Entre los órganos más politizados de la justicia se encuentran la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Últimamente, la Audiencia ha vuelto a reconocer al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en el “caso Dina” y la fiscalía se ha opuesto a la admisión de las demandas formuladas contra el Gobierno por su desempeño en la crisis provocada por el Covid-19.

Protección de la Audiencia Nacional a Iglesias en el “caso Dina”

Érase una vez un mesiánico líder político que se lanzó al asalto de los cielos y ha acabado asaltando el Consejo de Ministros -por partida doble- y un chalet con piscina en la burguesa la sierra norte de Madrid. Látigo de la corrompida “casta” política, ha asumido sus hábitos y algunos más, y se ha convertido en vicepresidente del Gobierno y en pontífice máximo de una nueva casta. Macho-alfa con gran sex-appeal –político y de otro tipo-, no sólo ha progresado él, sino que –como gentil hada madrina- ha hecho progresar a sus discípulas, aunque su espíritu republicano le ha llevado a, en vez de convertir a las ranas en princesas, a transformarlas en diputadas y ministras.

En su época de eurodiputado, Iglesias tuvo una asistente –Dina Bousselham- a la que, el 1 de noviembre de 2015 le robaron su móvil en Ikea, según denunció a la policía. En junio de 2016, el digital OK.Diario publicó parte del contenido de la memoria del móvil supuestamente sustraído, especialmente unos comentarios de Iglesias sobre la periodista Mariló Montero -que había osado criticar a Podemos-, en los que afirmaba que ”la azotaría hasta que sangrase[…] Vas a ver lo que es un macho alfa cuando acosan a alguien de su grupo[…] Un marxista algo perverso convertido en psicópata […] Estoy gozando”. Él –que es quien mejor se conoce- se ha autodefinido con precisión como machista, marxista y psicópata.

El 20 de enero de 2016, el director de la revista “Interviú”, Antonio Asensio, entregó a Iglesias la tarjeta de memoria del móvil de Bousselham, que pudo leer en su presencia y comprobar que estaba en perfectas condiciones. Asensio entregó otra copia al comisario José Manuel Villarejo, quien -con fecha del 14 de abril- incluyó su contenido en unos dispositivos informáticos denominados Dina-1 y Dina-2. El líder de Podemos no informó de la recuperación de la tarjeta a Bouseelham, pese a ser consciente de la procedencia ilícita de la misma y de que contenía información personal e íntima de su propietaria. La mantuvo varios meses en su poder y, cuando finalmente la devolvió, estaba dañada –parcialmente quemada- e inservible.

Tras hallarse en el domicilio de Villarejo los dispositivos informáticos sobre Dina, el magistrado de la Audiencia Nacional instructor del “caso Tándem”, Manuel García Castellón, abrió una pieza separada que denominó “Dina”, para investigar si la policía había espiado a Podemos y conspirado contra Iglesias. El fiscal de su juzgado, Ignacio Stampa, que mantenía una relación íntima con Mar Flores, abogada de Bousselham y de Iglesias -a la que transmitía información confidencial sobre el caso, como que iba a proponer al instructor que ordenara un registro en la sede de OK Diario- recomendó a su amiga que las personas mencionadas denunciaran al digital y se personaran en la causa en calidad de perjudicados. Iglesias lo hizo en marzo de 2019  y mantuvo que la difusión del contenido de la tarjeta había sido obra de Villarejo y su “policía patriótica” –las “cloacas del Estado”-, con el objeto de perjudicarle a él y a su partido, y García Castellón se lo creyó y le otorgó el status de perjudicado.  

Consciente de estos tejemanejes, el jefe de los servicios jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, advirtió a su superior, Alberto Rodríguez, de las maniobras de  Flores y de que la filtración no procedía de la policía, sino que era un montaje de Iglesias y su círculo íntimo para tratar de mejorar las posibilidades electorales del partido jugando al victimismo. Rodríguez no le hizo obviamente el menor caso y Flores lo acusó de acoso sexual ante el partido y ante los tribunales. Podemos lo despidió y el tribunal competente de Madrid archivó la denuncia de Flores por carecer de base. Calvente presentó entonces una demanda por despido improcedente y denunció a Podemos por actividades ilegales, y el partido recurrió a sus comandos de “kale barroka” para intimidarlo con amenazas muerte a través de las redes sociales.

García Castellón siguió con la investigación, pues le había sorprendido la tardanza en la devolución –amén de la entrega de una tarjeta inutilizada- y las poco convincentes explicaciones de Iglesias de que había actuado de esa manera para proteger a su pupila, pues era muy joven y no podría resistir tanta presión. La propia Bousselham reconoció al juez que, antes del robo del móvil, ella misma había hecho pantallazos de las controvertidas imágenes a diversos miembros del partido. Incurrió en numerosas contradicciones y, con posterioridad, se retractó por escrito de sus declaraciones verbales, y afirmó que la tarjeta que le entregó Iglesias estaba en perfectas condiciones ¿Cuándo mintió la interesada, antes o después?

El magistrado instructor sabía que la filtración no había sido realizada por la policía de Villarejo, porque los dispositivos informáticos que disponía sobre Dina habían sido elaborados con posterioridad a la fecha de la difusión del contenido de la tarjeta, y las declaraciones de Bousselham le confirmaron que terceras personas habían dispuesto de la información, por lo que cualquiera de ellas podría haber sido responsable de la filtración. Por estas razones, el 17 de junio de 2020 retiró a Iglesias la condición de perjudicado. Éste planteó un recurso de reforma, pero el magistrado mantuvo su decisión, porque la pasividad de Iglesias resultaba incoherente con las  manifestaciones por él realizadas en sede judicial, y confirmaban su conclusión de que “no podía ser considerado como perjudicado en ningún caso”. El líder de Podemos estaba al tanto del contenido de la tarjeta –como había atestiguado Asensio y él mismo había reconocido- y era probable que este apunte fuera la clave para entender por qué Iglesias no se la había entregado de inmediato a Dina, así como el estado en que se encontraba. García Castellón se había planteado quién había dañado la tarjeta y por qué lo hizo, y sus investigaciones dejaron a Iglesias a las puertas de ser imputado por el delito de realización de daño informático.

Iglesias recurrió el auto del instructor y la sala tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acudido en su auxilio. Alegando argumentos de carácter predominante -aunque no exclusivamente- formal, le ha devuelto  su condición de perjudicado. En su auto de 16 de septiembre de 2020, ha estimado de que –con 

independencia de quién hubiera podido ser el autor de la filtración y/o destrucción de la tarjeta- la investigación sobre la autoría o la naturaleza de los desperfectos o el momento en que se produjeron no eran competencia de la Audiencia, al haber sido cometidos por personas ajenas a la organización criminal investigada, “por lo que estas eventuales infracciones penales carecerían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigadas por otro órgano judicial”. Hasta aquí todo bien, pero la Audiencia no debería haberse limitado a esta obvia constatación, sino que –basándose en la rigurosa investigación realizada por el instructor- debería haberle recomendado que enviara lo actuado al Tribunal Supremo –órgano competente dado que Iglesias está aforado- para que siguiera con la investigación, si lo estimara conveniente, o incluso haberlo hecho ella de oficio.

Sin embargo, la Audiencia ha ignorado la investigación realizada por García Castellón y -con sospechosa frivolidad al no haber ella investigado el caso- ha acudido al rescate de Iglesias con forzados argumentos de escasa credibilidad. A su juicio, no había pruebas que sustentaran las alternativas contempladas por el instructor, que eran meras  hipótesis que no desvirtuaban la conexión de Iglesias con la pieza “Dina” desgajada del caso “Tándem”, derivada del hallazgo en el domicilio de Villarejo de unos dispositivos electrónicos que contenían archivos que almacenaba el móvil de Bousselham en el momento de su sustracción. La publicación de los mensajes afectaron a Iglesias y los motivos que justificaron su consideración como perjudicado se seguían manteniendo. El hecho de que la pieza “Dina” continuara abierta sólo podía obedecer a que seguía  habiendo indicios de que la organización de Villarejo estaba tras el robo, lo que resultaba compatible con el eventual perjuicio a Iglesias. Por el contrario, esa condición de perjudicado no resultaba compatible con la existencia de hipótesis alternativas sobre lo sucedido con el móvil. “Es evidente la improcedencia de la investigación dentro de este procedimiento de las alternativas planteadas por el Juzgado Central de Instrucción, incluyendo las que señalan a los ahora recurrentes como origen de las informaciones publicadas”. 

 La concesión a Iglesias del status de perjudicado estaría justificada si la publicación de los archivos almacenados en el móvil de Bousselham hubiese sido provocada por la organización de Villarejo objeto de la investigación, unido a la consideración como delictiva de la obtención y/o difusión de la información, y a la apreciación de la virtualidad de la difusión de esos contenidos para causar un quebranto a Iglesias. Esos elementos que permitieron su personación como perjudicado se mantenían en la actualidad, por lo que la Audiencia ha revocado el auto del instructor y vuelto a conceder al interesado la condición de perjudicado.

No estoy seguro de que haya en estos momentos pruebas concluyentes de la involucración de Iglesias, Bousselham y militantes de Podemos en esta farsa, aunque personalmente sí creo que las hay, pero de lo que no cabe duda es que hay indicios racionales más que suficientes de que los pantallazos de su móvil lo dio la propia Bousselham, que Villarejo no fue el autor de la filtración, que Iglesias retuvo durante meses la tarjeta antes de devolvérsela destruida a su propietaria y qué fue el responsable de la destrucción de la tarjeta, que el líder de Podemos acusó falsamente a las cloacas del Estado de la filtración de los datos de la tarjeta a OK Diario con el fin de  perjudicarlo, que se han producido filtraciones ilegales de la fiscalía del juzgado a la abogada Mar Flores, que Calvente ha sido acusado falsamente por aquélla de acoso sexual y que se han cometido presuntos delitos de apoderamiento de datos de carácter personal, revelación de secretos, daños informáticos, denuncias falsas y mentiras en sede judicial. Ello hace imprescindible que el Tribunal Supremo -competente para juzgar a Iglesias- continúe con la investigación iniciada por García Castellón para aclarar los hechos y sacar las correspondientes consecuencias jurídicas.

La Audiencia Nacional, la fiscalía general y el Gobierno están haciendo todo lo posible para exonerar a Iglesias, tanto en el “caso Dina”, como en el de la financiación ilegal de Podemos o en el caso –aún no abierto- de la presunta comisión de de delitos en relación con el robo, revelación de datos y destrucción del móvil de Bousselham. Pese a su desautorización por la Audiencia, García Castellón no debería archivar su investigación, sino transmitirla al Supremo con una explicación motivada de por qué el Tribunal debería asumir la investigación sobre la actuación de Iglesias.

La ayuda descarada del Gobierno a su vicepresidente se ha materializado en el informe de fiscalía general proponiendo limitar la demanda de Calvente contra Iglesias –apoyada en ciertos elementos por el Tribunal de Cuentas- y en la oposición del PSOE y sus aliados separatistas y filoetarras a la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Podemos. Como muestra de su cinismo y aplicación de doble estándar, estos mismos partidos han apoyado la creación de una comisión investigadora de la actuación del PP en el “caso Kitchen”, pese estar en curso un proceso en el que el mismo García Castellón acaba de imputar al antiguo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y a su Secretario de Estado Francisco Martínez. 

Negativa de la fiscalía general a la tramitación de las querellas contra el Gobierno por su actuación durante la pandemia del Covid-19

La fiscal general, Dolores Delgado, ha dado una vez más muestras de por qué ha sido elevada a este puesto pese a su militancia socialista y su desempeño como ministra de Justicia. Delgado tenía que hacer frente al mihura de las 20 querellas y 36 denuncias presentadas por varias asociaciones y personas contra el Gobierno por su desastrosa gestión de la pandemia del Covid-19 y –como no le era posible lidiarlo personalmente, ya que no podía pronunciarse sobre la actuación de un Gobierno del que había formalmente formado parte y en el que informalmente continúa como ministra nº 23-, ha buscado a un sobresaliente de espadas para que hiciera una faena de aliño y devolviera el toro al corral. Con gran opacidad y sin consultar a los órganos supremos de la fiscalía –el Consejo Fiscal y la Junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo- ha cedido el capote a su segundo de a bordo, el teniente fiscal Luis Navajas, y formado su cuadrilla con los miembros de su secretaría técnica, liderados por su responsable, Álvaro García. Lola “espejo oscuro” salía por la puerta, pero regresaba por la ventana.

Navajas es un fiscal controvertido que se significó por su actuación sectaria con motivo del juicio y condena del juez Baltasar Garzón, que fue juzgado y condenado por ordenar las escuchas de las conversaciones de los presos del “caso Gürtel” con sus abogados defensores, y expulsado de la carrera judicial. Navajas se opuso a la admisión de la querella y pidió que se sobreseyera el caso. No sólo no acusó a Garzón, sino que fue su principal defensor, llegando a descalificar en audiencia pública al juez instructor y a afirmar que la condena del juez supondría  un ataque a la independencia judicial. 

En un farragoso y logorréico informe de 310 páginas publicado el l4 de septiembre, la fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las querellas por no apreciar indicios de que se hubiera cometido delito alguno, pese a las acusaciones al Gobierno prevaricación, malversación, omisión del deber de socorro, actos contra el derecho de los trabajadores, homicidio por imprudencia o lesiones. Se trataba –a su juicio- de acusaciones genéricas y difusas en las que no se determinaba con precisión las causas de las muertes, ni cómo los querellados podrían haberlas evitado, Los querellantes se habían limitado a atribuir a los querellados muertes y resultado s lesivos sin identificar los fallecidos o los lesionados, las condiciones en que se produjo su contagio, las razones por las que cada uno de los contagios traían causa de la supuesta falta de equipos de protección personal, así como las razones por las que la adopción de medidas hubiesen permitido, con una probabilidad rayana en la certeza, evitar o disminuir sensiblemente lo finalmente sucedido. Pretendían  que se celebrara una investigación prospectiva para fiscalizar la actuación del Gobierno en relación con la posible comisión en abstracto y de modo genérico de varios delitos. No ofrecían argumentos acerca de las razones por las que debía considerarse que la actuación del Gobierno había resultado arbitraria y “seguramente no lo hacen porque no lo fue”.

No existían elementos que permitieran afirmar que el Gobierno se hubiera mostrado poco ágil o diligente. Tampoco se ha justificado en qué contribuyó la actuación de los querellados a crear o aumentar los riesgos, lo que  impedía comparar la inacción que se le atribuía a la causación efectiva de muchas muertes. Resulta imposible afirmar, cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia, que los querellados podían haber desarrollado actuaciones que hubieran evitado los desgraciados efectos producidos por la pandemia. No se ha advertido que los querellados hubieran infringido obligación o deber alguno, o actuación cuya implementación hubiera evitado o disminuido de modos relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos. Estas circunstancias impedían atribuirles comportamiento omisivo de ningún tipo cuya ejecución se correspondiera valorativamente con indeterminados delitos de homicidio o de lesiones. El hecho de que fueran posibles otras alternativas con el fin de frenar la pandemia, en ningún caso permitía concluir que la actuación de los querellados hubiera resultado poco diligente y, muchos menos, que supusiera el incumplimiento del mandato que como garantes les pudiera resultar exigibles. “Su actuación fue idónea y razonable para contener la pandemia”.

Se estaba exigiendo a los querellados una conducta imposible de realizar, ya que la falta de medios era un hecho notorio, por lo que no era preciso realizar ninguna diligencia- Los distintos tipos penales propuestos en las querellas no desembocaban en ninguno de los delitos examinados, ni en ningún otro tipo penal, por lo que era inviable  iniciar una investigación en tales circunstancias. “Ello nos lleva a concluir que lo procedente es la inadmisión a trámite de las querellas sin más”. Resulta poco verosímil que denuncias presentadas por organizaciones como Colegios de Médicos tengan tan poco fundamento como para que sean despachadas de un plumazo.

Lo más criticable del informe –calificado por algunos de “navajazo”- no es ya que recomiende la inadmisión de las querellas, sino el tono laudatorio sobre la actuación del Gobierno, a todas luces injustificado dado que España es el país que ha presentado los peores resultados de contagios y muertes per cápita durante las dos fases de la pandemia, así como sobre el desplome de la economía. Según la fiscalía, “resulta sencillamente imposible afirmar que nuestra administración debería haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo”. Según Rafa Latorre, se trata de un informe defensivo, porque no juzga la pertinencia técnica de las querellas presentadas, sino la sumisa voluntad que trasluce la prosa de quienes debían evaluarla. Se trata de un documento técnicamente deficiente que exculpa políticamente al Gobierno y usa un lenguaje más propio de un mitin electoral que de un informe jurídico sereno y objetivo.

Para Arcadi Espada, el informe de Navajas está basado en sus convicciones y no en los hechos. En relación, por ejemplo, con las marchas feministas del 8-M, el documento ha afirmado  que no era posible atribuir al Gobierno responsabilidad por las mismas, ya que en aquella fecha no gozaba de facultades o competencias asociadas a   tales eventos, por lo que resultaba inviable atribuirle el resultado lesivo de su celebración. “La única administración competente a fecha de 8 de marzo de 2020 para aprobar restricciones a la libertad de circulación o al derecho de manifestación

por razones de protección de la salud pública correspondía a las autoridades autonómicas”. Cabía añadir “ la paradójica circunstancia de que los querellados acudieran, junto a sus familias a tales manifestaciones, dato éste que resulta  ciertamente relevante en orden a valorar el ánimo que pudo guiar su actuación […] Si los miembros del ejecutivo hubieran sido conscientes del riesgo, no habrían acudido a las marchas ni llevado a sus familias”. Semejante aserto casa mal con las declaraciones de Carmen Calvo o de Irene Montero. Espada ha estimado que las ministras asumieron sus riesgos y facilitaron que otros los asumieran, por lo que la justicia debería decidir, a partir de los hechos, si fue un riesgo criminal. Navajas también ha partido de la convicción de que el conocimiento general que se tenía de la pandemia avalaba la actuación del Gobierno, pero –en opinión de Arcada-, ningún país del primer mundo ha protegido a sus ciudadanos peor que España, que “no fue ignorante, sino negligente, y sólo la justicia puede decidir si esa negligencia fue criminal”. 

El pasado mes de mayo, Delgado afirmó que  “vamos a investigarlo todo; las víctimas son una prioridad”. Sin embargo, cuatro meses más tarde, cuando las víctimas han pedido una investigación, las promesas de la fiscal general se han esfumado y la fiscalía se ha opuesto rotundamente a que se tramite su petición. Según ha editorializado el diario “El Mundo”, las víctimas tienen derecho a que se les haga justicia. Por supuesto que la cascada de querellas presentadas requieren un pronunciamiento sobre su pertinencia técnica y es probable que muchas de ellas carezcan de sustento penal suficiente y merezcan ser archivadas, pero “que el Ministerio Público, nacido para defender a las víctimas y perseguir el delito, se erija en empalizada preventiva y defensiva del mando único de Sánchez y sus ministros –mientras descarga sobre las autonomías toda eventual responsabilidad-, […] delata un sectarismo que avergüenza y redunda en una deriva de peronización institucional que apunta a la justicia como último objetivo de domesticación”. 

En efecto, la fiscalía ha tratado exonerar al Gobierno de su responsabilidad al afirmar que, si bien tras la declaración del estado de alarma se colocó al ministro de Sanidad en el vértice de la pirámide de mando, “las administraciones públicas autonómicas y locales mantienen la gestión de los servicios sanitarios asegurando su buen funcionamiento”. Así pues, la fiscalía ha avalado que el Gobierno asumiera el poder en exclusiva, pero no la responsabilidad, que delegaba iidebidamente en las administraciones autonómicas, que debían seguir las instrucciones de Sanidad.

“El Mundo” concluía su editorial preguntándose si acaso no había habido negligencias graves en la desastrosa gestión de la pandemia ¿No sería democrático investigarlas, lo mismo en Madrid o en Cataluña que en el Gobierno central, al margen del color político? La fiscalía ha dado de entrada una respuesta negativa para liberar al Gobierno central de responsabilidad, pero su misión no es defenderlo, sino investigar los actos que puedan ser delictivos. Es posible que el Gobierno central y los distintos Gobiernos autonómicos hayan actuado dentro del marco de la ley, y se hayan visto sorprendidos por la inesperada implosión de una epidemia sin precedentes y superados por sus consecuencias, pero, para saberlo, hay que aceptar a trámite las querellas presentadas por las víctimas y realizar la correspondiente investigación, y -si no lo hace el Ministerio Fiscal- ¿quién lo va a hacer? Al negarse a ello –lo que supone una denegación de justicia- queda una vez más de manifiesto que Pedro Sánchez  ha convertido la  fiscalía del Estado en la abogacía del Gobierno, con la complicidad de Delgado. El informe de la fiscalía, sin embargo, no es vinculante y será el Tribunal Supremo el que finalmente decida. Cabe, por tanto, albergar la esperanza de que esta reputada institución salve a los ciudadanos de los abusos del ejecutivo.