Abril de 2026. En Alcalá de Guadaíra, la actualidad política vuelve a girar alrededor de los contratos menores, tan conocidos como incómodos. Ni la figura ni la polémica, podrán rasgar las vestiduras como sí llamativo de la persistencia de un esquema que muchos creían ya amortizado. Y es que, en Andalucía, hay patrones que resisten al paso del tiempo, poniendo en duda si la firme autonomía ha fijado sus cimientos en los puntales adecuados. Y a la vista está que no.

Las informaciones publicadas en las últimas semanas describen la adjudicación reiterada de contratos a una misma empresa vinculada al entorno personal de la alcaldesa Ana Isabel Jiménez. En esos expedientes aparece además un técnico municipal con un apellido que remite inevitablemente a una época muy concreta de la política andaluza, la de Manuel Chaves. No es necesario establecer ilegalidades para que el lector perciba el déjà vu.

Durante años, Andalucía convivió con un modelo de poder basado en redes de confianza, vínculos personales y estructuras que tendían a cerrarse sobre sí mismas. Cambian los nombres, cambian los cargos, pero la mecánica parece resistirse a desaparecer, ofreciendo en el caso concreto de Alcalá de Guadaíra, una renovada y a la vez reconocible versión de esa amalgama de directrices donde quien decide, quien tramita y quien recibe terminan formando parte de un ecosistema difícil de separar y de condenar, fruto de su aparente legalidad.

Desde que los eruditos tertulianos televisivos dedican sus intervenciones al pavoneo de una retórica magistralmente exenta de todo rigor pero sí popular, es sabido por la mayoría que la utilización intensiva de contratos menores permite adjudicar con rapidez y con escasa concurrencia de manera legal. Lo que ya no resulta tan fácil de justificar es la reiteración en los mismos destinatarios ni la coincidencia sistemática de relaciones personales en la ecuación. La frontera entre la agilidad administrativa y el favoritismo se vuelve difusa, y en esa difusa frontera, la importancia de los expedientes da paso a la falta de credibilidad y por ende, a la desconfianza.

En este contexto, en el papel de la oposición cabe destacar la firmeza del grupo VOX, liderado por Pedro Navarro, quien habiendo planteado en el Ayuntamiento iniciativas dirigidas a reforzar la transparencia en la contratación pública, especialmente en el uso de contratos menores, se dio de bruces con el rechazo del resto de grupos municipales.

Lejos de ser un detalle menor, en política negarse a aumentar los controles suele tener más coste reputacional que aplicarlos, pues el algoritmo del sentido común marca la pauta y si no hay nada que ocultar, la transparencia se entiende como terreno cómodo. Cuando no lo es, las preguntas se multiplican, la presunción de ocultación se dispara y las conclusiones se afinan, hasta llegar a la misma de siempre. Aquí no cambia nada. Seguimos con los mismos, haciendo lo mismo y dibujando una solidez que despinta a cada paso que da el andaluz.

Mientras tanto, fuera de los despachos, la realidad sigue su curso. Jóvenes que opositan sin padrinos, empresas que compiten sin contactos, contribuyentes que financian un sistema del que esperan neutralidad. Frente a ellos, la sensación de que existe una capa paralela donde las relaciones pesan más que los procedimientos. Y es que no hace falta demostrar una trama para que esa percepción arraigue. Basta con que los patrones encajen y, como desde hace décadas, siguen encajando.

Cada contrato cuestionado, cada expediente repetido, cada corrupción destapada, cada negligencia maquillada, cada lágrima vertida y cada (post) disculpa pública erosiona la confianza en que el dinero público se gestiona con criterios de igualdad y para el beneficio real de los andaluces. Y esa confianza, una vez perdida, no se recupera con argumentos legales, ni con planteamientos de mera serenidad. Se recupera con hechos.

Alcalá no es por el momento un caso judicial pero sí algo más engorroso que actúa como espejo y recordatorio de que ciertas inercias políticas no desaparecen por decreto, ni por relevo generacional, ni por cambios de color político a secas.

Y quizá esa sea la conclusión más embarazosa de todas. Que no estamos ante una excepción. Estamos ante una “continuidad” que, al menos hasta ahora, simplemente se ha adaptado, cambiado de forma para seguir siendo el sistema en el que Andalucía expirar un poco más a cada ocaso. Y más que embarazosa, preocupante es la reflexión sobre si éste es el “escenario estable” que preelectoralmente acapara titulares y, sobre todo, si es el que vestirá a Andalucía los próximos cuatro años.