Si hiciéramos caso a los sesudos politólogos y constitucionalistas que han ido atribuyéndose la interpretación monopolística de la Constitución, los verbos «arbitrar» y «moderar» deberían suprimirse de nuestro Diccionario por carecer de significado, o al menos respecto al texto constitucional. Pues no otra cosa cabría deducir del vaciamiento real de contenido que aquellos politólogos y constitucionalistas, siempre progresistas y muy avanzados en la interpretación constitucional que más suele dañar a la nación española en determinados apartados, han ido realizando respecto a dos de las funciones del Jefe del Estado que en su art. 56 le atribuye expresamente la Constitución: «El Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Sin embargo y sorprendentemente, pese a este vaciamiento de significados, el DRAE define el término Arbitrar como «Idear o disponer los medios, medidas o recursos necesarios para un fin/ Actuar o intervenir como árbitro, especialmente en un conflicto entre partes o en una competición deportiva/ Proceder libremente, según la propia facultad y arbitrio/ Discurrir o formar juicio»; y Moderar, como «Templar, ajustar o arreglar algo, evitando el exceso».

De la interacción de ambos conceptos, no parece deducirse que estemos ante dos funciones inanes o de simple relleno colocadas en el texto constitucional para convertir al Rey en una figura meramente ornamental y sin capacidad alguna de decisión; y menos aún si partimos del conocimiento de que en la redacción y aprobación del texto constitucional cada palabra que se iba incluyendo era valorada, pesada y medida con justo rigor. Posiblemente, la peculiar idiosincrasia del anterior monarca, junto a las complejas circunstancias históricas en que fue designado y el manejo interesado de sus manifiestas debilidades humanas, que determinados gobernantes supieron utilizar en su favor, expliquen el cómo y el por qué se ha llegado en España a la situación actual donde el rey se ha convertido poco menos que en una especie de regio muñeco de ventrílocuo y firmante obligado de todo lo que se le ponga por delante, incluyendo su exilio o la disolución de la unidad de España si fuere menester.

Pero a aquel Juan Carlos I, de conducta y acciones tan cuestionables en no pocos aspectos, cuya sola presencia genera hoy unos conflictos que debieran solucionarse cuanto antes, le sucedió su hijo Felipe VI, un nuevo Rey por ahora libre de viejas ataduras, presiones y coacciones, y a quien debemos, por ejemplo, un animoso, valiente y trascendental discurso el 3 de octubre de 2017, tras el golpe institucional de los catalanistas separatistas y ante la pasividad de un Mariano Rajoy desaparecido en combate pero sin combate.

De nuevo atravesamos una situación considerablemente crítica, ya que grupos políticos que se han declarado explícitamente contrarios a la unidad y permanencia de España, parece que pretenden implicarse en el Gobierno de la nación a favor de uno de los candidatos a presidirlo, mas sin embargo, y en claro desprecio por la forma de Estado constitucional y por el mandato del art. 99 CE, han manifestado que ni siquiera procederán al obligado acto de presencia ante el Jefe del Estado para que pueda consultarles y tomar la decisión más adecuada conforme al citado artículo. En este contexto, quizás sea el momento más idóneo para que el monarca pusiera pie en pared y ejerciendo las nada imaginarias ni vacías funciones de árbitro y moderador que le atribuye la Constitución, procediera a actuar en consecuencia y no tomara en consideración alguna los posibles apoyos a cualquier candidato de esos grupos que incumplen manifiestamente la obligación que les impone el reiterado art. 99, 1 CE: «Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno».

PD: Por cierto… ¿Alguien se imagina las amplísimas facultades y el enorme juego que hubieran dado esas mismas funciones de «árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones», en manos de un «monarca» como Pedro Sánchez, si dichas funciones fueran interpretadas por alguien como Conde Pumpido? Miedo da sólo de pensarlo.