He sido una de las pocas personas que habitualmente ha hecho uso de las listas abiertas al Senado. Si bien es cierto que comencé en su día votando al PP, y desde su nacimiento en 2014, a VOX, me he decantado por candidatos de diferente partido a la Cámara Alta, llegando a votar no sólo a candidatos de PP y VOX, sino de UPyD, Ciudadanos y Falange Española.
Es evidente que, a la hora de elegir, he optado entre aquellos que se presentaban por formaciones políticas con las que pudiera tener una mínima afinidad ideológica, y como liberal-conservador, ese abanico abarcaba fuerzas antagónicas como el Partido Libertario (con quienes coincido en cuestiones económicas pese a estar en las antípodas en cuestiones morales) y Falange Española de las JONS (con quienes coincido en cuestiones morales y en materia de unidad nacional pese a estar en el extremo contrario en materia económica), y dentro de estas opciones que se presentaban seguía una regla: no votar a candidatos que no conociera, por lo que, para mí era básico saber la profesión y la cualificación académica de los mismos, pues de ese modo no dependerían de la política y podrían defender sus convicciones incluso en contra del criterio de su propio partido.
Dicho lo anterior, reconozco haberme equivocado en alguna ocasión. Si bien es cierto que en las generales de 2015 voté a un candidato de UPyD porque en una coyuntura en la que Ciudadanos estaba en ascenso, se mantuvo en un partido que estaba en vías de extinción, luego descubrí que era un socialdemócrata partidario del Impuesto de Sucesiones (el inmoral impuesto a la muerte), que él mismo consideraba como “uno de los impuestos más justos”, del mismo modo que en las generales de 2016 me decanté por un candidato de Falange Española, ya que considero que los falangistas son personas de principios de los que me separan muchas ideas, pero con los que comparto el mismo concepto de España. No obstante, luego tuve conocimiento de quién era uno de los candidatos de VOX a los que había dejado de votar por no tener información de él, arrepintiéndome de elegir a alguien que estaba más cerca de los postulados económicos de Podemos en lugar de una persona con la que ideológicamente tenía mucho más en común.
En las dos elecciones generales de 2019 (de Abril y Noviembre) abogué por el tan cacareado 1+1+1, es decir, por un candidato del PP, uno de Ciudadanos y otro de VOX, primando las siglas sobre las personas, en aras de facilitar que los partidos a la derecha del PSOE se hiciesen con la mayoría absoluta en el Senado bajo el supuesto de que hubiese que aplicar de nuevo el 155 en Cataluña, algo que el PSOE, rehén voluntario de los golpistas separatistas no haría en aras de mantenerse en el poder a cualquier precio.
La fórmula del 1+1+1 (tan alentada, entre otros, por Federico Jiménez Losantos) se demostró ineficaz y contraproducente, ya que sólo era efectiva si el 100 % de los votantes de centro y de derechas la aplicaban, pero muchos votantes de Ciudadanos no estaban dispuestos a votar a un candidato de VOX y viceversa, de modo que en la práctica sólo el 25 % se atuvo a dichas directrices, lo que supuso que el eslabón más fuerte (en este caso, el PP) se viese perjudicado por la fuga de votos, perdiendo senadores sin que Ciudadanos y VOX los consiguiesen, depredando sus propios votos, lo que permitió que el PSOE se hiciera con el Senado.
Atendiendo a la experiencia anterior, VOX demostró el sentido de estado del que carecieron PP y Ciudadanos y decidió presentar un sólo candidato para facilitar la coordinación de votos entre los electores, ya que concurrir en una lista conjunta les haría perder votos, pues en las coaliciones dos más dos no siempre son cuatro.
En estas últimas elecciones generales, tuve la tentación de votar nulo al Senado consciente de su palmaria inutilidad (fruto de mi formación jurídica), planteándome escribir en la papeleta: “¡Arriba España! ¡Fuera Senado y fuera autonomías!”, pero en su lugar me decanté por el sentido de la responsabilidad, y en esta ocasión voté a los tres candidatos de una misma formación, en este caso, de VOX, que ideológicamente es mi partido natural. En este sentido, pese a ser contrario a la propia existencia del Senado en España, he actuado de manera pragmática en aras de intentar que VOX tuviera otro medio desde el que dar la batalla de las ideas.
El Senado es, junto a las diputaciones, una de las instituciones más cuestionadas (con razón) por la mayoría de los españoles, motivo por el que no se hacen encuestas sobre el grado de aceptación que presenta entre los ciudadanos, y prueba de la indiferencia que genera es el hecho de que en la noche electoral se siguen a tiempo real los resultados del Congreso y no los del Senado.
Para defender la necesidad de la Cámara Alta se tiende a invocar la célebre anécdota de Jefferson y Washington en la Convención de Filadelfia, cuando un detractor del Senado como Jefferson se quemó la lengua, ante lo que Washington vertió el té de una taza a otra, un gesto que utilizó para explicar la necesidad del Senado como una cámara de enfriamiento, es decir, para corregir leyes, que es la función para la que ha quedado relegado en España, aunque demuestra ser bastante estéril en dicho cometido toda vez que carece de poder de veto, que puede ser levantado votando de nuevo el Congreso.
El Senado en España fue concebido como una cámara de representación territorial, pero no se ha conseguido tal cosa, ya que la circunscripción no es la comunidad autónoma sino la provincia, reproduciéndose por tanto las mismas luchas de poder que el Congreso, del que acaba siendo correa de transmisión, y del mismo modo que no puede vetar leyes, tampoco puede controlar al gobierno ni participa en la elección del mismo, pues la relación de confianza entre el poder ejecutivo y el legislativo se da únicamente a través del Congreso, y prueba de ello es que antes de Zapatero, ningún presidente comparecía ante el Senado, y de no haberlo hecho, nada hubiese sucedido, pues no estaba obligado.
La única función de relieve que lleva a cabo el Senado es la potencial aplicación del artículo 155, pero es una función que perfectamente podría recaer sobre el Congreso, de modo que dicha cámara sólo sirve a los intereses de las cúpulas de los partidos, que lo utilizan como cementerio de elefantes para dar un retiro dorado a sus representantes y que sigan viviendo de la política.
El uso tan residual que de las listas abiertas se hacen en el Senado sirve para dar munición a los partidarios del mantenimiento del statu quo de listas cerradas y bloqueadas, pero ello no es representativo del alcance real de la apertura de las mismas, ya que también se registran más votos nulos y en blanco al Senado, pues los electores (por escasa que pueda ser la cultura política de muchos de ellos), son conscientes de la inutilidad de la cámara, una dinámica que sería muy diferente si esta fórmula se trasladase al Congreso, que es el epicentro del proceso legislativo, cambiando radicalmente la forma de hacer política, pues los candidatos adquirirían personalidad propia ante sus votantes al margen de las siglas del partido por el que se presentan.
¿Ante la inutilidad de esta institución debemos abstenernos, votar nulo o en blanco ante la misma? Creo que no es la solución, ya que el voto en blanco no es computable y a efectos prácticos se equipara con la abstención cuando son posturas muy diferentes, ya que en no pocos casos aquellos que se abstienen es porque no creen en el sistema y niegan la validez de la propia democracia, mientras que aquel que vota en blanco participa en el proceso de formación de la voluntad popular, manifestando una profunda fe en los ideales democráticos e interés por la política, aunque no se identifica con ninguna de las opciones que concurren a los comicios. En este sentido, de la mano de la abstención, la indignación se confunde con la indiferencia.
En línea con lo anterior, considero que el voto en blanco debería ser computable como propone de manera específica la formación creada al efecto Escaños en Blanco, cuyos miembros se comprometen, en caso de ser elegidos, a no tomar posesión del acta, quedando como concejales electos, sin posibilidad de acceder a los derechos derivados del cargo, ni siquiera cobrar el sueldo. En esta misma línea, en las municipales de 2011, dos de los tres concejales conseguidos bajo dichas siglas así lo cumplieron, y dicha fórmula de democracia radical fue defendida en el pasado también por Ciudadanos (en su programa a las generales de 2008), el movimiento 15-M e incluso uno de los padres de la Constitución como Miquel Roca.
La única opción que nos queda para reducir un estado sobredimensionado es votar a partidos que hagan bandera de ese discurso, siendo críticos y exigentes al retirarles la confianza si no cumplen dicha promesa.
Soy consciente de que es muy difícil encontrar partidos que específicamente apuesten por suprimir el Senado, pero los hay que abogan por reducir el gasto político improductivo al no estar atados a los intereses de los viejos partidos PP y PSOE, siendo el caso de VOX, del mismo modo que UPyD y Ciudadanos en el pasado, ya que los españoles hoy tenemos que soportar el peso de 17 autonomías, 35 diputaciones y más de 8000 ayuntamientos.
