El pasado día 12, el Congreso -por 176 votos a favor y 172 en contra- admitió a trámite por la vía de urgencia la proposición de del Grupo parlamentario socialista para una Ley de Amnistía. A diferencia del magno evento de la presentación del  libro “Tierra firme”, supuestamente escrito por Pedro Sánchez, a la que asistieron 14 ministros, en el acto en el Congreso tan solo comparecieron unos pocos, dejando el banco azul a la intemperie. Ni siquiera asistieron el presidente del Gobierno, ni tres de sus vicepresidentas, y se encomendó el dudoso honor de defender la propuesta al Demóstenes de Baracaldo, Pachi López, quien centró su exposición en acusar al PP de ser el responsable del golpe de Estado catalán del 1-O, que se reconducirá gracias a esta benéfica Ley, que restaurará la  justicia y pondrá a cada uno en su sitio. Los golpistas no solo serán exonerados de sus delitos -que fueron encomiables actos de patriotismo-, sino que serán exaltados, quedando a los pies de los caballos el Rey Felipe VI, el Gobierno de Mariano Rajoy, y los jueces, fuerzas de seguridad y funcionarios que prevaricaron, al perseguir y condenar a unos inocentes. Pasó por alto que el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución -que supuso el fin del Gobierno autonómico- y que Sánchez aseveró que las autoridades catalanes incurrieron en un acto de rebelión.

Afirmó que la amnistía era más democrática y transparente, y ofrecía mayores garantías que los indultos. Aunque se tratara de una medida excepcional, era constitucional y compatible con el derecho comunitario, y tenía como objetivo devolver a la política lo que nunca debió haber salido de ella, y lograr la concordia en Cataluña y en el resto de España . No era cuestión de pedir perdón ni de olvidar, sino de sacar conclusiones para resolver problemas (¿?). Alberto Núñez Feijóo le contestó que la amnistía era el primer pago de una investidura que el PSOE había comprado a JxC por siete votos, que sería controlada desde Suiza por un mediador internacional, lo que suponía una regresión democrática, una humillación al pueblo español y un fraude que iba contra de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la convivencia y la separación de poderes; en definitiva, un acto de corrupción. Era un asunto más de orden moral que legal, dado que la amnistía, además de inconstitucional, era injusta, y el Gobierno cambiaba el pudor por el poder. Le preguntó con ironía a López si sabía lo que era una amnistía y añadió que a este primer pago seguirían otras concesiones mucho más graves, que Sánchez estaba dispuesto a pagar con tal de mantenerse en el poder. 

Esta afirmación fue corroborada por los aliados independentistas del Gobierno, ya que es que éste tiene a sus peores enemigos, no en la oposición, sino en sus socios. Así, el portavoz de Junts declaró que la amnistía no era una medida de gracia sino un mecanismo reparador de una injusticia, que abría la vía a una negociación de tú a tú entre dos naciones. La desfachatez de esta formación se puso de manifiesto cuando Miriam Nogueras destacó el protagonismo que había tenido en la redacción del proyecto Gonzalo Boye, un siniestro personaje condenado a 14 años de prisión por colaborar con ETA y procesado por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y, cuando son los delincuentes los que redactan las leyes, así salen. Nogueras acusó ” nominatim” a los magistrados Marchena, Llarena, Lesmes, Espejel, Lamela y Pérez de los Cobos -a los que calificó “indecentes”-, y afirmó que, en un país “normal”, habrían sido cesados y juzgados. La presidenta Francina Armengol toleró semejantes ultrajes y el Gobierno no ha condenado las descalificaciones de Nogueras, mientras Sánchez reiteró en el Parlamento Europeo que en España se han producido casos de “lawfare”. El presidente del TS, Francisco Marín, canceló una reunión que tenía prevista con el tri-ministro Bolaños, y todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales han protestado por estas declaraciones en sede parlamentaria. El presidente del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha hecho una declaración institucional en la que ha considerado que ese señalamiento acusatorio de magistrados era inadmisible en un Estado de Derecho, en el que rige el principio de separación de poderes e incluso el Tribunal Constitucional (TC) ha condenado por unanimidad la mención de Espejel.

Y no se trata solo de palabras, pues el Parlament  ha pedido Fiscal General que se investigue al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Lucas, por haberse negardo a comparecer ante la Comisión de Investigación sobre el caso Pegasus y a facilitar información sobre las escuchas realizadas con su autorización por el CNI a algunos políticos catalanes, incluido Pere Aragonés, quien se ha personado en el caso. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se permitió burlarse  del Gobierno, al afirmar que todo lo que el PSOE decía que era inconstitucional e inviable, había dejado de serlo dos años después. ¿Qué pasará de aquí a cuatro años?, se preguntó, y contestó que su partido estaba dispuesto a perder o a ganar en un referéndum de autodeterminación. Cumpliendo con sus compromisos, el PSOE ha votado a favor de la  creación de tres Comisiones de Investigación, que podrán sancionar a los jueces que, abusando del ”lawfare”, criminalicen a los catalanes por sus ideas. El Congreso ha abierto la veda de la caza del juez, que ha dejado de ser una especie protegida.

Divergencias sobre la amnistía

El PP, a su vez, ha decidido crear una Comisión en el Senado para que investigue sobre los pactos del Gobierno con los partidos separatistas y las negociaciones en Suiza bajo la verificación de un mediador salvadoreño, y la Mesa del Senado ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal sendos informes sobre la proposición de Ley de Amnistía. Mayor relevancia tiene la petición de un informe urgente a la Comisión de Venecia, para que fije cuáles son los criterios necesarios para que una amnistía resulte acorde con los estándares de un Estado de Derecho, si se pueden amnistiar los delitos de terrorismo y de malversación, y si la amnistía infringe los principios de división de poderes y de independencia judicial.

La exposición de motivos de la Ley cita a la Comisión -de forma inadecuada, por cierto- para justificar la amnistía, al mencionar el acta de una sesión de 2013 relativa al debate sobre la Ley de amnistía a los presos de Georgia, que carecía de relevancia, y sorprendentemente silenciara el dictamen en el que la Comisión estimaba que dicha amnistía vulneraba al Estado de Derecho, al no cumplir los estándares exigibles. Una Ley de este tipo debería cumplir con los principios de legalidad, prohibición de arbitrariedad, no discriminación e igualdad ante la ley. No había cumplido el principio de separación de poderes, que requiere que el poder judicial sea ejercido en exclusiva por los Tribunales y no por el Parlamento, que había ocupado su lugar. La Comisión insistió en la prohibición de la arbitrariedad. La Comisión insistió en la prohibición de la arbitrariedad y en la exigencia de igualdad ante la ley y de transparencia en las actuaciones. Según ha señalado Belén Becerril, difícilmente será conforme con los criterios sentados por la Comisión una norma elaborada por los beneficiarios de la amnistía, que no respeta el principio de igualdad al conceder privilegios a unos determinados políticos, quiebra la separación de poderes con la creación de Comisiones Parlamentarias de Investigación, carece del consenso de las principales fuerzas políticas, y no busca el interés general, sino el particular de un presidente para conseguir los imprescindibles siete votos del partido de los amnistiados. Los dictámenes de la Comisión no son vinculantes, pero tienen una considerable influencia jurídica y política.

Como ha observado ”La Vanguardia”,  una vez amortizada amnistía, el próximo paso será el referéndum de autodeterminación para conseguir la independencia. No obstante, aún queda mucha tela por cortar y  sería un error estratégico ceñir la discusión a su legalidad, ya que no se trata solo de un problema de técnica jurídica.  Según Juan Luis Cebrián, una ley redactada por los delincuentes que se beneficiarán de ella, promulgada gracias a sus votos, y remunerada su actitud con miles de millones de euros en perdón de la deuda que sirvió para financiar sus delitos, no tendrá legitimidad política ni moral. Para Teresa Jiménez Becerril -cuyo hermano y cuñada fueron asesinados por ETA-, no podemos permitir que el sacrificio de miles de víctimas sea moneda de cambio para satisfacer las ansias de poder de quien no merece gobernar una nación a la que no respeta. “Hay que frenar esta indecente amnistía,  que regala a los independentistas no solo la unidad del Estado, sino todo el marco constitucional que lo sustenta, y por cuya defensa los españoles hemos pagado un precio muy alto”. Sea o no ilegal -que lo es-, la concesión de amnistía en los términos previstos es un acto de simonía política -compra o venta deliberada de cosas espirituales o materiales- y una inmoralidad, que conduce a una gran indignidad.

Además de con la amnistía, el Gobierno cuenta con una amnesia como la que se produjo en el País Vasco con los crímenes de ETA, donde sus testaferros han sido blanqueados con la complicidad del PNV y del PSE, y tratan de que sus fechorías no solo se perdonen, sino que se olviden como si nunca se hubieran producido. Sánchez ha comprobado que, pese a las muchas críticas que se formularon a los indultos, éstos han sido asumidos por la opinión pública, y confía en que igual ocurra con la amnistía. Sin embargo la reacción de la mayoría del pueblo español contra la arbitrariedad de los acuerdos del PSOE con JxC y con ERC, que permiten la impunidad de los golpistas y les conceden tremendos privilegios de carácter económico y financiero, a cambio de sus votos necesarios para que Sánchez siga en el poder y no pueda gobernar la derecha, y su persistencia han sorprendido a Sánchez y a su equipo. Se han producido multitud de pacíficas manifestaciones de protesta en todas las ciudades de España, de manera espontánea o en respuesta a convocatorias realizadas por la sociedad civil y los partidos políticos. Sin embargo, el pueblo acaba por cansarse, sobre todo si comprueba que sus protestas no producen resultados a corto plazo. Sánchez cuenta con el cansancio y el aburrimiento del pueblo llano, pero los actos de su Gobierno son tan indignos, que no se puede bajar la guardia y hay que mantener una presión sobre un personaje endiosado, que no se atreve a salir a la calle por temor a ser abucheado. Esta presión ha de ser pacífica y de buen talante, y Vox se equivoca con su tremendismo, como con los altercados del violentos junto a la sede socialista de la calle Ferraz  o con sus declaraciones de qué Sánchez acabaría colgado por los pies. El Gobierno explota estos exabruptos -que atribuye a la derecha en su conjunto-, que suponen el obsequio de un balón de oxígeno para el acorralado líder.

Sánchez recurre a los medios oficiales de comunicación como RTVE y a los fieles periódicos y emisoras del grupo PRISA para vender su averiada mercancía. Así, en un reciente editorial, “El País” ha afirmado que, cuando termine el recorrido parlamentario de la Ley y se hayan presentado los correspondientes recursos ante el TC, el tormentoso episodio de la amnistía quedará cerrado. Quienes cuestionen al TC, se situarán al lado de los independentistas que no aceptaron la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y se lanzaron irresponsablemente a proclamar la secesión. El reto del Gobierno en este tramo decisivo del debate es revertir la consideración negativa que merece la amnistía en el conjunto de España, incluso entre sus propios votantes. El hecho de que la proposición de ley viniera precedida de un pacto del PSOE y Junts, que contenía un argumentario ayuno de rigor histórico tampoco ha ayudado, pero el preámbulo de la Ley defiende inequívocamente el marco legal de 1978 (¿?).

Alegar que  principal motivo de la amnistía es resolver el encaje de Cataluña en España es legítimo. Difícilmente podrá restaurarse la convivencia entre catalanes, y  entre éstos y el resto de los españoles, si una parte de sus dirigentes sigue incriminada pon un conflicto de motivaciones políticas, en el que ciertamente violaron la Constitución y dividieron a la sociedad. Este es el argumento de mayor peso para una amnistía guiada por el interés general, con el propósito de resolver una situación excepcional, aunque sea contestada por quienes -nacionalistas catalanes o españoles- consideran inexorable la repetición del proceso secesionista. Nada indica que el tándem PP-Vox deje de explotar este filón, pese a los desastrosos resultados de una actitud que no conoce más propuesta que la negación del problema practicada por Rajoy. “Es en parte este inmovilismo estéril el que demuestra la necesidad de una medida de gracia que pretende pasar página de una década de deriva polarizadora” (¿?).

Con su habilidad habitual, el periódico da una de cal y otra de arena, pero acaba por defender la postura falaz del Gobierno. Cabe replicar que: 1) El extenso preámbulo de la Ley es un conjunto de patrañas y medias verdades surgidas del caletre de Bolaños y de Boye, revestidas de un supuesto carácter jurídico, que -bajo el falso pretexto de la concordia, el diálogo y el reencuentro- tratan de ocultar lo que, con brutal candidez, ha reconocido el jabalí Óscar Puente: que su objeto era conseguir los imprescindibles votos catalanes. 2) Difícilmente se podrá restaurar la convivencia  entre catalanes -que ha sido reiteradamente obstaculizada por las autoridades e instituciones nacionalistas- sí se les da la razón sin necesidad de que rectifiquen su postura. Me recuerda a la cínica frase de Óscar Wilde, de que la mejor forma de resistir la tentación es cediendo a ella ¿Cómo va mejorar la convivencia si los autores de los delitos cometidos en 2017 no solo no se han arrepentido de ellos, sino que se han jactado de que los volverán a cometer? 3) La concesión de la amnistía no obedece al interés general de España, sino el interés particular de Sánchez y del PSOE. La excepcionalidad de la situación radica en que las autoridades catalanas se ha situado al margen de la ley, no cumplen la Constitución ni el Estatuto, y no aplican las sentencias que no les placen. Para que pueda mejorar la situación y el Gobierno central atienda las legítimas aspiraciones de los catalanes, es imprescindible que respeten las leyes y las sentencias de los tribunales. Los únicos interesados en repetir el proceso secesionista son los independentistas, quienes han reiterado su intención de “en tornar a fer”. 4) Aunque el PP y Vox coincidan en algunos puntos -como antes de las elecciones del 23-J también coincidían el PP y el PSOE-, no forman ningún tándem  anti-catalán. Los independentistas culpan erróneamente al TC del inicio del proceso separatista por su sentencia de 2010, que solo declaró la inconstitucionalidad de 14 de sus artículos. Artur Mas se echó al monte del separatismo cuando Rajoy le negó, con toda la razón, la concesión de un privilegiado Pacto Fiscal semejante al concedido al País Vasco y a Navarra ¿Sería justo y equitativo conceder a la Comunidad más rica y desarrollada de España un régimen fiscal privilegiado en detrimento de las regiones menos desarrolladas? ¿Es esto  progresista? Según Cebrián “¿Cómo se puede suponer que es progresista un Gobierno que no respeta la división de poderes, promueve la desigualdad ante la ley e incluye en sus filas a fuerzas reaccionarias y supremacistas del más rancio nacionalismo?”.

Los agujeros negros del Tribunal Constitucional

El Gobierno trata de centrar el debate de la amnistía sobre la constitucionalidad de la Ley, consciente de que este tema será resuelto en último término por un TC por él cotrolado, que es el más politizado de los tribunales. Pese a que el artículo 159-4 de la Constitución prevea que la condición de miembro del Tribunal es incompatible con cargos políticos o administrativos, los partidos políticos propusieron desde el principio para el mismo a magistrados cercanos a su ideología e incluso a miembros de los mismos. Aunque en los primeros años se escogieron juristas destacados -como Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Garrido Falla, Manuel Díaz de Velasco, Antonio Truyol o Julio González Campos-, el nivel ha ido disminuyendo y la afinidad -no ya ideológica, sino política- y la fidelidad a los partidos que los escogieron prevalecen sobre el prestigio profesional. Como ha observado Germán Teruel, ello ha producido una mutación del propio órgano que parece responder más a la lógica política que a la jurisdiccional,  como se aprecia en el recurrente alineamiento por bloques ideológicos de los magistrados, por lo que el Tribunal se encuentra en peligro de perder su credibilidad, si es que no la ha perdido ya. Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas admisibles al nombrar como magistrados a miembros de su Gobierno o de la Administración, con obediencia y fidelidad debidas.

A la politización del TC a causa del carácter predominantemente político de las cuestiones que se le plantean, se suman las presiones que los partidos, los grupos  de intereses y los medios de comunicación ejercen sobre los jueces cuando el Tribunal aborda temas de especial sensibilidad política. Estas presiones provocaron la dimisión en 1986 del primer presidente del Tribunal, García Pelayo, y resultaron agobiadoras en los casos del Estatuto de Cataluña en 2010 o del procès de secesión en 2017.

El TC es una pieza clave es una democracia parlamentaria para garantizar los derechos y las libertades de fundamentales de los ciudadanos, pero el Tribunal ha incurrido en una injustificada lucha de competencias con el TS, que es el órgano jurisdiccional superior, salvo lo dispuesto en la Constitución en materia de derechos fundamentales, en los que tiene primacía el TC. El problema radica que éste se considera superior al TS no ya en el ámbito de sus específicas competencias, sino que pretende extender su superioridad en otras cuestiones ajenas a la misma -como la interpretación de los plazos de caducidad de las acciones legales-, erigiéndose en  Tribunal de casación de las sentencias del TS y provocando desequilibrio institucional.

El TC no siempre ha estado a la altura de las circunstancias y ha dictado sentencias muy controvertidas, como la que anuló 14 artículos de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (1983), la que avaló el establecimiento de una delegación del País Vasco ante la UE (1994), o las que declararon la legalidad de los partidos Bildu (2011) y Sortu (2012). Esta última fue especialmente nefasta, porque el TC revocó la fundamentada sentencia del TS que negaba esa legalidad al testaferro de Herri Batasuna, descalificándola como “convicción subjetiva”, “juicio de intenciones” e “ilegalización preventiva”. Como señaló Manuel Aragón, aunque el TC reconociera que no le correspondía revisar las pruebas practicadas por el TS,  procedió a su examen y valoró negativamente los elementos probatorios apreciados por éste. Según Javier Delgado, el TC se excedió en sus competencias al invadir el campo exclusivo de la jurisdicción ordinaria del TS. Ejercía entonces la presidencia el progre Pascual Sala.

El TC practicaba una justicia perspectivista “pirandelliana”, en la que los hechos dejaban de ser lo que eran para convertirse en lo que les parecía al Tribunal, que los manipulaba interpretando los documentos, negando lo que decían o relaborándolos. Llegó a decir que era evidente que los diputados de Sortu no podrían dar legitimación o apoyo político a ETA, sino que deslegitimarían cualquier conducta vulneradora de los derechos y libertades fundamentales (¿?). Se trataba de un voluntarismo buenista que se transmutaba en surrealismo jurídico. Esta tesis de las “interpretaciones conformes” alcanzó su punto álgido en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que consideró constitucionales multitud de artículos que no lo eran, haciéndoles decir lo contrario a lo que se indicaba en el texto. Como Vicente Conde señaló, salvar la constitucionalidad de una ley recurrida negando lo que la misma decía -sobre la base hacerla decir lo que no decía- suponía, más que un error, un modo de aplicación de la estricta función jurisdiccional y de ejercicio de una potestad constitucional que no correspondía al Tribunal. Una solución de este tipo abría un preocupante espacio de inseguridad jurídica, al introducir la vía de la interpretación de la interpretación.

Otro agujero negro del TC fuel a injustificada jerarquización de los derechos  fundamentales, con la que se daban prioridad a unos sobre otros, como se puso de manifiesto en la sentencia sobre el derecho de huelga (2011), en la que se estableció que éste prevalecía sobre el derecho al trabajo o a la libertad de movimiento. Según el Tribunal, si se cometía un delito en el marco de una acción “eminentemente huelguística”, quedaba despenalizada la conducta delictiva. Si el delito desaparecía cuando el delincuente actuaba por motivos laborales, con mayor razón debería desaparecer cuando sus patrióticos perpetradores lo cometieran para lograr el loable objetivo de la independencia de Cataluña. Éste es el principal argumento con el que el Gobierno trata de justificar la concesión de la amnistía a sediciosos y prófugos catalanes. Al adoptar su sentencia condenatoria de 2019, el TS prevaricó y sus magistrados deberían ser objeto de condena y de sanción por las Comisiones Parlamentarias de Investigación. Nogueras ya ha mostrado el camino al dar los nombres y apellidos de los indecentes prevaricadores. ¡A por ellos!

Cuando finalmente se adopte la Ley de Amnistía, será recurrida ante el TC, donde la espera con la escopeta cargada el «Comando Pumpido”, dispuesto a mancharse las togas con el polvo del camino y con lo que se tercie. Sánchez podría preguntar al periodista escogido: ¿A quién pertenece el TC? ¡Pues eso!”. Afortunadamente, también se planteará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE y -como dijo el campesino alemán a Federico II de el Grande -“Aún quedan jueces en Berlín”- los amantes de la Justicia podremos decir esperanzados a Pedro I el Pequeño, “aún quedan jueces en Luxemburgo”.