La Guardia Civil ha abierto una investigación por el robo a punta de pistola, en la madrugada de este lunes, de una embarcación neumática en el depósito judicial de Conil de la Frontera (Cádiz) por parte de varios encapuchados.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que ya ha sido intervenido un camión relacionado con el robo esta madrugada de una embarcación neumática del depósito judicial de Conil de la Frontera (Cádiz) por parte de tres encapuchados.
Zoido, tras recordar que «no es competencia del Gobierno los depósitos judiciales«, ha manifestado que la investigación sigue abierta. Las palabras del ministro han tenido respuesta inmediata desde la Consejería de Justicia e Interior que ha recordado que el único depósito judicial público que existe actualmente en Andalucía es el que la Consejería tiene en Bellavista (Sevilla), y ha señalado que las embarcaciones intervenidas deben permanecer en los puertos hasta que haya una decisión judicial.
En el depósito de Bellavista se custodian los vehículos cuyo depósito ha sido acordado por los órganos judiciales de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz. Además, ha señalado que, desde el 1 de enero, este depósito se gestiona a través de un contrato con una entidad privada. Asimismo, la Consejería ha señalado que está en tramitación otro contrato privado para la adjudicación del servicio de depósito de los vehículos que determinen los órganos judiciales de Algeciras, que complementará al anterior, siendo este el primero que exista en la provincia.
Por otra parte, desde la Junta han apuntado que puntualmente han tenido que asumir facturas de desguaces privados en los que se depositaron vehículos de los que luego les ha correspondido la custodia judicial, sobre todo en el Campo de Gibraltar.
No obstante, en el caso de la embarcación de Conil de la Frontera, ha recordado que se trata de una embarcación, y que en base al acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Fomento, Fiscalía General del Estado y Organismo Público Puertos del Estado, de 20 de noviembre de 2013, relativo a las actuaciones tendentes a la venta o realización anticipada de buques, barcos y embarcaciones, considerados como efectos judiciales aprehendidos o intervenidos en procesos sobre tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales procedentes de dicha actividad y delitos conexos, todas las embarcaciones incautadas se deben custodiar en los Puertos del Estado.
En este sentido, desde la Consejería de Justicia e Interior han recordado que dicho acuerdo se les ha comunicado repetidas veces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que este tipo de embarcaciones «nunca deberían estar en un desguace».
