Según el aforismo periodístico, “no news, good news”, si no hay noticias, buenas noticias, lo que interpretado a “sensu contrario”, equivaldría a decir que la existencia de noticias es una mala señal. El pasado 5 de septiembre se realizó la solemne ceremonia de inauguración del Año Judicial, presidida por el rey Felipe VI, que ha sido calificada de “insólita” por Elisa de la Nuez. Un acto rutinario y aburrido, que se repite cada año sin mayor significancia que su carácter simbólico, se ha convertido en lo que  se denomina un “scoop”, una noticia que encabeza las portadas de los medios de comunicación. Jamás tantos periodistas habían cubierto el acto de las Salesas, que solía plasmarse en una fotografía de la mesa presidencial y un sucinto texto informativo. Las causas de esta inusitada situación son principalmente los desaforados ataques de Pedro Sánchez y sus cuates al Poder Judicial, y la indeseada presencia y protagonismo en la ceremonia del fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz (AGO), que presentó la Memoria de la Fiscalía, cuyo evento más memorable era -según Rafa Latorre- el procesamiento del presentador por un supuesto delito de revelación de secretos. Los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), que escucharon atónitos la citada presentación, serán los que decidan en la vista oral del juicio si los indicios existentes pueden considerarse como pruebas. El que AGO borrara de sus teléfonos y de sus dispositivos electrónicos los mensajes que podrían incriminarle es en sí mismo una prueba ¿Si no tenía nada que ocultar, por qué los borró? ¿Porque quizás eran incriminatorios en vez de exculpatorios?…

Sombras en la inauguración del Año Judicial

La ceremonia de inauguración del Año Judicial 2025-2026 ha tenido sus luces y sus sombras y, entre éstas, destaca la descarada intervención de AGO. En los días previos a su celebración, cundió en los medios judiciales el sentir de que un fiscal general procesado y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados no podía participar, como si nada ocurriera, en la solemne ceremonia presidida por el Rey y a la que asistiría la cúpula del poder judicial, incluidos los magistrado que deberán juzgarlo probablemente en noviembre. Los 10 miembros del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enviaron una carta a su presidenta Isabel Perelló -que también lo es del TS- en la que le pedían que AGO no asistiera a la ceremonia y que Félix Bolaños no se sentara en la mesa presidencial. La mayoría de las Asociaciones de Jueces y Fiscales también hicieron saber su opinión de que el fiscal general debería -dada su situación procesal- ausentarse de la ceremonia y delegar en su segundo la labor de presentar la Memoria anual de la Fiscalía. Era evidente que legalmente AGO seguía siendo el fiscal general y, en cuanto tal, debería participar en el acto, pero moralmente estaba incapacitado para hacerlo. No obstante, se mantuvo en su empecinamiento y, siguiendo la consigna del general Patrice Mac Mahon–“je suis, j’y reste”-, asistió al acto y pronunció su discurso, en el que introdujo unas consideraciones personales, ajenas a su función profesional. Ha llegado a creerse que él encarna la Fiscalía General, al afirmar que “yo no soy la persona, sino la institución”.

Empezó afirmando que era plenamente consciente de las singulares circunstancias de su intervención como consecuencia de su situación procesal, señalando que, “si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman; creo en el Estado de Derecho, en la independencia del poder judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad y, por supuesto, en la verdad” ¿Qué es la verdad?, se preguntaba Poncio Pilato. Pues en este caso, es la verdad de AGO, su verdad. Entró luego a describir los datos rutinarios que se contienen habitualmente en una Memoria de este tipo sobre la actuación de la Fiscalía General durante el año anterior. Dicha Memoria no podía ignorar la causa contra el fiscal general, y AGO entró al trapo afirmando que la Fiscalía se había visto notablemente afectada por dicha causa, “cuyo origen fue la emisión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid para facilitar a la opinión pública información veraz y rigurosa”. Señaló que vivíamos un momento muy delicado en el que la difusión de bulos e informaciones carentes de rigor, tergiversadas o interesadas se propagaban con enorme facilidad, y la Fiscalía tenía la obligación legal de informar de ello a la opinión pública, con lo que trató de justificar el controvertido comunicado del 14 de marzo de 2024, que aclaraba ciertos aspectos de la investigación referente a Alberto González.

AGO aprovechó la ocasión para arrimar el ascua a su sardina jurídica y apoyó las reformas legislativas de la justicia que ha puesto en marcha el Gobierno. De un lado, la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal y, de otro, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción de los procesos penales, lo que requeriría una profunda metamorfosis de la Fiscalía. Ambas decisiones han sido criticadas en el ámbito judicial. AGO advirtió que “para quienes buscan excusas o se resisten al cambio, nunca habrá un momento adecuado”.

Luces en la inauguración del Año Judicial

Las luces provinieron de la luminosa y brillante intervención de la presidenta Perelló, que estuvo con creces a la altura de las circunstancias. Comenzó con las quejas habituales en estos casos sobre la falta de medios de la Justicia. La situación había sido magistralmente descrita en un artículo del vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Luis Sanz, en un artículo titulado “Déjennos a los jueces  trabajar en paz”, publicado en “El Mundo”, en el que destacaba que la justicia española sufre un tremendo abandono.

España tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea que está en 22. Ello explica que, a finales de 2024, hubiera más de 400.0000 asuntos pendientes de resolver en los tribunales. Pese a ello, las convocatorias de oposiciones a jueces eran exiguas y apenas reemplazan las jubilaciones y bajas. No se crean nuevos órganos judiciales -como los Tribunales de instancia-, a pesar de las insistente petición del CGPJ. El Gobierno pretende modificar el sistema de acceso a la carrera judicial obviando los principios de mérito y capacidad, con el fin de sustituirlos por mecanismos subjetivos, y residenciando la preparación de los opositores en un centro dependiente del Ministerio de Justicia, con el propósito de controlar políticamente la base de la carrera judicial. Asimismo trata de introducir por la puerta de atrás a miles de jueces sustitutos, sin apenas exigencia de conocimientos.

También resulta muy preocupante la reforma que busca atribuir la instrucción penal a los fiscales, lo que sería posible si la Fiscalía española no fuera más dependiente que nunca del Gobierno a través del fiscal general del Estado. Si se diera ese paso, no habría más investigaciones judiciales de corrupción política del Gobierno y la Fiscalía sería utilizada por éste como ariete frente a la oposición. Esta situación se agrava con la intención del Gobierno de reducir a la nada la acción popular. Además, el Tribunal Constitucional -que no forma parte del Poder Judicial- está revisando a través del recurso de amparo la aplicación de la legalidad ordinaria, convirtiéndose en un tribunal de última instancia por encima del TS, y anulando procesos de corrupción política tan graves como el de los ERE de Andalucía.

En conclusión -ha estimado Sanz- “necesitamos un profundo cambio de rumbo, una política judicial centrada en fortalecer al tercer poder del Estado, otorgando los medios precisos para que pueda desempeñar su función con plenitud, sin intromisiones políticas y respetando las decisiones de los jueces. Si se discrepa de sus resoluciones, se pueden articular los recursos establecidos en la ley para su revisión, pero no atacar a los jueces formados, independientes y profesionales”.

Perelló se ha hecho asimismo eco de estas preocupaciones. En relación con la ”Ley Bolaños” de modificación del acceso a la carrera judicial, afirmó que el necesario aumento del número de jueces no podía hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exigía la función jurisdiccional, y reclamó que cualquier modificación en el sistema de selección respetara los principios de publicidad, objetividad de las pruebas y transparencia, que garantizaban la existencia de jueces independientes y con plena autonomía personal. “Existen reformas en tramitación que afectan directamente la carrera judicial y generan legítima preocupación en la judicatura […] Reclamamos constantemente mejoras pero éstas deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia”. Cualquier modificación legislativa de la justicia se debe acometer mediante diálogo institucional y con la participación del CGPJ. Según Cristina García Vázquez en “Voz Pópuli”, Perelló pidió al Gobierno que cumpliera con los principios esenciales de un sistema democrático en la elección de jueces, que son la publicidad, la objetividad de las pruebas -que se basen en un control exhaustivo de conocimiento del derecho- y la transparencia. El objetivo debe ser profundizar en la formación e independencia, y no pueden darse pasos que supongan un retroceso en estos dos elementos esenciales. Hay que oponerse a que se cuelen “jueces a la medida”.

Perelló informó de la actividad destacada del CJPC en el ámbito de los nombramientos en la cúpula judicial, que ha ascendido a 161, normalizando con ello la situación. Se han designado las presidencias de Sala y 29 nuevos magistrados en el TS, y cubierto las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. “Hoy podemos decir que, pese a las dificultades, el primer desafío que asumimos al iniciar nuestro mandato ha sido superado”. Quedan, sin embargo, desafíos de gran envergadura como la implantación de los tribunales de instancia o la litigación en masa. 

Pero, el núcleo central de la esperada intervención de la presidenta del TS era su reacción ante los inaceptables ataques del presidente del Gobierno, que afirmó en la TVE que había jueces que hacían política en vez de aplicar justicia, por lo que prevaricaban. No mencionó sus nombres, pero las señas eran mortales: los jueces que están investigando a su mujer, a su hermano y a su fiscal general. Perelló inició su defensa de la independencia judicial haciendo pedagogía. “La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho. A esta tarea no está llamado únicamente el Poder Judicial, aunque en él recaiga, la responsabilidad principal, sino también los demás poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias”. Ante la incapacidad del CGPJ de pronunciarse sobre los ataques del Gobierno de los jueces y de rechazarlos, la presidenta recordó que el respeto a la justicia era una exigencia que obligaba a todos sin distinción, pues a todos correspondía sostener con su actuación cotidiana la confianza en la misma. Si faltara un Poder Judicial independiente, desaparecería el Estado de Derecho, porque ya no existiría quien garantizara que las leyes creadas por la voluntad popular se cumplieran efectivamente y, así, se frustraría también la propia democracia, que no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. La única manera de lograr que confíen en ellas era mediante el cumplimiento de su función constitucional, sin excusas ni reproches. “Respetar la independencia significa permitir que el juez cumpla su tarea con libertad de criterio, que pueda estudiar, reflexionar deliberar y resolver sin injerencias de ninguna clase”. La independencia judicial no equivale al libre arbitrio, antes al contrario, pues los jueces están sometidos al imperio de la ley. “Lo característico de la independencia judicial es precisamente que nuestro único marco de referencia es el ordenamiento jurídico. Esa es la fuente de nuestra legitimidad y la garantía de que la justicia se administra sin más guía que el Derecho”. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos.

Luego entró con firmeza, pero con serenidad, en el “punctus dolens”: “Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir las recomendaciones europeas, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces. Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado, en el que rige no solo al principio de la separación de poderes, sino también el de respeto mutuo, en definitiva, la lealtad institucional”. Son aceptables el desacuerdo y la crítica ante las decisiones judiciales, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones y objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación judicial. “Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de Derecho. De ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas”. El Poder Judicial está diseñado en nuestra Constitución como un auténtico poder, con su independencia blindada y con un órgano de gobierno propio con plena autonomía, y no va a desviarse de su camino de rectitud y honestidad pese a las descalificaciones. Según el informe sobre el Estado de Derecho de la UE, los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden interferir en el poder Judicial. Los jueces deben cumplir las leyes con rigor sin dejarse influir por nadie. El ámbito de la independencia judicial es absoluto y el único marco de referencia es el ordenamiento jurídico.

Dando muestras de su neutralidad y ecuanimidad, Perelló propinó un tirón de orejas a los miembros del CGPJ que le habían pedido que tomara ciertas medidas con respecto a AGO y a Bolaños. La sociedad -alegó- no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones y en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y actúen al servicio de los ciudadanos y con respeto y lealtad a los demás, y así lo hará el Poder Judicial. “No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas o instituciones, pues no nos corresponde esa función. Cada cargo público es responsable de sus actos”.

Reacciones a los discursos

Tras la intervención de AGO, se produjo el hecho poco corriente de que en una ceremonia de inauguración del Año Judicial se produjeran aplausos. Surgieron de los sectores cercanos al Gobierno, a los que se unieron los miembros progresistas del CGPJ, algunos fiscales y pocos magistrados, y duraron 14”. En cambio, al terminar el discurso de Perelló, se escuchó una cerrada y prolongada ovación, en la que participaron la mayoría de los magistrados. Según Beatriz Perea en “El Imparcial”, el acto mantuvo el tono institucional, si bien no se puede ocultar la brecha cada vez mayor existente entre los jueces y el Gobierno, y la desconfianza entre los poderes ejecutivo y judicial parece ser insalvable. Tras las palabras finales del Rey declarando abierto el Año Judicial, se abrió la puerta del Salón de Plenos y casi pudo oírse un suspiro de alivio generalizado.

Cundió la euforia entre la mayoría de los miembros del estamento judicial ante el esplendido discurso de la presidente del TS y del CGPJ, y recibió los merecidos aplausos de los medios de comunicación. Según Leyre Iglesias, Perelló se impuso hablando en voz baja en su enfrentamiento de un modo poco común con el Gobierno; su medida intervención aportó un bálsamo reconstituyente en medio de tanto griterío. Para Cristina García Vázquez, el discurso dejó un buen sabor de boca en la judicatura y fue recibido como una bocanada de aire fresco en medio de una agitada tormenta. A juicio de Jesús Fernández Úbeda, sacando las uñas con inteligencia y elegancia por la independencia de la justicia -y, por ende, de la democracia-, la presidente del TS estuvo valiente, sin cortarse ante quienes quieren perpetrar indeseadas reformas en el acceso a la carrera judicial. Para María Jamardo, el impecable discurso de Perelló constituyó un papelón para AGO.

Uno de los principales damnificados de la ceremonia fue Bolaños, quien, al término de la sesión, huyó despavorido sin probar ni un canapé. Que rebuznaran Óscar Puente o Pilar Alegría era normal, porque entraba dentro de su cupo de incompetencia, pero tal pero no es el caso del jurista Bolaños,  que ”prevarica” en su triple condición ejecutiva, legislativa y judicial, como ministro de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes y -sobre todo- de Justicia. No en vano, los infames proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativas al acceso a la carrera judicial y de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para encomendar a los fiscales la instrucción de los procesos penales proceden de su caletre, y Perelló puso en evidencia al triministro con sus ajustadas palabras.

Uno de los temas que más se comentó en los corrillos fue la ausencia de la plana mayor del PP, su líder Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Senado Pedro Rollán, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida. Es cierto que no tenían una obligación legal de asistir, pero sí política y moral. Cuanto más explicaciones trata de dar Feijoó, menos se comprende su inasistencia, pues había otras formas de mostrar su desacuerdo con la indeseada presencia del procesado AGO, sin hacer un desplante a Felipe VI. Como reza el proverbio francés, “les absents ont toujours tort” (los ausentes siempre se equivocan).

El Gobierno ha alabado la intervención de AGO, que mostraba que su actuación estuvo conforme en todo momento con sus funciones de fiscal general de perseguir el  su delito y desmentir los bulos, aunque esta segunda función no aparezca recogida en ninguna norma jurídica. Sigue confiando plenamente en su inocencia y buen hacer, y está por tanto de acuerdo con su decisión de no presentar su dimisión, ni siquiera cuando se siente en el banquillo de los acusados como un vulgar delincuente. Un vacío legal ha permitido al fiscal general continuar en su cargo en una situación de flagrante discriminación con el resto de los fiscales, que -de conformidad con el Reglamento del Ministerio Fiscal- serán suspendidos cuando sean acusados de un delito, a propuesta precisamente del procesado fiscal general del Estado, “con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal”(artículo 145). La situación no puede ser más paradójica e injusta, y su justificación radica en que al legislador de turno no le pasó por la cabeza la posibilidad de que pudiera ser imputado y procesado el jefe máximo de los fiscales. Por eso, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, no procedió a suspender  a AGO en su puesto de fiscal general, como le pedían justificadamente algunos sectores judiciales, porque éste no es un fiscal más, ya que está excedente y en servicios especiales, por realizar funciones de carácter político. Como ha explicado el profesor Carlos Amoedo, estos servicios especiales son una forma de incentivar a los miembros de la carrera fiscal a que acepten las responsabilidades de un cargo político, al no tener que solicitar una excedencia voluntaria que les obligaría a volver a concursar para obtener una plaza al cesar en sus puestos políticos.

La consecuencia más transcendente de la finalización de la apertura del Año Judicial ha sido la decisión de Hurtado de dictar un auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general, que había sido aplazada para que no interfiriera en la celebración de la citada apertura. El instructor no ha suspendido cautelarmente a AGO porque, si bien existen disposiciones que permiten acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal, no hay ninguna que contemple la del fiscal general. De ahí que diera traslado de su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General para que resolviera si procedía. Es altamente improbable que la inspectora, María Antonia Sanz -que es mi próxima al procesado- decida proceder a su suspensión. 

Hidalgo ha impuesto a AGO una fianza civil de €150.000 para cubrir el pago de la indemnización por los perjuicios causados a Alberto González por la filtración de un correo electrónico. Contra el auto de apertura no cabe interponer ningún recurso, salvo en lo relativo a la fijación de la fianza por responsabilidad civil, que la defensa  de AGO -la Abogacía del Estado- ha considerado excesiva.

El instructor ha destacado en su auto la solidez de la base indiciaria obrante contra el fiscal general. Ha considerado que la filtración a la Cadena SER del correo de González Amador fue la base para la formación de una generalizada opinión pública que consideraba culpable de un delito a quien no lo era, quedando con ello afectada su honorabilidad y su reputación social. AGO aprovechó la información publicada por el diario “El Mundo” con la finalidad de ganar el relato en una cuestión de tan escasa relevancia procesal, como de quién había partido la iniciativa de llegar a un acuerdo, si de la Fiscalía de Madrid o de la defensa del acusado. En el periódico se indicaba que el fiscal Julián Salto había trasladado al abogado de González Amador que podían llegar a un acuerdo si éste y su cliente lo estimaban posible. La noticia no era falsa, ni constituía ningún bulo. Era tan solo inexacta, en cuanto a que la propuesta del acuerdo de conformidad había partido de la defensa y no de la Fiscalía. 

AGO puso en marcha su estrategia para “ganar el relato” después de conocer que el acusado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se inició entonces un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, que comenzó con una conversación telefónica de AGO con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la cual ésta hizo varias llamadas telefónicas al fiscal encargado del caso para solicitarle que remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de González Amador. 

La filtración del correo ponía en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comportaba, si se ponía la mira en el cometido y función constitucional encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a los principios de la legalidad y de imparcialidad, que podían quedar en entredicho en la medida en que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de la defensa del afectado. Todo ello fue asumido por AGO, desde el momento en que, a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida. Esos hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código Penal. Asimismo, el instructor dejó constancia de otros delitos apuntados por las acusaciones, como los de prevaricación administrativa o infidelidad en la custodia de documentos públicos. Las espadas están en alto y al TS corresponderá decidir sobre si AGO es o no culpable.