La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúa bloqueada por la total falta de entendimiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición. El presidente del Gobierno, sin embargo, reconoció el pasado día 13 que esta situación se podría desbloquear en cinco minutos, y no le faltaba razón. Bastaría para ello que se comprometiera a modificar el sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo -una vez que éste hubiera sido renovado- y que fueran sus nuevos miembros los que propusieran la reforma. En efecto, el PP ha abandonado su posición numantina de exigir que hubiera un paralelismo en el tiempo entre la renovación del CGPJ y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial  para permitir que los jueces eligieran a los jueces, y expresado su disposición a llevar a cabo la renovación conforme a la normativa vigente, siempre que el Gobierno se comprometiera a realizar el cambio de la citada Ley, de conformidad con los criterios de la Unión Europea (UE), del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia. El Gobierno no se fía e ignora la propuesta, alegando que no se trata más que teatro y fingimiento por parte del PP.

Me sorprende la renuencia de Sánchez a aceptar la ventajosa oferta del PP conociendo al personaje, pues -dado que no es especialmente fiel a su palabra y a sus compromisos- podría perfectamente asumir el compromiso requerido y -una vez conseguida la urgente renovación- proceder a la designación de dos miembros del Tribunal Constitucional (TC) a imagen y semejanza de la izquierda judicial progresista y remitir la reforma” ad calendas grecas”. Bueno, mejor no dar ideas.

Intentos de Pedro Sánchez de controlar el Poder Judicial

 Sánchez ha puesto claramente de manifiesto sus intenciones al hacer “un llamamiento a la responsabilidad para que cuanto antes podamos tener esos dos candidatos al Tribunal Constitucional”. Al presidente le importa un bledo el funcionamiento del CGPJ y de la justicia en general, y lo único que le interesa en estos momentos es que el Consejo proponga a sus dos candidatos para que el Gobierno pueda nombrar a los otros dos de la terna y configurar así un Tribunal afín, que no osara declarar la inconstitucionalidad de los chapuceros decretos-leyes de urgencia que está habituado a adoptar en violación de la letra y del espíritu de la ley.

A tales efectos, dio un ultimátum al CGPJ en funciones -al que ha desprovisto de sus principales competencias- para que hiciera su propuesta de nombramientos antes del 13 de septiembre. No le ha hecho mucho caso el Consejo, que ha ignorado esta abusiva imposición y tanto consejeros conservadores como progresistas se han puesto de acuerdo para establecer las reglas del juego y han empezado a negociar sin prisas. Recurriendo a su habitual prepotencia, el Gobierno anunció que nombraría a sus dos candidatos con independencia de que lo hiciera o no el CGPJ. Podría hacerlo, por supuesto, pero los magistrados por él nombrados no podrían ejercer sus funciones hasta que no se designaran los otros dos, ya que las normas constitucionales prevén que el TC se renovará por tercios. El Gobierno ha dado marcha atrás y -haciendo de la necesidad virtud- ha dicho que se ha abstenido de hacerlo para respetar los tiempos del Consejo.

Recordemos cómo está la situación. Según ha expuesto Ignacio Camacho, el actual colapso de la administración de Justicia -especialmente la renovación del CGPJ y la prohibición al actual Consejo en funciones de realizar nombramientos, con el consiguiente debilitamiento del Tribunal Supremo (TS) y de otros tribunales- es consecuencia de la estrategia de ocupación y de la polarización ideológica de las instituciones que caracteriza el mandato de Sánchez. La hostilidad manifiesta del Ejecutivo hacia los jueces -salpicada de coacciones, descalificaciones y amenazas- ha creado un clima insalvable de mutua desconfianza que compromete la independencia de los poderes, y ha  desembocado en una anomalía democrática. La oposición ha utilizado el bloqueo como arma de presión contra el Gobierno y éste ha lanzado acusaciones, protestas y hasta improperios contra las decisiones del TC y del TS, amén de modificar la Ley reguladora del Consejo para impedirle que cumpla con su función esencial de realizar nombramientos de magistrados. Su razón de ser -según ha señalado el propio Consejo- es otorgar seguridad jurídica a la sociedad y hacer respetar el principio de legalidad; es decir, “desapoderar al Poder Ejecutivo de las facultades relativas a la administración del Estatuto judicial y evitar que a través de la misma -aunque fuese de manera indirecta- condicionar la actuación del juez”.

Como ha observado el antiguo miembro del CGPJ y del TS, Rafael Fernández Valverde, es evidente que se han cumplido los temores del TC, cuando -en su sentencia  STC 108/1976, en la que aceptó la modificación de la forma de nombramiento de los miembros judiciales del Consejo propuesta por el Gobierno del PSOE- advirtió que la lógica del Estado de partidos empujaba a que, a la hora de elegir a sus miembros, se atendiera a la división de las fuerzas existentes en las Cortes y se cubrieran los puestos en proporción a la fuerza parlamentaria de los partidos políticos. Esta misma lógica -señalaba el Tribunal- obligaba a “mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y, entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. Tal no ha sido el caso, como era de prever, y de aquellos polvos vienen estos lodos. La fuerza de los tribunales ha sido en todos los tiempos la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual, pero la cuerda se está tensando durante demasiado tiempo y las consecuencias pueden ser irreversibles el terreno de las libertades individuales, de los derechos de los particulares, y de la confianza de los ciudadanos en la justicia y en las demás instituciones democráticas.

Discurso de Lesmes en la apertura del Año Judicial

Por cuarta vez, el presidente del TS y de CGPJ, Carlos Lesmes, se dirigió el 7 de septiembre a la cúpula del Poder Judicial, en presencia de S.M. el rey Felipe VI. Denunció una vez más la situación insostenible que atraviesa la Justicia, y exigió una solución definitiva e inmediata. Señaló que “la Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia”,  lamentó que el escenario político de los últimos años estaba debilitando y erosionando a sus principales instituciones, y se quejó de que el estropicio era tan grande, que nunca se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia. Repartió estopa a babor y a estribor, aunque más a siniestra que a diestra, porque -como ha observado Camacho- el reparto de culpas no podía ser homogéneo ya que tenían mayores responsabilidades quienes habían perpetrado mayores atropellos.

Lesmes afirmó que la renovación del CGPJ debería acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pudiera supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impidieran el cumplimiento del claro mandato constitucional de un caso que no admite interpretaciones -varapalo al PP-. Sin embargo, añadió a continuación que el actual modelo de elección del CGPJ se había instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios, y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales. “Dicho modelo genera una percepción negativa muy generalizada de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la justicia”. La reforma era por tanto ineludible y debería abordarse con la mayor urgencia posible -critica al Gobierno-.

Hizo hincapié en el agravio que suponía que el Consejo pudiera designar a los miembros del TC, pero no a los miembros del TS. “Es un agravio no solo para toda la Justicia, sino fundamentalmente para los propios ciudadanos, que son los grandes damnificados en cuanto destinatarios de nuestros servicios”.  Instó al Ejecutivo a que renovara el CGPJ y a que -en el caso de que las fuerzas políticas mantuvieran el bloqueo- le devolviera al Consejo su facultad de realizar nombramientos discrecionales –tarjeta amarilla al Gobierno-. 

Por último -y aunque sin citar los indultos- cargó contra las medidas destinadas a neutralizar las sentencias que no fueran conformes con los intereses políticos del momento. “La acción política precisa en ocasiones de la adopción de medidas excepcionales para solucionar -o mitigar, al menos- algunos de los graves problemas que aquejan a nuestra Nación, en especial los de naturaleza territorial, pero existe el riesgo que, de materializarse esa anunciada desjudicialización, lo que se acabe produciendo sea una burla de la ley […], pues no otra consecuencias tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos, por el hecho de su capacidad de influencia política” –tarjeta roja a Sánchez-. Resultado final de las amonestaciones: Gobierno, 3-PP, 1.

Ángela Martialay ha calificado la intervención de Lesmes de ”discurso histórico que refleja el hartazgo de un Poder Judicial maltratado por las fuerzas políticas”. Según un editorial de “ABC”, el discurso de Lesmes ha sido un punto y aparte en el conflicto del CGPJ. En él describió una crisis institucional sin precedentes, debido a la ruptura de los necesarios equilibrios entre los poderes del Estado causado por el intervencionismo de los partidos, y criticó el discurso del Gobierno sobre la desjudicialización de la política, como si los políticos se vieran amenazados por los jueces. Se trató de un ”Yo acuso” firme y valiente en defensa del Estado de derecho.

Según el director de “El Mundo”, Joaquín Manso, Lesmes protagonizó una admonición memorable en la que depuso sus eventuales aspiraciones Y alguna convicción personal al servicio del bien común, que es la separación de poderes. La primera consecuencia ha sido la detención del reloj del rodillo gubernamental que Pedro Sánchez pretendía aplicar sobre el TC con Cándido Pumpido a la cabeza. El método escogido para sojuzgar a los contrapoderes alimentaba los peores augurios acerca de su intención de instrumentalizar al máximo al órgano de control de la legalidad, para romper los consensos constitucionales con plena satisfacción de ERC. La valiente mención del acuerdo de “desjudicialización” alcanzado con los independentistas situaba el debate en los términos existenciales que le correspondían, ya que dicha desjudicialización significaba perpetuar la vulneración del derecho de todos los españoles educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado en Cataluña.

Situando el problema en el ámbito de Cataluña, Francesc de Carreras -en un artículo publicado en ”The Objective”, titulado “El procés sigue, no lo dudes”- ha afirmado que las exigencias de los nacionalistas catalanes se centraban ahora en la de desjudicialización y en la imposición del catalán donde fuera y como fuera, a veces combinando ambas cosas. En lo primero,  han conseguido mucho con el indulto de los jefes, pero aún quedan varios centenares de investigados y procesados por el levantamiento de octubre de 2007, y además está el caso de Puigdemont, que pronto será devuelto a España. Ahora hay que encontrar alguna fórmula al margen del Derecho o una solución política en contra del Derecho. En cuanto al catalán, lo sucedido últimamente ha sido vergonzoso, al no aplicarse una sentencia del TSJC, ratificada por el TS, que conminaba a las escuelas a que, como mínimo, un miserable 25% de las asignaturas fuera impartido en castellano, idioma que usan habitualmente el 60% de los catalanes. Parr eludir la aplicación de la sentencia, el Gobierno de la Generalitat dictó un decreto-ley y el  Parlament  una ley “ad hoc” -con el apoyo del PSC-, y el Gobierno de la Nación no interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante tan flagrante violación de la ley, que habría permitido la suspensión cautelar de dichas normas. Prácticó una vez más la desjudicialización, la desprotección jurídica de los ciudadanos y el pacto con los políticos para saltarse las normas.

Mañana se celebrará en Barcelona una manifestación organizada por  “Escuela de todos” para reclamar el derecho de los ciudadanos catalanes a ser escolarizados la lengua oficial de España, a la que todos los españoles de bien deberían asistir física o espiritualmente. Es de lamentar la ausencia del secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se ha dignado participar en un acto solemne en el que se pretende contrarrestar lo que él mismo ha calificado de ”apartheid” lingüístico en Cataluña. 

El bloqueo en la renovación del CGPJ preocupa mucho en la Comisión Europea, como ha puesto de manifiesto su vicepresidenta, Vera Jurova, al calificar de ” desesperada” la situación en que se encuentra el Poder Judicial español tras cuatro años de anomalía institucional. Por ello, la UE ha acudido en ayuda del presidente del Consejo. En una carta enviada el 9 de septiembre al presidente Lesmes, Jurova mostró su apoyo a lo expresado en su discurso de apertura del Año Judicial. Señaló los urgencia y prioridad absoluta de renovar el Consejo, y de abordar a continuación la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, teniendo en cuenta los estándares europeos. Insistió en que el desbloqueo de la situación y la subsiguiente recuperación de la necesaria normalidad institucional debería abrir el camino para abordar otras cuestiones importantes, como la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ, que la Comisión Europea consideraba necesario. Subrayó Jurova que un bloqueo prolongado que afectará a funcionamiento de las instituciones estatales esenciales como el Poder Judicial era perjudicial para el Estado de Derecho, así como para el Estado interesado en su conjunto. “El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado -que es el único interés de la Comisión- no debe formar parte del debate político y, menos aún, ser rehén de ese debate”.

Situación actual del problema

No parece que se vaya a producir de forma inminente el desbloqueo de la de la renovación del CGPJ y del TC. De ahí que el PP haya puesto la mirada en la UE, como un actor que puede, de forma indirecta, forzar al Gobierno a sentarse a negociar la renovación de las dos instituciones, dado que la Comisión Europea ya le ha instado en varias ocasiones para que lleve a cabo una reforma legal que permita que los miembros judiciales del Consejo puedan ser elegidos por sus pares. El discurso histórico de Lesmes no ha pasado inadvertido para las instituciones comunitarias, como prueban la carta de la vicepresidenta Jurova y la visita a España el próximo día 30 del comisario de Justicia, Didier Reynders, quien ha solicitado entrevistarse con Lesmes. La Comisión ya logró forzar la mano a Sánchez cuando éste intentó bajar la mayoría requerida para la elección de los vocales del Consejo en las Cortes de una mayoría cualificada de tres quintos a una mayoría simple.

Entre tanto, y pese a haber expirado el plazo arbitrariamente impuesto por el Gobierno para que el CGPJ propusiera el nombre de sus dos candidatos al TC, los consejeros de distintas sensibilidades han iniciado el proceso de negociación para llegar a un acuerdo sobre los nombres de los candidatos a proponer, sin que hasta la fecha se hayan acercado las posiciones de los miembros de los dos grupos antagónicos. El minoritario progresista ha propuesto los nombres de hasta nueve magistrados del TS, pero la mayoría conservadora ha expresado su temor de que la designación de dos miembros del alto Tribunal lo deje en una situación aún más precaria de la que tiene en la actualidad. Por otra parte, ha puesto sus esperanzas en la visita Reynders y preferido esperar a ver los resultados de la misma. Este problema también podría ser resuelto en cinco minutos, si el Gobierno aceptara volver al “statu quo ante” y restableciera la competencia del Consejo en funciones de realizar nombramientos de magistrados, tanto más cuanto que los últimos nombramientos realizados se han producido por amplias mayorías, que incluían a representantes de los dos sectores.

La Justicia ha constituido el principal valladar para frenar los abusos y desafueros del Ejecutivo, y de ahí el tenaz empeño de Sánchez de controlar a cualquier precio el Poder Judicial. La UE -que está teniendo serios problemas en temas judiciales con los Gobiernos de Hungría y de Polonia- no puede permitirse el lujo de  que España se sume la corriente populista. Hasta ahora ha actuado con discreción y eficacia, y cabe esperar que lo siga haciendo para que el Gobierno español cumpla los criterios imperantes en la Europa democrática en la cuestión judicial.