Tras verse libre del estorbo del ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González, gracias a los malos oficios de su embajador “in partibus  in fidelium”, José Luis Rodríguez Zapatero (ZP), Nicolás Maduro se sintió magnánimo y habló por una vez bien de su vencedor, al que calificó de embajador y expresó su satisfacción por su nobleza, al haber reconocido que había perdido las elecciones y haber puesto Atlántico por medio. Sin embargo, cuando González -una vez a salvo en España- dijo que había sido forzado a firmar su carta de renuncia, que carecía por tanto de cualquier valor jurídico, el tiranosaurio venezolano volvió a las andadas y le propinó toda suerte de insultos, entre los que el de “inmundo” era el más suave.

La situación interna no ha cambiado nada, pues Maduro y sus esbirros siguen en el poder cometiendo toda clase de tropelías con la oposición democrática y la sociedad civil, pero la situación internacional empieza a cambiar, aunque no lo suficiente. La Comunidad Internacional ha pedido de forma casi unánime al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique las actas de las elecciones, cosa a lo que se niega porque supondría reconocer que González ganó las elecciones, y lo paradójico del caso es que, pese al flagrante incumplimiento del Consejo de su función como órgano constitucional, la mayoría de los Estados que exigen la publicidad de las actas afirman de forma hipócrita que no pueden reconocer el triunfo de González porque dichas actas no han sido publicadas, aunque la mayor parte de ellas -el 81.7%- sí lo hayan sido por parte de la oposición, y han mostrado la contundente derrota de Maduro. Ante el evidente fraude cometido en las elecciones presidenciales venezolanas, los miembros de la Comunidad Internacional han adoptado posiciones bien diferentes:

1.-Apoyo incondicional: Lo han adoptado los países bolivarianos -Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua-y los aliados antioccidentales de Maduro -Rusia, Bielorrusia, Siria, China, Corea del Norte e Irán-, así como el Grupo de Puebla  y ZP, quienes han aceptado la decisión del CNE y del Tribunal Supremo, pese a que no se ha mostrado prueba alguna del triunfo de Maduro, al negarse el Gobierno chavista a que se publiquen las actas electorales.

2.-Oposición radical: La han asumido los Estados democráticos de Iberoamérica como 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, e incluso Chile, por lo que Maduro ha decidido romper relaciones diplomáticas con ellos, al estimar que están subordinados a los intereses de Estados Unidos y abiertamente comprometidos con los postulados ideológicos más ensordecedores del fascismo internacional. La mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos comparten esta tesis.

3.-Equidistancia vergonzante: La han practicado Brasil, Colombia y Méjico, que se han ofrecido como mediadores desde una posición que no resulta aceptable, porque no cabe ser equidistante entre la democracia y la dictadura. Aunque exijan la publicación de las actas con la boca pequeña, no han reaccionado ante la negativa de Maduro a hacerlo, lo que supone en la práctica un apoyo implícito. Estiman que es necesario resolver el “conflicto” mediante el diálogo y la negociación entre las partes, pero no cabe diálogo alguno entre quienes han ganado limpiamente las elecciones y los que se niegan a mostrar las pruebas de su supuesta victoria, reprimen con violencia las manifestaciones pacíficas, y obligan mediante amenazas y chantajes a que el vencedor de los comicios tenga que exilarse. Han llegado a sugerir que se repitan las elecciones, algo que resulta inconcebible, pues -pese a los obstáculos puestos por  el Gobierno chavista- el pueblo venezolano se ha podido expresar y ha dado la victoria a la oposición. No cabe un término medio entre el SÍ y el NO, pues o ha ganado Maduro, o ha ganado González, y las pruebas de que éste ha sido el vencedor son harto evidentes..

4.-Crítica más de palabra que de obra: Ha sido seguida por Estados Unidos, la Unión Europea -incluida España- y la mayoría de los países occidentales. Con un buenismo un tanto hipócrita han estimado que las elecciones han sido fraudulentas y las ha perdido Maduro, que está realizando una criminal labor de represión de los demócratas, pero no acaban de reconocer formalmente el triunfo de González, ni de tomar medidas eficaces para forzar a Maduro a que acepte su derrota y deje vía libre a un Gobierno de la oposición. Esta posición se ha plasmado en un comunicado conjunto publicado el 26 de septiembre en Nueva York por 31 Estados, a propuesta de Estados Unidos.

En ese comunicado se indicaba que los observadores electorales internacionales habían documentado la falta de garantías y de transparencia de las elecciones, y denunciado la ausencia de integridad del proceso electoral -en particular por la negativa del CNE a publicar los resultados detallados y verificables de los centros de votación de forma independiente-, y que González resultó vencedor según los registros electorales disponibles, por lo que la voluntad expresada en las urnas por el pueblo venezolano debía ser respetada.“. Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien discusiones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes con el fin de resolver el impasse político del país y restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica, de conformidad con la ley venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio”.

La declaración está plena de un buenismo poco realista. Como ha señalado Pablo Suanzes, la posición de la Comunidad Internacional es clara, pero el camino es tortuoso, porque -aunque den por hecho la victoria de González- estiman que la transición de poderes debe hacerse en el país por acuerdo entre las partes y no puede ser impuesta desde fuera, para no volver a caer en el error de 2019 de reconocer  a Juan Guaidó como ganador de las elecciones, pero manteniendo el reconocimiento al Gobierno “de facto” de Maduro, en vez de romper con él y obligarle a reconocer su fracaso. El hijo de Chávez conservó el poder gracias al uso de la fuerza, y el candidato electo pasó a la Historia sin pena ni gloria.  Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, todos creemos que la voluntad democráticamente expresada por los venezolanos triunfe, pero ese objetivo tiene que lograrse por medio del diálogo y la negociación, y la solución ha de ser venezolana y no impuesta desde fuera,. pero seguir confiando en una solución negociada con el dictador es de una ingenuidad apabullante, pues -como ha comentado Iñaki Anasagasti- a un tigre no se le puede hacer la manicura. Si los países democráticos quieren realmente que se restablezca la democracia en Venezuela, tendrán que tomar las medidas de presión de que disponen -especialmente Estados Unidos- en los ámbitos económico, político y judicial.

Estados Unidos cuenta con un arma fundamental como es la del gas y el petróleo, productos fundamentales para mantener la economía venezolana, junto con los ingresos por el narcotráfico. El problema es que hay muchos intereses económicos en Estados Unidos y en otros países occidentales, que se oponen a las medidas sancionadoras a Venezuela en este ámbito, porque el cese o la disminución de la importación acción de productos energéticos venezolanos supondría un aumento del precio de la gasolina, de la nafta y del gas. Ya al llegar al poder, Joe Biden levantó parcialmente las sanciones económicas a Venezuela y, tras el Acuerdo de Barbados de 2023 -donde Maduro se comprometió a celebrar unas elecciones libres- se levantaron o suavizaron las sanciones que estaba haciendo mella en la economía venezolana. 

La producción de gas y petróleo en Venezuela se lleva a cabo gracias a la  política que permite que petroleras lideradas por Chevron -entre las que figuran la española REPSOL, la italiana ENI y la francesa Maurel et Prom- exploten sus yacimientos. La vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, está a partir un piñón con los directores de estas empresas y -a diferencia de con otras compañías españolas- mantiene línea directa con el representante de REPSOL, Luis Antonio García. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido su apoyo a la oposición venezolana y criticado la posición de las empresas españolas por su contribución a la financiación del régimen de Maduro, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo ha tildado de irresponsable, porque su declaración perjudicaba a los empresarios. Al parecer, los insultos de Óscar Puente a Javier Milei y la retirada de las embajadora de España en Buenos Aires no afectan a nuestras empresas en Argentina -que son más importantes que las de Venezuela-. El vil metal está por encima de los principios.

El Partido Republicano empieza a criticar esta situación. Como ha apuntado la congresista María Elvira Salazar, Maduro ha intensificado su brutalidad desde el 28 de julio a través de la cárcel y de la muerte y, mientras tanto, las compañías petroleras  estadounidenses y occidentales han aumentado su extracción y sus ganancias, alimentando así la maquinaria tiránica de opresión. Ha exigido la revocación de los permisos de explotación, porque, “al permitir que estas compañías sigan operando en Venezuela, el régimen de Maduro conservará el apoyo financiero que necesita para seguir su represión”. El Partido Demócrata también ha empezado a ser sensible a esta contradicción. El jefe de la Oficina de Asunto del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha comentado que dicha política podía tocar a su fin, pues su Gobierno estaba estudiando las opciones posibles, incluida la revocación de las licencias de explotación. A medida que avance la campaña electoral, aumentarán las presiones sobre el Gobierno para que adopte una actitud más firme con Venezuela.

Aunque las sanciones económicas sean las más efectivas, hay otras medidas de presión que deberían ser adoptadas por los países demócratas en los ámbitos político y judicial. Si Maduro persistiera en continuar la represión y mantenerse en el poder,  deberían realizar un boicot político para aislar al régimen bolivariano, empezando por la retirada de embajadores y concluyendo, en caso de persistir la represión, con la ruptura de relaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, deberían apoyar las demandas presentadas ante la Corte Penal Internacional para que condene a Maduro y a sus secuaces por crímenes de lesa humanidad. 

Me temo que los líderes de la oposición venezolana estén pecando de exceso de confianza, pasando por alto la tremenda capacidad de resistencia que tiene Maduro y su fortaleza represiva, como muestra que haya 1.867 presos políticos, merced a lo que la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos ha calificado de terrorismo de Estado. Por otra parte, muchos de sus supuestos aliados lo son más de palabra que de obra, como se ha puesto de manifiesto con la de descafeinada declaración de Nueva York, muy por debajo de las resoluciones de las Cortes o del Parlamento Europeo. En la manifestaciones que se celebraron el pasado día 28  en Madrid y en Caracas para conmemorar el triunfo en las elecciones, González dijo que el mundo entero estaba con ellos, y Corina Machado repetía que el mundo democrático se mostraba a su favor y estaba decidido a actuar ¿Están seguros de que los Estados signatarios van a tomar medidas eficaces que obliguen a Maduro a tirar la toalla?

Perversidad de Rodríguez Zapatero

ZP ha sido uno de los peores primeros ministros de la Historia de España, solo superado en la democracia por su colega Pedro Sánchez. No contento con los desastres que provocó en España -donde cuestionó durante su Gobierno la Transición democrática, pervirtió la memoria histórica y alentó el guerracivilismo-, ahora está procurando hacer algo similar en Venezuela, con su sonrisa meliflua de bobo solemne, como si en su vida no hubiese roto un plato. Se autoerigió el mediador en los asuntos de Venezuela, sin que nadie se lo hubiera pedido, y se ha convertido en un correveidile o Celestina para mayor gloria del Tirano Banderas venezolano. Es su protector y plenipotenciario en la Comunidad Internacional, ante la que procura blanquear su régimen. Ha pasado gradualmente de observador internacional, mediador, facilitador y amigo de la oposición venezolana, a convertirse en el principal aliado de Maduro. Según Daniel Lozano, en su calidad de canciller paralelo, ZP ha sido la pieza clave durante años para vencer el cerco diplomático internacional establecido contra el régimen de Maduro y su principal intercesor en Madrid. 

Su primer gran triunfo fue conseguir que el Gobierno español cambiara su actitud hacia el régimen chavista. Cuando accedió al Gobierno en 2018, Sánchez consideraba que Maduro era un tirano, reconoció a Guaidó como presidente electo, abanderó la causa opositora venezolana en Europa, y concedió asilo en la Embajada en Caracas a Leopoldo López. ZP inició su labor de zapa para que Sánchez modificara su opinión sobre Venezuela. y se colgó la medalla de la liberación de López y de su asilo en España, si bien el interesado declaró que el expresidente siempre fue un blanqueador, aliado y apologista de Maduro. La Asamblea Nacional auténtica lo declaró “inadmisible como mediador” por su incondicional parcialidad a favor de Maduro. 

Sin embargo, la formación del Gobierno Frankenstein -con la vicepresidencia de Pablo Iglesias y el protagonismo de los secuaces bolivarianos de Podemos- facilitó su labor, y se fue produciendo gradualmente un cambio de política. Así, Sánchez fue el único dirigente de la UE que no recibió la Guaidó a pesar de haberlo reconocido como presidente, pidió  a la  Comisión Europea que levantara las sanciones contra Venezuela y dio beligerancia a la  seudo-oposición que hacía el juego a Maduro. ZP introdujo a Sánchez en el Grupo de Puebla, junto con lo peor de la casa: la pareja Ibáñez-Montero, Yolanda Díaz, Enrique Santiago, Baltasar Garzón y ”tutti quanti”. ZP ha realizado en los últimos años 33 viajes a Venezuela, envuelto en su falsa áurea de mediador, pero siempre para echar de forma sibilina una mano a Maduro.

Defendió la legalidad de las elecciones fraudulentas de 2018, a las que asistió como observador del Grupo de Puebla. Cuando la policía política asesinó en su sede al concejal Fernando Albán, ZP defendió la actuación del Gobierno y mantuvo que había que respetar el esquema institucional y aceptar la explicación oficial. Llegó a afirmar que en Venezuela había quienes levantaban la antorcha de los derechos humanos sin otro objetivo que buscar la confrontación interna contra el Gobierno legítimo. Su principal labor era la de -en su calidad de presunto mediador- sacar del país y mandar al exilio a los opositores más destacados. Maduro se libraba de ellos y pronto los sustituía por otros, que acaban en la cárcel o refugiados en una embajada. El presidente agradecido ha loado sus virtudes, afirmando que era una persona digna y decente. No piensan igual los dirigentes opositores venezolanos. El expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, lo ha calificado de asesino en serie de la democracia, y ha contado que ZP le dijo que aún no había visto su peor cara y que, si no firmaba el documento que le presentó, irían a por él y a por su familia. Corina ha acusado a ZP de engañar y dividir a la sociedad venezolana, y de ser nefasto e inmoral, y López ha afirmado que siempre había sido un blanqueador, aliado y apologista de Maduro. El que fue secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que Zapatero era el canciller-bis de Maduro que le hacía los mandados. 

ZP ha culminado su indigna misión en las últimas elecciones presidenciales, en las que tuvo el privilegio de ser uno de los pocos observadores aceptados. Durante dos meses no ha dicho ni una sola palabra sobre el fraude del que fue testigo, con el  pretexto de que, como mediador neutral, no debía hacer valoraciones de las posiciones de unos y otros, porque tenía que preservar la confianza, la prudencia y la serenidad. Fue el facilitador de la operación-chantaje para provocar el exilio de González, consumada en la residencia del embajador español en Caracas y con su presencia, que ha sido justificada por Albares con el ridículo argumento de que no había más salones.        Habrá que hacer una cuestación tipo DOMUND para que el Gobierno español pueda ampliar la residencia de su representante. No solo no ha denunciado el fraude electoral, sino que habla de conflicto y lucha por la paz, y apela a un diálogo imposible, ya que no existe un choque entre dos partes, sino la represión del régimen de Maduro sobre la oposición democrática. Como ha comentado Andrés Trapiello, no hay una sola razón para reconciliarse con Maduro, ni con nadie de su guardia pretoriana, incluido ZP. Sánchez, no obstante, ha respaldado plenamente su insidiosa actuación, hasta el extremo de que, cuando los diputados socialistas se opusieron en el Congreso al reconocimiento del triunfo de González, reclamaron que a quien se debería reconocer era al expresidente por las mediaciones realizadas para liberar a tantos presos políticos. Feijóo ha dicho que, si ZP ha trabajado para que se fuera González, él lo hará para que se vaya Maduro, y éste -el “capo” de los narcotraficantes venezolanos- lo ha calificado de “ladrón vinculado al narcotráfico”, ya que cree el ladrón que todos son de su condición. 

Artículo de Araceli Mangas

Me ha sorprendido el artículo “Venezuela: ¿reconocer qué?”, publicado en “El Mundo” por mi buena amiga la profesora Araceli Mangas. Jurídicamente resulta impecable, aunque tenga algunas reservas, pero políticamente ha supuesto una carga de profundidad para la frágil barquichuela de la democracia venezolana. Afirma que sin una verificación internacional de las actas y un cotejo con las presentadas por la oposición, no se podía reconocer internacionalmente el triunfo de González en las elecciones presidenciales. “Ni España ni otros Estados se pueden erigir en tribunal electoral supranacional. Por eso se le pide al Gobierno de Maduro que presente las actas de las mesas electorales y se sometan a una verificación internacional”. Muy bien, pero ¿qué pasa si el régimen de Maduro se niega -como lo ha hecho- a publicar dichas actas? ¿se debe beneficiar al incumplidor de sus obligaciones constitucionales y mantener el statu quo que le favorece al disfrutar del poder? Es cierto que ningún Estado ni Parlamento -nacional o internacional- puede erigirse en tribunal electoral para decidir sobre los resultados de elecciones en un tercer país, pero tal no es el caso. Cualquier Estado está en su derecho de opinar sobre si ha habido fraude en un determinado proceso electoral, sobre todo cuando cuenta con la prueba de un 81,7% de las actas electorales, que muestran el triunfo de González, corroborado por el Centro Carter. Tampoco es competente el Parlamento de un Estado para decidir sobre los resultados electorales de otro, pero puede proponer al Gobierno de su Estado que reconozca o no los citados resultados. Cuestión distinta es que el Gobierno en cuestión haga caso omiso a la petición, como ha hecho Sánchez con la demanda de las Cortes.

Mangas no entiende que la oposición venezolana aceptara participar en unas elecciones sin control internacional. Yo sí. De conformidad con el dicho español, “del lobo, un pelo” y, pese a las condiciones extraordinariamente desfavorables que le imponía la dictadura chavista, la oposición ha podido expresarse y conseguido duplicar los votos obtenidos por Maduro. Tampoco comprende la profesora que su candidato electo abandonara las residencias de los embajadores holandés y español -donde se encontraba a salvo- y aceptara marchar al exilio, tras firmar un documento en el que reconocía el triunfo del tirano. Yo sí. Encerrado y aislado en una Embajada, González no estaría en condiciones de cumplir con el mandato que le encomendó el pueblo venezolano y de tomar posesión el 10 de enero de su puesto de presidente de la República. Nada más llegado a Madrid, González denunció el chantaje al que había sido sometido y afirmó que el documento que había sido forzado a firmar carecía de valor jurídico, dado que le había sido impuesto por las amenazas contra él y su familia. 

El principio de efectividad es importante en Derecho Internacional, pero no es el único, ya que también existe el principio de legalidad, que no es precisamente el que inspira al Gobierno de Maduro, que es ilegal desde su origen, pues perdió las elecciones de 2019 y se impuso por la fuerza. Si se diera valor absoluto y preferente al principio de efectividad sobre el de legalidad, se producirían efectos nefastos, pues quedarían justificados todos los Gobiernos totalitarios que controlaran sus países mediante el recurso de la violencia. Palestina no llegaría a ser un Estado -ni siquiera en ciernes a través de la Autoridad Nacional Palestina- y el Líbano dejaría de serlo. Por otra parte, desaparecerían instituciones arraigadas como los Gobiernos en el exilio o los Movimientos de Liberación Nacional. Araceli se ha preguntado qué había que reconocer y la respuesta es que la Comunidad Internacional debería reconocer que González ganó las elecciones y presionar con todos los medios a su alcance para que Maduro acepte el resultado de las urnas y haga mutis por el foro.

Gracias al ministro Albares, hemos sabido que lo esencial de la política exterior española no es contribuir a que se restablezca la democracia en Venezuela o se libere a los dos españoles acusados de intentar asesinar a Maduro, ni tampoco que se acabe con la agresión de Rusia a Ucrania, cesen los ataques de Israel a Gaza y la invasión del Líbano, se evite una guerra entre Israel e Irán, se solucione el problema de la creciente inmigración ilegal en las Canarias, el pueblo saharaui ejerza su derecho a la libre determinación, se recupere Gibraltar o se normalicen las relaciones con Argentina. Esas son fruslerías sin importancia. El objetivo nuclear, principal y primordial del Ministerio de Asuntos Exteriores, al que dará la máxima prioridad su titular -recurriendo al Tribunal de Justicia de la UE- es conseguir la oficialidad del catalán en la Unión. La política exterior española no solo debe ser progresista, ecologista, feminista y pro LGTBI, sino también -y sobre todo- catalanista. Como diplomático español, siento vergüenza propia de que mi ministro -diplomático de profesión- diga semejante sandez.