Algunas partes de las declaraciones de Joaquim Coll a Iñaki Ellakuría publicadas en El Mundo del 12 de febrero han sido lamentables. El historiador socialista considera al PSOE y al PSC como partidos distintos y exculpa a ambos de la actual situación de abierta subversión que padece Cataluña, La culpa tampoco es de los nacionalistas de toda gama que se han sublevado contra el Estado de Derecho, sino de Mariano Rajoy y de la derecha, sobre la que muestra una obsesión enfermiza y a la que acusa de carecer de sentido de Estado. Ensalza, en cambio, la labor de Pedro Sánchez, que es injusta y excesivamente criticado en base a mentiras. Paso a comentar algunas de las disparatadas afirmaciones de Coll, que espero que no reflejen la posición de Sociedad Civil Catalana, de la que fue uno de sus fundadores.

Culpabilidad de Rajoy y de la derecha: 

Parte acertadamente Coll con la afirmación de que la propuesta independentista es inmoral, al plantear en pleno siglo XXI una ruptura territorial por deseos identitarios. “Sólo un capricho profundamente reaccionario puede justificar la ruptura  de los catalanes con el conjunto de España. No existe ninguna discriminación ni maltrato a Cataluña”. Sin embargo, culpa a Rajoy de ser el principal responsable de la situación en Cataluña por su política de apaciguamiento, ya que debería haber aplicado el artículo 155 de la Constitución e intervenido la Generalitat  desde el momento en que Artur  Mas informó a las cancillerías europeas de la celebración el 9-N de un referéndum de autodeterminación, pero no se atrevió a hacerlo. 

¿Habría apoyado el PSC la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno central? Albergo profundas dudas al respecto, porque -cuando el PSOE se decidió a apoyar la  aplicación del artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia de 2017- el PSOE y Ciudadanos le impusieron tales condiciones que la hicieron  inviable: no abordar la reforma de la educación y el control de los medios de comunicación, no desmontar la estructura de Estado que había construida el Govern, y forzar la celebración rápida de elecciones, que permitieron que los secesionistas siguieran monopolizando el poder político, social, económico cultural y mediático de Cataluña. ”La política de apaciguamiento fue muy perjudicial. Rajoy fue un irresponsable  que lo dejó todo en manos de la Fiscalía y los jueces”  Pero, ¿fue el PP el único partido que propició el apaciguamiento? A  Rajoy le cupo buena parte de  responsabilidad – más por omisión que por acción-, pero los principales responsables fueron los nacionalistas con la connivencia del PSC.

El ex-presidente Rajoy no dejó el tema en manos de los tribunales, sino que éstos tuvieron que intervenir ante las continuas y reiteradas violaciones de la Constitución y de las leyes, y gracias a ellos y al Rey se evitó la secesión de Cataluña, El impecable discurso del 3-O de Felipe VI –según Coll- resultó  decisivo y fue una intervención valiente ante la pasividad de Rajoy.

Sentido de Estado:  

A juicio de  Coll, al PSOE le ha faltado a veces sentido de Estado, pero no tanto como a la derecha, “Sigue siendo un partido claramente de Estado por mucho que esté gobernando con grupos desleales al proyecto colectivo español”.. ¿Tiene realmente sentido de Estado un partido que se asocia y cuenta como aliados con quienes pretenden desintegrar la nación española? “El problema de las derechas en España es que, como hay una hegemonía socialdemócrata muy sólida, a menudo se agarra a temas de consenso y los utiliza contra el PSOE […] La derecha española peca de falta de sentido de Estado cuando no está en el poder”. El PP, sin embargo, ha ofrecido al Gobierno pactos de Estado sobre la Justicia, la Política Exterior, la Economía, la Educación, las Migraciones o la Política Demográfica, pero Sánchez no ha respondido a sus ofertas y ha ignorado olímpicamente a la oposición. El PSOE en España y el PSC en Cataluña han establecido un cordón sanitario en torno al PP desde el Pacto del Tinell.

Coll ha afirmado que la gran hipocresía es que para el PP el concierto vasco y el cupo navarro sean intocables y haya blindado un proyecto de insolidaridad fiscal entre españoles que es escandaloso. Estoy de acuerdo con la injusticia del régimen fiscal especial de estas dos autonomías –concesión que los diputados constituyentes hicieron para que el pueblo vasco apoyara la Constitución de 1978, cosa que no consiguieron- que es insolidario y discriminatorio para las demás Comunidades Autónomas, pero resulta ridículo culpar de ello al PP, cuando este sistema privilegiado ha sido apoyado por todos los partidos excepto Ciudadanos. El PSOE no sólo ha respaldado plenamente el cupo vasco, sino que lo ha rodeado de opacidad, lo ha fijado de forma arbitraria y está continuamente haciendo rebajas sobre su importe. Por si no fuera suficiente, ha cedido al Gobierno vasco la gestión de la Renta Mínima Vital y del régimen económico de la Seguridad Social, lo que deja sin efecto la competencia exclusiva del Estado sobre ella y rompe la unidad de caja, lo que es contrario a la Constitución.

Política de Sánchez 

Para Coll, Sánchez es un político que intenta sobrevivir y mantenerse en el poder -lo que le parece muy normal-, pero, ¿puede hacerlo a costa de gobernar con los antisistema de Podemos y de aliarse con los separatistas de ERC y el  PNV, y con los filoetarras de Bildu? Su único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio. Gracias a su «no es no», evitó –según el historiador-que el PSOE fuera sobrepasado por Podemos, con el que acabó por gobernar tras un giro sainetesco del que culpó a Albert Rivera por su negativa a formar un Gobierno PSOE-Ciudadanos. Pero, ¿ofreció Sánchez a Rivera la posibilidad de formar un Gobierno de coalición? Coll ha dicho que Sánchez era un «españolazo», lo que no sé si supone un piropo o un insulto.

Ante los ataques a Sánchez, se ha preguntado el entrevistado en qué había cedido el PSOE a ERC y en qué había traicionado a la democracia en España. A la primera pregunta cabe responder que en muchas cosas: en la aceptación del derecho a decidir, el apoyo a un referéndum, la creación de una mesa de dialogo en pie de igualdad entre el Gobierno y la Generalitat, el reconocimiento de la existencia de un conflicto entre España y Cataluña, la admisión de un mediador internacional para solucionar dicho conflicto, la concesión injusta e injustificada de indultos a los secesionistas, la tolerancia con la «política exterior» de la Generalitat, el tratamiento privilegiado en el ámbito económico, la cobertura a coste cero de la deuda-basura de Cataluña, las críticas al Tribunal Supremo por la sentencia del «procés», las presiones sobre el Tribunal de Cuentas para que aceptara el aval de la Generalitat a los políticos condenados y no los multara, la intención de rebajar  los delitos de rebelión y de sedición, el incumplimiento del Gobierno de su obligación de hacer cumplir las sentencias, o la inacción ante las continuas violaciones de la ley por parte de las autoridades catalanas.

Respecto a la segunda pregunta, el PSOE actual no es que haya dejado de ser socialdemócrata, sino que ya ni siquiera es socialismo, sino “sanchismo” puro  y duro. Sánchez ha traicionado la democracia poniendo en tela de juicio la Transición, tratando de controlar el poder judicial, restringiendo las competencias del Consejo General del Poder Judicial, desprestigiando la monarquía y sustituyendo al Rey en su representación del Estado , gobernando con un partido partidario de la desintegración de España, teniendo como aliados a los separatistas de ERC y a los herederos de ETA, blanqueando a Bildu y a sus dirigentes, dando un tratamiento de favor  a los terroristas-liberados de la cárcel merced a la generosidad del sistema penitenciario español y a la voluntad política del Gobierno-, humillando continuamente a las víctimas del terrorismo, y promoviendo el guerracivilismo y el enfrentamiento de los españoles con leyes como las de Memoria Histórica o Democrática.

Desconstitucionalización del PSC:

Aunque formalmente sea un partido independiente del PSOE, el PSC es su «franquicia» en Cataluña y debe obediencia y lealtad a la casa madre, aunque no siempre haya sido así, como cuando los socialistas catalanes – entre los que se encontraba la actual presidenta del Congreso, Meritxel Batet- votaron contra la candidatura de Rajoy en la formación de  su primer Gobierno.

En las cuestiones territoriales o relacionadas con Cataluña, el PSOE  ha ido siempre a remolque del PSC, como se puso de manifiesto cuando sustituyó la Declaración de Granada (2013)  por la de Barcelona (2017) en la cuestión de organización del Estado. Mientras en la primera el Congreso del PSOE se pronunció por una estructura  federal simétrica, en la segunda –por  la presión  del PSC- viró hacia un federalismo asimétrico que aceptaba las aspiraciones nacionales de Cataluña.

En el partido ha habido desde su creación dos almas bien distintas: una nacionalista integrada por miembros de la burguesía catalana – que llevaban las riendas del partido- y otra  proletaria charnega, que soportaba mal las veleidades nacionalistas de sesgo separatista. Pese a su rivalidad electoral, los dirigentes socialistas siempre se han llevado bien con la rama izquierdista del nacionalismo representada por ERC, con la que cogobernó en dos tripartitos. El nefasto fontanero mayor del PSC, Miquel Iceta, siempre coqueteó con el nacionalismo, aceptó el derecho a decidir y la celebración de un referéndum, quitó importancia a la sedición del 1-O, criticó el fundamental discurso del Rey, se negó a que el partido participara en la multitudinaria marcha constitucionalista del 8-O, propugnó los indultos de los políticos secesionistas condenados, y favoreció las coaliciones con ERC en las instituciones.

El sucesor Salvador Illa ha seguido esta tónica y -pese a haber ganado las elecciones- hace una oposición descafeinada. Se opone a la formación de un bloque opositor constitucionalista y siempre ha estado dispuesto a pactar con el Govern y a formar un nuevo tripartito con ERC y los Comunes. Aunque sea consciente de que detrás del proceso de construcción nacional hay un proyecto identitario y totalitario, lo apoya. Coll ha dicho que la pretensión de la derecha de excluir al PSC del constitucionalismo es un gran error, pero el centro-derecha no ha hecho tal cosa, sino que le ha tirado los tejos para que se incorpore a una oposición constitucionalista coordinada, y ha sido el partido el que se ha auto-excluido. Si –como dice el Evangelio- “por sus obras los conoceréis”, las del PSC están más cerca del nacionalismo que del constitucionalismo, e incluso que del socialismo.

Federalismo

Coll se ha pronunciado por el federalismo para solucionar el conflicto territorial. entre Cataluña y el resto de España. Aunque reconozca que el régimen autonómico es cuasi-federal, -una versión vergonzante del federalismo- estima que falta en España cultura federal, cooperación, lealtad y cogobernanza, porque “el problema de España es que no tiene una identidad territorial. El federalismo como idea fuerza nos daría identidad como país”. Se ha preguntado cuál era el modelo territorial de la derecha española y la respuesta resulta bastante obvia: el mantenimiento del régimen autonómico mejorado para el PP, y  su supresión y vuelta al centralismo,para Vox.

Cabe preguntar cuál es el modelo del PSOE, porque –como ha comentado con sorna Pedro García Cuartango- no había conseguido enterarse de cuál era su política al respecto, pues no sabía si iba hacia el Ártico o al Sáhara, y que “el trompeteo del federalismo no iba a derribar los muros de Jericó de quienes rechazaban la Constitución”. Lo que realmente falta en el socialismo es conocimiento de lo que supone un sistema federal, José Montilla descubrió la pócima mágica del federalismo asimétrico cocinada por Pasqual Maragall. El experto constitucionalista del PSOE, Ramón Jáuregui, mantuvo que la Constitución tenía carácter ““federalizante”,  y que era sostenible que en un Estado federal hubiera diferencias entre los Estados federados en función de peculiaridades tales como la historia, la lengua o la insularidad, Para Enric Juiana, el federalismo permitía reconocer, respetar e integrar la diversidad y las singularidades de los territorios, la cohesión social y la igualdad, así como asumir la importancia de los sentimientos y las identidades diversas. En un manifiesto sobre “Renovar el pacto constitucional” publicado en 2018 en “El País”- ,varios intelectuales de izquierdas mantuvieron que las reivindicaciones “nacionales” de Cataluña, del País Vasco y de otros territorios con demandas de tipo identitario no deberían ser entendidas como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado, sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática, que deberían ser atendidas por todos y entre todos, procurando  “acomodos” que no violentaran la convivencia.

El problema del federalismo radica –según Javier Zarzalejos- en que se convierte en lo que los supuestos federalistas quieran que sea en cada caso. Utilizan lo federal como un concepto elástico, que lo mismo sirve para etiquetar criterios anacrónicos, como para argumentar a favor  del destejer confederal del Estado. Esta ambigüedad y las interpretaciones más diversas y variopintas que de él hacen sus promotores en función de sus intereses, provocan que existan  concepciones bien distintas sobre la federación a proponer. El PSOE  propugna un federalismo asimétrico que tiene más de asimetría que de federación y la propuesta del PSC – avalada por aquél- ignora los principios básicos del federalismo, 

No existe un modelo único de Estado federal y los más de treinta Estados federales existentes tienen sus características peculiares, pero todos ellos poseen un rasgo común, que es  su carácter igualitario y el reconocimiento de  que todos los Estados federados y sus ciudadanos tienen los mismos derechos. Según el profesor Jorge de Esteban, las competencias del Estado federal y de los Estados federados se recogen en una Constitución federal que está por encima de las Constituciones federadas, en virtud de una cláusula de “”supremacía federal” por la que, en caso de que surgiera un conflicto entre las normas de una y las otras, prevalecería la primera. Puede que el Barça sea más que un club, pero un Estado federado no es más que otro. En cualquier caso, los nacionalistas no aceptan que Andalucía o Castilla y León , Murcia o Extremadura sean iguales a Cataluña, y rechazan la propuesta socialista por no ser suficientemente asimétrica a favor de ésta.

Educación

Mantiene Coll que el PSC no fue el padre de la inmersión escolar, sino que ésta fue una propuesta sobrevenida a finales de los 80 con algunas experiencias pioneras que podrían tener algún sentido por una lógica excepcional y por las circunstancias de algunos centros educativos, pero “nunca tuvo el consenso de que fuera el modelo normativo para todos los alumnos catalanes”. Si hubo un consenso sobre la lengua, éste fue el de la normalización, con la defensa y el refuerzo del catalán, pero huyendo del actual modelo de política monolingüe. “La inmersión es una anomalía que no existe en ningún sitio del mundo”. Es además mala porque vulnera los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes y los menosprecia. También es negativa para  el catalán porque lo convierte en una lengua antipática de imposición, Estoy de acuerdo con esta opinión.

¿Bajó la inmersión inopinadamente del cielo? En absoluto, ya que fue preparada de forma concienzuda por Jordi Pujol, que supeditó la construcción de la “nació” a la normalización lingüística. Tras recibir en 1980 las competencias educativas, el Govern creó la Dirección de Política Lingüística para “normalizar” el catalán. Trazó ésta un modelo educativo para la red escolar basado en la inmersión lingüística en catalán. La primera manifestación de inmersión se produjo en 1983 en Santa Coloma de Gramanet y en otros pueblos del cinturón rojo de Barcelona que eran predominantemente hispanoparlantes, y  estaba justificada en algunos casos para permitir que los hijos de los inmigrantes aprendieran el catalán. No sé si fue un invento del PSC –como algunos socialistas sostienen-, pero gozó desde el principio de su beneplácito. Atribuye Coll el “contagio inmersor”  a que la hegemonía nacionalista era tan fuerte que convenció al partido de que ese debería ser su modelo educativo. El hecho es que el sistema se aplicó con carácter general a partir de la Ley de Educación Catalana de 2009 -adoptada bajo un Gobierno tripartito presidido por un socialista-, que establecía el catalán como lengua vehicular de la enseñanza y autorizaba a la Consejería de Educación a fijar el curriculum y el número de horas para su uso. El PSC lo ha apoyado y lo sigue apoyando a muerte, y se ha sumado al proyecto de la Generaitat  de blindar aún  más la inmersión.

El inefable Montilla ha declarado que no hay problemas para el español en Cataluña, que la inmersión no es un método para perjudicar al castellano, y que no hay que judicializar el problema lingüístico, sino resolverlo en el marco de la Administración educativa. Se necesita tener desfachatez para hacer estas afirmaciones. Los heroicos padres de alumnos hispanoparlantes que han recurrido a los tribunales no lo han hecho por capricho, sino porque no se les ha dejado otra opción. La Consejería de Educación ha desatendido sistemáticamente sus reclamaciones y ha impuesto, no ya la inmersión, sino el monolingüismo en catalán. La Generalitat, la Consejería de Educación y los directores de las escuelas se han negado a aplicar no sólo las sentencias individualizadas –que no creaban jurisprudencia y sólo se aplicaban al interesado-, sino también las dictadas por el TSJC –avaladas por Tribunal Supremo- estableciendo una enseñanza de al menos el 25% de las horas de clase en español. El continuado desacato alcanzó su punto culminante con el triste caso de la niña de Canet.

La repercusión ha sido tan grande y la desaprobación ha alcanzado tan alto nivel -incluso en Cataluña- que el PSC se ha dado cuenta de que le convenía matizar su postura de apoyo incondicional a la inmersión y de rechazo de las sentencias del 25%. La Fundación Campalans organizó el pasado 28 de enero unas Jornadas para Renovar el Consenso Lingüístico en Cataluña, en las que la solución que se ha sugerido ha sido la de que se cumplan las sentencias mediante la enseñanza en español de una asignatura troncal adicional a la de Lengua Española. Habrá que esperar a ver cuál será la reacción final de la Generalitat sobre la aplicación de la citada sentencia. 

Ha concluido Coll que los nacionalistas han perdido el debate de la escuela, ya que muy pocos catalanes están en contra de que el 25% de las horas de clase se impartan en español, y que la hegemonía cultural incontestable e incontestada del nacionalismo se ha acabado en Cataluña. Asimismo ha afirmado que  “el proceso independentista, entendido como el avance por la senda unilateral, está muerto”. Que Dios le oiga, pero mucho de temo que semejantes afirmaciones ofrecen pocos visos de verosimilitud y están plenas de voluntarismo.