Las próximas elecciones europeas será ocasión para comprobar el grado de adhesión que despierta la llamada Agenda 2030 entre el electorado español. De hecho, ese es el principal asunto que se tendrá que dilucidar el próximo 9 de junio: la Agenda 2030 en su versión europea conocida en este caso como el “Pacto Verde”. Mucho nos tememos, sin embargo, que la mayor parte de los electores no tiene ni repajolera idea de lo que significa este documento y vota a los partidos que la defienden o la atacan por simple “fe” en sus líderes, pensando que si estos tienen una opinión formada al respecto deben de tener sus sólidas razones para hacerlo. Objetivamente, se presentan dos bloques enfrentados en relación con esta cuestión, los que apoyan y promueven este plan de “desarrollo sostenible” (PSOE, PP, las diferentes extremas izquierdas estatales y separatistas) frente a quienes lo rechazan de plano (VOX).
Aunque es un poco “peñazo” leerse el documento entero, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas asociadas a estos, junto con sus indicadores, en internet circulan multitud de resúmenes muy pedagógicos que permiten fácilmente hacerse una idea muy aproximada de lo que representa este documento, que -recordamos- fue aprobado en la Asamblea General de la ONU en 2015, como un plan orientativo de las políticas de desarrollo con el horizonte del año 2030. Hay que decir, sin embargo, que, pese a que el texto fue aprobado mayoritariamente, solo una minoría (básicamente, los países europeos occidentales) se han mostrado propicios a llevarla a cabo.
Muy resumidamente puede decirse que esta agenda pretende conciliar tres cosas: el crecimiento económico, el respeto a la naturaleza y un mínimo de “justicia social” (Vamos a prescindir ahora de las polémicas consideraciones introducidas por Javier Milei contra este último concepto. Básicamente, todos sabemos a qué se refiere).
A primera vista, el planteamiento de la agenda parece razonable. Son tres objetivos que se deberían compatibilizar para hablar de un progreso sano: crecer en términos económicos, pero no a cualquier precio, sino “respetando” la naturaleza y los “derechos humanos” tanto de los productores como de los consumidores. Tal sería el significado de la palabra “sostenibilidad” (o “sustentabilidad”, como dicen en algunos países hispanos).
Lo que ocurre es que cuando se analiza en detalle las propuestas de la agenda lo que se descubre es que, de las tres patas del concepto, hay una que no carbura: la del crecimiento económico. Se ponen tantos reparos y tantas trabas a los sectores productivos que las economías que apliquen la agenda quedarán inevitablemente estancadas y decrecientes. De hecho, muchos de los que dicen defender la Agenda 2030 ya hablan abiertamente de la necesidad de “decrecer” en términos productivos, de “volver a la naturaleza” y de renunciar a algunas de las ventajas del progreso (coches y viajes asequibles, calefacción y refrigeración baratas…)
El planteamiento económico de la agenda parte del alarmismo ambientalista que, en su opinión, requiere una acción decisiva para frenar el “cambio climático antropogénico” que supuestamente se está produciendo delante de nuestros ojos. Nosotros no negamos que en la actualidad esté en marcha algún tipo de cambio climático, pues tenemos evidencias de que el clima ha cambiado radicalmente en múltiples ocasiones a lo largo de los siglos. Los seguidores de Greta Thunberg minusvaloran las múltiples causas naturales que tienen una más que demostrada influencia en la variabilidad de las condiciones climáticas, como pueden ser los volcanes en activo, la variación del eje de rotación de la tierra, las corrientes marinas o la actividad solar. Aun así, el clima varía tan lentamente que no estamos muy seguros de si la tendencia dominante es el recalentamiento o la glaciación. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el óptimo climático al que deberíamos aspirar, fuera de los casos extremos que, por ahora, parecen lejanísimos. Y, sobre todo, hemos de ser conscientes de que los países más contaminantes, aquellos que tienen amplios recursos energéticos y han apostado por la industrialización, ya han manifestado que no piensan aplicar la agenda 2030 para no empobrecer a sus ciudadanos.
En efecto, en aras de conservar el medio ambiente, la agenda parece declararle la guerra al sector primario, pues demoniza la pesca y la minería, y pone serias trabas a la agricultura y a la ganadería. Igualmente, la agenda ve con malos ojos los regadíos, tal vez considerando que las lechugas y los tomates nacen solos en los supermercados. Todas estas leyes de bienestar animal, que estamos viendo, todas estas restricciones a nuestros ganaderos, ideadas por personas que no han pisado nunca una granja, producen un encarecimiento artificioso de los productos de primera necesidad. ¿No lo nota usted a diario en la cesta de la compra? Como esta gente de mentalidad ecologista, para colmo, no cree en las fronteras, nuestros mercados se están llenando de productos procedentes de países que tienen unos costes fitosanitarios y laborales mucho más baratos que los nuestros, por lo cual vamos a la ruina de nuestro sector primario.
Igualmente grave es la apuesta que la agenda hace por las “energías renovables”, en detrimento de otras fuentes mucho más fiables (hidroeléctrica, nucleares), en una apuesta dirigista y precipitada que produce, como consecuencia, un artificial encarecimiento de la luz. Encarecer la electricidad no solo es un ataque directo al bienestar de las familias humildes, sino que supone un torpedo más dirigido contra el menguado sector industrial de nuestro país. Además, la continua subida de la energía lastra el sector del transporte y del turismo, una de las pocas actividades en las que seguimos siendo competitivos, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Porque también hablan ya de imponer tasas y de restringir la movilidad.
En definitiva, la Agenda 2030 no va a producir un cambio de tendencia en la variabilidad climática, por el poco impacto que va a representar en términos ambientales. Pero sí está suponiendo un lastre en el desarrollo de nuestros países. Los políticos, los burócratas y los funcionarios que están entusiasmados con ella creen estúpidamente que a ellos no les va a afectar el encarecimiento de los productos básicos y las restricciones en el acceso a determinados bienes. Pero está claro que las clases medias y humildes de los países occidentales serán los perjudicados.
Creo que el asunto es extremadamente preocupante. Pero, a pesar de lo dicho, créame el lector si le digo que no es esto el problema más grave derivado del dichoso documento. Pero como este artículo ya está durando demasiado, dejaremos para otra entrega el desarrollo del principal veneno que encierra la malhadada Agenda 2030.
