Desde que supimos de la imputación (ya condena en firme, sin discusiones) de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, había algo, no sé qué, que me parecía desenfocado.
Revisé aquellos autos para averiguar el motivo de mi desazón, convencido de que la imputación, ya fuese con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o con la antigua, no podía arruinar la presunción de inocencia de nadie. Claro que cabría señalar que si decimos «nadie» eso ha de incluir no sólo a gente de izquierdas, extremo que los más grandes sectarios y los demagogos olvidan con un desparpajo atrabiliario e irredento.

Pero se denomine al momento procesal imputación, inculpación o incriminación, y a los implicados se les califique como encausados, procesados, encartados o sospechosos, lo cierto es que se trataba de reos, es decir, personas acusadas de un delito. Y ahora, una vez juzgados, culpables.

El motivo de mi incomodidad, por tanto, no era el de la exactitud de la terminología jurídica, ni tampoco los juegos malabares que desde entonces han venido realizando en el PSOE y en el Gobierno andaluz para referirse a los inculpados ora como «ese señor» (Susana Díaz dixit), ora como gente respetable por la que ponían la mano en el fuego… Y vuelven a las andadas.

La razón de peso que me incomodaba es que los imputados por prevaricación y por malversación, no lo eran a título privado. Así como el ex presidente de un club de fútbol fue condenado a pena de cárcel por actuaciones suyas profesionales ajenas al cargo que desempeñaba en el club, nos encontrábamos ahora ante el caso absolutamente inverso, pues se trataba esta vez de personas imputadas por actuaciones o decisiones en el ejercicio de los cargos asignados.

Es decir, los implicados, más allá de la responsabilidad penal (y civil si procediera) no eran Manuel Chaves González, José Antonio Griñán Martínez, Gaspar Zarrías Arévalo y José Antonio Viera Chacón con sus DNI y a título privado, sino que lo son en virtud de los puestos que ocupaban. Y es esto lo que agrava el asunto y enfanga a la autonomía andaluza y a su Historia (con mayúscula), pues no se trata de cuatro ‘golfos’ y ni siquiera de cuatro ‘culpables’, sino de algo más… Baste pensar que si en cada Legislatura se hubiese cambiado al candidato que aspiraba a la Presidencia de la Junta, hoy los condenados a título individual serían el doble, presumiblemente.

Si nos remontamos apenas a 2002, período al que se refirieron las pesquisas de la Fiscalía y la juez de instrucción, lo que habríamos visto en el banquillo de los acusados habrían sido nada más y nada menos que cinco presidentes de la Junta de Andalucía (tres de ellos llamados Manolo y otros dos de nombre José Antonio), más dos vicepresidentes del Gobierno andaluz (uno de ellos llamado José Antonio y el otro de nombre Gaspar), más ocho consejeros del Gobierno andaluz desglosados del siguiente modo: dos consejeros de Economía y Hacienda llamados Griñán; un consejero de Industria, Turismo y Comercio de nombre Gaspar; cuatro consejeros de la Presidencia apellidados todos ellos Zarrías y un consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico conocido como José Antonio Viera. En total, dieciocho altísimos cargos, los máximos del escalafón político, de la autonomía andaluza, aglutinados, es cierto, en torno a cuatro nombres propios.

Dedúzcase de cuanto digo, pues, que debiera traernos sin cuidado si ingresan en prisión o no. En mi opinión, el objetivo, aparte la penalidad prevista en las leyes para las personas, ha de ser, en primer lugar, recuperar en lo posible el dinero despilfarrado, prevaricado o malversado (cosa que en este caso será más bien imposible) y, en segundo lugar, que el juicio y las condenas debieran servir para desmontar por completo un sistema desviado y corrupto hasta los huesos para impedir que pueda volver a repetirse, al menos por mucho tiempo, algo similar. Los hechos están probados y atribuida en firme la responsabilidad penal a alguien en concreto, pero repito que, en lo institucional, la condena afecta a una ristra de los más altos cargos, entre ellos cinco presidentes de la Junta, lo que alarga el tiempo de comisión de los delitos.

Lo que vemos, ya digo, es mucho más grave de lo que nos enseña ese listado nominal de personas (en el caso ahora juzgado, dos), ya que la responsabilidad política afecta a ¡cinco presidentes andaluces!, se llamen como se llamen. Y no por ello es un proceso general a la Autonomía, pero sí un proceso a todos y cada uno de los responsables que participaron del modelo. ¿Qué más da si los presuntos prevaricadores hubiesen sido un Ambrosio, dos Juanes, un Camilo, tres Hermenegildos y un Chindasvinto o si sencillamente todos se llamaban Manolo con un sólo DNI? De haber recaído la púrpura del cargo en todo estos años sobre personas distintas, estaríamos hablando de ocho presidentes y otros diez altos cargos y no de cuatro nombres aislados.

La cuestión más grave, por tanto, no es si Gaspar, Melchor o Baltasar (aunque los tres magos, ¡abracadabra!, deberían penar si se demuestran las acusaciones) prevaricaron con el oro, con el incienso o con la mirra, sino la implicación de las más altas instancias políticas, según indicios, en una maraña tramposa y clientelar inadmisible a lo largo de casi dos décadas.

Y una cosa más en relación a los nombres propios: déjense de arremeter contra los jueces que firman al pie los autos y sentencias con su nombre, pues ustedes tampoco están imputados por un quidam a título particular, sino nada menos, porque así lo han querido ustedes, que por… el Tribunal Supremo. Ante la vergüenza de lo ya sumado, debieran empezar a comprender que, si continúan aforados mediante subterfugios, no es para que le sigan faltando al respeto a los tribunales de justicia y a la inteligencia de los andaluces y de todos los españoles.

A las mil trampas para elefantes tendidas durante el proceso contra la juez Alaya y otros muchos, como el nombramiento de senadores aforados de Chaves y Griñán durante un fin de semana ante notario para evitarles un juicio igual al de cualquier otro ciudadano habría que sumar la decisión de Susana Díaz, heredera de aquel tinglado, de retirarse del proceso en cuanto se vislumbró que los suyos acabarían condenados, abandonando así la posibilidad de recuperar el dinero saqueado por los dirigentes de la UGT, del PSOE y del Gobierno andaluz en algo que tiene todas las trazas de ser un acto de prevaricación descomunal y por el que no ha sido juzgada.

Por lo demás, ahora llegarán los indultos o la tramposería de meter a dos tipos en el TC que les permita insistir en la demagogia excelsa de lo buenísimas personas que son los condenados. No se les ha juzgado por enriquecerse, sino por permitir, haciendo caso omiso de todas las advertencias, de que las aseguradoras amigas y muchos dirigentes del sindicato y de su partido estaban llevándose el dinero de los parados «para asar una vaca» a cambio de comprar voluntades electorales por muchos pueblos de Andalucía, lo cual, a la postre, también les permitía a ellos seguir en el cargo.

Pero tranquilos, quedan casi 200 causas abiertas por los ERE y vendrán varios cientos más por el caso de los 2.800 millones saqueados con los cursos de Formación Profesional. Son tan buenas personas que habrá que engrasar la maquinaria de los indultos para que no se recaliente y exculpar incluso a Juan Espadas y a su señora, que sigue cobrando por usar cada mañana el guorlperfe mientras usted se desgañita para cobrar a fin de mes.

He dicho.