Una vez concluya la declaración de Fernández, será el turno del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, para quien la Fiscalía solicita seis años prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación
El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos se reanuda este lunes con el expresidente de la Junta José Antonio Griñán a la espera de que concluya el interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández para declarar.
Así, la trigésimo quinta sesión de la vista oral comenzará este lunes 9 de abril a las 10,00 horas, como viene siendo habitual, con el interrogatorio del abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, al ex alto cargo, que comenzó en la sesión de tarde del pasado miércoles y que previsiblemente ocupará toda la de este lunes.
En el auto de procedimiento abreviado de 31 de mayo de 2016 se indica que Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta desde esta última fecha y hasta el 7 de septiembre de 2013, al frente del departamento de Hacienda mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones.
Para mantener el procedimiento aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L, con cargo a la que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis a través de las transferencias de financiación de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Igualmente, en esa misma condición, aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad Andaluza para los ejercicios 2005 a 2009, pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA.
En su condición de presidente aprobó las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L. En todos los casos la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era «irregular», así como de que los mecanismos que se empleaban para dotar de fondos a IFA-IDEA, a los efectos de que actuase como pagador de las ayudas y subvenciones, eran «también irregulares».
Asimismo, señala que Griñán asumió la eventualidad de que «los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta, omitiendo el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención, con ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del cumplimiento, por parte del perceptor de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención».
La declaración de Griñán, a la que le seguirá la del expresidente Manuel Chaves, llegará, previsiblemente, después de siete sesiones dedicadas a la declaración de Antonio Fernández, cuatro para preguntas de la Fiscalía, dos para la lectura del acta de su declaración ante Mercedes Alaya, la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, en abril de 2012, a petición de la acusación ejercida por el PP-A, y una para las preguntas de su abogado.
