El llamado “Padre de la Patria andaluza”, Don Blas Infante Pérez de Vargas, cifraba en la agricultura su esperanza para la resolución de todos los males de la economía andaluza. Conforme a su ideología georgista, de raíz fisiócrata, Infante había realizado una opción exclusivista por la actividad agrícola, despreciando totalmente la ganadería y otras actividades económicas. A pesar de que pudo conocer, por ejemplo, la industria conservera en su etapa de Isla Cristina, siempre vio a esta última actividad como ajena al modo de ser andaluz. Parecía no darse cuenta de que el gran problema que tenía el sector primario de su tiempo es que era incapaz de absorber el exceso de mano de obra que presentaban las zonas agrarias andaluzas, casi superpobladas con respecto a los recursos existentes. Ese problema solo se solucionó con la mecanización del campo y el éxodo rural, ya en la segunda mitad del siglo XX, precisamente hacia los sectores secundarios, que lamentablemente se encontraban fuera de nuestra región.
Infante refiere en sus obras, como si la hubiera presenciado personalmente, la presunta debacle que supuso para el campo andaluz la llegada de los conquistadores castellanos, allá por el siglo XIII, los cuales arruinaron a conciencia la maravillosa campiña andalusí supuestamente llena de regadíos y de una productividad exuberante. Según el Prócer patrio, el resto del mundo sentía envidia de la riqueza de Al-Ándalus, una opulencia cimentada en su extraordinaria agricultura. Eso creía él: la conquista cristiana lo arrasó todo y todavía no hemos levantado cabeza.
En efecto, los nuevos dominadores castellanos, brutales e ignorantes, se repartieron los latifundios, cercaron las fincas y convirtieron en jornaleros hambrientos a millones de honrados moriscos cristianizados a la fuerza. Estos serían los verdaderos andaluces frente a los hijos de los invasores mesetarios que aún hoy tiranizan al pueblo andaluz. De hecho, en la obra infantiana hay una latente hostilidad de clase y étnica entre los descendientes de castellanos opresores -los burgueses y terratenientes que viven en esta tierra, falsos andaluces- y los auténticos andaluces, de estirpe morisca.
No nos fijemos ahora en ese demencial planteamiento guerracivilista, sino en la parte económica, que tampoco es especialmente sensata. De alguna manera, esta fijación por la agricultura se vincula con cierta literatura reformista española, de gran tradición desde el famoso Informe en el Expediente de la Ley Agraria de Jovellanos (1795), siempre con más belleza literaria que verdadera eficacia práctica. En esa tradición “regeneracionista” quedó establecida la preferencia de la agricultura sobre la ganadería, de la que siempre se criticaron muchas cosas, como los privilegios que tenía el Honrado Concejo de la Mesta y lo antisocial que resultaban las dehesas destinadas a toros bravos. Evidentemente, en esa descalificación de la actividad ganadera hay un primario maniqueísmo, como si fuera incompatible con la agricultura, sin tener en cuenta que la ganadería también puede ser una importante fuente de riqueza con buenas repercusiones sociales y medioambientales. Hoy sabemos, además, que no hay prosperidad sin un desarrollo armónico de todos los sectores productivos.
La trascendencia de la agricultura en la obra de Infante se refleja en el himno andaluz, obra del mismo personaje, en el cual se conmina a los patriotas andaluces a pedir (no se sabe exactamente a quién) “tierra y libertad”. Se trata de un binomio de inspiración revolucionaria que nos trae a la memoria el México de Pancho Villa o la Rusia de los zares. Al parecer, ahí se cifraba el núcleo duro del mensaje andalucista, aunque, sinceramente, ese decimonónico anhelo nos parece un poco anacrónico en el siglo XXI, especialmente en labios de burócratas como Moreno Bonilla o Juan Espadas. La novísima “patria” inventada por el buen notario se nos ha hecho viejecita en menos de un siglo.
Conforme a ese anhelo patriótico, la Junta de Andalucía recién creada se apresuró a dictar la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, que ya no pretendía expropiar las tierras de cultivo y repartirlas entre los jornaleros, puesto que eso parecía excesivo, con gran sofoco de personajes como Juan Manuel Sánchez Gordillo. Se conformaron con solo meterles el dedo en el ojo a los terratenientes e imponerles coactivamente cultivos “sociales”, como si los políticos tuvieran información privilegiada acerca de cómo asignar de forma óptima los recursos privados de terceras personas. Un homenaje a Mao o a Fidel Castro ligeramente descafeinado. Cuando menos, una fatal arrogancia.
Como era de esperar, la referida ley resultó totalmente inoperante en términos sociales, siendo tremendamente conflictiva -ya que generó infinidad de pleitos- y acabó descubriéndose como anacrónica, hasta el punto de que los mismos socialistas dejaron de aplicarla, en un curioso caso de desuetudo o derogación fáctica de una ley obsoleta. Bien está lo que bien acaba, pero todavía no nos han explicado una cosa: si el campo andaluz era un infierno desde los tiempos de San Fernando, y si la dictadura franquista había supuesto una atroz tiranía fascista, ¿cómo se explica entonces que ya no hubiera necesidad ni siquiera de aquella descafeinada reformita? ¿Se había solucionado el problema solo?
A partir de ahí y sin sentir la menor contradicción, los dos grandes partidos admiradores del Padre de la Patria se dedicaron a aplicar al campo criterios supuestamente ecologistas y anti-productivistas, que venían de Europa, supuestamente para “modernizarlo” y “desarrollarlo”. Aplicaron, por ejemplo, esas aberrantes subvenciones que todavía existen por no sembrar, o por arrancar árboles, o por abandonar cultivos. Ahora se habla mucho de la Agenda 2030, pero la política anti-agraria viene de lejos. Por supuesto, esos políticos se abstuvieron de hacer infraestructuras hidráulicas, porque eso recordaba demasiado a cierto señor nacido en El Ferrol del Caudillo que tanto preocupa a los socialistas de 2024. Tampoco ejecutaron el Plan Hidrológico Nacional, ya que eso suponía “robarles el agua” a los aragoneses y a los catalanes. De este modo, nos hicieron mucho más vulnerables a las frecuentes sequías de esta tierra.
Más tarde, encarecieron los combustibles con prejuicios supuestamente medioambientalistas y exigieron infinidad de requisitos burocráticos y fitosanitarios para los productores de aquí, a la vez que inundaban los mercados de productos agrarios procedentes del Tercer Mundo, los cuales, por cierto, no se sometían a tantos requerimientos, haciéndonos una competencia desleal. Crearon impuestos verdes y exigieron pagos por emisiones de Co2 a las empresas de transformación agroalimentarias, haciéndolas inviables.
Implantaron, además, subidas de salario mínimo absolutamente desmesuradas, que reducen el margen de ganancia de los emprendedores y, al final, ocasionan desempleo y abandono de la producción. Además, criminalizaron la caza y muchas otras actividades tradicionales del mundo agrario, como tener perros o usar leña, dando por hecho que las lechugas y los tomates nacen solos en el supermercado. Hoy en día ya no hay relevo generacional en el campo e incluso tenemos que importar mano de obra extranjera para algunas actividades, a pesar de que oficialmente hay más de 150.000 andaluces que perciben el subsidio agrario y ayudas similares.
El modelo al que aspiran los burócratas de la UE, tanto populares como socialistas, es un campo europeo improductivo, “restaurado”, reserva natural de especies animales. Mientras tanto, la alimentación de la población local se surtirá de “nuevos productos” tan ecosostenibles y resilientes como lo puede ser un criadero de exquisitos insectos o una viscosa carne sintética…
Si Don Blas levantara la cabeza…
