Cuando escribí mi último artículo sobre “De la eliminación de la sedición al debilitamiento de la malversación” desconocía la magnitud de la campaña de la “Brunete mediática”, de los medios de comunicación adictos al régimen y demás ”compañeros de viaje” del Gobierno, encabezados por su buque insignia ”El País”, para ensalzar la decisión de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal, para derogar el delito de sedición y emascular el de malversación, a petición de su socio preferente -el independentista ERC-, que exije una sustancial contrapartida a su desinteresado apoyo a los presupuestos generales del Estado. Entre esta bazofia, destaca el artículo “Cataluña en paz, España protegida y el PP desarmado”, publicado el pasado día 11 por uno de sus periodistas-estrella, Xavier Vidal-Folch, cuyo título es significativamente revelador sobre las aviesas intenciones de su autor. Como ha señalado Andreu Jaume en “The Objective”, los medios de comunicación afines al Gobierno han lanzado a bombo y platillo una campaña para justificar la supresión del delito de sedición, haciendo suya la estrategia publicitaria que encúbrelos espurios intereses parlamentarios de un presidente que ha perdido -si es que alguna vez la tuvo- la noción del Estado de Derecho, y “está dispuesto a rendir los principios fundamentales de la convivencia que no se basa en los sentimientos de concordia -lo que une a los corazones-, sino en la isonomía -la igualdad ante la ley-, que en una democracia permite convivir al margen de las pasiones y los odios”. 

El Gobierno mantiene sin pudor que su iniciativa ha sido un rotundo éxito y que, a su estrategia analgésica, solo se oponen “quienes odian a los catalanes”, ignoran la realidad y no se acercan a las calles y plazas de Cataluña, y quienes están en contra de la verdad, el perdón y la concordia. Yo, que llevo 45 años pasando los veranos en Cataluña -pese a mi supuesto odio a los catalanes-, no puedo menos que alzar mi voz ante semejantes falacias. El artículo está plagado de , por utilizar la terminología de la película de Steven Sodenberg, “sexo –la aberrante Ley de “Sí es sí” y el disparatado proyecto de “Ley Trans”-, mentiras y cintas de video”. Son muchas las falacias argumentales respuestas por Vidal-Folch, que revelan la falta de rigor intelectual de un famoso periodista apesebrado. El autor ha señalado que la inesperada decisión de Sánchez -que en principio solo había prometido reducir las penas por el delito de sedición- había producido con su supresión tres efectos benéficos de inmediato: Ha completado la pacificación de Cataluña, protegido a la justicia española ante los tribunales europeos, y desarmado al PP, que ha quedado sin argumentos para alancear a enemigos inexistentes. Según Jaume, se vende como un mecanismo de salvaguarda de una justicia que al mismo tiempo se desacredita “Los culpables de un delito contra el orden constitucional pactan en el Congreso una reforma del Código Penal que les condenó y se convierten, efectivamente, en enemigos inexistentes alanceados por una oposición cautiva y desarmada en un Parlamento denigrado”.

Cataluña en paz

En realidad -continúa el comentarista-, todo se explica por una misma y proteica manipulación moral que se subsume en el mito de la pacificación de Cataluña, mediante lo que ha calificado de “”estrategia del ibuprofeno”. A saber, ceder a todas las exigencias de los independentistas a cambio de su apoyo al Gobierno sanchista, que se jacta de que, con su política de diálogo y distensión, ha conseguido desactivar los efectos de la sedición del 1-O y volver a la Arcadia feliz de ese oasis de paz y mesura que tradicionalmente ha sido Cataluña. Vidal-Folch incurre en una descarnada desfachatez cuando afirma que Cataluña ha sido al fin pacificada, ya que el clima político social se ha despresurizado, ya solo algún grupúsculo residual insulta a los discrepantes y deslegitima a los disidentes, y se ha restaurado la pluralidad. Las avenidas de Cataluña no lucen ya lazos amarillos en sus semáforos y el unilateralismo ha decaído. Vuelve la normalidad pero solo para los nacionalistas.

Solo las gafas de color de rosa con las que el periodista contempla Cataluña -que en modo alguno coinciden con la visión del español medio, incluida, por lo menos, la mitad de los catalanes- le permiten hacer esta afirmación tan ajena a la realidad. ¿ Es normal y democrático que el Gobierno de una Comunidad Autónoma incumpla la Constitución y las leyes y se oponga a aplicar las sentencias? ¿Es normal y democrático que el presidente de la Generalitat menosprecie al jefe del Estado y asegure que hará cuanto esté en su mano para proclamar una República y separar a Cataluña de España??Es normal y democrático que España sea el único país europeo en el que los niños catalanes hispanoparlantes no puedan ser escolarizados en su lengua materna, que es la oficial del Estado, y que el Parlament adopte una ley para impedir que se apliquen unas sentencias de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que reconocen el derecho de estos alumnos a recibir al menos un 25% de la enseñanza en castellano?

¿Es normal y democrático que los profesores sean denunciados por dar sus clases en español, que los universitarios constitucionalistas sean agredidos e en las universidades por los vándalos nacionalistas con total impunidad, que se sancione a las empresas que mantengan los títulos de sus establecimientos en castellano, que el consejero Educación se vanagloria de que de los 3.600 centros escolares existentes en Cataluña tan solo 26 imparten un 25% de la enseñanza en español, que…? Así podría seguir citando infinidad de conductas antidemocráticas, por lo que cabe llegar a la conclusión de que en Cataluña no existe un régimen democrático y que no se le espera mientras siga siendo gobernada por los nacionalistas. ¿Puede alguien con un mínimo de vergüenza afirmar sin sonrojarse que Cataluña está “pacificada”? Será la paz de los cementerios, de la que hablaron en sus poemas Paul Claudel y Georges Bernanos.

España y su justicia protegidas

La afirmación de que, como consecuencia de la decisión de Sánchez, España y sus Tribunales de Justicia van a resultar fortalecidos es el mayor dislate de los muchos que figuran en el artículo de Vidal-Folch. Tendrá que hacer un tremendo esfuerzo pedagógico para explicarnos cómo se protege  la justicia cuando se censuran las sentencias de los tribunales -acusando implícitamente de prevaricación al TS por haber dictado una sentencia inicua en el caso del 1-O, se transforma el grave delito de sedición en otro de desórdenes públicos de menor cuantía, se indulta -en contra del criterio del Tribunal juzgador y de la Fiscalía- a personas condenadas por sentencia firme por los delito de sedición y de malversación, se pretende modificar este último delito para rebajar las penas de inhabilitación de los condenados, se desarbola el Tribunal de Cuentas y se condonan a los condenados las elevadas multas impuestas, o se deja al Estado sin los medios jurídicos adecuados para hacer frente a un eventual ataque al orden constitucional, que los actuales dirigentes de la Generalitat han prometido que realizarán. ¡Señores del Gobierno, no nos protejan tanto, por favor! ¡Virgencita de Montserrat, que nos quedemos como estamos!

Tiene el periodista el cuajo de afirmar que la eliminación de la sedición protege a la justicia española ante los Tribunales europeos cuando ocurre justamente lo contrario. España ha sido suficientemente esnobeada por los Tribunales nacionales de Alemania y de Bélgica, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Cuando -gracias a los esfuerzos sobrehumanos de magistrados ejemplares como Manuel Marchena o Pablo Llarena- parecía que empezaban a volverse las tornas en favor de la justicia española, llega el tío Pedro con las rebajas de otoño y la modificación del Código Penal. En el ámbito del TJUE -que tiene pendiente su decisión sobre la consulta del TS acerca de si las autoridades belgas habían cumplido con la orden europea de detención y entrega planteada por España-, su Abogado General, Jean-Richard de la Tour, respaldó en su informe del pasado 14 de julio la actuación del magistrado Llarena, y condenó el comportamiento de los tribunales belgas. Todos esperábamos que el Tribunal General dictara una sentencia que siguiera los lineamientos de su Abogado General, pero la decisión del Gobierno español de suprimir el delito de sedición puede echar todo por tierra, por la aplicación del principio “rebus sic stantibus” –cambio de las circunstancias-.

El próximo día 25 se realizará la vista del caso y el siniestro abogado de Puigdemont y sus secuaces, Gonzalo Boye -condenado por terrorismo y procesado por blanqueamiento de capitales-ha afirmado que argumentará que el TS había solicitado la entrega por la supuesta comisión de un delito que va a dejar de serlo, y aportará -gracias al derrape legislativo de Sánchez- la proposición de ley para la supresión del delito de sedición. Muerto el perro -sedición-, se acabó la rabia -extradición-. Los magistrados pueden preguntarse cómo es posible entregar a un eurodiputado por un modesto delito de desórdenes públicos, y no me extrañaría nada que el TJUE nos diera una vez más calabazas, a pesar del fundamentado dictamen de De La Tour.

En el Parlamento Europeo se está actualmente examinando el caso de la retirada de su acreditación a los diputados Puigdemont, Comin, Ponsati y Puig. El entonces presidente del Parlamento Europeo, el popular Antonio Tajani, les retiró la acreditación, pero su sucesor, el socialista David Sassolí, se las devolvió. A petición del propio Parlamento, la Junta Electoral Central le ha informado que -según la normativa española aplicable-los interesados no habían adquirido la condición de eurodiputados por faltarles el requisito insoslayable del acatamiento de la Constitución española. 

Preguntada al respecto, la actual presidenta del Parlamento -la popular Roberta Metsola- ha dicho en público que su decisión estaba pendiente del informe jurídico de los asesores de la Cámara, pero en privado ha apuntado que probablemente seguiría el dictamen de la JEC y retiraría definitivamente la credencial a los sediciosos, lo que permitiría su entrega a España, salvo que el TJUE se pronunciara por una sentencia favorable.

El presidente  del PP europeo, Manfred Weber, ha expresado su honda preocupación por la inminente derogación del delito de sedición que -en su opinión-no tenía el menor sentido que Sánchez trasladara  la visión separatista a la legislación nacional. Tampoco tenía sentido dividir países y adoptar una visión separatista, pues todo lo que pusiera en peligro la unidad de un país debería evitarse, especialmente tras la sentencia TS sobre los líderes independentistas. Había que respetar a los tribunales y a sus sentencias. “El Estado de Derecho, como principio básico, significa aceptar el resultado de las sentencias de los jueces. Aviso a España de que esta reforma va en la mala dirección, pues están enviando la señal de que romper la  Constitución es más fácil, y que también resulta más fácil saltarse las sentencias de nuestros jueces independientes”. 

El PP desarmado

Es la pata más débil del trípode argumental del artículo de Vidal-Folch, entre otras razones por que, para desarmar, hace falta que el interesado esté armado y, en este caso, el PP peca de pacifista. Al partido se le ha presentado una ocasión excelente para exponer ante el Congreso las vergüenzas del Gobierno Frankenstein mediante la presentación de la correspondiente moción de censura, aunque tenga escasas posibilidades de ganarla. El PP sufre tradicionalmente de un síndrome múltiple de ambigüedad, dontancredismo y complejo de inferioridad ante la injustificada superioridad moral de la izquierda, lo que hace que vaya siempre a remolque de la progresía en una actitud defensiva, y que -por mucho que critique las arbitrarias leyes de los Gobiernos del PSOE- las respete y las deje en vigor cuando ha llegado al poder. A esto se suma el quietismo galaico de su actual presidente, que le induce a quedarse sentado a la puerta de su casa a la espera de ver pasar por delante el cadáver de su enemigo. Está convencido de que las elecciones no las gana la Oposición, sino que los pierde el Gobierno, por lo que “sutout, pas trop de zèle”, para evitar decir alguna inconveniencia o dar un paso en falso, y esperar -como Mariano Rajoy-que el tiempo solucione los problemas. El que calla tiene la ventaja de que evita meteduras de pata, pero también otorga, y se puede pecar no solo por comisión, sino también por omisión.

Éste es un adecuado momento en el que el Gobierno de Sánchez está contra las cuerdas -alta inflación y aumento notable del coste de la vida, incremento de la factura de electricidad, pero real y encubierto, leyes de “Sí es sí” y Trans, concesiones inaceptables a Cataluña y al País Vasco, insuficiente utilización de los generosos fondos facilitados por la UE, continua pelotera con sus socios podemitas de Gobierno, indultos a los condenados por los ERE y, -sobre todo- reforma del Código Penal a la carta para satisfacer las exigencias de ERC, con la supresión del delito de sedición y el debilitamiento del de malversación, lo que permitirá la impunidad completa de los sediciosos, el regreso de los prófugos de la justicia y el desarbolamiento de las defensas jurídicas de un Estado de Derecho para hacer frente a un más que probable nuevo ataque al orden constitucional.

Con su habitual ironía, Félix de Azúa, ha comentado en “The Objective” –“Muchas gracias” -que, gracias a sus desvelos, a partir de ahora podremos incitar a golpes de Estado, que solo se considerarán como desórdenes públicos. Ya podemos pedir la independencia de Barcelona o de la isla de Barataria a bajo coste. También podremos prevaricar y repartir el dinero -aunque no sea nuestro, ¿ de quién es el dinero público, Carmen Calvo?- a quién nos dé la gana, siempre que se trate de alguien tan progre como nosotros, y lo podremos hacer sin que nos castiguen y ni siquiera nos critiquen. Ya será posible robar directamente al Estado si lo gastamos en financiar a las asociaciones y partidos progresistas. Tan solo habrá que tener cuidado en que no caiga ningún billete en el bolsillo de los autores y que toda la pasta beneficie a los amigos progresistas o al partido titular del progreso.

España ha pasado en el índice de democracia de Freedom House a una puntuación de 90 puntos, cuatro menos que en 2018, y entre los motivos alegados para esta reducción se citan los ataques a la independencia judicial, la corrupción, la fragmentación política y -de forma destacada- “el desafío al orden constitucional y a la integridad territorial planteado por el movimiento separatista catalán”. Como ha observado José Ignacio Torreblanca, no figura entre ellos la supuesta falta de homologación europea del delito de sedición. Debilitar el Estado de Derecho, erosionar la separación de poderes y socavar la independencia del poder judicial son objetivos esenciales de los partidos populistas, que parecen haber sido asumidos por el Gobierno de Sánchez. “Las actuales normas sobre defensa de la Constitución pueden no ser suficientes a la hora de prevenir o sancionar asaltos al orden constitucional, sobre todo cuando se alientan desde las instituciones. Su reforma es necesaria, pero para dotarlas de la eficacia que han perdido”. A las loas al Gobierno de estómagos agradecidos, como a las hojas de los árboles en otoño, se las lleva el viento.