No hace falta haber estudiado Derecho para tener una sana noción de lo que es justo y lo que es injusto. Luego vienen los tecnicismos jurídicos y los juicios de oportunidad que, a veces, pueden oscurecer un asunto, sea este el que sea. Pero cualquier persona con una conciencia mínimamente formada entiende, por ejemplo, que es un escándalo que un personaje como Jesús Mª Zabarte Arregui, el “Carnicero de Mondragón”, autor convicto y confeso de diecisiete asesinatos, diecisiete, esté hoy en su casa tan tranquilo sacando pecho de sus fechorías. Cosas como esas son difíciles de ver en países que son verdaderamente democracias asentadas.

Los políticos transmiten continuamente a los ciudadanos la idea de que las sentencias judiciales se deben acatar sin rechistar, como si la justicia estuviera en un plano superior al de los simples mortales. La realidad es que los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo sí deben abstenerse de valorar la justicia de las resoluciones judiciales. Efectivamente, lo justo es que tales autoridades manifiesten un escrupuloso respeto por la esfera de las demás potestades del estado, por cuanto que esos sistemas de competencias separadas sirven de “balanza y contrapeso” de las prerrogativas públicas, sistema que se puede ver alterado cuando hay presiones e intromisiones entre ellos. Pero aquí los políticos lo que hacen es mandarnos callar a todos, como vasallos que somos de su partitocracia, dejando entrever muchos de ellos la satisfacción que les produce el que los jueces cumplan su papel de una manera tan previsible para sus intereses. Los ciudadanos de a pie, desde luego, no tenemos por qué aplaudir cualquier ocurrencia de sus señorías, sobre todo cuando entendemos que no hacen justicia o se han salido por la tangente. En una sociedad democrática es lícito discrepar de lo que dicen los jueces, siempre con respeto y con argumentos.

Sabemos que, en realidad, en España no existe una verdadera división de poderes, gracias entre otras cosas a la acción combinada de PSOE y PP. Dichos partidos se han repartido durante lustros los puestos clave en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial, en virtud de la absurda Ley Orgánica de 1985, por la que le otorgaron el certificado de defunción a Montesquieu. Si los políticos de turno tienen la capacidad de elegir a los encargados de dirimir las controversias, lo que cabe esperar en pura lógica es que las personas escogidas por ellos se esfuercen en no decepcionar a quienes les han puesto ahí. En la práctica, estamos viendo por las últimas sentencias publicadas hasta qué punto el aparato judicial español funciona al servicio del PSOE y de los nacionalistas, mientras que al PP colabora con el sistema, aunque no acabamos de ver cuáles son los beneficios concretos que obtiene de tan discutible tinglado.

Una de las sentencias recientes que ha provocado más indignación tiene una gran importancia simbólica, como es el asunto de la sepultura de Franco. En dicha resolución, este alto tribunal ha actuado como un auténtico lacayo del gobierno, dándole la razón de manera militante en una serie de extremos verdaderamente sorprendentes: una norma que el gobierno hizo ad hominem, directamente para un caso único; un decreto-ley que se tramita por vía de “extraordinaria y urgente necesidad” (después de 44 años de producirse el suceso que lo originó) y tras el “olvidar” incluir el supuesto en la Ley de Memoria Histórica de 2007; una resolución que resuelve incidentalmente la paralización que había ordenado otro órgano judicial por razones administrativas; una decisión que pasa por encima de los acuerdos con la Santa Sede y de la cuestión de la sacralidad del espacio, ninguneando a la autoridad canónica del lugar. Y sobre todo, una resolución ejecutiva que prohíbe a una familia española sepultar a su difunto en el lugar elegido por ellos. Tal cúmulo de irregularidades se ha producido en un tiempo récord, a fin de que el Sr. Sánchez pueda presentarse a las elecciones habiendo cumplido con su pequeña y simbólica venganza contra ese “dictador tan malo”, cuya memoria, en forma de fantasma, impide a muchos fijarse en otros problemas más urgentes que tiene este país.

Más dañina aún es la sentencia con la que el Supremo ha querido zanjar el asunto del juicio a los golpistas catalanes, echándole, de paso, una manita al gobierno. Cuando al teniente coronel Tejero le cayeron treinta años, treinta, de prisión por un delito de rebelión no oímos a nadie que esgrimiera como argumento la desproporcionada severidad de esa condena. Sin embargo, Tejero “solo” quiso cambiar el gobierno, y su actuación delictiva “solo” duró unas horas. En cambio, estos desvergonzados políticos que ahora gimotean han querido quebrar no ya tal o cual artículo de la Constitución, sino la misma esencia de la misma: la soberanía nacional y la integridad territorial de nuestro país, actuando a cara descubierta durante años, sembrando discordia y división con nuestro dinero, envenenando las relaciones humanas dentro y fuera de España y utilizando la violencia tanto de sus masas fanatizadas como de su cuerpo armado bajo las órdenes del tal Trapero (hay detalles que parecen simbólicos). En efecto, no hay Código Penal de ningún país civilizado en el que una conducta tan flagrantemente desleal no sea considerada una rebelión como un castillo. Excepto en España, en los que sus señorías están preocupados por los que, al fin y al cabo, pueden ser socios de un gobierno “de progreso”. Lo importante, para ellos, es que no haya votos particulares; no vaya a ser que algún tribunal europeo nos enmiende la plana. Y si en Navidad los golpistas, ya en tercer grado por la vía rápida, están tomándose el turrón en sus casas, miel sobre hojuelas. 

El polvo del camino ha manchado demasiado a ciertas togas. Algunas se han convertido en andrajos indecentes con los que tratan de tapar las vergüenzas de sus amos.