Han transcurrido 1.355 días desde que cumplió el mandato del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno del PSOE y de su aliado Podemos (Ps) y el principal partido de la oposición  -el PP- se culpan mutuamente de esa lamentable  situación. El origen de la actual crisis se encuentra en la pretensión de unos más –PSOE y Ps- y otros menos –PP- de controlar el poder judicial a través del del CGPJ y del Tribunal Constitucional (TC), como puso de manifiesto de forma magistral el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Lesmes, en su discurso inaugural del Año Judicial de 2022,  que se centró en “la independencia del poder judicial como garantía de nuestra democracia”. 

Antecedentes dela crisis del CGPJ

Según el artículo 122 de la Constitución, el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y está integrado por el presidente del TS y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, doce de ellos entre jueces de las distintas  categorías judiciales, y los otros ocho elegidos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre juristas de reconocida competencia, cuatro a propuesta del Congreso y otros tantos a propuesta del Senado. La Constitución establece que los jueces de procedencia judicial serán elegidos “en los términos que establezca la ley orgánica”, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que “determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera”.

Del espíritu de la Constitución y del examen de los antecedentes históricos de su elaboración cabe deducir que la voluntad de los constituyentes era que los consejeros de origen judicial fueran escogidos por sus pares. De no haber sido tal el caso, habría bastado con extender el modo de elección de los juristas a todos los consejeros. Así lo entendió el Gobierno de turno que, en la LOPJ de 1980, estableció que los miembros del procedencia judicial serían elegidos por sus colegas de profesión. 

No obstante, el Gobierno de Felipe González modificó en 1986 la LOPJ y decidió que fueran elegidos por las Cortes. El PP presentó un recurso de anticonstitucionalidad, pero el TC –en su sentencia de 29 de julio de 1986- avaló la legalidad del cambio, alegando que la forma de elección no estaba predeterminada en la Constitución, ya que la remitía a una futura ley orgánica. El Tribunal no se quedó con la conciencia tranquila por su decisión y advirtió que se corría el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional si -a la hora de efectuar sus propuestas- las Cámaras olvidaban el objetivo perseguido y atendían sólo a la división de fuerzas existentes en su seno, y distribuían los puestos a cubrir entre los partidos en proporción a su fuerza parlamentaria. “La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y, entre ellos  y señaladamente, el poder judicial”. La existencia y la probabilidad de ese riesgo creado por un precepto que hacía posible una actuación contraria al espíritu de la Constitución, parecía aconsejar su sustitución por otro precepto, pero no era fundamento suficiente para declarar su invalidez. El precepto impugnado era susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no imponía necesariamente actuaciones contrarias a ella.

Los temores del TC se materializaron y los dos partidos mayoritarios se distribuyeron los puestos en el Consejo en proporción a su situación parlamentaria, y nombraron consejeros a jueces cercanos a sus respectivas ideologías, dejando los criterios de capacidad y mérito en un segundo plano. Según el magistrado del TS, José Luis Requero, el CGPJ ha pasado a ser botín de los partidos políticos, que han primado no el esfuerzo, el mérito y la capacidad, sino la relación personal, la afinidad ideológica o el saber situarse o relacionarse. El poder judicial no podía seguir siendo una orquesta sin director ni partitura, pero el director no podía ser el poder ejecutivo, porque, en ese caso, se acabaría la interpretación orquestal y sería sustituida por un solo actor gubernamental

Para Rafael Jiménez Asenjo, la elección de todos los miembros del CGPJ por las Cortes suponía una lectura inadecuada del principio de separación de poderes establecido en la Constitución, porque, en vez de garantizar un régimen de pesos y contrapesos –“checks and balances”- entre los tres poderes, permitía un confuso maridaje del ejecutivo- legislativo con el judicial, y carecía del equilibrio requerido. Pretender que las Cortes validaran un pacto entre los partidos políticos sin una comprobación objetiva de la competencia profesional y de la integridad moral de los candidatos propuestos era un insulto a la inteligencia política de los ciudadanos. Los partidos metían la cuchara política hasta el fondo del plato, con el fin de tener un poder judicial domesticado y a su servicio.

Esto es lo que ha pretendido el actual Gobierno, que está haciendo todo lo posible -sin reparar en medios- para controlar el poder judicial. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para alcanzar la mayoría requerida para la renovación, el PSOE y su socio “podemita”  presentaron una proposición de ley para fijar la mayoría simple como baremo para la elección de los miembros del Consejo de procedencia judicial, pero tuvieron que cejar en su empeño cuando la Comisión Europea le  mostró a Sánchez la tarjeta amarilla, y le recordó la recomendación de la UE y de la Comisión de Venecia de que los jueces fueran elegidos preferentemente por sus pares. No obstante, el Gobierno cometió una nueva fechoría al realizar una reforma de la LOPJ para prohibir al CGPJ que, a partir del momento en que hubiera expirado su mandato, ejerciera su función de nombrar magistrados para cubrir las vacantes que se produjeran.

Situación actual del CGPJ

Como ya dije al principio, el PSOE y Ps no son los únicos culpables de la situación de no renovación del CGPJ, sino que el PP también tiene una importante cuota de responsabilidad. A pesar de su fallido recurso y a la inclusión en su programa electoral de la modificación de la LOPJ para regresar a la fórmula de elección judicial de 1980, cuando el PP llegó al poder incumplió su promesa y mantuvo la fórmula socialista, incluso cuando gobernó con mayoría absoluta. En 2018, llegó a un acuerdo con el PSOE de intercambio de cromos para la constitución de un CGPJ de mayoría progresista, bajo la presidencia del prestigioso magistrado  Manuel Marchena, pero el chanchullo se fue al traste cuando se filtró el imprudente comentario del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cossidó,  en el que justificaba la renovación acordada como una estupenda jugada que permitiría al partido controlar la Sala Segunda del TS “por la puerta de atrás”. Marchena renunció dignamente a su candidatura y el acuerdo quedó bloqueado. Pablo Casado, propuso volver al “statu quo ante”, pero su propuesta –que carecía de credibilidad- fue rechazada por el Congreso. 

Los Gobiernos tienen la tentación de ocupar todas las parcelas del poder y el de Sánchez aspira a controlar la esfera judicial, en contra de la independencia de los jueces y a favor de sus intereses. La solución sería renovar el CGPJ y a la vez modificar el modo de elección de sus miembros.  

En septiembre de 2021,  el PP propuso renovar el CGPJ conforme a la normativa en vigor, siempre que el Gobierno presentara previamente en las Cortes una propuesta para enmendar la LOPJ conforme a lo establecido en 1980, pero el Gobierno se negó en redondo. A lo más que llegó la ministra-portavoz , Isabel Rodríguez,  fue a señalar que –una vez cumplida la Constitución y la ley- el Gobierno podría  afrontar la reformas. La ministra de Justicia -la juez Pilar Llops- fue más restrictiva aún al afirmar: “Renovemos los órganos constitucionales y abramos posteriormente los debates”. Cabría haberle dicho al Gobierno lo de Don Juan Tenorio. “¡Cuan largo me lo fiáis!”. El Gobierno supeditaba la reforma a la renovación, para una vez conseguida ésta y formado un Consejo con una mayoría de miembros afines, “si te vi no me acuerdo”. La renuencia del PP era, por tanto, comprensible, porque –como se ha preguntado Carlos Herrera- “¿qué valor tiene la palabra de Pedro Sánchez?”.

La clave de esta radical actitud la dio el nuevo fontanero mayor del Reino y perpetrador de las continuas chapuzas del Gobierno, Félix Bolaños, cuando afirmó que, en una sociedad democrática, los jueces no podían elegir a los jueces, ni los políticos a los políticos. Esta afirmación era del todo  falaz porque los jueces sí eligen a los jueces –o, al menos, a la mayoría de ellos- en los países democráticos de la UE, y los políticos  eligen a los políticos, tanto en las Cortes como en el Gobierno. Sánchez, acusó al PP de “insumisión constitucional” y “tuiteó” que  su Gobierno se enfrentaba a la oposición más furibunda de Europa, que había bloqueado durante más de mil días la renovación de los órganos constitucionales, lo que lo situaba fuera de la Constitución. Esto lo decía un presidente que ha vulnerado la Constitución cuantas veces le ha convenido, recurrido hasta la saciedad por razones de inexistente urgencia a los decretos-leyes que luego eran declarados inconstitucionales por el TC, y condonado la insumisión de la Generalitat a cumplir las sentencias de los Tribunales.

No obstante, en octubre de ese año el Gobierno y el PP llegaron a un acuerdo para renovar a un tercio de los miembros del TC y a todos los miembros del Tribunal de Cuentas, y para elegir Defensor del Pueblo a Ángel Gabilondo, y Directora de la Agencia de Protección de Datos a Belén Cardona. El compromiso negociado por Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue nefasto para los intereses españoles. El PP colocó en el TC a sus candidatos Concha Espejel y Enrique Arnaldo –acusado de corrupto por la izquierda-, y el PSOE a los suyos, Juan Ramón Sáez –juez progresista radical- e Inmaculada Montalbán. Aunque se dijo que había sido una selección por consenso de “profesionales  de prestigio reconocido  y una dilatada trayectoria profesional”, por primera vez  ninguno de los seleccionados era magistrado del TS y -en opinión de muchos expertos- no eran los candidatos más cualificados para el TC.

El Tribunal de Cuentas fue entregado al PSOE. El PP sacrificó a su vicepresidenta, Margarita Mariscal de Gante -que había sido la ponente de la sentencia que condenó a los sediciosos políticos catalanes a una importante sanción económica-, porque había sido ministra de Justicia en el Gobierno de Aznar -aunque no parecía importarle que también lo hubiera sido la Fiscal General, Dolores Delgado, en el Gobierno de Sánchez. Los socialistas entraron a saco en el Tribunal y no tardaron en exonerar a los sediciosos para que el presidente pudiera saldar parte de su deuda con los paridos separatistas catalanes.

Gabilondo habría sido un buen candidato si no se hubiera desprestigiado durante su período al frente del PSOE madrileño, en el que mostró su faz sectaria de político socialista, y su falta de objetividad y de neutralidad requeridas para desempeñar un puesto tan importante para todos los ciudadanos , con independencia de sus idea políticas. El nombramiento en la Agencia de Protección de Datos fue anulado por el TS. 

Ambos partidos afirmaron que no se habían acercado las posturas sobre la renovación del CGPJ, pero, por la reciente filtración del diario “El País” –siempre al servicio de S.M. el Gobierno socialista de turno- hemos sabido los ciudadanos españoles que el 21 de octubre de 2021, los susodichos Bolaños y García Egea habían firmado un acuerdo secreto para que los grupos parlamentarios de ambos partidos presentaran conjuntamente en las Cortes una proposición para la reforma de la LOPJ, a fin de conseguir el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del TC causado por la no renovación del CGPJ -después de la elección por las Cámaras de los nuevos miembros del TC, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Agencia Española de Protección de Datos-, mientras se seguía buscando un acuerdo para la renovación del CGPJ. Todo era posible –según García Egea- con voluntad e intención de ceder y en ello, nadie ganaba al PP de Casado y su “factotum” García Egea.

El acuerdo era tan secreto que no fue conocido por la mayoría de los dirigentes del PP y –según declaró a “El País” el flamante secretario del Partido, Alberto Núñez Feijóo- ni siquiera por él. El texto del citado acuerdo fue conocido –al parecer- por la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y por el responsable de Justicia, Esteban González Pons, cuando les fue mostrado por el propio Bolaños, perejil de todas las salsas jurídicas.

La noticia sobre el acuerdo no ha sido revelada por el BOE-bis del PSOE por  “animus informandi”, dado que es más que probable que el periódico lo conociera desde hace tiempo, sino para crear confusión y enfrentamientos en el seno del PP, en un momento en que hasta las encuestas cocinadas por el “gurú” socialista, José Félix Tezanos, auguran una ventaja del PP sobre el PSOE en el caso de que se celebraran unas elecciones generales. “Cui prodest?”. El periódico –especialmente a través de sus reporteras Natalia Junqueras y Elsa García de Blas- airea en sus páginas la simpar noticia un día sí y otro también, y ha lanzado una campaña por tierra, mar y aire para desprestigiar a Feijóo. A ella se ha sumado el Rasputin monclovita Bolaños, que ha repetido a las invectivas de su jefe “ad personam”, al afirmar que no era de fiar porque no cumplía lo que firmaba su partido. Lo ha acusado de mentir cuando declaró a “El País” que no tenía conocimiento del texto del acuerdo.

Con independencia de que Feijóo conociera o no el texto del susodicho acuerdo –y, a la hora de valorar el crédito de los personajes, me parece más digno de fiar Feijóo, que un presidente Sánchez o un ministro Bolaños que utilizan la mentira como una de las bases de su Gobierno. En todo caso, Feijóo ya le dijo a Sánchez en su primera entrevista que estaba dispuesto a negociar todos los temas pendientes –incluida la renovación del CGPJ-, pero a partir de cero. Aún en el caso hipotético de que Feijóo conociera el texto, el pacto Bolaños – García Ejea no es un tratado internacional que deba ser respetado por las Partes, sino de un mercadeo político que, a lo sumo, obligaría a sus signatarios. El secretario general del PP tiene el derecho y el deber de no respetar un pacto secreto si considera que sus cláusulas son contrarias a los intereses de España. Aunque lo pretenda –como ha ocurrido con su misiva sobre el Sáhara Occidental al rey de Marruecos, Mohamed VI- Sánchez, por fortuna,  no se confunde necesariamente con España. a pesar de su pretensión de asumir los poderes ejecutivo, legislativo, judicial e incluso real.

Sobre el fondo de la cuestión de la renovación del CGPJ, el PP de Feijóo debería dejarse de titubeos y mantener sus principios, tal como hizo al adoptar la LOPJ de 1980, al presentar su recurso ante el TC y al incluir en su programa electoral su compromiso de que los miembros de procedencia judicial del Consejo sean elegidos por los jueces. Lleva razón en su posición y cuenta con el apoyo de la UE, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa, así como de la mayoría del pueblo español, que está ya harto de los desafueros de Sánchez y de su Gobierno social-comunista.

Por supuesto que es anómalo que el CGPJ llevé más de tres años sin ser renovado, como ha manifestado por activa y por pasiva su presidente Lesmes, pero la situación de la justicia no se ha deteriorado tan gravemente como afirma el Gobierno, porque el Consejo sigue en funciones y cumple  con su cometido cuando el Gobierno lo deja. Ha sido precisamente éste el  que ha puesto en riesgo a la justicia cuando ha intentado reducir el “quorum”  requerido para el nombramiento de los consejeros judiciales o  ha privado al CGPJ de su función fundamental de hacer nombramientos judiciales. El PP debe mantener su postura hasta que el Gobierno acceda a cumplir los mandatos de la UE y del Consejo de Europa sobre la designación de los miembros del CGPJ.