“La lógica y humana indignación por la muerte de Sandra no puede llevarnos, desde la canallada, a una espiral de violencia intimidando sin control a menores, publicando sus rostros y señalando responsabilidades a diestra, que no a siniestra…”
El triste final de Sandra en Sevilla, ha vuelto a poner sobre la palestra la displicencia y el menosprecio de un insignificante pero provocador pedazo de la nación, a las piadosas costumbres sociales que, desde hace milenios y desde el dolor más amargo, conteniendo la ira, viene consistiendo en dar sepultura al cuerpo y acompañar y consolar a sus familiares, dejando para su tiempo la averiguación de las responsabilidades, si las hubo, en el plano más cercano del centro –concertado, se insiste- y/o de la administración educativa, como ya se pretende de manera un tanto forzada por movimientos que se asemejan a otros ya sufridos.
Salvando más que nunca las distancias -además de por la cercanía física, por el desgarro de la inmediatez- resulta que no es nueva la cuestión: la progresía en general y, particularmente, la española y contemporánea, no ha descansado en su favorito e infame entretenimiento: el de “echarle los muertos” de todas las desgracias a los gobiernos si son de la derecha cuando sucede la desdicha.
En la madrugada del 31 de agosto de 1995, mes y medio después de la llegada del popular Sergio Marqués al Principado de Asturias, en la mina de carbón de Hunosa conocida como pozo de San Nicolás, se produjo una explosión de grisú que reportó 14 mineros muertos, Ya en 1996, en el pozo de carbón de Mieres, dos mineros fallecieron por un desprendimiento de carbón. Ese mismo año, otros dos mineros murieron en accidentes en Asturias y León. Sindicatos y partidos de la oposición acusaron a los gobiernos regionales del PP (Aznar al aparato en Castilla y León) de no fiscalizar adecuadamente las minas, lo que habría permitido que las empresas relajaran las medidas de seguridad para maximizar la producción. Las protestas de los mineros, históricamente, han contado con un fuerte apoyo popular, no solo en Asturias, sino en otras regiones mineras. La Marcha Negra de 2012, durante el gobierno de Rajoy, es un ejemplo claro de este respaldo, con miles de ciudadanos arropando a los mineros en su trayecto y en la manifestación final en Madrid, pese a no haberse producido siniestros en esas fechas.
Fue en noviembre de 2002 cuando el petrolero Prestige se partió e incendió frente a la costa de Galicia, provocando uno de los mayores vertidos de combustible en la costa española. La izquierda y asociaciones ecologistas, valga la redundancia, denunciaron “inacción”, “ocultación de información” y la falta de medidas eficaces de contingencia, calificando el incidente como “asesinato medioambiental”.
El 26 de mayo de 2003 un avión de transporte militar ruso Yakovlev Yak-42 que trasladaba militares españoles desde Afganistán a España se estrelló en Turquía con el resultado de 62 militares españoles fallecidos. El caso se usó para criticar al gobierno del PP de José María Aznar por falta de diligencia, supervisión y transparencia. La izquierda más militarista argumentó que hubo “errores graves” que costaron vidas.
El 11 de marzo de 2004 ocurrió en Madrid el mayor atentado terrorista en suelo europeo. La inmediatez de las elecciones generales que se celebrarían tres días después, unido al desconcierto de las primeras horas sobre la autoría del atentado, llevó a las masas “en plan abriltreintiuno” a rodear las sedes del Partido Popular, culpando en masa de los asesinatos a sus dirigentes e incluso a los interventores, apoderados y afiliados en los colegios electorales. No conforme con ello, la izquierda española y en especial el PSOE, en boca de Caradura Sánchez, homenajeó el pasado año a las víctimas en el Senado refiriéndose en los siguientes términos a la oposición popular: “la gran mentira del 11M es el acta fundacional del proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años”. Ésta es, finalmente, la lectura que sacan los auténticos beneficiarios de aquella masacre. Y todo ello pese a que 21 años y medio después siga sin conocerse el autor intelectual de los ataques. El fallo de la Audiencia Nacional no condenó a ninguna persona específica como diseñadora de los atentados. Aunque se investigaron las conexiones del grupo terrorista, la sentencia solo pudo centrarse en los responsables materiales y en la red que proporcionó los explosivos, pero no pudo identificar a un cerebro único y directo detrás de la operación.
El 3 de julio de 2006 en la Línea 1 del Metro de Valencia, un tren descarriló en una curva cuando circulaba a unos 80 km/h en un tramo cuyo límite era de la mitad, causando 43 muertos y 47 heridos. El gobierno autonómico del PP en aquella época fue señalado por la oposición (PSPV-PSOE, Compromís, etc.) como culpable de una gestión deficiente que provocó muertes: El accidente, como siempre en estos casos, “era previsible y evitable”.
Hace justo un año, el 29 de octubre de 2024, una gota fría de toda la vida (DANA desde hace unos años) dejó, además de grandes inundaciones y destrucción de infraestructuras, viviendas y servicios, un fallecido en Málaga; en Castilla-La Mancha, siete y en la Comunidad Valenciana más de 200. La única víctima andaluza debió parecer poca cosa a la progresía para iniciar una de sus campañitas contra Moreno Bonilla, sobre todo coincidiendo con la media docena que habría que achacar a García Page que, aunque crítico a veces con la dirigencia socialista, ejdelohnuestroh. “Lo dejamos ahí y nos centramos en lo importante”, debieron pensar: en las lluvias torrenciales, inundaciones y riadas en la zona del barranco del Poyo que produjeron los dos centenares largos de víctimas. Se ha señalado que las alertas llegaron tarde, la coordinación fue deficiente, la comunicación de emergencia se demoró. Víctimas y asociaciones denunciaron “negligencia total” y “asesinatos” por parte del gobierno autonómico popular, por no emitir alertas a tiempo, por una gestión fallida de emergencia. Encontraron en el presidente autonómico popular, acertadamente, el blanco perfecto para atribuir responsabilidades, cuidándose muy mucho de dejar al margen al Ministro del Interior y a la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana que en manifiesta dejación de funciones tampoco hicieron, como Mazón, uso del artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que la declaración de interés nacional de una emergencia corresponde al ministro, por propia iniciativa, o a instancia de los Delegados del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.
Mientras tanto, los otros tienen campo libre para, inmunizados ante la responsabilidad, santificar los gales, enterrar balsas de lodos, rodear el Congreso, o hacer lo propio con el Parlamento Andaluz, para descarrilar avias, accidentar aviacos o spanaires o provocar un apagón, para incendiar montes sin desbrozar, cegar barrancos o falconear sin descanso haciendo flaco favor a la contención del cambio climático… seguramente por aquello de la superioridad moral.
Volvamos al principio: la peligrosa deriva que una parte de la sociedad ha emprendido, tirando de redes sociales y sin esperar a los hechos probados por las autoridades judiciales, nos precipitan a unas maltrechas relaciones de convivencia. El mesurado comunicado del Colegio Irlandesas de Loreto publicado en este medio, además de expresar su profunda consternación, ofreciendo sus condolencias a la familia, hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad mientras se llevan a cabo las investigaciones y se ahonda en la necesidad de proteger a sus alumnos de comentarios indeseables.
La lógica y humana indignación por la muerte de Sandra no puede llevarnos, desde la canallada, a una espiral de violencia intimidando sin control a menores, publicando sus rostros y señalando responsabilidades a diestra, que no a siniestra, del equipo directivo del centro –concertado, continúa insistiéndose-.
El infortunio de Sandra no puede -no debe- llevar a la destrucción de otras vidas. Lo que no hemos querido para ella no podemos -no debemos- desearlo para otras personas físicas y jurídicas que, hasta que una sentencia firme no lo establezca, deben disfrutar de la presunción de inocencia que garantiza el artículo 24.2 de nuestra Constitución.
