Tras controlar la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscalía del Gobierno, Pedro Sánchez trata de controlar el último vestigio del Poder Judicial que aún le queda por domeñar, el Tribunal Supremo (TS) y, para ello, trata de servirse del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Control del Tribunal Supremo

Ha costado 5 años la renovación del CGPJ y el partido ha terminado en tablas, al dividirse el Consejo en partes iguales entre 10 vocales progresistas y 10 conservadores. De aquí la importancia para el Gobierno de la designación del presidente del mismo, que es a la par presidente del TS, porque tendrá el voto de calidad. Pese a haberlo intentado desde que entró en funciones el 25 de julio, el flamante Consejo no ha conseguido reunir los 12 votos necesarios para su elección, y no parece que lo vaya a conseguir antes del 5 de septiembre, fecha de la inauguración del Año Judicial. Por presión del Gobierno, el grupo progresista ha mantenido que la presidenta debe ser una mujer y apoyado, a estos efectos, a la magistrada del TS Pilar Teso, quien -aunque tenga prestigio profesional- se considera que está demasiado influida por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y el grupo conservador no puede aceptar que las presidencias de los dos máximos órganos judiciales recaigan sobre dos personas afines al Gobierno de un presidente que pretende controlar el Poder Judicial en su integridad. Como  alternativa, el grupo progresista ha apoyado a Ana Ferrer, quién -aunque en un principio no estaba en la órbita del Gobierno- últimamente ha hecho méritos sobrados para acercarse a él. Así, en las últimas sentencias, ha roto el consenso de los miembros del TS. Especialmente notoria ha sido su discrepancia con la mayoría de la Sala Segunda de lo Penal sobre la no concesión de la amnistía a Carles Puigdemont, al mantener que no aplicársela por el delito de malversación superaba “todos los diques de la lógica”, y asumir los argumentos de los partidos separatistas y de los magistrados progresistas del TC. Precisamente Puigdemont -prófugo de la justicia que se ha burlado de forma permanente de los tribunales españoles- ha acusado  ante el CGPJ al magistrado instructor Pablo Llarena de una supuesta dilación maliciosa en la resolución de los recursos que ha presentado contra la decisión judicial que le negó la amnistía.

El grupo conservador se ha mostrado dispuesto a nombrar presidente a un prestigioso magistrado de talante progresista como Pablo Lucas, que tiene un “currículum vitae” impecable. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, fue elegido en 2001 magistrado del TS, y actualmente ejerce el control previo sobre las actuaciones del CNI, pero ha sido vetado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por ser demasiado independiente y no dejarse influir por las presiones del Gobierno.

El control del CGPJ es decisivo para que el Gobierno pueda influir en el TS, que hasta ahora no ha sido propicio a condonar sus arbitrariedades, y ha conseguido mantener en pie el Estado de Derecho. A causa de la insólita decisión del Gobierno de impedir que el Consejo en funciones pudiera realizar nombramientos, hay actualmente 123 puestos vacantes en la cúpula judicial. Si el Gobierno llegara a controlar el CGPJ, se repetiría lo ocurrido en la Fiscalía General del Estado durante los mandatos de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz, durante los cuales la práctica totalidad de los puestos de alta dirección ha sido ocupada por miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), pese a ser una asociación profesional minoritaria.

Investigación judicial a la “famiglia” Sánchez

Según el profesor José Torné-Dombidau, desde el primer día que accedió a la presidencia del Gobierno, Sánchez ha tratado de someter a los jueces a sus dictados y a dominar el Poder Judicial. Él no es un justiciable más, sino que se considera acreedor a un tratamiento privilegiado para él y su esposa, y para su partido y sus conmilitones, cómo solicita un fiscal general reconvertido en defensor de sus posiciones personales.

1.-Begoña Gómez:

La esposa del presidente, pese a carecer de una licenciatura oficial, fue nombrada profesora de la Universidad Complutense de Madrid y codirectora de un máster sobre Transformación Social Competitiva. Una empresa de Carlos Barrabé -que financió esa cátedra- consiguió subvenciones del Estado de 7.7 y de 4.4  millones, pese a haber ofertas inferiores de otras compañías. Gómez firmó sendas cartas en las que apoyaba la petición de las subvenciones y se comprometió a colaborar en la ejecución de los contratos. Recibía a Barrabé en la Moncloa y en alguna de esas reuniones participó Sánchez. También convocó en la residencia presidencial al rector de la UCM, Joaquín Goyache, al que pidió que le creara una cátedra “ad hoc” y la nombrara codirectora de la misma. Gómez centró sus actividades en la captación de fondos y en la estrategia para obtener los que concedía el Gobierno que presidía su marido. Acompañó a su esposo en varios viajes oficiales a África y tuvo agenda propia. Son datos contrastados y no bulos, que no han sido  puestos en cuestión por los interesados.

Por todo ello, el sindicato Manos Limpias presentó una querella contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, al estimar que se había aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno. La demanda fue admitida a trámite por el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, quien inició la instrucción del caso y citó a Gómez para que declarara en calidad de investigada. La Fiscalía de Madrid pidió directamente a la Audiencia Provincial que archivara el caso, pero ésta dio luz verde a Peinado para que continuara con la investigación, al señalar que la pretensión del Ministerio Fiscal “era inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad”. La denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente para ofrecer su influencia personal de recomendación en la concesión de sustanciosos contratos de adjudicación pública.

Gómez también visitó a los directivos de Indra, Telefónica -empresas ambas participadas por el Estado- y Google, a las que pidió que crearan una plataforma de “software” de aplicación informática para su máster en la UCM a coste cero. Éstos accedieron y elaboraron un Proyecto de Transformación Social Competitiva-Plataforma de Impacto Social, que permitiera a las PYME conocer de forma ágil y sencilla su grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Se trataba de un proyecto altruista para una entidad sin ánimo de lucros y las empresas, invirtieron “desinteresadamente” unos €150.000, pero -cuando estaba concluido el 75% del proyecto- se dieron cuenta de que podía producirse un conflicto de intereses y cortaron la financiación. La UCM financió los €62.500 restantes mediante una adjudicación a Deloitte Consultant. Sin consultar con la Universidad -propietaria del proyecto- Gómez lo registró en la Oficina de Patentes y Marcas a nombre Transforma TSC S.L., empresa de la que es propietaria y cuya sede social radica en el domicilio particular de la pareja presidencial, sin que apareciera mención alguna de su propietaria, la UCM. 

La Asociación “Hazte Oír” presentó otra querella contra Gómez por la apropiación indebida de la plataforma de la UCM, que fue asimismo admitida a trámite por el juzgado número 41. La Universidad pidió explicaciones a la emprendedora, que no las ha dado y se ha ha negado a colaborar, por lo que solicitó al juez Peinado que investigara si habían existido conductas no ajustadas a derecho y se había producido la apropiación indebida de un bien de su propiedad, en cuyo caso pedía incorporarse al proceso en concepto de perjudicada. La defensa de Gómez recurrió la decisión del juez  y la Audiencia Provincial aplazó su decisión hasta el 30 de septiembre debido al periodo vacacional, pero la recurrente pretendió que se pronunciara antes de dicha fecha. Al mismo tiempo, presentó una querella contra Peinado, por revelar secretos y adoptar decisiones manifiestamente injustas y arbitrarias, que le causaban indefensión.

2.-Pedro Sánchez

Aunque no tanto como su cónyuge, Pedro Sánchez también se encuentra involucrado en la investigación de ésta, ya que votó a favor de la concesión a Globalia de unos €795 millones, pese a que Gómez había celebrado reuniones de negocios con el CEO de la empresa, Javier Hidalgo. El PP denunció el caso ante la Oficina de Conflictos de Intereses -que depende del Ministerio para la Transformación Digital-, que archivó la denuncia por improcedente, ya que la esposa del presidente no había tenido relación laboral o profesional alguna que implicaran el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración de Air Europa, por lo que Sánchez no tenía obligación de abstenerse en la votación en el Consejo de Ministros. En su lastimera Epístola a los Adefesios, Sánchez no dio explicación alguna sobre la conducta de su esposa y se limitó a decir que se había judicializado el asunto al presentarse una demanda contra ella en un juzgado de Madrid. Afirmó que los intereses derechistas y ultraderechistas esparcían fango para tapar sus escándalos de corrupción y habían traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno. Para entonces, ya sabía que su consorte había sido citada a declarar como investigada.

Pintado citó a Sánchez como testigo en su calidad de esposo de la investigada y éste -con su habitual prepotencia- le escribió una carta para exigirle que pudiera declarar por escrito, dada su condición de presidente del Gobierno. Pintado dictó un auto en el que manifestaba que no lo había citado en su condición de tal, sino de marido de la interesada, y que, por tanto, se trasladaría a la Moncloa para tomarle declaración en una sesión en la que también participarían los abogados de las partes personadas en el caso -Manos Limpias, Hazte Oír y Vox-. Así se hizo y Sánchez se acogió a su derecho a no declarar en contra de su mujer. Según Pintado el silencio de Sánchez implica inferencias que pueden llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes de posibles indicios. Como editorializó “El Mundo”, era lógico que el juez tratará de averiguar el impacto de la influencia de calidad del presidente y de la utilización del mayor centro del poder del país para hacer negocios. Sánchez debería haber recibido con normalidad democrática una citación que le ofrecía la oportunidad de dar explicaciones, pero, en cambio, se enfureció ante semejante ofensa a su persona, y los miembros del Gobierno se lanzaron en tromba contra el juez, y el “caso Begoña” se convirtió en el “caso Pintado”. Según declaró la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se trataba de una causa política cuyo único objetivo era atacar al presidente y a su familia, y erosionar a un Gobierno progresista. Siguiendo el talante de su alma gemela -Puigdemont-, Sánchez presentó una querella por prevaricación contra Pintado, a través de la Abogacía del Estado, pese a tratarse de una cuestión personal.

3.-David Sánchez

Para cerrar el triángulo familiar, hay que mencionar al volandero hermano del presidente, David Sánchez a) David Azagra, el Bach de Badajoz. Tras pasar varios años en Rusia, Azagra -que es músico de profesión y fue director artístico del Teatro Mijailovsky de San Petersburgo- regresó a España en 2017 y, 11 días después de que su hermano Pedro recuperara la secretaría general del PSOE, fue nombrado a dedo por el presidente socialista de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, Coordinador de Actividades de Conservatorios, un puesto innecesario creado a su medida, dado que solo hay dos Conservatorios en la provincia que no necesitan ser coordinados. Apenas si puso los pies en su puesto de trabajo -por el que percibe €53.890 anuales- y, por no tener, no tenía ni despacho. No obstante, fue promovido al cargo de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En 2020, Azagra pidió un año de excedencia y se instaló Bangkok, donde conoció a su pareja japonesa, Kaori Matsumoto, funcionaria de la ONU, con la que tuvo una hija. Pedro Sánchez es un gran amante de la familia -sobre todo cuando es la suya- y no solo facilitó trabajo a su hermano, sino también a su cuñada. Así, tras donar unos milloncejos a la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo,  consiguió que ésta creara una sub-Oficina en Madrid con el fin de luchar contra el terrorismo que persigue objetivos vulnerables en Mauritania y, por casualidad, la jefatura de esta entidad ha sido encomendada a la Sra Matsumoto, que podrá seguir desde los Madriles los avatares de la batalla contra el terrorismo en este país africano.

Lo primero que hizo Azagra al regresar en 2022 a su puesto pacense “in absentia” fue solicitar un permiso de 16 semanas por paternidad. Acto seguido pasó a trabajar como autónomo para la diputación de Badajoz y se pudo instalar en Elvas, al otro lado de la raya con Portugal, desde donde puede teletrabajar y pagar menos impuestos (¿?). Y además, por sus muchos méritos y su laboriosidad- aparte de apellidarse Sánchez, ha sido nombrado asesor del Teatro Real de Madrid.

Por todas estas marrullerías, Azagra fue demandado por “Manos Limpias”, que lo ha acusado de delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social, malversación, fraude y exacciones ilegales, y la demanda ha sido admitida a trámite por la titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que ha imputado asimismo a Gallardo. En unos años, David Sánchez ha incrementado de forma considerable su patrimonio, que excede de los dos millones de euros, con pisos en Madrid, San Petersburgo y Elvas, y sin pagar impuesto alguno entre 2021 y 2023. La instructora ha pedido información a la Agencia Tributaria sobre si el interesado había cumplido con sus obligaciones fiscales, y ha recibido un informe -sin encabezamiento, ni firma- por el que se le exoneraba de cualquier irregularidad. El Gobierno ha acudido solícito a cubrir las espaldas del hermanísimo, y la portavoz Alegría ha calificado de falsa la denuncia, que carece de fundamento jurídico y trata de desacreditar al presidente Sánchez a través de su familia.

Descrédito total de la Fiscalía General del Gobierno y de su titular

Uno de los alfiles fundamentales del Gobierno de Pedro Sánchez, el fiscal general del Gobierno -otrora del Estado-, Álvaro García Ortiz, anda por sus momentos más bajos en la historia de la Fiscalía General y está completamente desprestigiado. Jurista mediocre, ha hecho carreras gracias a su oportunismo, sus trapicheos en la UPF y su sumisión total al Gobierno del PSOE. Ignora por completo el artículo 124 de la Constitución, que establece que el Ministerio fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los tribunales, y ejerce sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. La independencia de García Ortiz y del entramado de la Fiscalía General es cero y su entrega al Gobierno absoluta.

Ha sido considerado por el CGPJ inidóneo para ejercer el cargo y desautorizado en varias ocasiones por el TS, que ha anulado los nombramientos de protectora Dolores Delgado como fiscal de Sala y como fiscal-jefe de la Sección militar y de la de Derechos Humanos y Memoria Histórica, y calificado su actuación de “desviación de poder”. García Ortiz rechazó la petición de la Mesa del Senado de que el Consejo Fiscal informara sobre la Ley de Amnistía y ni siquiera comunicó la petición al Consejo, que había elaborado un informe bastante crítico. Muchos miembros del Consejo censuraron la actitud del fiscal general, que ni se molestó en contestarles. Se ha enfrentado a menudo con las tesis de la mayoría de los fiscales, como en los casos de los nombramientos de Delgado, de la Ley de Amnistía o de la imputación de Puigdemont por terrorismo, y se ha apoyado en la cúpula de la Fiscalía integrada pon miembros de la UPF. Ha sido denunciado ante el TS por la Asociación Profesional de Fiscales y ha tenido el cuajo de recusar, en un hecho sin precedentes, a cuatro magistrados de la Sala, que ha considerado su petición de “manifiestamente extemporánea”.

García Ortiz ha multiplicado sus irregularidades y sus decisiones favorables a los intereses del Gobierno, en contra de la opinión mayoritaria de los fiscales, pero ha tensado en excesivo la cuerda con el llamado “caso del novio de Ayuso”, en el que la violación del deber de secreto en la instrucción del caso, lo dejado a las puertas de su imputación por el TS. La Agencia Tributaria abrió un expediente por fraude fiscal a Alberto González, y su abogado negoció una posible transacción asumiendo su parte de culpa. García Ortiz ordenó al fiscal del caso, Joaquín Salto, que le enviara todos los correos y grabaciones relativos al caso, y éste envió la información solicitada a través de su jefa, Pilar Rodríguez. El gabinete de la Fiscalía General elaboró un comunicado en que se hacían públicos unos datos que eran confidenciales y García Ortiz ordenó a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que lo enviara a los medios de comunicación, a lo que ésta se negó, por lo que aquél asumió la responsabilidad del ilegal envío, y comunicó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la competencia para investigar la actuación correspondía al TS, dada su condición de aforado. Tras la querella presentada por González y por el Colegio de Abogados de Madrid por revelación de secretos, están siendo investigados los fiscales Salto y Rodríguez, y el instructor del caso, Francisco José Goyena, ha elevado al TS una exposición razonada contra García Ortiz, para que el Tribunal continúe la instrucción si lo considerara apropiado, pese a la petición de la Fiscalía de que se sobreseyera el procedimiento.

Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía

Sin embargo, el principal problema que se cierne sobre Sánchez es el de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que ya ha entrado en vigor, pero que el TS se ha negado a aplicar a Puigdemont y a otros políticos catalanes por no cubrir el supuesto de malversación. El alto Tribunal ha dado un paso más al haber promovido la Sala Segunda de lo Penal una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la citada Ley, por considerar que vulnera el derecho a la igualdad entre españoles, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad, así como el de exclusividad jurisdiccional, proclamados en la Constitución. La Sala ha considerado que la norma “repugna al Derecho Constitucional y a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. El sistema constitucional se sustituye por lo que clásicamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática […] Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están aquí en cuestión”. Resulta curioso que el TS califique por primera vez  al “procès” de “golpe de Estado”. “Los golpistas amnistiados no es que mantengan -como tienen derecho a hacerlo- la ideología que les trajo hasta aquí. No es que no pidan perdón a los demócratas catalanes y a los del resto de España por haber intentado alterar por la fuerza de los hechos el orden constitucional democrático. Es que afirman -en lo que ya es un eslogan- que lo volverán a hacer”.

La cuestión pasará al TC, donde Conde-Pumpido y su panda gubernamental la aguardan con el hacha afilada para machacar los innumerables argumentos que prueban que la Ley es anticonstitucional, injusta e inmoral. Ya han venido preparando el camino liberador con sentencias tan increíbles como las de la revisión de las sentencias del TS en el caso de los ERE andaluces, en el que el TC ha marcado con fuego su inexistente superioridad sobre el TS en cuestiones que no son en absoluto de su competencia.

Es probable, sin embargo, que antes de la previsible sentencia del TC, se dicte la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que goza de prioridad sobre aquél, tanto en la forma como en el fondo. El Tribunal de Cuentas no va a aplicar la amnistía a los principales líderes del “procès” por entender que desviaron fondos para finalidades prohibidas por la ley, y perjudicaron con ello los intereses financieros de la UE, y ha presentado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Es también harto probable, que algún tribunal o juez, que tenga dudas a la hora de aplicar la amnistía a los políticos condenados, planteen una cuestión similar. Las espadas judiciales siguen, pues, en alto. 

Concluyo este artículo con las reflexiones de Torné-Dombidau de que, cuando el presidente de un Gobierno mantiene una difícil y tensa relación con el Poder Judicial, palidece del Estado de Derecho, se degradan el sistema democrático y el debido equilibrio y respeto entre los poderes del Estado en que consiste la democracia, y desaparecen, enturbiándose y dislocándose, las relaciones institucionales. El control judicial de los actos de Gobierno constituye el último y más importante valladar contra el abuso del ejercicio del poder.