Una de las banderas donde la izquierda no ha dejado de erigirse, de manera demagógica, como falsa profeta, es en la relativa a lo social, como si a ellos perteneciese el monopolio de los sentimientos y fuesen los únicos que sienten compasión y empatía hacia los demás. Hay varios ejemplos recientes de esta sangrante manipulación.
Los mismos negligentes que piden ahora que no se “politice” el accidente ferroviario de Córdoba, son los mismos que, con motivo del 11-M, cercaron las sedes del PP en vísperas de unas elecciones, convocándoles por medio de SMS, de hecho, el propio Pablo Iglesias afirmó haber sido el autor de uno de los mensajes, procedente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, que decía: “Urdaci mintiendo y Aznar de rositas. ¿Vas a permitirlo?”. Quebrantando la propia Ley Electoral, Rubalcaba arremetió contra el gobierno en plena jornada de reflexión.
De manera más reciente, lo han hecho ante la DANA de Valencia con Mazón, donde han articulado un relato tan falaz como eficaz a efectos propagandísticos. Su principal consigna radica en que PP y VOX suprimieron la Unidad de Emergencias de la Comunidad Valenciana, creada por el socialista Ximo Puig en 2023. La realidad dista mucho de tan panfletaria afirmación, ya que dicha unidad nunca llegó a estar operativa, sin contar con recursos ni personal, de modo que el gobierno de Mazón se limitó a derogar el Decreto que la creaba antes de su puesta en marcha, y el motivo fue que la región levantina ya contaba con estructuras de emergencia como el 112.
En estos días, hemos tenido ocasión de ver al propio gobierno como a la prensa de izquierdas, blandir el titular de que la derecha (PP y VOX) vota en contra de subir las pensiones. De nuevo, el juego sucio del trilero de la Moncloa, que se ha servido de un Decreto Ómnibus para exigir la aprobación única de un conjunto de medidas heterogéneas entre sí, algo que le han afeado, pese a votar a favor, sus socios del PNV.
El motivo de peso por el que PP y VOX han dado su voto en contra al Decreto se debe a que, de manera soterrada, incluye una serie de medidas de las que se beneficiarían los okupas, pese a que no haya mención específica al respecto. En efecto, se recogen propuestas para prohibir los cortes de luz, agua y gas en los hogares vulnerables, sobre los cuales también se prohíben los desahucios. Dichas medidas no distinguen entre propietarios y okupas e inquilinos morosos, convirtiéndose en medidas para retrasar el desalojo en un caso de okupación, dañando severamente al propietario, desprovisto de sus derechos, mientras que tienen que abonar los gastos a quienes han usurpado de mala fe su hogar.
Sánchez, sin embargo, no ha atacado a sus socios de JxCat por decantar la balanza la votación que ha tumbado el Decreto. Lo hace contra las dos principales fuerzas de la oposición, PP y VOX, para desgastarlos de cara a la opinión pública y no dinamitar los puentes con sus socios separatistas.
Cuando el PSOE habla de pensiones, es inevitable pensar en sus puntos más débiles. Nos presentan a Felipe González como poco menos que el padre del Estado del Bienestar, como si antes del PSOE no hubiese colegios ni hospitales. Cabe recordarles que el sistema de pensiones en España fue diseñado por Franco, y lo único que hizo el PSOE fue quebrarlo, de hecho, Felipe González lo dejó en suspensión de pagos, con un déficit del 0.7 % del PIB, recomendando el ministro Solbes a los pensionistas que complementasen con fondos de pensiones privados porque el Estado no podía pagar las pensiones.
En diciembre de 1996, el gobierno de Aznar tuvo que pedir un crédito a los bancos para pagarlas y creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al que dotó, a lo largo de su gobierno con más de 12.000 millones de euros, mientras que Zapatero durante algunos años no aportó al Fondo las cantidades que le correspondían, congelando por primera y única vez las pensiones, perdiendo los pensionistas poder adquisitivo con una inflación del 3 %. En este sentido, el propio Sánchez, siendo entonces diputado del PSOE, votó a favor de la congelación de las pensiones.
Como dijo una socialista coherente como Martu Garrote (hoy en Izquierda Española), el PSOE no quiere pactar con la derecha española, pero luego pacta con las derechas nacionalistas catalanas y vascas. En efecto, los principales socios del gobierno social-comunista son PNV y JxCat, los herederos de Pujol y Arazalluz.
Desde los medios adictos al maná gubernamental, los tertulianos sanchistas tirarán de argumentario, alegando que las derechas separatistas al menos apoyan medidas sociales como la subida del salario mínimo, pero cabe, con toda lógica, preguntarse, ¿lo hacen de manera gratuita, movidos por la convicción, o por el contrario, a cambio de alguna contraprestación? La evidencia apunta sin duda alguna a la segunda opción, fruto de los pactos de legislatura.
El mismo gobierno que se llena la boca de igualdad de derechos y justicia social es el mismo que ha concedido indultos y amnistía a delincuentes no arrepentidos que han perpetrado un golpe de estado. Incluso entre aquellos que en el pasado votaron a Pedro Sánchez tras sus numerosas mentiras, quedaron atónicos después de que tanto él como varios miembros de su Ejecutivo negasen categóricamente la posibilidad de una amnistía al no tener cabida alguna en la Constitución. Luego, según las palabras del propio Sánchez, “cambió de opinión” cuando necesitó los siete votos del prófugo Puigdemont para perpetuarse en el gobierno, y de modo posterior, un Tribunal Constitucional convertido en correa de transmisión del poder político, dio cabida, por medio de un triple salto mortal, a aquello que no tenía el menor espacio en el texto constitucional.
Si un ciudadano humilde y corriente comete un delito o simplemente se salta un semáforo en rojo, cae sobre él todo el peso de la ley. ¿Por qué a aquellos que, con pleno conocimiento, se han servido de un cargo público y del dinero que pagamos todos los ciudadanos, no se les aplica la ley? ¿Por qué, a diferencia de ellos, a los muchos españoles anónimos que se saltan la legalidad ni siquiera se les indulta? La respuesta es obvia: de su voto no depende que Sánchez siga atornillado al sillón de la Moncloa.
¿Qué tienen que decir esos populistas y trasnochados demagogos de la progresía política y mediática que luego tienen la osadía de hablar de los pobres, los ricos, los señoritos y los poderosos? Los mismos que abanderan el progreso son los que nos han hecho retroceder a la sociedad estamental, donde unos tienen más derechos que otros. La cuestión de fondo en este caso es que se ha normalizado, y además, con absoluta desvergüenza, la mayor desigualdad, que es la del poder político respecto a sus representantes, algo que no debería sorprender viniendo del gobierno más corrupto de la democracia, que ha llegado a rebajar legalmente las penas por malversación, beneficiando con ello a los socialistas condenados por los EREs.
Han consagrado hasta sus últimos extremos la desigualdad originaria del Estado de las Autonomías, que hace que los españoles paguen impuestos distintos y reciban más o menos servicios en base a la región en la que viven, de modo que, a día de hoy, por medio de Sánchez, el PNV es el único que puede manejar las oficinas del SEPE, las prestaciones de la Seguridad Social, el pago de las pensiones y las subsidios por desempleo.
Se ha llegado a transferir las competencias de inmigración a Cataluña, donde en los repartos de MENAS por cuotas entre las diferentes comunidades autónomas, Cataluña está exenta, fruto de las exigencias de JxCat ante la competencia electoral que Alianza Catalana representa para ellos. ¿Todavía se va a atrever a acusar a VOX de “xenófobo”? ¿No tiene la menor dignidad al tener como socio decisivo a una formación que promueve la misma política migratoria de VOX que constantemente denosta? No sólo pacta con ellos, sino que accede a sus condiciones, pero es evidente que el sectarismo de muchos, cegados por el fantismo sanchista, les impedirá ver los hechos, sino quienes los comete. Es como el dedo que señala la luna. No deja de resultar paradójico que los mismos que tanto dicen horrorizarse por la perspectiva de un gobierno PP-VOX, santifiquen las medidas de las que afirman rehuir cuando es Sánchez quien las aplica.
