Se ha levantado la veda y, desde medios gubernamentales, se ha iniciado una inmisericorde cacería mayor del Rey Emérito, cual si fuera un elefante de Bostwana. Los partidos separatistas sustentadores del Gobierno han presionado sobre el Presidente, haciéndole saber que la presencia Juan Carlos I en el palacete de la Zarzuela hacía inviable su apoyo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Desde dentro del Gobierno de coalición, su Vicepresidente segundo –que ha manifestado urbi et orbe que su principal objetivo político era expulsar de España a los pérfidos Borbones e instaurar la III República- ha presionado fuertemente a su vez sobre Pedro Sánchez y ha exigido la expulsión del Rey Emérito, no sólo de  la Zarzuela, sino también de España, la abdicación de Felipe VI por ser hijo de su padre, la derogación de la Constitución y la proclamación de una República plurinacional. Sánchez no ha desautorizado a Pablo Iglesias por sus furibundos ataques al Jefe del Estado, ni lo ha defendido públicamente, ya que en el fondo comparte las ideas republicanas de su Rasputín, y ha instado a su vez a Felipe VI y a su inmediato entorno -a través de su Vicepresidenta segunda, Carmen Calvo- a que propicie la salida de España del Rey Emérito, siguiendo las consignas del gurú oficial del Reino, Iván Redondo.

Salida de España de Juan Carlos I

Fruto de estas intolerables presiones ha sido la carta de 3 de agosto de Juan Carlos I a su hijo, en la que le comunicaba que “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”, había tomado la meditad de cisión de “trasladarme en estos momentos fuera de España”. El texto de la carta fue publicado en un comunicado del la Casa de S.M. el Rey, en el que se indicaba que Felipe VI había transmitido a su padre “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”,  y resaltado la importancia histórica que representaba el reinado de Juan Carlos I “como legado y obra política e institucional al servicio de España y a la democracia”.

De la misiva y del comunicado cabe deducir que la marcha del Rey Emérito ha siso consensuada entre la Casa Real y el Gobierno, que Felipe VI está reconocido a a su padre  y contento de su marcha, que Don Juan Carlos se ha trasladado al extranjero “por el momento” y que piensa regresar cuando le plazca o cuando sea eventualmente citado por las autoridades judiciales, como consecuencia de la investigación iniciada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se limitará a los actos por él realizados con posterioridad a junio de 2014, cuando –con motivo de su abdicación- perdió la inviolabilidad de que gozaba de conformidad con el artículo 56-3 de la Constitución.

Estimo que se están sacando las cosas de quicio, incluso por algunas personas que se declaran partidarios de la monarquía. Aunque no resulten fácilmente separables, cabe hacer cierta distinción entre la vida pública y privada de un Jefe de Estado –sea Rey o Presidente de la República-, sobre todo cuando –como en el caso de Juan Carlos I- ha dejado de serlo. La primera entra en el ámbito de la política y la segunda en el ámbito de la ética. Como ha señalado Carlos Herrera, habría que establecer el plano exacto en el que la vida privada de los Jefes de Estado incide con consecuencias públicas en la vida de los ciudadanos. La actuación privada del Rey Emérito deberá ser analizada desde la óptica de la legalidad más que la de la de la moralidad.

Según José Antonio Zarzalejos, la marcha de Juan Carlos I supone una medida sancionadora acordada entre el Gobierno y Felipe VI, será por tiempo indefinido y probablemente tendrá carácter definitivo. Para Elisa de la Nuez, una vez descubiertas las andanzas patrimoniales y fiscales del Rey Emérito, la única solución posible era que se le apartara de cualquier labor institucional y que abandonara España. La grave crisis política existente estaba provocada por la falta de ejemplaridad de Juan Carlos I, por lo que había que restaurar con urgencia la ejemplaridad de la institución y diferenciar al Rey Emérito de su sucesor. Estimaba fundamental cerrar la anterior etapa a todos los efectos y retirar al antiguo monarca la dignidad honorífica de Rey que le reconoció el Real Decreto 470/2014.

No estoy del todo de acuerdo con estas apreciaciones. Juan Carlos I no se ha ido al exilio como su abuelo Alfonso XIII, sino que se ha marchado de España por algún tiempo para dar un margen a que se calme la situación y se pongan las cosas en su sitio. Parece ser que Don Juan Carlos le dijo a su hijo que se iba para que estuviera tranquilo, y en su carta le expresó que quería contribuir a facilitarle el ejercicio de sus funciones, “desde la tranquilidad y el sosiego” que requería su alta responsabilidad. Como ha comentado Herrera, “si mañana el fiscal concluye que no encuentra motivos para pedir su procesamiento por asuntos desvelados por un policía encausado y una avispada comisionista, Juan Carlos podría volver a trasladarse a su casa, de la que ha sido amablemente invitado a marcharse”. Se trata de una especia de destierro voluntario. 

Como ha observado Jordi Canal, la salida del Rey Emérito no es ni una huida ni un exilio, sino un alejamiento temporal de unos focos cegadores. Juan Carlos I ha dado un paso al lado que su propio hijo y la Casa Real le venían reclamando. Es una medida preventiva y ejemplarizante que intenta frenar los efectos de unos malhadados ecos del pasado. Las monarquía de Felipe VI no se puede permitir el lujo de ser desprestigiada a partir de culpabilidades de otro momento. El antiguo monarca ha ofrecido una renuncia vital para no seguir perjudicando con sus actos y con su desprestigiada imagen actual la monarquía ejemplar de su hijo.

Concuerdo con de la Nuez en que “si la Corona quiere subsistir, tiene que convertirse en una institución modélica que funcione como una referencia para todas las demás”, pero cabe distinguir entra la actuación pública y la privada del monarca, y no mezclarlas ni confundirlas. Un jefe de Estado puede llevar una vida privada deplorable y desempeñar una extraordinaria labor pública y viceversa, tener una vida privada impecable y ser un pésimo gobernante. La lamentable vida privada de Don Juan Carlos no tiene por qué enturbiar el excelente desempeño de su actividad  política como Jefe del Estado, reconocida por todos en España y fuera de ella. 

Vida pública de Juan Carlos I

Según Canal, no deberíamos cometer el error fácil o malintencionado de extender nuestras conclusiones o apreciaciones sobre el Juan Carlos I de los últimos años a todo su reinado. No es posible olvidar que el último cuarto del siglo XX ha sido un momento histórico excepcional, en el que se ha consolidado una España democrática, moderna, estable y abierta al mundo. El monarca y la monarquía parlamentaria tuvieron en ello un papel decisivo. Don Juan Carlos ha sido un gran Rey en la España del siglo XX, pero no ha sabido encontrar su lugar en la el siglo XXI. La historia debe imponerse a la memoria y el análisis equilibrado y riguroso del pasado a la mirada distorsionada del presentismo. 

En el ámbito de la política, Juan Carlos I  ha dejado a los españoles una herencia notable, pues fue uno de los principales artífices -si no el principal- de la instauración de la democracia en España, y eso no se debe olvidar si somos bien nacidos. A Juan Manuel Burgos le parece una muy mala noticia que una personalidad que ha desempeñado un papel central en la Historia de España tenga que abandonar el país prácticamente a escondidas, y significa que algo va mal. Es cierto que el comportamiento personal de Don Juan Carlos ha estado lejos de ser ejemplar, ha hecho mucho daño a la Corona, a España y a sí mismo, y está pagando por ello un alto precio. No obstante, la función política realizada durante sus casi cuarenta años de reinado ha sido crucial en la gestión del proceso de transición, en la reconciliación de las dos Españas, en la consolidación de la democracia y en el asentamiento de España entre las naciones de Europa. ¿Nada de eso cuenta?, se ha preguntado Burgos.

Ya días antes de conocerse la marcha real, el ex-Alto Comisario para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, denunció con vehemencia la injusticia que se estaba cometiendo con Don Juan Carlos, en un artículo en el que parafraseaba el famoso texto de Emile Zola “Yo acuso”. En él acusaba al Gobierno de Sánchez-Iglesias de graves faltas de lealtad con el Jefe del Estado a lo largo de los últimos años “con actuaciones, afirmaciones, comentarios, ausencias y suplantaciones en las que prevaleció, junto a las faltas de respeto, el menosprecio al papel que le corresponde en la Constitución“. Asimismo lo acusaba de intentar llevar a España a una República por la vía de desacreditar a la Monarquía de cualquier manera, y de  realizar una presión en todos los frentes tendente a forzar su salida de España, sin que existiera sobre él imputación de ningún tipo, como condición necesaria para seguir tolerando la monarquía constitucional en el país. También denunciaba el silenció de los  ex–Presidentes de Gobierno –con la honrosa excepción de Felipe González- y de los políticos de la Transición, que han permanecido con los labios cerrados ante tantos agravios durante esta fase de linchamiento, y acusaba a los empresarios –especialmente a los beneficiarios del consorcio adjudicatario de la construcción y operación del AVE a La Meca-, que han visto engrandecidos sus empresas y sus negocios “por la acción y presencia del Rey, gran embajador de España, abridor de mercados, siempre dispuesto a ayudar a las empresas”. No se han librado de la crítica los medios de comunicación que, sin rigor ni prueba alguna, han hecho programas especiales en los que han negado al Rey la presunción de inocencia. Concluía su filípica Espinosa de los Monteros culpando a Pedro Sánchez y a su Gobierno de “una conducta innoble, carente de toda objetividad, moderación y buen criterio”, tendente a “forzar la expulsión de su país de un ciudadano que tanto ha hecho desde su juventud al servicio de España”.

Vida privada de Juan Carlos I

Cuestión distinta es la vida privada del monarca, que sería manifiestamente mejorable. Sus reiteradas aventuras extramaritales constituían un continuado agravio a su esposa, Doña Sofía, y a sus hijos, llegando en el caso de Corina Larsen a facilitarle una vivienda cerca de la Zarzuela y a incluirla en el séquito real en viajes oficiales. Se ha rodeado de, y dejado aconsejar por, empresarios amigos de dudosa conducta y ha ocultado al Fisco los $100 millones que le regaló el Rey de Arabia Saudita Abdullah bin Abdelaziz, pero estos comportamientos -que entran en el ámbito de la ética y son moralmente reprobables- resultan socialmente aceptables por parte de una sociedad española sumamente tolerante con las debilidades sexuales y fiscales de sus dirigentes. Resulta, por tanto, hipócrita rasgarse ahora las vestiduras por hechos que eran públicos y notorios en sus tiempos gloriosos, y fueron y consentidos y tolerados por el entorno de la Casa Real, los políticos del Gobierno y de la Oposición, y la sociedad española en general.

Como ha señalado Maite Rico, llueven piedras sobre Juan Carlos I, aunque ha sido él quien se lo ha buscado, pero los inquisidores más exaltados –como Pablo Iglesias o Joaquim Torra- son los menos indicados para lapidar a nadie, como puso de manifiesto Jesucristo en la parábola de la adúltera. Iglesias ha dicho -sin demudársele la color- que los cargos públicos debían velar por la ejemplaridad y la limpieza de las instituciones, y que la huida de un rey corrupto perseguido por la justicia no era bueno para la democracia española. Esto lo ha pontificado con el mayor de los cinismos un personaje que recurre a sabiendas a las mentiras más burdas, dado que el Rey Emérito no ha sido imputado por la justicia, ni en Suiza ni en España, mientras que él si lo está por diversos delitos, y tiene en su armario muchos cadáveres de corrupción de origen iraní o venezolano.

El Presidente de la Generalitat, a su vez,  ha acusado al Gobierno central de haber facilitado la huida de una persona investigada por un caso inmenso de corrupción, que ha creado una gravísima situación y comprometido a la democracia española. Esto lo afirma otro patético personaje que está, no ya imputado, sino condenado por desobediencia a varios meses de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas, que tiene a su partido procesado por las prácticas corruptas del 3%, que no es demócrata y que no se considera español. El Parlament ha declarado que “Catalunya es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey”, ha pedido “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía” y exigido la retirada del título de Rey a Don Juan Carlos y su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Torra ha instado a los Ministros de Podemos a que dimitan si el Gobierno no organiza un referéndum sobre la Monarquía.

No cabe dar la menor credibilidad a unas acusaciones realizadas por una despechada comisionista y un policía corrupto y estafador, que están imputados por la justicia y a los que ésta permite que recurran a la mentira para asegurar su defensa. Según Benigno Pendás, Juan Carlos I no está investigado ni imputado, y ha declarado que encuentra a disposición de  la justicia, por lo que pude desplazarse a donde le plazca. Esto ha sido confirmado por el Tribunal Supremo cuando ha rechazado la demanda de Omnium Cultural de se adopten medidas cautelares para evitar la “huida” del Rey Emérito, porque el sistema procesal español no contempla la adopción de este tipo de medidas respecto a quienes no tienen la condición de investigados. 

A juicio de Araceli Mangas, cabe desear que sea una estancia temporal para respirar fuera de esta atmósfera tóxica creada por quienes ya están acusados o investigados, y en interés de su defensa. “Ningún juez ni fiscal, español o suizo, ha acusado ni notificado como investigado al Rey Emérito”. Únicamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha iniciado una investigación general sobre los actos realizados por Don Juan Carlos con posterioridad a junio de 2014, cuando perdió su inviolabilidad tras su abdicación. No obstante, sin esperar a conocerse los resultados de la investigación, se han difundido opiniones jurídicas equivocadas. Si la marcha del monarca se ha hecho de acuerdo con el Presidente del Gobierno, no se entienden los exabruptos del Vicepresidente del mismo calificando de “huida” su marcha, como si fuera un prófugo con orden de busca y captura. ¿Quién miente –se pregunta la profesora de la UCM-, Sánchez o Iglesias? La Vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha replicado a su colega que el Rey Emérito no ha huido de nada porque no está incurso en ninguna causa.

Las acusaciones a Juan Carlos I de cobrar comisiones por las obras del AVE a La Meca carecen de base jurídica y de consistencia fáctica. Como ha señalado Gonzalo Quintero, comisiones son las cantidades que se cobran por facilitar un determinado negocio y que se abonan al vendedor o al intermediario, pero no al comprador. Entra en el terreno de lo absurdo pensar que el Estado que encarga una obra pague comisiones a los realizadores de las mismas o a sus mediadores. La donación del Rey Abdelaziz a Juan Carlos I se produjo en 2008 y el contrato por la que se concedió la construcción del AVE a un consorcio español se realizó en 2012, lo que hace inverosímil que –aun en el caso hipotético de que hubiera habido comisiones- se abonaran éstas con cuatro años de antelación a la firma del correspondiente contrato. El donativo fue un regalo y no una comisión ni, mucho menos, un delito. ”Los motivos que movieron al rey saudita a hacerlo no afectan en absoluto al crédito del Gobierno de España”. 

Aquí cabe especular sobre dichos motivos, que encuentran una explicación en las estrechas relaciones mantenidas por Don Juan Carlos con los monarcas del Golfo, pese al carácter autocrático y retrógrado de sus regímenes, y su apoyo a los mismos, especialmente en los momentos en que la “primavera árabe” los puso en evidencia. Esta íntima relación alcanzó su punto culminante con la concesión al soberano saudita del toisón de oro, la más alta condecoración de España. Los árabes suelen ser agradecidos y generosos, por lo que no resulta extraño que un monarca multimillonario ofreciera un donativo de €64,8 millones a su “hermano” el Rey español, como que el Rey de Bahrein, Hamad al Jalifa, le obsequiara con €1.7 millones o el Jeque de Dubai, Mohamed bin Rashid, le regalara dos Ferraris valorados en €700.000.  

Según Quintero, Don Juan Carlos podría haber cometido a lo sumo un delito fiscal al no declarar al Fisco español la donación saudita, pero este supuesto delito habría prescrito. Tampoco se ha podido producir blanqueo de dinero porque, para que se cometa este delito, es preciso que el dinero proceda de una actividad  delictiva.Por otra parte, la supuesta donación del Rey emérito de  €64.8 millones a Corina Larsen ha sido un disparate fenomenal, pero tampoco puede ser considerada como delito, aunque sería en buena medida ilegal, porque nadie puede recibir por donación más de lo que podría recibir por herencia, y Don Juan Carlos sólo podría donar sumas del tercio de libre disposición de su caudal hereditario.

Intentos de derrocar la Monarquía

Podemitas y separatistas han manifestado abiertamente su intención de derrocar la Monarquía española y de establecer la III República. Por eso, han aprovechado  los garrafales errores del Rey Emérito para atacar a la institución monárquica que él ha liderado dignamente durante cuarenta años. No tienen especial interés en atacarle –al considerarlo amortizado y suficientemente desprestigiado-, pero han empezado con él por ser el eslabón más débil de la cadena real en el proceso de desmantelamiento de la Transición, pero su objetivo es Felipe VI. Según Jaime Carvajal, los comisarios de la memoria histórica son hoy quienes se afanan en negar o ignorar la determinante contribución del hoy Rey Emérito a la instauración de la democracia en España, en un intento de deslegitimar la institución de la Monarquía y precipitar un cambio de régimen En un nuevo acto de deslealtad institucional como partido en el Gobierno, Podemos se ha aliado con los partidos nacionalistas -que aspiran a independizarse de España- para utilizar los presuntos actos irregulares del  monarca en su afán de desacreditar a la Corona y forzar un referéndum sobre la forma de Estado. Piden al hijo que abdique por los pecados de su padre, pero -según una encuesta de Metroscopia- 80% de los españoles encuestados han considerado que los errores y culpas son de las personas que los cometen y no de sus descendientes o de las instituciones que representan, y 87% que los actos que se imputan a Don Juan Carlos sólo han dañado su imagen personal. 

José Álvarez Junco se ha preguntado qué necesidad tenía Juan Carlos I de cometer la serie de errores que le han llevado a este lamentable final. Demostró la utilidad de la monarquía y ganó a muchos de sus conciudadanos –especialmente a raíz del 23-F-, que se convirtieron, si no en monárquicos, en “juancarlistas”. Se confió con la adquisición de prestigio adquirido y, en vez de mantener la prudencia que le había guiado mientras se sentía débil, bajó la guardia creyéndose fuerte y cometió error tras error. Ha sido una pena porque España necesita instituciones neutras y prestigiosas, y la monarquía era una de las pocas respetadas, no por sí misma, sino por su titular. Resulta imperdonable que él mismo haya deteriorado ese prestigio. Un rey no tiene vida privada y la ejemplaridad, esperada en cualquier cargo público, es doblemente exigible en él. Nadie en su entorno le advirtió que era mortal o él no quiso oírlo si lo hicieron, y ha destrozado su imagen interna e internacionalmente. Inquiere especialmente el historiador qué necesidad tenía de acumular tanto dinero.

Creo que aquí está una de las claves que, si no justifican, explican al menos su conducta codiciosa: la precariedad económica que padeció en su niñez. En su libro sobre “El Rey”, José Luis de Vilallonga alude en varias ocasiones a la constante preocupación por el dinero que observaba en su familia durante la infancia, Efectivamente, al Rey Emérito parecer haberle perdido la inseguridad por la incertidumbre económica en la que creció. Cuando en 1975 llegué destinado a Portugal, fui a presentar mis respetos a Don Juan de Borbón en Estoril y me sorprendió la modestia en la que vivía la familia y su dependencia económica de unos fieles amigos. Este temor parece haber pesado sobremanera sobre el proceder del monarca.

Los republicanos tienen, -según Pendás- un grave inconveniente, cual es el no estar de acuerdo sobre el tipo de República que quieren imponer: ¿una República unitaria, federal, confederal, plurinacional, popular o “cartagenera”? La cuestión de la  antinomia Monarquía-República ha quedado superada, pues lo importante no es la forma del Estado, sino el tipo de gobernación que se establezca, de modo que favorezca el máximo posible de democracia. Como ha señalado Álvarez Junco, no se trata de ser monárquico o republicano, sino de ser demócrata, y de establecer y consolidar un régimen de convivencia en libertad, “No es fácil que la República pueda garantizar un presidente que reúna mejores rasgos de imparcialidad suprapartidista, de preparación y de profesionalidad que Felipe VI”. Para Álvaro Vargas-Llosa, la monarquía es una institución indisociable del sistema democrático liberal, que resulta indispensable para evitar el caos  civil o la dictadura reaccionaria, y el régimen monárquico establecido en la Constitución de 1978 es una sólida garantía para la democracia liberal.

A juicio de Juan José Solozábal, las peripecias del Rey Emérito, ciertamente lamentables, en modo alguno deben afectar los títulos justificados de la institución monárquica en nuestro sistema constitucional. La contribución del monarca ha sido fundamental para la estructuración e integración  de nuestro sistema político constitucional, pues es una instancia neutra que cumple una función de  relación entre las diferentes ramas públicas. Su intervención en el cumplimiento de las tareas del Estado reforzó la unidad e imparcialidad de éste, redujo el partidismo de los órganos a los que complementa, y reforzó la imparcialidad de la jurisdicción que se administra en su nombre. ”A un país de la variedad constitutiva del nuestro, le viene bien el elemento de integración que es el monarca, símbolo de la unidad y permanencia del Estado” Habría que renunciar a una utilización partidista de la situación, que lleva a que la oposición constitucional pretenda sacar rédito de la denuncia del poco entusiasmo monárquico del Gobierno, presentándose como adalid exclusivo de la causa, y es preciso que el Gobierno cierre filas en defensa del marco constitucional de la monarquía y obstruya radicalmente el paso a cambios en la institución que, en estos momentos, tienen un alcance erosionador 

El ardor republicano del Presidente del Gobierno le ha jugado una mala pasada. Durante mucho tiempo ha estado enviando mensajes subliminares en contra de la Monarquía y a favor de la República, ha permitido que Iglesias ponga en tela de juicio desde el Gobierno la forma monárquica del Estado, y no ha salido en defensa del Rey como era su obligación. Ahora -urgido por la exigencias de la UE, cuya asistencia económica es indispensable para levantar al país-, ha afirmado -quizás demasiado tarde,- el pleno respeto del Gobierno al pacto constitucional en cuya cúspide se encuentra la Monarquía parlamentaria, y advertido de la inconveniencia de tratar de extender las presuntas responsabilidades personales a las instituciones, aunque sigue tolerando los improperios antimonárquicos de su Vicepresidente. Hasta se ha sentido obligado a enviar una carta a sus militantes para defender la Monarquía y exigirles responsabilidad, ante el desmadre antimonárquico de algunos de sus dirigentes, como la Alcaldesa de Gijón.  

Según José Juan Toharia, la Corona, como institución, ha sufrido un deterioro muy leve con el asunto de la marcha real. Don Juan Carlos es ya Rey Emérito, la Corona la desempeña Felipe VI y su imagen pública suscita los mismos elevados niveles de aprobación ciudadana que antaño recibiera su padre. Yo no soy tan optimista y creo que la institución monárquica ha sido seriamente afectada y hay que esforzarse por parar su declinante trayectoria. Como ha observado Canal, la Monarquía encarnada por Felipe VI necesita cuanto antes pasar página, a fin de demostrar su ejemplaridad y utilidad para afrontar un futuro, en el cual la estabilidad y la unidad que la Corona asegura van a resultar imprescindibles. Entre otras cosas, resulta indispensable una mayor transparencia. Como ha observado Carmen Enríquez, Don Juan Carlos sigue siendo Rey -aunque sea sólo a título honorífico- y la ciudadanía española tiene derecho a saber dónde se encuentra, los motivos de su marcha y el futuro que le espera. En opinión de Carvajal, la esperanza es que las instituciones democráticas que el Rey Emérito tanto ayudó a consolidar puedan estar  a la altura del actual desafío institucional. “En manos de Felipe VI, que ha hecho de la transparencia y la ejemplaridad su seña, hay motivos para confiar en que la Monarquía superará esta crisis y seguirá aportando la estabilidad que necesita el país para capear este crítico momento”.

Según José Núñez Xeisas, ha habido dos fases en la historia de Juan Carlos I y se ha preguntado cuál de ellas prevalecerá, si la del 23-F o la de la cacería de Bostwana.

Yo confío en que la Historia colocará a cada personaje en su sitio y reconocerá la extraordinaria contribución del Rey Emérito al establecimiento y a la defensa de la democracia en España, a pesar de sus muchos errores, que él mismo ha reconocido al confesar humildemente “Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, y al abdicar y renunciar a la Jefatura del Estado. Lo malo es que sí volvieron a ocurrir. A cada uno lo suyo.