El pasado día 22, la candidata del PP, María Guardiola, consiguió que se sumaran a los 29 votos de su partido los 11 de Vox y fue reelegida presidenta de la Junta de Extremadura, gracias a los mismos que han bloqueado su investidura durante más de cuatro meses por motivos de tacticismo político de la más baja estofa. Pese a su cerrilismo, Santiago Abascal, se ha dado cuenta de que la inexplicable política de su partido, empezaba a dar muestras de fatiga electoral tras su fulminante progreso y ha dado un giro radical a su estrategia. Ha accedido a negociar con el hermano separado -que pasó a ser su principal adversario- y a abandonar algunas de sus controvertidas reivindicaciones, aunque mantenido a ultranza las de mayor contenido ideológico.

Antecedentes

En las elecciones autonómicas de 2023 se produjo un empate técnico entre el PP y el PSOE, al obtener ambos partidos 28 diputados, pero Guardiola alcanzó la presidencia tras conseguir los 5 votos de Vox, que se integró en el Gobierno, asumiendo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. óUn año después, so pretexto de la aceptación por la Junta en julio de 2024  de los menores no acompañados que habían sido atribuidos a la Comunidad por la Conferencia Sectorial de la Infancia, Abascal decidió salir del Gobierno, no solo en Extremadura, sino también en Castilla y León, Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana, donde Vox estaba coaligado con el PP, lo que revelaba que no se había debido a un calentón temperamental del líder supremo, sino a un plan deliberado, porque el partido se encontraba incómodo teniendo que gobernar y prefería estar en la oposición sin responsabilidad en la gestión, haciendo propuestas irrealizables y recogiendo el voto de descontento de una población cada día más depauperada económicamente y desencantada políticamente.

Vox se negó a apoyar los presupuestos generales de la Junta y, ante las dificultades para gobernar sin ellos -y a diferencia de Pedro Sánchez que los considera prescindibles-, Guardiola optó por adelantar las elecciones para auscultar la voluntad del pueblo soberano y en la vana esperanza de conseguir una mayoría que le permitiera gobernar sin el chantaje permanente de Vox. El PP ganó las elecciones de 2025, subió 4.33 puntos y obtuvo 43.1% de los votos, pero solo logró un diputado más y quedó a 4 escaños de la mayoría. El gran derrotado fue el PSOE, que perdió 108.000 votos y 10 escaños, alcanzando la votación más baja en su historia en una Comunidad en la que -junto con Andalucía- había ejercido el monopolio del Gobierno desde su instauración.

Guardiola no hizo una buena campaña por exceso de confianza, alentada por el propio Núñez Feijóo, quien -influido por su condición de invencible presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia-, era partidario de dejar la máxima autonomía en las campañas a los dirigentes regionales. Más tarde, consciente de la escasa operatividad

de esta estrategia y sensible a las críticas de Abascal de que no había un solo PP sino 17, dictó unas pautas razonables para que el partido negociara y actuara con una unidad de criterio.  El PP obtuvo 29 diputados, frente a los 18 del PSOE y los 11 de Vox, que sacó fruto de su oposicionismo sistemático doblando el número de escaños, pero a una abismal distancia del PP. Pese a su crecimiento, Vox estaba en una posición menos favorable que en 2023 porque, mientras que entonces fue necesario su voto para investir a Guardiola, ahora bastaba con su abstención. Aquí se ha puesto de manifiesto la hipocresía del PSOE cuando se rasga las vestiduras y se lamenta de forma jeremíaca de que el PP ha caído en los brazos de la ultraderecha, cuando ha sido el  gran impulsor de Vox para hacer con él la pinza en contra del PP. En sus manos estaba la solución a tan terrible tragedia, pues bastaba con que se abstuviera, como había recomendado el “ex billotari” Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero eso era pedir peras al olmo.

Guardiola ha reaccionado de forma coherente y, aunque ello le cueste comerse sus propias palabras, ha aceptado democráticamente la voluntad de la mayoría del pueblo extremeño, que ha expresado su deseo de que continúe gobernando el PP, pero con el apoyo de Vox. Pese a que está pasando por un mal momento por las purgas de sus antiguos líderes, la derrota de su protector Orban, la ruptura de Trump con  Meloni,  su fiasco en la guerra de Irán, y los malos resultados que las encuestas le presagian en Andalucía, Abascal ha pujado fuerte y el PP -y no solo Guardiola- ha tenido que claudicar ante algunas de sus exigencias si quería gobernar. Aunque no quepa apreciar circunstancias eximentes, porque el PP ha tragado más carros de los necesarios al aceptar el relato de Vox, aunque no todas las carretas, ya que algunos de los compromisos que tanto se han criticado son vagos y genéricos, y se podrán eludir a la hora de la verdad. Tal es el caso de la nefanda “prioridad nacional”.

Alcance del principio de “Prioridad Nacional”, tal como ha sido formulado en el pacto

Algunos políticos, periodistas y comentaristas de todo jaez -incluidos miembros del PP o cercanos al partido- han hecho alarde de buenismo y de hipocresía al manifestar que el pacto viola la Constitución, lo que no es el caso. De igual manera se ha expresado el presidente del Gobierno, que la vulnera a diario, al conceder amnistías inconstitucionales, ignorar a las Cortes, tratar de controlar el Poder Judicial, pactar con los separatistas, y negarse a presentar unos presupuestos generales a los largo de la legislatura. Las Constituciones de todos los países dan un trato preferente a sus nacionales, porque se trata de normas nacionales y no de tratados internacionales o de estatutos de una ONG. Como ha señalado Manuel Arias, “la Constitución española es un mecanismo de discriminación en favor de los ciudadanos españoles, sea cual sea la forma en que hayan llegado a serlo; eso es lo que hacen por definición los Estados nacionales”. Es evidente que no puede discriminar ilegalmente a los extranjeros, pero sí  tratarlos legalmente de forma distinta a como trata a sus nacionales, tanto más si se trata de personas que han entrado ilegalmente en el país, recurriendo al uso de la violencia, como en los asaltos en las barreras de Ceuta y Melilla. La sabiduría popular ha acuñado el dicho de que “la piedad bien entendida empieza por uno mismo” –“Charity begins at home”, en la versión anglosajona-. Todos los Gobiernos dan prioridad a sus nacionales. Es algo habitual que, aunque no se diga, se hace.

¿Se considera discriminatorio exigir visados a los extranjeros para que entren en España, cuando no se les requiere a los españoles? ¿Se puede no exigir a los extranjeros la nacionalidad española para ser funcionarios públicos? ¿Se debe permitir a los extranjeros que voten en las elecciones generales para no discriminarlos? ¿Es necesario dejar que practique la medicina al poseedor de un título de hechicero otorgado por la prestigiosa Universidad de Burumburu?…Así podría seguir planteando cuestiones, a la espera de conocer la respuesta de Sánchez, de sus innumerables asesores áulicos y de la nube de periodistas de los medios de opinión sincronizada.

Me parece mal que el PP haya aceptado el lenguaje nacionalista y xenófobo de Vox, porque -como ha señalado Arcadi Espada- no debería hablar con su misma lengua de trapo. Para Vox, el término “Prioridad Nacional” significa españoles “über alles”, y lleva aparejado que los extranjeros blancos son ciudadanos de segunda división, y los negros, grises o amarillos de tercera regional. Pero el pacto no va de españoles y de extranjeros. Su redacción ha sido sopesada con inmenso cuidado por el PP. No se refiere a nacionales y extranjeros -legales o ilegales-, sino a los ciudadanos residentes en España, sean extremeños, aragoneses, catalanes, británicos, pakistaníes o  marroquíes. Uno de los aspectos más criticados ha sido el relativo a la vivienda, aunque también se extienda a la prestación de servicios sociales. “Se establecerá un sistema de acceso a las viviendas protegidas y al alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente”, que procure “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, y para quienes tienen vínculos familiares, laborales, de cotización o sociales con Extremadura”. Se exige “un arraigo real y prolongado”, con un tiempo de empadronamiento de 10 años para la compra de la vivienda y de 5 para su alquiler. No menciona ni a extranjeros, ni a españoles, sino a las personas -cualquiera que sea su nacionalidad, que residan en Extremadura. Es natural que no se entregue un bien escaso y preciado al último en llegar, sino preferentemente a quienes hayan residido en Extremadura. No se trata tanto de una prioridad nacional, como regional. No se penaliza a nadie por su nacionalidad, sino que se establece un incentivo sometido a baremos en función del arraigo al territorio. Algunos comentaristas -como Carlos Alsina- han comentado que “ça va de soi” que un Gobierno cumpla la legalidad y no se necesita decirlo. Lleva razón, pero en la España actual, donde el Gobierno y Comunidades como Cataluña incumplen sistemática y continuamente la Constitución, las leyes y las sentencias de los Tribunales a su libre arbitrio, no resulta ocioso recordarlo.

Valoración del Pacto entre el PP y Vox en Extremadura

El pacto acordado entre el PP y Vox en Extremadura es sumamente complejo ya que trata de compatibilizar dos actitudes y políticas incompatibles en algunas cuestiones. Ha sido un matrimonio de conveniencia para que el PP pueda gobernar en la Comunidad de conformidad con la voluntad expresada por el pueblo extremeño. Ambas partes han tenido que ceder algo en sus posiciones, pero Vox ha ganado la batalla del relato, al introducir en el texto algunas de sus exigencias maximalistas, pero -para “El Español”- se trata de eslóganes sonoros sin excesivo contenido concreto y -según Juanma Moreno- son “hipérboles” y exceso de literatura. Es parte del precio que ha tenido que pagar el PP para poder gobernar en Extremadura y en otras regiones donde no cuenta con una mayoría absoluta. No obstante, ha puesto suficientes palos en las ruedas de la “lepenista” prioridad nacional de Vox,  y todo dependerá de quién se lleve el gato al agua a la hora de interpretar y aplicar el pacto, que es el resultado de un compromiso” in extremis” que contiene medidas malas, buenas e inocuas.  

Como ha observado Jiménez Losantos, cada día vemos imponerse en todos los ámbitos la “prioridad antinacional”, con los privilegios de todo orden concedidos a catalanes y vascos, y la “prioridad contra el español”, manifestada en el incumplimiento pon la Generalitat de las sentencias que obligan a su enseñanza y la afirmación de su presidente de que Para obtener la residencia en Cataluña, los extranjeros deberán conocer el catalán. Esto es del todo conforme con la Constitución, mientras que el pacto extremeño es anticonstitucional.

1-Medidas malas 

La principal es la prioridad nacional, que -como ha observado Javier Redondo- no puede desligarse de disparatado proceso de regulación de inmigrantes que está tramitando el Gobierno de Sánchez, que ponen de manifiesto la inexistencia de una política migratoria, y una actuación contradictoria, incoherente y contraria a los vientos que vienen de Europa -incluidos en países con Gobiernos socialistas, como Dinamarca y Reino Unido- y a las recomendaciones de la UE. Sánchez ha lanzado una descomunal regulación masiva de inmigrantes ilegales por motivos de política interna, mediante un simple decreto, y no ha contado con las Cortes ni, con el principal partido de la oposición, en una cuestión de Estado por antonomasia. No sabe cuántos se lucrarán de su propuesta -ha hablado de 500.000, aunque es probable que superen el millón-, y no ha fijado unas condiciones claras para la regularización. Solo ha puesto como condición la permanencia en el país durante un mínimo de 5 meses y la inexistencia de antecedentes penales -un requisito imposible de obtener en muchos países de origen, pero que podrá ser sustituido por declaraciones de los interesados-, aunque no sea óbice tener antecedentes policiales -el Gobierno ha instado a los funcionarios de Prisiones a que faciliten la regularización de delincuentes encarcelados-, y no ha aportado los medios personales, materiales y financieros requeridos, por lo que el proceso terminará como ha comenzado, en una situación de absoluto caos.

En el PP se afirma que el endurecimiento de su posición migratoria no es una cesión a Vox sino fruto de sus convicciones. Por eso -como ha señalado “El Mundo”– “es razonable que el PP exija un mayor control de la inmigración, que rechace el carácter masivo de una regularización que va en contra del consenso europeo o que exija más severidad con los delincuentes multirreincidentes”. Si bien la aplicación de muchos de los compromisos suscritos resulta poco viable, el PP ha entregado a Vox un marco político de carácter identitario, que señala al inmigrante como el principal causante del deterioro de los servicios públicos y de la crisis de la vivienda en España.    

Para mí, uno de los mayores errores del acuerdo ha sido la oposición radical de la Junta al Tratado concluido entre le UE y MERCOSUR, que ha sido apoyado por el PP en Bruselas, y es un instrumento fundamental -junto con el firmado con India y los previstos con otros países asiáticos y sudamericanos-, cuando EEUU ha declarado la guerra arancelaria a la Unión y China sigue inundando los mercados europeos con sus productos, recurriendo una competencia desleal, amparada en un supuesto apoyo al multilateralismo y a la defensa de la libertad de comercio.

Otros temas que cabe situar en el “Debe” del pacto son: 1) La negativa a admitir menores no acompañados, aunque sí cabría oponerse a la política sectaria del Gobierno de enviar MENA a las Comunidades gobernadas por el PP y excluir del reparto a sus aliados catalanes y vascos. 2) Oposición a las directrices de la UE en materias de medio ambiente -Agenda 2030 y Pacto Verde- y agricultura -Política Agrícola Común-, y creación de un fondo para hacer frente a las imposiciones de Bruselas. 3) Supresión de subvenciones a las ONG que supuestamente colaboren con la mafias traficantes de inmigrantes y apoyen la llegada al, y la estancia en, el país, aunque el PP a diferencia de Vox- afirma que Caritas no está incluida entre ellas. 4) Reducción al mínimo de la cooperación internacional, aunque ésta sea insignificante.

2.-Medidas buenas

El mayor mérito del pacto radica en el compromiso asumido por Vox de aceptar la aprobación de cuatro presupuestos generales durante la legislatura, lo que facilitará -si se respeta- estabilidad, transparencia y colaboración de buena fe, a pesar de las notables diferencias ideológicas existentes. Un Gobierno y dos partidos, que conservan sus principios. Según ha comentado Jorge Bustos en la COPE, el 90% de las medidas acordadas son conformes con la política del PP. Sin tratar de ser exhaustivo, estimo que las siguientes son medidas razonablemente buenas.

1.-Reduccion del IRPF un 0.25% anual, del impuesto sobre actos jurídicos documentados del 0.5% en las escrituras públicas de adquisición de la vivienda habitual, y de las tasas autonómicas -incluidas las licencias de caza y pesca, y la revisión de la ITV-, y aumento de la bonificación en los impuestos sobre sucesiones y donaciones. 2.-Promesa de construir 3.500 viviendas protegidas y rehabilitar viviendas para dedicarlas a alquileres asequibles. 3.-Aplicación del desalojo exprés, protección a las víctimas de “okupaciones”, y exclusión de los condenados por allanamiento de morada o por ocupación de vivienda. 4.-Aumento del presupuesto para Sanidad en €500 millones y plan cuatrienal para contratar 1.500 profesionales sanitarios adicionales. 5.-Gratuidad en los jardines de infancia para los niños de hasta 3 años y deducciones fiscales por la adquisición de material escolar. 6.-Supresión del programa de enseñanza de Árabe y cultura marroquí en las escuelas y refuerzo de la enseñanza del español a los niños marroquíes para facilitar su integración. 7.-Prohibición del uso del burka y del niqab en los espacios públicos, tanto para salvaguardar la dignidad de la mujer, como por motivos de seguridad. 8.- Prohibición del adoctrinamiento en las aulas 8.-Protección, recuperación y restauración del patrimonio histórico de Extremadura. 9.-Reducción en un 50% de las subvenciones a los sindicatos, las organizaciones empresariales y las entidades privadas que no sean de utilidad pública. 10.-Incremento de ayudas a la natalidad y deducciones en el IRPF por el nacimiento o la adopción de hijos. 11.-Facilitación del retorno de los emigrantes extremeños y fijación de la población en espacios vaciados. 12.-Apoyo a las familias numerosas o con dependientes, a los nuevos núcleos familiares, a las personas con discapacidad y a los menores. 13.-Verificación de la edad de los MENA -muchos de los cuales son mayores de edad- y fortalecimiento del régimen disciplinario en los Centros de acogida. 14.-Reforma del Padrón Municipal para evitar fraudes. 15.-Rechazo al establecimiento de macro-parques fotovoltaicos y eólicos en suelos agrícolas productivos. 16.-Finalización del proyecto de regadío de Tierra de Barros…

3.-Medidas inocuas

Se han, incluido en el pacto algunas medidas que -con independencia de su bondad o maldad- resultan inviables o inaplicables por no entrar dentro de las competencias de la Comunidad, tales como: 1.-El blindaje del funcionamiento de la central nuclear de Almaraz, que depende de la decisión del Gobierno central y de las empresas propietarias; lo único que puede hacer la Junta para contribuir a la continuidad de la central es rebajar las tasas energéticas autonómicas, cosa que ya ha hecho al reducirlas un 30% anualmente. 2.-Oposición al Tratado entre la UE y MERCOSUR, que es competencia de la Unión y del Gobierno central; lo que sí puede hacer es velar por que no se produzcan en su aplicación discriminaciones a de los agricultores y ganaderos extremeños. 3.-Celebración de Acuerdos internacionales con los países de origen de los inmigrantes para controlar su llegada a Extremadura, que es asimismo competencia del Gobierno. 4.-Modificación de las Leyes de Emigración y de Ordenación Territorial, que corresponde a las Cortes.

Consecuencias del pacto entre el PP y Vox en Extremadura

Como ha observado Rafa Latorre, el objetivo de Vox al imponer la fórmula de la prioridad nacional no tiene nada que ver con el bienestar de los extremeños, sino con favorecer un clima de sospecha sobre la inmigración y forzar al PP a compartir su política migratoria. Prueba de ello ha sido que, cuando aún no se había secado la tinta del pacto extremeño firmado por la mañana, Vox presentó por la tarde en el Congreso una moción que lo contradecía e iba mucho más allá. El PP trató de responder a este golpe bajo presentando una enmienda que reproducía el texto acordado en Mérida y, alternativamente, proponiendo votar los párrafos de la moción por separado, pero Abascal se cerró en banda y Vox se quedó con los únicos votos de sus diputados. El PP votó en contra porque -como indicó su portavoz, Carmen Navarro- la formulación de la “prioridad nacional” aprobada por su partido, a diferencia de la presentada por Vox, se ajustaba a los límites infranqueables de la Constitución. Según señaló posteriormente el vicesecretario Elías Bendodo, “no estamos ni a favor de la regularización masiva como plantea el Gobierno, ni de las deportaciones masivas como plantea otro partido. La inmigración que venga a delinquir o simplemente a cobrar subvenciones no será bien recibida y tendrá que irse. Llámelo usted prioridad nacional o no prioridad nacional, pero este es el proyecto del PP”. Según Juanma Lamet, se trata de dos palabras que el PP se ha tenido que tragar como un sapo político y dialéctico, pero que no se plasmarán en una discriminación a los extranjeros.  

El pacto logrado en Extremadura ha surtido un efecto fulminante en Aragón, al llegar de inmediato a un acuerdo para investir a Azcón, reproduciendo “verbatim” la formulación del texto extremeño, y es harto probable que igual ocurra en Castilla/León y se acuerde en breve la investidura de  Fernández Mañueco. Abascal ha dado un nuevo giro en su estrategia “al modo trumpista” y, si antes culpaba del fracaso de las negociaciones a los líderes autonómicos -especialmente a Guardiola, “la Irene Montero extremeña”- ahora los malvados son -según Ignacio Garriga- Feijóo y  el “clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría”. Pese a los acuerdos que van a permitir a Vox chupar gobierno en horas bajas, Abascal le seguirá echando un pulso a Feijóo y actuará en connivencia con el PSOE para conseguir el liderazgo de la derecha, pese a que no se compadezca con su deseo de expulsar a Sánchez de la Moncloa como “prioridad nacional”. Los escarceos autonómicos son un ensayo general de lo que podría ser el acceso al Gobierno central del PP en coyunda más o menos amistosa con Vox tras las elecciones generales previstas para 2027.

En el ínterin, se aproximan las elecciones de Andalucía y, en plena precampaña, el presidente de la Junta y candidato aventajado para la reelección, Moreno, se encuentra incómodo con los términos de los pactos firmados con Vox, por temor a que le priven de alcanzar la mayoría absoluta para poder gobernar sin el abrazo de oso de su coyuntural y poco fiable aliado. Según Alsina, Moreno le ha dicho  por lo “bajini” a los andaluces que “no permitáis que sea vuestro Guardiola” y, ya en alta voz, que “no podemos permitirnos el lujo de nuestros hermanos extremeños, que han estado 6 meses bloqueados por el capricho de una fuerza política”. El PP no lo va a tener fácil porque Vox es un partido tóxico y Abascal un político ambicioso, autocrático y resentido.