Por mucho que lo repitan los encenagados altavoces mediáticos y afines al régimen sanchista, el indulto a los responsables políticos de los ERE que ha pergeñado el aventajado aprendiz de dictador que reside en La Moncloa, evidencia la desvergüenza e inmoralidad que se ha aposentado no solo en el palacio presidencial, sino también en ese casi 50% de la población española que ha acogido la desigualdad como forma de manifestación patriótica.
Tapaditos bajo las enaguas del vestido de gala que el felón ha diseñado para los golpistas catalanes -lo que le permite seguir a los mandos de un gobierno incapaz de aprobar una sola ley- los responsables del mayor caso de corrupción de Europa, aprovechando los efluvios estivales, están siendo digamos absueltos por la mayoría de un Tribunal Constitucional que mipersona ha dispuesto a medida de sus intereses.
Francisco Javier Guerrero, exalcalde de El Pedroso y ex Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, abrió el caso de los ERE cuando declaró en sede policial hace ya 14 años que disponía de un “fondo de reptiles destinado a las criaturitas de Andalucía” (sic).
La Audiencia de Sevilla ha dictado trece sentencias, todas condenatorias y ratificadas por el Tribunal Supremo. La primera -pieza matriz- condenó a los quince ex altos cargos que, desde el pasado día 2 y hasta el próximo 14 de julio, están siendo exonerados (la mayoría parcialmente) como autores del mecanismo excepcional e ilegal de los ERE, a través del cual se repartieron ayudas omitiendo todos los controles, como demostró el propio Interventor General de la Junta de Andalucía que había apercibido en docenas de ocasiones a los responsables políticos.
A la primera sentencia se unieron otras doce, las que incluyen ayudas “más modestas”, que pasaron casi desapercibidas a pesar de contarse por docenas los beneficiarios de este cuponazo juntero, con premios que fueron desde los 8,5 millones, en el que uno de los implicados se apellidaba Rodríguez de la Borbolla, a los 25.000 euros que beneficiaron a una carpintería jerezana. Las trece sentencias incluyeron las condenas de 33 personas, entre los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y los empresarios que recibieron las ayudas, floristas y churreros de la Sierra Morena, entre otros.
Dice el artículo 159 de nuestra carta magna que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Desde hace dos años, sin embargo, son once sus componentes tras la renuncia forzada en julio de 2022 de un magistrado tras sufrir un ictus.
Y todos ellos, elegidos legalmente, debieran ser respetados en la misma medida, sin embargo también en esto hay diferencias…
De los cuatro miembros tildados de conservadores, todos magistrados (Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa), solo el segundo tuvo una relación, siquiera indirecta, con el PP, en la etapa en la que formó parte de un despacho de abogados que trabajó en la defensa de Ignacio González en el proceso relacionado con el supuesto regalo de un ático de lujo en Estepona, caso que resultó archivado tras siete años de instrucción, ante la inexistencia de indicios. Al efecto, cabe recordar hoy que la tercera fue recusada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y apartada del juicio del caso Gürtel –tomenustedegüenanota– por “haber sido nombrada vocal del CGPJ a propuesta del PP” y haber recibido una condecoración de manos de la entonces secretaria general de los populares, Cospedal.
Sobre los siete miembros calificados como progresistas –cinco magistrados (Conde-Pumpido, Sáez, Montalbán, Campo y Segoviano) y dos catedráticas de Derecho Constitucional (Balaguer y Díez)-, hay materia para detenerse. Parangonemos primero con las docentes:
– María Luisa Balaguer: Tiene en su haber ser la primera catedrática de Derecho Constitucional de Andalucía. Mantuvo una estrecha relación con diversos organismos de la administración andaluza en los primeros años del siglo: dirigió, además de la revista Artículo 14, una perspectiva de género, editada por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, dos congresos de Derecho Constitucional organizados por el Parlamento de Andalucía; además, formó parte del Comité de Ética de la Consejería de Salud, del Observatorio de Publicidad del Instituto Andaluz de la Mujer y del Consejo Asesor de la Junta de Andalucía para la modernización del Estado de las Autonomías. A la vez, fue consejera electiva del Consejo Consultivo de Andalucía entre 2005 y 2017.
¿Merecería este currículum su abstención en el fallo de las sentencias exoneradoras que el Constitucional, en homenaje al “jeringuero” intruso de El Pedroso, está publicando como churros en estas dos semanas? Ustedes mismos.
– Laura Díez: Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona desde 2020, ha desempeñado diversos cargos en el Gobierno de la Generalidad y del Parlamento de Cataluña y durante el Gobierno de Sánchez ha desempeñado sus funciones en el complejo de La Moncloa hasta ayer por la tarde, concretamente en el Ministerio de la Presidencia entre 2018 y 2022, el último al mando de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica.
¿Merecería este currículum su abstención en el fallo de las sentencias citadas? Ustedes mismos.
A continuación, vamos con los magistrados en orden inverso, en su caso, a la obscenidad de sus nombramientos y a la desfachatez de sus actuaciones:
– María Luisa Segoviano: De una trayectoria intachable, fue Magistrada del Tribunal Supremo desde 2006 hasta octubre de 2022 en la que recaló en el Constitucional. En noviembre de 2020 se convirtió en la primera mujer en presidir la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
No deslizo la anterior pregunta. Ustedes mismos.
– Juan Ramón Sáez: Vinculado a Podemos, fue designado en 2021 magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del PSOE. Anteriormente, a propuesta de Izquierda Unida, fue miembro del CGPJ entre 1996 y 2001. Fue conocido como el juez antisistema de la Audiencia Nacional y es autor de la sentencia absolutoria por bloquear el Parlamento de Cataluña en 2011 que fue recurrida -¡qué tiempos aquellos!- por la Fiscalía y por el Gobierno y el Parlamento catalanes. En sus actuaciones ha demostrado su independencia.
Por segunda y última vez, no deslizo la anterior pregunta. Ustedes mismos.
– Inmaculada Montalbán: La actual vicepresidente del Tribunal Constitucional se ha convertido en el alma mater de las ponencias de las sentencias que están viendo la luz estos días y que está aliviando penas y, con excepción de Viera, situando en la calle a todos los encarcelados y por encarcelar de la trama de los ERE. Dicen de ella que es una “pionera en el estudio y análisis de la perspectiva de género como criterio de interpretación de las normas y precursora de una nueva línea jurisprudencial que aplica dicho principio” (sic). Resalta en su vida laboral que, con anterioridad, entre 2008 y 2013, fue vocal del CGPJ, momento aprovechado por un tal José Antonio para firmar el Decreto 47/2012, de 21 de febrero, en el que, reconociéndole los méritos suficientes para hacerse acreedora a la referida distinción, previa deliberación del Consejo de Gobierno, presidido por él mismo, concede a doña Inmaculada Montalbán Huertas la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.
Inmaculada Montalbán aplaudida por Griñán, tras recibir la Medalla de Andalucía en 2012. Febrero 2012. Foto: EFE
Sus palabras, al enterarse de la distinción, parecieron premonitorias de lo que habría de ocurrir 12 años después: “Emocionada y entusiasmada, la Medalla me hará trabajar más por una mejor calidad democrática de nuestra sociedad y para responder a mi gente, que son los andaluces”. Se salva porque Chaves es ceutí y Griñán madrileño.
¿Merecería el somero pero laureado currículum de esta granaína de Iznalloz, no solo su abstención en la votación de los correspondientes fallos sino en su ejercicio como ponente de las sentencias citadas, entre ellas la del propio Griñán? Ustedes mismos.
– Juan Carlos Campo: Hablamos ya de un trofeo de caza mayor, lo que merece más detención. Ejerció su labor jurisdiccional en distintos juzgados de la provincia de Cádiz para finalizar su carrera en la Audiencia Provincial gaditana desde donde dio el salto a una vocalía en el CGPJ, entre 2001 y 2008, a propuesta del PSOE.
A partir de ahí, comienza su carrera política: fue Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía (1997-2001) con Chaves al aparato. Entre 2009 y 2011 dio el salto a Madrid como Secretario de Estado de Justicia, para volver en noviembre de 2014 a su tierra y ser nombrado Secretario General de Relaciones con el Parlamento, ya con Susana Díaz a los mandos. Y a partir de ahí, patada hacia arriba y salto definitivo a la Villa y Corte, tras resultar elegido diputado por Cádiz en 2015 y en 2019… sí, perdón… por el PSOE. No tuvo reparos para vicepresidir la Comisión de Calidad Democrática, Contra la Corrupción y para las Reformas Institucionales y Legales.
En 2020 fue nombrado ministro de Justicia en el segundo gobierno de Pedro Sánchez, mientras -¿que no soy capaz?, ¡sujétame el cubata!- mandaba a Dolores Delgado a presidir la Fiscalía General del Estado, tiempo que aprovechó para, ya al final de su mandato, aprobar los indultos a los condenados por el proceso secesionista catalán.
Tras otro breve paso de 18 meses por la judicatura (Sección Penal de la Audiencia Nacional), Sánchez, adelantándose a la jugada, lo encarama al Tribunal Constitucional, prometiendo su cargo ante el Rey el día de Nochevieja de 2022.
Pese a su hoja de servicio de innegable servidumbre socialista, se nos vendió como un tío legal cuando tuvo la grandeza, ya en el Constitucional, de solicitar (no llegó a ser valorado por el Pleno) su no participación en los debates sobre la ley de amnistía ya que fue el encargado de tramitar, como Ministro de Justicia, los indultos a los condenados del procés y se había mostrado públicamente contrario a la amnistía y al perdón total de los delitos; es decir igual que sus correligionarios hasta la jornada de reflexión de las últimas elecciones generales. ¡Qué tiempos… otra vez!
Campo, al contrario que con la amnistía, sí viene votando en estos días los recursos de amparo en el mayor caso de corrupción conocido en Europa. Ahora se le presenta de nuevo la ocasión de abstenerse en las sentencias de su exjefe en la Junta de Andalucía y de su sucesor.
El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en Zahara de los Atunes. Agosto 2020. Foto: elmira.es
¿Merecería el extenso y político currículum socialista de este ursaonense, su abstención en la votación de los correspondientes fallos? Ustedes mismos.
– Cándido Conde-Pumpido: El perejil de todas las salsas obtuvo destino en 1981 como magistrado de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en los peores años del terrorismo etarra y en 1985 ya había hecho méritos para que, con la llegada de Felipe González a la presidencia del gobierno, fuera nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, cargo en el que fue renovado en 1991. Sorprendentemente, ya por entonces pasilleaba por los distintos estancias de la Junta de Andalucía en el palacio de la calle Monsalves.
Desde 1995 a 2004 desempeñó sus funciones en el Tribunal Supremo como magistrado, año en el que fue propuesto por el infausto Zapatero como Fiscal General del Estado, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2011 y del que su principal aportación al mundo abertzale pervive aún: tras pavonearse de aplicar la ley con rigor, aclaró a continuación que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”. Regresó a su plaza del Supremo hasta marzo de 2017, fecha en la que fue elegido vocal del Constitucional.
Lo que parecieron sendos momentos de dignidad, cuando se abstuvo en el Supremo de participar en las deliberaciones de los casos de los ERE fraudulentos y del “procés”, se antojan hoy como la estrategia de este muñidor profesional para la inminente exculpación de los responsables políticos de ambos procesos. Y es que ya lo dijo un tal Alfonso de apellido Guerra cuando comparaba la acometida a plazos contra la Constitución con un chorizo al que, loncha a loncha, se va haciendo desaparecer hasta que la cuerdecita queda colgando.
Mucho me temo que ya a estas alturas esté todo el pescado vendido y que ni siquiera sean necesarias las súplicas y oraciones de Mercedes Milá a su marido fallecido, para que siga ayudando a Sánchez… está todo atado y bien atado.
