Hace unos años la recalcitrante y mentirosa izquierda española acuñó el término “Ley Mordaza” para referirse a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada, aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso (quizá sea para lo único para lo que la aprovecho dadas sus muchas promesas electorales incumplidas), por el Partido Popular de Mariano Rajoy. La Ley en cuestión fue redactada en plena crisis económica, en el momento en que se sucedían protestas y manifestaciones y su fin era contener las mismas.

El término hizo pronta fortuna y a las críticas de los partidos de izquierda, incluido el de Albert Rivera, se sumaron las protestas ciudadanas alentadas por esos mismos partidos en la típica maniobra de marketing de la progresía nacional y con la inestimable ayuda de la mayor parte de los medios de comunicación, cultivadores incansables del pensamiento único a los que ese partido que se dice “de derechas”, el Partido Popular, entregó gratuitamente, aun no sé por qué inescrutables motivos, la hegemonía en la creación de opinión en la masa votante, en lo que constituye una perfecta ejecución a gran escala de la doctrina de Antonio Gramsci: «La única forma que tenemos para hacernos del poder como comunistas, no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la Iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente, a fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros queremos».

Ahora, y aunque ya venía anunciándolo con anterioridad, el candidato Sánchez Castejón, con motivo de su campaña personal de promoción a la titularidad indefinida del Falcon presidencial, rescata, siguiendo la estela de la profanación de la tumba de Franco y los anuncios de nuevos asaltos a enterramientos (siempre de los muertos del mismo lado),  y vuelve a retomar en forma de oferta electoralista, la firme pretensión de abordar, si la mayoría que forme se lo permite, una reforma del Código Penal cuya finalidad sería tipificar como delito la “apología del franquismo”. Las penas impuestas serían de prisión: cuatro años de cárcel por hablar bien de Franco o su dictadura.

Entre las muchas promesas incumplidas por el Gobierno de Mariano Rajoy a las que me referí al principio de estas líneas, una de las más graves, capital si nos fijamos en la deriva que están tomando los acontecimientos con el advenedizo Sánchez en la Presidencia, fue la no derogación de la infame y totalitaria Ley de Memoria Histórica que ahora se propone modificar el partido socialista, empeñado desde el catastrófico e infame Zapatero en implantar una memoria y unas “verdades” únicas, las que sean del gusto de la izquierda, obviando y criminalizando no solo la memoria y las “verdades” del otro lado, sino pervirtiendo la historia objetiva y convirtiendo en héroes demócratas a sanguinarios revolucionarios socialistas, anarquistas y comunistas y en un partido sin tacha a un PSOE que ha encabezado más golpes de Estado que ningún otro en la Historia de nuestro país, desde aquel 1917 en que, a partir de una huelga de ferroviarios valencianos, se desembocó en una violenta y revolucionaria huelga general en pos de la República socialista que finalizó con un saldo de setenta y un muertos y más de doscientos heridos. O en 1930 cuando apoyó el golpe militar de Jaca contra la monarquía de Alfonso XIII, pasando por la revolución de 1934. 

Un PSOE que tuvo en sus filas a los instigadores y mayores responsables de la catástrofe de nuestra guerra civil y que pretende borrar de las páginas de los libros de historia todo ello para sustituirlo por una sola verdad, la que dicte la izquierda.

Con la modificación pretendida de la Ley y la creación de una orwelliana y soñada por la izquierda “Comisión de la Verdad” (la suya) sobre la Guerra Civil y la dictadura y la subsiguiente reforma del Código Penal, amén de poder ilegalizar por ejemplo a la Fundación Francisco Franco, vieja pretensión socialista, y de  la declaración de nulidad de los tribunales franquistas y sus sentencias, no se podrían escribir artículos como este y se dejaría una peligrosísima puerta abierta a la criminalización de cualquiera que incomode al Gobierno o sus satélites, ya que con tan solo una denuncia de haber alabado alguno de los logros del Régimen de Franco se podría ser reo de multa y hasta prisión. 

Con lo que nos encontramos es con un partido socialista pugnando con la ultraizquierda por ser más de izquierdas que nadie y, en supuesto nombre de la LIBERTAD, eso sí, con mayúsculas, destruir cualquier atisbo de libertad de expresión de los discordantes, expulsando de la vida pública a cualquiera que ose disentir del pensamiento único. Ese pensamiento único que, por ejemplo, predica (en labios de la inefable, inclasificable y exhumadora Ministra de Justicia) que “es inaceptable que España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya”, la dicente se quede tan pancha y “casi” nadie se atreva a replicar tamaña invención.

En una tertulia televisiva reciente escuché a un socialista poco elocuente intentar justificar la pertinencia de esta reforma del Código Penal alegando algo así como que la democracia debe defenderse de los individuos e ideas que vayan en contra de la propia democracia. Lamentablemente nadie en ese momento replicó que, si esto era así, por qué no se procedía con la misma diligencia a ilegalizar los partidos separatistas o aquellos que han alentado la violencia en las calles de Cataluña en estos días o antes en las tierras vascas…

Porque esta izquierda totalitaria solo aspira a callar y silenciar a una parte de España, la que no coincide con sus intereses electorales y la que su irredento sectarismo no es capaz de perdonar haberle ganado una guerra.

Ahora sí podremos hablar con razón de una Ley mordaza.