Profesionalmente, siempre me he propuesto la defensa de los que se encuentran en situación de debilidad e indefensión. Los más desprotegidos que requieren de una sensible y más humana, si cabe, interpretación de la Justicia pues no cuentan con recursos propios para hacer valer, por sí mismos, sus derechos. Me refiero a los menores y a las personas con discapacidad, incluyendo a los ancianos que terminan perdiendo aptitudes para evitar situaciones de abuso y prevalimiento.

Como Magistrado tuve la satisfacción y el orgullo de poder afirmar que fui el responsable de conseguir la sonrisa y la felicidad de muchos niños que tenían un pronóstico aciago de infortunio. Muchas veces porque unos de sus progenitores, a veces los dos, se habían empeñado en utilizarlos como moneda de cambio, y arma arrojadiza para hacerse daño el uno al otro. Ni la actual legislación, absolutamente polarizada y contaminada por fundamentos ideológicos, ni la discutible preparación profesional de muchos equipos psicosociales, jueces y fiscales, favorecen que se puedan hacer diagnósticos adecuados a fin de ajustar los tratamientos más certeros para corregir esa deriva segura al desastre, la infelicidad y muchas veces los desajustes afectivos, psicológicos y emocionales de esos menores y personas con discapacidad.

Otras veces, es la propia Administración Pública la que actúa de forma incorrecta, lo que no significa que muchas veces actúen de forma proporcional y exigible en defensa de los niños en situación de desamparo y de las personas con discapacidad, provocando el desarraigo injusto de un menor o discapacitado con unos padres y familia que reúnen condiciones y capacidad para atenderles afectiva y materialmente.

Como abogado, este año, puedo también reafirmar ese orgullo. He recibido, como éxito profesional, la mejor medalla que puede recibir quien sólo procura la felicidad de esas personas que dependen de que haya quien interprete que se ha de hacer imperar su interés real, que, muchas veces no es otro que el que marca el más elemental sentido común. Esos niños y personas con discapacidad requieren del amor de las personas que más les quieren, sus padres y madres, cuando además reúnen todos los requisitos de capacidad e idoneidad para su cuidado y atención. A veces intereses espurios ocultan y tergiversan esa premisa de solidaridad familiar, favoreciendo una institucionalización que siempre debe entenderse como el último recurso, pues un niño o discapacitado internado en un centro, siempre se va a ver privado de lo más importante: el cariño, amor y afecto que constituye el mejor alimento para su desarrollo. Hay jueces, fiscales y equipos psicosociales que lo entienden. Otros no, alargando el sufrimiento de forma incomprensible.

Estas Navidades, al menos he podido disfrutar al ver que un niño ha regresado a los brazos de sus padres. El mejor regalo en estas fechas . Para el año 2018 espero que esa alegría se pueda reproducir, pues no me canso de ver la felicidad reflejada en los rostros de los más desprotegidos, los más débiles e indefensos que, sin consciencia de ello,esperan que nunca decaigamos en el empeño de su defensa.