La situación económica de España tras la crisis causada por la pandemia del Covid-19 no puede ser más calamitosa. El pasado año, cuando la situación económica era aún de bonanza dado que España era el país con mayor grado de crecimiento en Europa, concluyó con un déficit de €36.160 millones -2.8% del PIB- el límite de gasto público pasó del 2.7%  al 3.2% del PIB  y la deuda pública ascendió al 65.9% del PIB, un 0.40% más de lo previsto. Para 2020, las previsiones son aún mucho más desastrosas. En el primer trimestre del año, el PIB ha caído un 5.2% y, para el segundo y sucesivos semestres la caída se disparará aún más. Para la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIREF),  la caída alcanzará el 12%, para el Banco de España el 13% y para el Banco Central Europeo el 15%. Se prevé que el paro afectará a 6.500.000 personas. Las previsiones del Gobierno han quedado desfasadas, pues –según la AIREF- el déficit será €30.000 millones superior a los datos facilitados por el Gobierno a la Comisión Europea. La recaudación de impuestos será inferior a lo comunicado, pues –al disminuir las rentas de personas y empresas- se reducirá la actividad económica. Los gastos, por el contrario, crecerán de forma exponencial, debido especialmente a las subvenciones a los trabajadores y autónomos afectados por los ERTE y a la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Según Manuel Lagares, el IMV es un instrumento imprescindible para evitar una catástrofe social, pero no debería tener carácter permanente -como pretende Pablo Iglesias-, sino coyuntural, y permanecer tan sólo mientras duren los efectos de la pandemia, por el peligro de que tenga efectos negativos sobre el empleo, si los beneficiarios se acostumbran al maná estatal, se despreocupan de encontrar trabajo y realizan labores en el ámbito de la economía sumergida, como ha ocurrido en Andalucía. Viene a cuento lo que me comentó una amiga sevillana cuando se interesó por cómo le iba al marido de su asistenta, y ésta le contestó que le iba muy bien porque “trabajaba” en el PER y, con la ayuda de alguna chapucilla y de su salario, se las apañaban la mar de bien. Sanchistas y podemitas  quieren establecer una especie de PER nacional para ganar votos y voluntades, y establecer una red clientelar como la del PSOE en Andalucia o la antigua Convergencia pujolista en Cataluña. Para que los ingresos fiscales vía impuestos ordinarios o extraordinarios recuperen el nivel actual se necesitará, por lo menos, que transcurran dos años, mientras que los gastos siguen disparándose con la actitud demagógica y oportunista del Gobierno socio-marxista de expandir el gasto público para fomentar el clientelismo caciquil, por lo que no cabe más solución que reducirlos de forma drástica. De no ser así –como ha señalado Daniel Lacalle-, España seguirá endeudándose para  poder hacer frente a las obligaciones de un Estado que no para de engordar. Endeudarse resulta fácil en los actuales momentos, pero la deuda no lo arregla todo porque nunca sale gratis.

Según Josep Borrell, los costes de coma inducido que hemos tenido que aplicar al sistema económico para hacer frente a la pandemia del coronavirus han sido enormes y los Estados más afectados –como España- no pueden asumir por si solos Hcer frente a su endeudamiento. Para su financiación –estima Lagares- resulta indispensable la ayuda de la Comisión Europea y del BCE, que no dejarán de imponer a cambio sus condiciones de política económica. Para eso, la política fiscal del Gobierno deberá abordar  una estricta y profunda remodelación del gasto público, que permita ahorrar muchas sumas que hoy se ocultan en tareas improductivas o en  partidas de eficiencia dudosa, y otras que son meramente simbólicas, aunque significativas, como las producidas por una estructura gubernamental elefantiásica, pero el Gobierno no parece estar por la labor. Tanto la Comisión Europea como el BCE se han mostrado dispuestos a echar una mano solidaria para ayudar a sus socios más necesitados, pero habrá que ver si éstos se dejan ayudar.

El Plan de la Comisión deberá ser aprobado por el Consejo Europeo, para lo que se requiere un voto unánime. Pese al numantinismo de los frugales halcones, cabe esperar que no impongan su criterio frente a las cuatro mayores economía de la UE, la Comisión y el BCE. Países Bajos se encuentra algo tocado por las acusaciones formuladas últimamente de ayuda a la evasión fiscal, en Austria, los europeístas verdes contrarrestan el euroescepticismo del partido conservador, Dinamarca ha dado muestras de su tradicional pactismo y Suecia ni siquiera es miembro del euro. Como ha observado Joaquín Almunia, aunque no sea exactamente en la forma presentada por la Comisión, al final se logrará un compromiso satisfactorio

En cuanto al BCE, no se ha visto afectado por el palo entre las ruedas introducido por la sentencia del Tribunal Constitucional alemán y Cristine Lagarde ha demostrado que no se había sentido concernida por ella. Siguiendo los hechos a las palabras, ha anunciado que el Banco va a ampliar con €600.000 millones el Programa de Compras de Emergencia para Pandemias y prorrogado las compras hasta 2021. Los pagos de capital de los valores adquiridos bajo dicho Plan se reinvertirán hasta finales de 2022. Como consecuencia de ello, la prima de riesgo ha bajado a 87 puntos en España, 169 en Grecia y 170 en Italia. Lagarde sigue el camino de Draghi de hacer desde el Banco todo lo que sea posible para salvaguardar el euro.

Interventores

A juicio de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, la escena política, social y económica se puede volver apocalíptica si no se produce una intervención financiera masiva que evite el resquebrajamiento definitivo de la UE, que volvió a las fronteras nacionales nada más llegar la pandemia. La Comisión ha aprendido la lección de la crisis financiera de 2008 y procurado soslayar los excesos estabilizadores impuestos a los Estados auxiliados y el abusivo control de la Troika y de los “hombres de negro”. Por primera vez en su historia, la Comisión ha propuesto que se ofrezcan ayudas con más bases en los subsidios que en los créditos. Para ello, ha sido esencial la flexibilización de la posición de Alemania, la hasta ahora gran sacerdotisa de la estabilidad financiera y el déficit cero.

En las negociaciones previas, se ha reproducido el tradicional enfrentamiento  norte-sur, en la que los frugales halcones –Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia-. que se siguen oponiendo a la mutualización de la deuda y a los subsidios y  mantienen que sólo deben concederse préstamos, y los despilfarradores latinos –España, Francia. Grecia, Italia y Portugal-, que requieren una mayor solidaridad comunitaria y algún tipo de mutualización de la deuda provocada por el Covid-19. Angela Merkel se ha descolgado un tanto de los halcones y ha acordado con Emmanuel Macron una fórmula mixta, en la que se introducía un cierto grado de mutualización coyuntural. Como ha señalado Philippe Legrain –antiguo asesor de José Manuel Durao Barroso- la propuesta suponía un gran paso, porque implicaba dinero real, y no humo, que se obtendría con la emisión de cantidades significativas para proporcionar transferencias basadas en la necesidad. Tras la aprobación por parte del Consejo y del Parlamento Europeo de la creación de un Fondo de Recuperación y Resistencia, se encomendó a la Comisión la elaboración y presentación de una propuesta al respecto.

La Comisión ha propuesto que el nuevo Fondo emita €750.000millones de deuda en nombre de la UE  y con el respaldo de sus Estados miembros, para apoyar, vía transferencias presupuestarias y créditos a muy largo plazo, a los Estados más afectados por la pandemia. €55.000 millones serían en forma de subvenciones y 250.000 en forma de préstamos para financiar la recuperación nacional en forma proporcional a las consecuencias de la crisis. Esto constituye –a juicio de Borrell – un salto cualitativo en la organización de la solidaridad europea, ya que hasta ahora la ayuda  se efectuaba únicamente dando créditos a los países o facilitando su acceso a los mercados financieros, lo que aumentaba su endeudamiento. La amortización de la deuda y el pago de los intereses se haría a través del presupuesto comunitario a muy largo plazo, con la contribución de los Estados miembros y con recursos propios de la Unión –tasa de carbono, derechos de emisión, tasa digital e impuestos a las grandes corporaciones-. Von der Leyen ha prresntado un presupuesto para el período 2021-20027 de €1.1 billones. La mayor parte de los recursos se dedicarán a un programa para apoyar las inversiones las y reformas necesarias para la recuperación económica, que estarán vinculadas a las prioridades de la UE, básicamente, la transición ecológica y la transformación digital. Esta emisión de deuda conjunta lanzaría un mensaje a los mercados de que los Estados miembros de la Unión están dispuestos a actuar unidos para “hacer frente a la mayor crisis de la historia de la UE y para defender a Europa como proyecto político”.

Según Johannes Hahn, Comisario de Presupuesto, el Fondo es algo positivo que ofrece incentivos para construir una UE más resistente y oportunidades para que los Estados miembros aborden sus deficiencias y debilidades estructurales. Cada Gobierno deberá remitir un Plan Nacional de Recuperación y Resistencia que se base en las recomendaciones  de la Comisión, la cual lo evaluará y dará su dictamen en un plazo máximo de 4 meses. La Comisión presentará un informe anual de seguimiento y, si las recomendaciones no se han respetado y las reformas sugeridas no han sido ejecutadas, los desembolsos futuros podrían verse condicionados. No se trata de forzar a ningún Estado a realizar reformas no deseadas o de exigirle que no derogue otras, pero el que pida ayuda deberá hacer sus deberes. Para el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el Fondo no va de condicionalidad ni de intrusión, sino que se trata de que los Estados miembros se apropien de su propio crecimiento y tejido social, y que lo haga de forma coherente con las provisiones de la Comisión.

Los Estados beneficiarios deberían elaborar un diseño que pueda ser aceptado por todos los socios de la UE y no se realizarían transferencias para financiar comportamientos oportunistas, sino para que se hiciera buen uso de ellos. El Fondo adquiriría deuda pública de los Estados a cambio de fijar condiciones de reformas que potencien la lucha contra el déficit y la competitividad de la economía. Según la Comisión, el fuerte crecimiento de los Estados intervenidos  –como Italia, Irlanda, Grecia e incluso España- tuvieron un mayor crecimiento tras la crisis de 2008, como consecuencia de la ejecución de programas de reformas estructurales que permitieron corregir sus desequilibrios económicos.

Según un informe del Servicio de Estudios del Banco de España, dirigido por Óscar Arce, resulta lógica una condicionalidad en el uso de los recursos ligada a los propios objetivos de la estrategia de recuperación, con especial énfasis en la potenciación de las palancas de crecimiento, una de las cuales es la flexibilidad laboral. Es razonable que la UE reclame un cambio de paradigma hacia un mayor compartimiento de los recursos fiscales de la Unión, lo que requiere un alto grado de responsabilidad fiscal y un compromiso con la estabilidad macroeconómica a escala nacional. Esto pasa por avanzar en una agenda ambiciosa de reformas estructurales que permita retomar la senda de la convergencia real con las economías más desarrolladas de la Unión.

Intervenidos

El intervenido es obviamente el Gobierno español. El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido en el Congreso sobre la profunda y extrema gravedad de la crisis y la imperativa necesidad de desarrollar plenamente la fase de consolidación fiscal y de reformas estructurales, lo que requeriría un acuerdo político a lo largo de varias legislaturas. La Presidenta de las AIREF, Cristina Herrero, ha señalado que es tal la magnitud del problema al que hay que enfrentarse, que es precisa una hoja de ruta que goce del máximo consenso político. Dando muestra de la insensibilidad del Gobierno antes estas pertinentes admoniciones, 48 horas después, el PSOE y Podemos firmaban con Bildu, a espaldas del propio Gobierno, un vergonzoso acuerdo por el que se comprometían a derogar la reforma laboral en su integridad, lo que provocó los comentarios críticos de la Vicepresidenta responsable de la Economía, Nadia Calviño y la retirada de la CEOE de la mesa de diálogo social. La reforma laboral de 20l2 fue precisamente la última reforma estructural emprendida por un Gobierno.

El Vicepresidente Pablo Iglesias, ideólogo del bi-Gobierno de Pedro Sánchez, ha mostrado sus poderes al sabotear la Comisión de Recuperación Nacional, en la que acusó al PP de la muerte de Manolete, afirmó que Vox pretendía dar un golpe de Estado pero no se atrevía y expuso su receta sobre la forma cómo el Gobierno debería superar la crisis económica: Un plan de nacionalizaciones para garantizar el auto-abastecimiento en caso de que se produjera una nueva pandemia, intervención del mercado de la vivienda, subida de impuestos e introducción de un gravamen a las grandes fortunas y una tasa de reestructuración, expansión del gasto con grandes inversiones públicas, una mayor intervención del Estado en la economía, contrarreforma laboral para reconstruir los derechos de los trabajadores…En definitiva, un conjunto de medidas que es justo lo contrario de lo que necesita España en estos momentos y de lo que recomendará sin duda la UE para facilitar su ayuda económica. El Ministro de Transportes, José Luía Ábalos, no ha ido a la zaga, al afirmar que el Gobierno intervendrá en la economía sin contemplaciones en lo que fuera preciso, “pues no hay lugar para las ortodoxias idelógicas” (¿?). La crisis exigía que los Gobiernos asumieran un papel más activo en la economía.

El Gobierno ha hecho gala de su ineficacia en casos como el cierre de Nissam o la recuperación del turismo. Tras reunirse en Davos con los máximos dirigentes de la empresa japonesa, Sánchez manifestó que el empleo en la planta de la Zona Franca de Barcelona estaba asegurado y se durmió en los laureles. Ahora, la empresa ha manifestado que no había futuro posible y ha salido de España, y optado por mantener su factoría en Gran Bretaña a pesar del Brexit. A ello han contribuido la inestabilidad política y la incertidumbre jurídica en Cataluña, la obsesión de Joaquín Torra en centrar toda la actividad de la Generalitat en el logro de la independencia y las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de su concejal de Ecología, Janet Sanz, de que “ahora o nunca se debe reconvertir el sector del automóvil y evitar que se reactive”, y se reduzca la contaminación en la ciudad . Sus deseos se han visto cumplidos y Nissam ha reconvertido el sector marchándose de Barcelona. 

El turismo es el sector más importante de la economía española, que supone el 12% del PIB y aporta el 15% del empleo. Sin embargo, para el Ministro-Director General de Consumo, Alfonso Garzón –criado en Rincón de la Victoria, un municipio malagueño que depende casi al 100% del turismo-, éste apenas aporta valor añadido y sólo crea empleo precario. Para añadir obstáculos a su urgente recuperación, ha amenazado a las aerolíneas –absolutamente hundidas como consecuencia de la interrupción del transporte aéreo- con severas sanciones si no devuelven de inmediato el importe de los billetes a sus clientes por la anulación de los vuelos. A la labor  de zapa de esta lumbrera -con dudas existenciales sobre por qué es comunista estalinista-, se ha unido el propio Sánchez, que –pese a las reservas de la Ministra del ramo, Reyes Maroto- estableció una cuarentena de dos semanas a las personas que lleguen a España del extranjero y se ha negado a abrir las fronteras al turismo hasta el 1º de julio, cuando la inmensa mayoría de socios de la UE van a hacerlo el 15 de junio y algunos, como Italia, ya lo han hecho.  Alemania ha excluido a España en las recomendaciones a sus nacionales sobre vacaciones en el extranjero. Este incomprensible lapso de 15 días supone un regalo a nuestros competidores, que están dando toda suerte de facilidades para atraer al incipiente y disputado turismo internacional. Ello parece deberse al cumplimiento del principal objetivo de Sánchez, la imagen y la propaganda -¿tú quoque, Iván Redondo?-. El Gobierno pretende encubrir su incompetencia en el tratamiento de la crisis sanitaria, atribuyéndola a la exposición de España al turismo –el primer infestado fue un turista alemán en Canarias- y, como muestra de preocupación por el bienestar de los españoles, mantiene la cuarentena el tiempo que sea necesario.

La Ministra del trabajo, Yolanda Díaz, está determinada a llevar a infeliz término la derogación de la reforma laboral y a librarnos de las garras del capitalismo explotador, denigrando a los empresarios… Podríamos seguir pasando revista a los componentes del nutrido Gabinete, pero no merece la pena. Como ha observado Emilia Landaluce, el Ministro de Consumo no quiere que se consuma, la Ministra de Igualdad no quiere que seamos iguales y la Ministro de Trabajo nos va a mandar a todos al paro. Ante esta perspectiva, ¿qué insensato va a invertir un euro en España? No sólo no van a arriesgar su dinero en nuestro país, sino que algunos están retirando sus inversiones, como en los casos de Nissam y Alcoa, y posiblemente con las empresas automotoras francesas.

Imperativa necesidad de que la UE intervenga a España

¿Quiénn va a asumir el coste de los gastos de recuperación de la moribunda economía española? La UE se ha ofrecido generosamente a hacerlo. En la tómbola de las ayudas comunitarias del Fondo de Recuperación, la Comisión Europea ha reservado a España €140.000 millones, 77.000 en subsidios y 63.000 en préstamos a largo plazo y bajo interés. Como ha señalado Luis Garicano, los populistas aspiran a retirar estas sumas sin restricciones, como si se tratara de un cajero automático, y utilizarlas a su antojo, pero no será así porque el Gobierno tendrá que presentar un Plan de Recuperación que contenga propuestas sobre reformas estructurales. Según el eurodiputado de Ciudadanos, estas reformas deberían cubrir priotitariamente los siguientes ámbitos: 1) Empleo: Acelerar la robotización de los trabajos rutinarios y formar a los trabajadores en el uso de las tecnologías informáticas; 2) Educación: Educar a las nuevas generaciones en las técnicas de la digitalización y en el manejo de la informática; 3) Reforma de la Administración Pública, especialmente de la Justicia, para digitalizar su funcionamiento y permitir el teletrabajo desde casa; 4) Sanidad: Invertir lo suficiente para evitar que el sistema sanitario vuelva a colapsarse en caso de una nueva pandemia, aumentando la capacidad de los hospitales y de las UCI; 5) Cambio climático: Modernizar el tejido industrial y fomentar las industrias “environment-friendy”, modernizar la construcción, rehabilitar las viviendas y desarrollar un turismo seguro y sostenible. Con su asistencia, la UE ofrece una magnífica oportunidad para hacer las reformas necesarias para que funcionen adecuadamente la Administración y la economía. Se debe impulsar la confianza de los españoles en sí mismos y la de los Estados  y los inversores internacionales en España.

Como reza el aforismo anglosajón, “there is no free lunch”  y debemos estar dispuestos a pagar el coste del almuerzo. Como ha señalado el Comisario Hahn, no se trata de una imposición, sino de un diálogo, pero ha lanzado el aviso a navegantes de que las disposición fe fondos podría verse afectada en caso de que no se respetaran las condiciones y no se ejecutaran las reformas. Si, pero no; no pero sí. Dialoguemos, pues, y cumplamos los compromisos asumidos. ¿Van a aceptar Iglesias y sus podemitas las condiciones impuestas por las instituciones europeas? ¿Es posible que alguien dome al “burro de Troya” y lo convierta en un disciplinado alazán de la Escuela Española de Equitación de Viena? Confiemos que el Gobierno no tenga más remedio que aceptar las condiciones comunitarias  y que la eurócrata Calviño –a la que, parafraseando a Pedro Almodóvar, cabría preguntarle ¿que hace una chica como tú en un Gobierno como éste?- justifique su presencia en el Gabinete y actúe como agente de “liaison” con dichas instituciones. 

Durante la crisis de 2008, el Gobierno de España y la sociedad española trató por todos los medios de evitar el oprobioso rescate de la troika del Eurogrupo, del BCE y del FMI, y el control de los siniestros “hombres de negro”, pero ahora las circunstancias han cambiado dramáticamente, por lo que estamos dispuestos a darles la bienvenida, siempre que dejen el frac en casa y vengan con una sonrisa de circunstancias en los labios. Por eso, aspiramos a que la UE nos intervenga de la forma más amplia posible. Bruselas, “mon amour”,  Francfort, “meine liebe”, ¡intervenirnos, por favor!