Una profunda inquina hacia el mundo judicial caracteriza a esa gran parte de progresistas que simpatizan con el totalitarismo. Algo que viene de muy lejos y que fundamentan en el supuesto privilegiado origen social que atribuyen a jueces y fiscales, cuando en verdad tanto unos como otros proceden en su inmensa mayoría de jóvenes licenciados en Derecho, que acreditaron sus conocimientos superando unas exigentes oposiciones. Oposiciones que, sin embargo para los progresistas, sólo quedarían al alcance de los ricos, pues sólo estos podrían permitirse el lujo de dedicar unos años a opositar.

Pero, al menos en España, esta clásica interpretación marxistoide no se corresponde con la realidad; pues está comprobado que, tanto jueces como fiscales, proceden en gran parte de familias de la clase media; mientras que la mayoría de nuestros más declarados progresistas no pertenecen precisamente a las clases menos privilegiadas…

En cualquier caso, lo de ser jueces sin resultar elegidos directamente por la soberanía «popular» y sin intervención del dedazo de los políticos, a los progresistas les pone de los nervios porque escapa de sus mangoneos. De ahí su permanente interés en abrir el acceso a la judicatura por vías distintas a la superación de unas oposiciones, y también en controlar el Poder Judicial a través de su Ley Orgánica de 1985, que interpretó el art 122.3 CE primando generosamente al Poder Legislativo en la propuesta y elección de los miembros del CGPJ.