Acababa de cumplir los quince años (estamos hablando de principios de los setenta del pasado siglo) cuando en un viaje familiar desde Sevilla a Fregenal de la Sierra (Badajoz) en una curva próxima a Arroyomolinos de León, un rato antes de pasar nuestro coche, había tenido lugar un accidente con víctimas mortales, lo que ocasionó una retención. Fue la primera vez que escuché la expresión “juez de paz” al referirse el oficial de la benemérita a que lo estaban esperando para proceder al levantamiento de los cadáveres.

El hecho de pasar toda mi vida en Sevilla capital, y que mis conocimientos de Derecho procesal fueran muy escasos, me llevaron a no interesarme por esta figura hasta que hace unos días un titular de prensa captó mi atención: “Adiós a los jueces de paz tras 200 años de servicio”.

Fue entonces cuando supe que dichos jueces datan de mediados del siglo XIX en España, (R.D. de 22 de octubre de 1855) pero que tienen una larga tradición en otros países en los que siguen vigentes como Reino Unido, Bélgica o Canadá. Los Juzgados de Paz son servidos por jueces legos, es decir, personas que no pertenecen a la carrera judicial, a diferencia del resto de los órganos judiciales, y están disponibles las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, por una retribución que oscila entre los 1.200 y los 4.000 euros brutos anuales en función del tamaño del municipio. Cabe la posibilidad de estar jubilado y ostentar este cargo.

Se trata de órganos unipersonales ubicados en poblaciones menores de 7.000 habitantes donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Asumen competencias de menor importancia tanto en el orden civil como en el penal; son elegidos por la mayoría absoluta del Pleno de su Ayuntamiento entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten, y son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma por un periodo de cuatro años.

Las principales funciones de los jueces de paz consisten en auxiliar al resto de tribunales o notificar actos judiciales cuando el destinatario se encuentra en su territorio, así como celebrar matrimonios civiles (evitando desplazamientos) o actos de conciliación, de forma gratuita. En estos se busca el acuerdo entre las partes sin necesidad de que el caso llegue a juicio. Atienden numerosos trámites, como inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, certificados de fe de vida, expedición y duplicados de libros de familia, capitulaciones, expedientes de nacionalidad o cambios de apellido. Finalmente, realizan labores de protección de pruebas. 

Su nombre tiene su origen en que es la autoridad encargada de prevenir y sancionar las conductas y actos que alteren la paz y la convivencia pacífica en su circunscripción, y los requisitos para ser Juez/a de Paz son ser español/a mayor de edad, no estar incurso en causa de incapacidad, como estar impedido física o psíquicamente para la función judicial, no estar condenado por delito doloso y estar en pleno uso de los derechos civiles.

Hoy día, a los nuevos jueces de paz se les exige un Certificado en Derecho Público y Judicatura para poder ejercer sus funciones, ya que su trabajo se ha profesionalizado y estamos hablando de la primera instancia en el acceso a la justicia, siendo su rol fundamental. Este Certificado apunta a la capacitación específicamente en la rama del Derecho Público, con un enfoque amplio que abarca la normativa constitucional federal, provincial y municipal, cuestiones actuales vinculadas con el Derecho a la judicatura y las cuestiones de género, como así también con las más modernas técnicas alternativas de resolución de conflictos.

Pues bien, si se aprueba el “anteproyecto para la eficiencia organizativa del Ministerio de Justicia” en su actual redacción, desaparecerán los jueces de paz y serán sustituidos por unas oficinas de justicia “más modernas”, en palabras de la titular del Ministerio del ramo, Pilar Llop, con cambios que contribuyan a la digitalización de la Administración judicial, pero desde las asociaciones de jueces de paz se quejan de que no se les ha tenido en cuenta en la elaboración de dicho texto, y de que no queda claro cómo se suplirán todas las necesidades de las pequeñas poblaciones que dependen esta figura, al desaparecer los 7.700 jueces de paz actualmente existentes en España.

Es verdad que han ido perdiendo competencias después de las últimas reformas legales en materia penal y de Registro civil, y que desde 2015 no atienden los asuntos de faltas penales, pero al final, los jueces de paz garantizan que haya presencia de la Administración de Justicia en todos los municipios que no son sede de un juzgado de primera instancia o de instrucción, aportando algo que no se le exige a otro tipo de jueces: ser una persona del pueblo, que viva en él, y en la que las personas confíen.

En resumen: en 2022, o a más tardar en 2023, habrá desaparecido una figura histórica, contrastada y querida en toda la España rural, y será sustituida por un organismo burocrático sin haber escuchado a los que llevan ejerciendo esta función casi doscientos años, y, seguramente, sin enterarnos los que vivimos en poblaciones superiores a 7.000 habitantes.

Alberto Amador Tobaja: aapic1956@gmail.com