Ha resultado entristecedor ver cómo una anciana de 87 años ha sido desalojada del que durante la mayor parte de su vida ha sido hogar, una situación a la que nadie debería verse abocado, motivo por el que los poderes públicos deben ayudar a las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Desafortunadamente, este episodio ha sido tergiversado por la izquierda, que con Sánchez a la cabeza lleva ocho años gobernando, para desviar su responsabilidad hacia sus particulares bestias negras, de Franco a Ayuso, motivo por el que pretendo arrojar luz. 

La señora, llamada Mari Carmen, residía en régimen de alquiler en un piso de 90 metros cuadrados en el barrio del Retiro, en Madrid, una de las zonas más cotizadas, beneficiándose de un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956, en virtud del cual pagaba 480 euros mensuales. Se le ofreció pagar un precio actualizado en base al IPC, que ascendería a 1650 euros, es decir, más del triple, lo que no podía permitirse al ser su pensión de 1350 euros. También se le ofreció comprar la vivienda, en dicho caso, por 275.000 euros, posibilidad que tampoco estaba en su mano. Como alternativa final, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid le ofrecieron su ingreso en una residencia en Alcalá de Henares, a lo que se negó alegando que prefería una vivienda independiente donde le cupieran sus pertenencias. 

Su padre firmó un contrato en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos del Franquismo, una legislación muy protectora del inquilino que establecía la prórroga perpetua forzosa y la renta congelada, lo que daba lugar a que los propietarios sacasen de entrada, a un precio muy elevado sus viviendas al mercado, e incluso diesen dinero a los arrendatarios para que las abandonasen al no poder desalojarlos. Dicha ley fue sustancialmente modificada por el PSOE de Felipe González, en primer lugar, en virtud del Real Decreto de 30 de abril de 1985 (el denominado Decreto Boyer), que liberalizó los arrendamientos urbanos, eliminando ambos elementos. El segundo cambio se produjo en 1994, que limitó el número de subrogaciones, siendo posible sólo una tras el fallecimiento del contratante. Esta última reforma legal de la mano del ministro Borrell, que también ha formado parte del gobierno de Sánchez.

Se ha tendido a difundir por parte de los medios de comunicación que la LAU de 1956, al discriminar a la mujer (que no podría subrogarse al contrato hasta que se produjese el fallecimiento del marido) es responsable de esta situación, ya que, supuso una subrogación más que, a día de hoy, Mari Carmen podría haber gastado. No obstante, esto es, en el mejor de los casos, parcialmente cierto, ya que, de no haberse limitado el número de subrogaciones, como hizo el Ejecutivo de Felipe González, esta situación, con independencia de la discriminación legal hacia la mujer que existía hace décadas, no se estaría planteando.

Este tipo de desigualdades por razón de sexo no eran un rasgo exclusivo del Franquismo sino moneda común en la época, ya que se tiende a citar que, bajo el régimen anterior, la esposa no podía abrir una cuenta corriente sin el consentimiento del marido, algo que se suprimió en octubre de 1975, es decir, en vida de Franco y bajo el mismo régimen, fruto de sus procesos evolutivos. Es menester, precisamente, señalar la fecha en la que se acabó con esta figura, pues estuvo vigente en un país democrático como la vecina Francia hasta 1977.

Dicho todo lo anterior, y una vez señalados los antecedentes y cambios normativos, cobra especial relevancia el modo de proceder de este gobierno de coalición de socialistas y comunistas que ahora trata de articular un discurso tan anticapitalista como oportunista contra los llamados fondos buitre, ya que apenas una semana atrás, cuando Sumar propuso en el Congreso prohibir que las empresas y fondos de inversión comprasen viviendas, el PSOE se abstuvo, no siendo la primera sino la segunda vez que el partido que lidera el gobierno no ha apoyado esta medida en la Cámara Baja.

En España se producen 25.000 ejecuciones hipotecarias anuales, de las cuales, 3700 (el 15 % del total) corresponden a primera vivienda, representando Cataluña (gobernada por el socialista Illa con el apoyo de ERC) un tercio del total de España, mientras que la Comunidad de Madrid registra tres veces menos que Cataluña.

Se ha tendido a hablar mucho sobre los fondos buitres, y más aún en este caso, a pesar de que la empresa que compró la vivienda de la cual ha sido desalojada Mari Carmen es una PYME española, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que recibió, además una subvención del gobierno de Sánchez, en concreto, del Ministerio de Transformación Digital, para sufragar la digitalización de la empresa.

Nos dicen que los fondos buitre controlan el mercado del alquiler, a pesar de que más del 80 % está en manos de particulares, representando el alquiler el 15 % de las viviendas de uso residencial, de las cuales, sólo el 3 % de las mismas son manejadas por estas figuras. En efecto, el 95 % de las operaciones de compraventa de vivienda son entre particulares. 

¿Qué es, en definitiva, un fondo buitre? Son empresas que adquieren derechos en operaciones de riesgo, por lo que no es cierto que especulen sin aportar valor alguno, ya que contribuyen a sanear los balances de las entidades bancarias, permitiendo que fluya el crédito en favor de particulares y empresas, obteniendo rentabilidad tras implementar procesos de reestructuración y refinanciación. Por lo tanto, en base a la baja incidencia que éstos tienen en el mercado del alquiler, los altos precios y la dificultad de acceso a la vivienda se deben a causas bien distintas: la falta de oferta de vivienda ante una alta demanda, la fuerte inseguridad jurídica generada por la okupación y la ausencia de un gran parque público de vivienda. 

La alternativa que propugna la izquierda radical, basada en excluir a los fondos buitre de la compra de inmuebles residenciales, lejos de solucionar el problema, contribuye a ahuyentar la inversión y generar una gran inseguridad jurídica, creando un escenario propio de la Venezuela chavista que tanto admiran y cuyo liberticida modelo pretenden extrapolar a España. 

En aras de eludir su responsabilidad, y de paso, utilizarlo como cortina de humo ante el terrorífico escenario al que llevan meses enfrentándose los habitantes de Ceuta, el Ejecutivo socialcomunista ha tratado de desviar la responsabilidad hacia la Comunidad de Madrid de Ayuso. No obstante, ¿no puede hacer nada el gobierno central? Si no puede hacer nada ante una cuestión como esta, ¿por qué se aferra entonces tanto Sánchez al sillón presidencial y se erige como salvación frente a VOX?

La realidad es que Ayuso preside la región en la que más VPO se construyen, representando el 53 % del total pese a no ser la más poblada, ya que, pese a tener menos de siete millones de habitantes, construye el doble que Cataluña, con una población de ocho millones, y el triple que Andalucía, con 8.6 millones. ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez? Prometió construir 276.000 VPO, y a día de hoy solo hay 18.000 que ni siquiera están construidas ni terminadas, sino en planeamiento y en obras después de ocho años de gobierno. 

Resulta curioso que Franco, al que siempre han erigido en su bestia negra, fuera mucho más socialista que el PSOE, no sólo por las leyes de arrendamiento sino por construir más de 3 millones de VPO en cuatro décadas y establecer una indemnización por despido de 65 días por año trabajado que González redujo a 45 y Zapatero, a 33. Los que después llaman fachas a los demás por algo tan natural como llevar la bandera de su país son quienes abanderan el Franquismo económico, una época de grandes monopolios públicos en la que se creó TVE, un instrumento de propaganda sufragado por el contribuyente y al servicio del gobierno de turno que se empeñan en mantener.

Cabe retrotraerse al pasado más cercano, ya que, desafortunadamente, la memoria episódica es predominante en España, algo de lo que sacan buen partido déspotas sin escrúpulos como Sánchez. No es de extrañar que aproveche la ocasión para desviar la atención ante algo tan sumamente grave como lo trascendido en el mismo día: que la trama Leire (la fontanera del PSOE) contrató a sicarios vinculados al narcotráfico colombiano para (según sus palabras) “dar un sustillo” a la jueza que instruía el caso del hermano del presidente, condenado a día de hoy en primera instancia, motivo por el que la instructora se ha personado en esta otra causa en calidad de víctima y acusación particular. 

¿Nadie recuerda que Zapatero en 2008 inauguró ocho nuevos juzgados para los desahucios express? ¿Que, en su segunda legislatura, cuando los grupos más a la izquierda, como IU y ERC propugnaban la dación en pago, el PSOE votaba sistemáticamente en contra sin consecuencia alguna? ¿Que una vez que perdieron el gobierno adoptaron una postura de máximos para desgastar al PP? ¿Que la PAH hacía escraches en los domicilios particulares de los políticos del PP al grito de “asesinos” por los efectos de una Ley Hipotecaria de 1909? ¿Que Rajoy fue el primer presidente que adoptó medidas contra los desahucios al paralizar durante dos años las ejecuciones hipotecarias? Es menester recordarlo para tener un retrato completo de la realidad, pues, si la misma anciana que ha sido desalojada por un fondo buitre, hoy se encontrase en la calle por culpa de okupas, la izquierda no mostraría la menor empatía hacia ella. No nos debe extrañar, pues los mismos que se llenan la boca de feminismo y arremeten contra el “patriarcado”, disculpan y achacan a diferencias culturales cuando el agresor es extranjero, algo que se de manera evidente se está viendo en Ceuta.