La política partidista en la que vivimos, o sea, la partitocracia, nos aboca irremisiblemente a sufrir continuos y avasalladores ataques demagógicos por parte de los diferentes partidos, los cuales consideran a sus votantes y no votantes como menores de edad mental, aborregados y sin criterio ni principios políticos definidos, que se dejan manejar a golpe de estrategia y de trampas saduceas dirigidas a la manipulación ideológica más primaria (y lo malo es que esto es verdad en demasiado volumen de población).

Uno de los ejemplos más recientes lo tenemos en esa subida descomunal del salario mínimo (el llamado SMI) perpetrada por este Gobierno que sufrimos, a golpe, como es su «democrática» costumbre, de Decreto-Ley.

A sabiendas que es impopular manifestarse en contra de tan «benefactora» medida, diré que, según ha aparecido en prensa, el Banco de España ya ha rebajado en tres décimas su previsión de creación de empleo para el año que viene, hasta el 1,6 %, debido al «impacto que tendrá el alza del SMI» en términos de destrucción de empleo, y que también la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) estima que el incremento del empleo se «moderará» en 40.000 personas en 2019. También se ha difundido que el secretario de Estado de Seguridad Social aseguró que el alza del SMI puede restringir la creación de empleo en algunos sectores, como el agrario, los servicios, el comercio minorista o la limpieza.

Pero yo quiero centrarme no en los grandes números macroeconómicos sino en la pequeña economía, en la familiar, en la que parecen no tener en cuenta los demagogos profesionales que nos desgobiernan, y pondré para ello un ejemplo, el de una familia, diremos que cercana a mí, con cuatro hijos, y,  por azares del destino, dos de ellos discapacitados severos, con un solo sueldo para mantener a esos seis miembros, dado que uno de los padres se vio obligado a dejar su ocupación profesional para poder atender las muchas obligaciones añadidas que suponen las discapacidades de sus hijos, y con la necesidad de contar con una persona contratada que les ayude en la difícil tarea de llevar adelante esa familia. Una familia que quiso hacer las cosas bien y, por tanto, y no como Echenique, tiene asegurada a esa persona, lo que le supone más de mil euros mensuales entre salario y seguridad social, y que ahora, con un solo sueldo como digo, tiene que afrontar la graciosa dádiva del demagógico Gobierno con los medios de que dispone si no quiere quedarse con esa ayuda que les es fundamental para tener algo parecido a una vida.

Esa familia tendrá dos opciones: apretarse aún más el cinturón y privarse de otras cosas para poder cumplir la ley, o bien tirarse al monte incumpliendo la ley y contratando «en negro» a la persona que les ayuda, con el inconveniente de que esta persona presumiblemente no querrá prescindir de esos derechos adquiridos, con lo cual sólo les quedará la primera opción.

Y es así como una medida vendida como «humanitaria» y de «justicia social», y que no es más que demagogia de la peor clase, lo que provoca es la defraudación y el perjuicio del personal menos cualificado y, de paso, deja a la intemperie a multitud de familias en igual o parecido caso al del ejemplo que no son grandes ni medianas empresas sino meras economías familiares que, debido a sus particulares circunstancias, precisan de una ayuda en su hogar y, esas sí, y no el Gobierno con su demagogia, crean empleo.