El interés por este problema y las experiencias tenidas, me parecen que pueden darle algo de valor a mis exposiciones. Por la década de los sesenta del siglo pasado, viviendo en calidad de inquilino en un inmueble con otros vecinos, éste se puso en venta a un precio relativamente económico (lo que costaba un piso en las nuevas barriadas). El edificio con ratas, unos arrendamientos irrisorios y deterioro deplorable, amén de que el Casco Histórico pasaba a la marginación, mi familia, compuesta por trabajadores, nos lanzamos a la aventura de adquirirla. Las dificultades en comprarla y adecentarla, nos costó un sacrificio económico y un tremendo trabajo tras nuestras jornadas laborales. Después, a lo largo de los años, las luchas con organismos oficiales fueron intensas. Con todo ello quiero decir, que otros ciudadanos más cómodos y más modernistas prefirieron otras soluciones y ahora les sorprende ver una casa sevillana del siglo XIX admirada por indígenas y forasteros. Así que a mis conciudadanos les digo que hay que participar, colaborar en algo que son nuestros intereses particulares y generales.
En cuanto a mi preocupación por el aspecto social dan fe cuantas sugerencias he redactado y remitida a la prensa y las distintas administraciones. Ya el 30 de octubre de 1966 el Diario ABC con el título “La vivienda ese problema” me publicaba un amplio artículo sobre la situación y sus soluciones. Y el 22 de noviembre del mismo año, en el mismo rotativo, insistía sobre el particular. En junio y diciembre del 89, envié sendos escritos a Isidoro Beneroso y Emilio Molina. Por supuesto como buenos socialistas preocupados por el pueblo, no contestaron. El 13 de diciembre del 75 El Correo de Andalucía reproducía un artículo de “Ya” sobre los abusos en el tema de los hogares.
Quiero decir que la cuestión de la vivienda en España, de los trogloditas para acá, poco se ha solucionado entre discursos, leyes y especulaciones. No se olvide que buena parte de los ricos actuales deben su fortuna al negocio de la construcción. Por tanto, y para no alargarme, voy a exponer la solución “sin fórmulas mágicas” como respondería algún sabihondo.
La Constitución concreta sobre el respeto a la propiedad, a la libertad y al derecho a la vivienda, lo que significa que a nadie se le puede negar negociar con sus inversiones sea un piso o la venta de unas lechugas, por lo que cualquier ley que obligue a unas limitaciones de precios son una falta a la libertad, que por cierto no se tiene en cuenta para las demás necesidades, y sólo puede admitirse cuando las partes interesadas lo pacten. Este es el libre mercado o la socialdemocracia, que, al parecer, tanto nos gusta.
Por otra parte, y aquí está la solución, es que combinando el libre mercado con el mandato constitucional, y si un particular o empresa privada puede hacer de su capa un sayo si hay sectores de consumidores que están al alcance de lo que se ofrece, porque si no existieran, por aquello de la ley de la oferta y la demanda, ya ofrecerían otras condiciones.
Y llegamos al punto álgido de la cuestión. Cuando el mercado libre no atiende a las necesidades del pueblo trabajador, quien tiene que cumplir la Constitución obligatoriamente es el Estado, y es éste mediante una ley bastante sencilla se dedique a la construcción de viviendas en régimen de alquiler y con la total prohibición de su venta y especulación. Las cuotas mensuales serían a tenor de las necesidades físicas y económicas de cada familia. Por supuesto los guetos de las ciudades habría que prohibirlos terminantemente por los distintos ayuntamientos, con lo que los focos del fomento delictivo se reducirían ostensiblemente.
Afirmo y me mantengo que la única solución de la vivienda es éste. En otros países la fórmula da resultado. Lo demás son parches, verborrea y material para el enfrentamiento.





