubierta por el vigente régimen de democracia parlamentaria. Debido a la prevalencia que la Constitución da al Congreso sobre el Senado, éste tan solo podrá retrasar unos días la adopción por aquél de la infamante Ley de Amnistía que han pactado Sánchez y los independentistas catalanes. El Gobierno no la presentará como proyecto de ley, sino que -siguiendo su habitual práctica fraudulenta- serán los grupos parlamentarios “progresistas” los que la presenten como una proposición de ley, con lo que se evitaría el preceptivo pronunciamiento de los órganos consultivos. Aprobará un proceso de urgencia, que acortará considerablemente la tramitación de la ley, y eludirá que se produzca un auténtico debate en las Cámaras. Una vez adoptada la Ley por el Congreso, pasará al Senado, que -aunque la rechazara- sería finalmente aprobada por aquél en segunda lectura. Pese a lo que mantienen algunos sectores de la extrema derecha, el Rey no puede hacer nada para evitarlo, porque el Congreso es soberano y puede adoptar las leyes que estime oportunas siempre que cuente  con una mayoría, por mínima que sea. Felipe VI ya se jugó la corona en su trascendental discurso del 3 de octubre de 2017, que contribuyó a parar el golpe de Estado, pero la actuación de las autoridades catalanas fue flagrantemente inconstitucional. El Rey abrió el camino a la intervención del Gobierno de Rajoy, que recibió la venia del Senado para aplicar el artículo 155 de la CE y disolver la Generalitat  y el Parlament. y convocar nuevas elecciones autonómicas.

Habría un posible freno a la aplicación de una amnistía legalmente adoptada por el Congreso, cual sería la declaración de inconstitucionalidad de la citada Ley por parte del TC. Es probable que se presenten demandas a tales efectos, pero es previsible que el domesticado “Tribunal del 7-4”, bajo la férrea batuta del gubernamental Conde-  Pumpido, se pronuncie a favor de su constitucionalidad. Hay una única esperanza, ya que afortunadamente aún nos queda Europa. Es de esperar que el TS plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que éste dictamine sobre sí la Ley sería conforme con los principios básicos del Tratado de la Unión sobre el Estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. También podría la Comisión Europea influir políticamente para impedir la ejecución de la Ley de Amnistía, como ha hecho en casos similares en Polonia y en Hungría. El comisario de Justicia, Didier Reynders, está al tanto de la situación y sigue con preocupación el proceso de deterioro el Estado de Derecho en España. En este sentido, es significativa la carta dirigida a la Comisión por la mayoritaria Asociación de Fiscales que ha a pedido la suspensión de los derechos de España en la UE. Aunque sea evidente que el Gobierno y las Cortes habrían violado con semejante Ley los principios básicos de la Unión, no será fácil obtener una condena de España dada la sensibilidad política del asunto. Creo que se debería centrar el asunto en la violación de las normas comunitarias en materia de corrupción, que han sido violadas por las reformas del Código Penal realizadas por el Gobierno para minimizar la malversación, con el fin de exonerar, o mitigar las penas, a los malversadores. Al Capone no fue a la cárcel por sus muchos crímenes, sino por topar con el Fisco. 

La lamentable situación en que se ha situado Sánchez ha quedado nítidamente reflejada en el solemne acto de jura de la Constitución por la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, con las ausencias que se produjeron en el hemiciclo: los representantes de  JxC, ERC, Bildu, PNV y BNG, la mayor parte de los  de Sumar -incluidos tres ministros del Gobierno- y los presidentes de Cataluña y del País Vasco, justo el núcleo central del Gobierno Frankenstein-2 progresista de Sánchez. En una muestra más de cinismo -marca de la casa- Sánchez ofreció a la heredera “la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno”, cuando tres de sus miembros boicotearon la ceremonia de la jura y la “chicharra” Belarra ee jactó de que haría cuánto estuviera en sus élitros para impedir que doña Leonor pueda reinar algún día.

Según Raúl del Pozo, el Gobierno ha dividido en dos al país, porque Sánchez necesita a las minorías anticonstitucionales para poder gobernar, y llama a amnistía a lo que es un fraude de ley. Y lo peor no es que éste viole la Constitución y el Estado de Derecho -lo que en sí es sumamente grave- sino que cientos de miles de españoles lo voten, pese a sus traiciones a la unidad y a la integridad territorial de España. Como ha observado Leyre Iglesias, Sánchez ha formulado su particular declaración unilateral de independencia de Cataluña.