Por el grave problema humano que supone la inmigración, en la pastoral del Papa Francisco ocupa un lógico lugar preferente. Pero quizá debido a su personal biografía, el Papa tiende a identificar la actual inmigración (incluso la masiva, ilegal, de origen mayoritariamente africano y musulmán), con la muy diferente que otrora condujo a sus ascendientes italianos hacia Argentina. Una remota visión que conlleva el riesgo de analizar erróneamente la situación, diagnósticos y posibles soluciones de un asunto complejo que, al no ser dogmático, admite variadas respuestas desde la Doctrina Social de la Iglesia.

Sin embargo, en la pastoral de Francisco las respuestas que se apuntan suelen fundamentarse en la repetición de consabidas y simplonas consignas («toda inmigración nos enriquece», «hay que tender puentes y no muros», «todas las culturas son iguales», etc.), junto a alguna que otra referencia bíblica o evangélica de forzadísima aplicación.

Sorprendentemente, esta seráfica política de puertas abiertas a la inmigración legal e ilegal que reclama Francisco desde su pontificado, no se aplicará en el territorio donde él es Jefe de Estado, ya que la Santa Sede promulgó el pasado 19 de diciembre un decreto que amplía las sanciones económicas y de cárcel a quienes accedan a la Ciudad del Vaticano con violencia, amenaza o engaño. Su finalidad es garantizar la seguridad de un territorio de alta relevancia religiosa y diplomática, así como prevenir actos que pudieran poner en riesgo el orden público o la integridad de sus instalaciones.

Qué curioso.