Un personaje, que no es precisamente santa de mi devoción y que atendía al nombre de Rosa Luxemburgo, decía que la libertad de expresión, si es que realmente existe, siempre es para que nos digan las cosas que no queremos oír. Claro que ella era una revolucionaria, y nunca pudo ejercer el gobierno, como hizo su correligionario Lenin poco después. Todos los políticos invocan muy campanudos la libertad de expresión cuando encuentran algún tipo de restricciones a lo que ellos pretenden expresar, pero a menudo se indignan y desearían castigo cuando llegan al poder y oyen ideas que ellos no comparten. Esto ha sido así desde que el mundo es mundo, y tampoco ha cambiado mucho en nuestros días.
En la antigua sociedad tradicional, el poder político se consideraba legitimado para reprimir aquellas ideas que resultaban contrarias al orden social, y no tenía reparos en hacerlo. Las blasfemias, las opiniones anticristianas, las ofensas al rey, a los símbolos patrióticos, las expresiones subversivas encontraban castigo en las leyes y en los tribunales, y es natural que así fuera, ya que la opinión pública de entonces, de forma abrumadoramente mayoritaria, consideraba que tales manifestaciones eran gravemente perjudiciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero, al menos, los gobernantes de entonces no estaban todo el día con la tabarra de la libertad de expresión. Y, sería tal vez casualidad, pero resultaba que entonces estábamos en lo que se llamó el Siglo de Oro de las letras españolas.
A partir del siglo XVIII, la opinión progresista se revistió de forma abierta y entusiasta del valor de la tolerancia, y se trató de convencernos de la terrible maldad del Antiguo Régimen, que despreciaba la conciencia de sus súbditos y castigaba con rigor inmisericorde la más ligera discrepancia. Se idolatró la “libertad de expresión”, considerándola uno de los derechos humanos básicos, como si la vida bajo la Monarquía tradicional fuera un infierno. Se nos elogió la transgresión, la provocación, el escándalo, como si fueran bienes en sí mismos, que demostraban la madurez de las sociedades y la valía del autor del exabrupto. Para calmar algunos reparos, se nos explicó -y casi que nos convencieron- de que la libertad de expresión debería tener límites solo en el Código Penal, en las injurias y calumnias en las que se apreciaba directo “ánimo de ofender” a las demás personas. Y en esa ficción nos hemos criado todos aquellos que oíamos en nuestra juventud aquel himno de Jarcha, que hablaba de “Libertad sin ira”.
Ahora, el progresismo está tan henchido de éxito, que se halla en una posición ambigua y contradictoria respecto a este asunto. Por un lado, siente que tiene que dar pasos más decididos para derruir los valores tradicionales que tanto odia. Para ello, invocan todavía la sacrosanta “libertad de expresión” y así pretenden derogar los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias al Rey o a la bandera nacional. Es verdad que la mayoría de estos delitos estaban abolidos en la práctica, pues a menudo los jueces progresistas se saltaban a piola la ley, considerando que prácticamente en ningún caso se apreciaba “deseo de ofender” ya sea que se quemasen banderas (nacionales), ya sea que las imputadas se despelotasen en una capilla profiriendo gritos amenazadores. Pero ahí estaba el delito, al menos en la letra de la ley. Y ahora, muchos “liberales de pedigrí” y “libertarios” de variado pelaje, tal vez tratando de demostrar que tienen una mente abierta y avanzada, nos dicen: “Es verdad, resulta un anacronismo que se penalice la libertad. Cedamos aquí y así al menos nos garantizamos que también habrá libertad para nosotros. Si somos realmente tolerantes, no podemos permitir que se coarte la libertad de los demás”.
Pero, por otro lado y con toda incoherencia, los progres se sienten tan fuertes ahora que se creen legitimados para tapar la boca de quienes nos resistimos a tragar sus imposiciones. Para ello, utilizan argumentos sentimentaloides, supuestamente para proteger la sensibilidad de colectivos, como el de los homosexuales (y otros), a los que ellos ven como especialmente desprotegidos. En su opinión, se trataría de un grupo de personas que tienen los sentimientos a flor de piel, de modo que nuestra opinión, por muy respetuosa y razonadamente que se exprese, les puede resultar ofensiva y muy dolorosa. Y por tanto nos tenemos que callar para no darles el disgusto. Igual que si fueran “víctimas del terrorismo”, ellos consideran que se trata de personas dotadas de una sensibilidad especial, que sufren más que los demás. Y con el “noble” fin de protegerlos, se han inventado toda una batería de nuevos “pecados” que son como etiquetas infamantes que impiden todo pensamiento disidente: la “homofobia” (como si no existieran los “heterófobos”), la “islamofobia” (como si la “cristianofobia” fuera inofensiva), el “machismo” (como si el “hembrismo” resultara muy saludable), la “xenofobia” (como si en España no existiera la “hispanofobia”)… En cambio, si uno es varón heterosexual, cristiano, español y tiene medios para ganarse honradamente la vida, parece claro que ese tipo carece de sentimientos y se le puede atizar sin problemas. Uno se pregunta dónde queda la igualdad ante la Ley.
No se piense que estamos hablando solo formas de control social basado en la autocensura. El silenciamiento del discrepante pretende ser no solo mediático, sino incluso represivo en forma del llamado “delito de odio”, que por supuesto siempre va en un sentido determinado. Resulta curioso el matiz moral tan buenista que introduce el hablar de “odio” como de un sentimiento reprobable, pues parece que el rencor y la rabia no hubieran sido las señas de identidad de la izquierda, desde Marx hasta Pablo Iglesias, pasando por todos sus múltiples ideólogos, chequistas, bufones y escrachadores (cuando no terroristas) que nunca han disimulado sus fobias. En este país, se puede odiar impunemente a los empresarios, a los curas, a los yanquis, a la Casa Real y a la momia de Franco, por ejemplo; pero resulta peligroso formular críticas contra lo que se predica en ciertas mezquitas, contra los okupas o contra lo que dicen algunos sindicatos izquierdistas. Francamente, y lo digo sin ironía, estamos ya muy cerca de la inversión de todos los valores.
Que no nos quepa duda: libertad de expresión es todo aquello que el poder decide que se puede decir. Y aunque la palabra libertad no se les caiga de la boca, al final, al disidente le van a aplicar siempre la ley del embudo. Mientras la izquierda mantenga su hegemonía, no hace falta precisar a quién le tocará la parte estrecha.
